LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN SUR San Fernando de Apure, 08 de noviembre de 2004 193° y 144° Por cuanto de la revisión efectuada a las actas procesales que conforman el presente RECURSO DE NULIDAD POR ILEGALIDAD incoado por los abogados NABOR JESÚS LANZ CALDERON y GLEN JOSÉ MIRABAL ALVARADO en su carácter de apoderados judiciales del CENTRO CLINICO “COROMOTO”, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 79.342 y 59.353; ejercido en contra del Acto Administrativo de Efectos Particulares contenido en la Providencia Administrativa emanada del Ministerio del Trabajo, Coordinación Zona Los Llanos, Inspectoría del Trabajo en San Fernando, Estado Apure, fechada el 27 de abril de 2004, en la causa signada con el Nor. 113-03, mediante la cual el ente emisor del acto accionado declaró CON LUGAR la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesto por la ciudadana NORIS VARGAS quien se desempeñaba como MÉDICO RESIDENTE en dicho centro de salud. Llegada como ha sido la oportunidad para fijar la audiencia preliminar prevista en el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Tribunal Superior hace las siguientes consideraciones: Ha sido criterio reiterado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, así como de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en diferentes decisiones, que es competencia de dicha Corte el conocimiento de este tipo de juicios, sin embargo es necesario acotar que motivado a la ausencia de Magistrados en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por su destitución, este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, venía conociendo de manera excepcional en Primera Instancia de todas las causas que fuesen competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y en alzada conocía excepcionalmente la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Siguiendo esa misma corriente doctrinal, este Juzgado Superior ha sostenido que los conflictos de la naturaleza como el aquí planteado son de conocimiento de las Cortes Primera y Segunda de los Contencioso Administrativo, tal como se desprende del auto de admisión dictado en fecha 07-09-04, Caso: Gisela Duno Vs. Inspectoría del Trabajo del Estado Apure, el cual dispone: “Según la jurisprudencia predominante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el conocimiento en primera instancia de los Recursos de Nulidad que se incoen contra las providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, por ser éstas un órgano dependiente del Ministerio del Trabajo, criterio que es acogido por este Tribunal Superior. Sin embargo, para la oportunidad de publicación de este auto, es un hecho notorio que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no es accesible, temporalmente, para los justiciables, a causa de la destitución de sus miembros, razón por la cual se presenta en el país una situación en la que el Juzgado con competencia natural para conocer de los casos como el de autos, no es accesible al público, por lo cual los actos que se impugnen en esta jurisdicción y que deban ser conocidos por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en vista de la inusual circunstancia, deberán ser sustanciados provisionalmente, mientras perdure la situación, por este Juzgado Superior. Solución aportada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 3533-171203-03-1631, de fecha 17/12/2003. Y así se decide.” Por las consideraciones anteriormente expuestas es por lo que este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, DECLINA la competencia para conocer del presente recurso en las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Caracas, DC, la cual conocerá a quien corresponda según su distribución. El Juez Superior Provisorio, Dr. Pedro Mujíca Sánchez. El Secretario, Andrés Luciano Lara B. Exp. No. 1078 PMS/allb/jcct.