TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL
TRABAJO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE

San Fernando de Apure, 15 de abril 2005

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE N°: 14230-TI-0720-05

DEMANDANTE: MARÍA MORENO
V- 8.162.311

APODERADO: Abog. NESTOR GAMEZ

DEMANDADA: GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE

APODERADO: Abog. IRIS GIORDANA MENDEZ HIGUERA

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES

El presente juicio se inició en virtud de la demanda que por PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES, incoare la ciudadana, MARÍA MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- 8.162.311, representada por el Abogado en ejercicio JOSÉ GAMEZ LÓPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.144.659, e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 99.798, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, representada por la abogada en ejercicio IRIS GIORDANA MENDEZ HIGUERA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-13.806.187, e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 93.887, presentada en fecha 25 de mayo de 2004, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Laboral, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, distribuidor para la época, y que en razón a la creación de la Coordinación del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, según Resolución Nº 2004-00016, emanada del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24 de noviembre de 2004, se le suprimió la competencia en materia laboral. Me aboqué al conocimiento de la presente causa, en virtud de haber sido designada Jueza Segunda de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y estando las partes debidamente notificadas, procedo a dictar sentencia bajo los términos siguientes:

I
TÈRMINOS DEL CONTRADICTORIO

LIBELO DE LA DEMANDA (folio 1 al 3)
El actor alega para fundamentar su pretensión lo siguiente:
• Que en fecha 01 de octubre de 1998, inició sus labores como aseadora adscrita a la gobernación del Estado Apure y al Sindicato Único de Obreros del estado (SUODE).
• Fue jubilado mediante Resolución en fecha 22 de agosto de 2001 y hasta el día de hoy no le han cancelado sus prestaciones sociales.
• Que trabajo ininterrumpidamente durante un lapso de doce años con once meses.
• Que devengó un sueldo mensual por la cantidad de ciento sesenta y un mil seiscientos bolívares (Bs. 161.600,00).
• Que el demandado le adeuda la cantidad de OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS DIEZ BOLÍVARES (Bs. 8.911.710,00), que le corresponden por concepto de sus prestaciones sociales.
Intereses……………………………………………………………Bs. 4.548.667,46
Antigüedad (Art. 108 LOT)
30 x 2 x 9 días: 540 x 1.440………………………………...….…Bs. 777.600,00
Transferencia (Art.666)
38.412,50 X 48……………………………………………………….Bs. 307.300,00
Prestación de antigüedad.
Desde el 19-06-97 al 19-06-98= 120 días especificados así:
60 días con sueldo de 78.200 = 60 x 2.606,67…………….………Bs.156.400,00
40 días con sueldo de 100.200 = 40 x 3.340……………………….Bs. 133.600,00
20 días con sueldo de 103.200 = 20 x 3.440……………………….Bs. 68.800,00
Desde el 20-06-98 al 20-06-99= 60 x 2= 120 + 122 días especificados:
60 días con sueldo de 103.200 = 60 x 3.440…………………………Bs. 206.400,00
62 días con sueldo de 123.650= 62 x 4.121,67………………………Bs. 255.543,54
Desde el 21-06-99 al 21-06-00= 60 x 2= 120 + 4= 124 días especificados:
60 días con sueldo de 123.650= 60 x 4.121,57………………………Bs. 247.300,20
64 días con sueldo de 61.605= 64 x 5.386,83………………………..Bs. 344.757,12
Desde 22-06-00 al 22-06-01= 60 x 2=120 + 6= 126 días especificados así:
60 días con sueldo de 161.605 = 60 x 5.386,83………………………….Bs.323.209,80
40 días con sueldo de 191.605 = 40 x 6.386,83………………………….Bs.225.473,00
26 días con sueldo de 210.105 = 26 x 7.003,50………………………….Bs.182.091,00
Desde el 22-06-01 hasta el 01-09-01= 2 x 10 = 20 días x 7.003,50……Bs.140.070,00
6 meses de dif. De sal. Seg/ resol. 2.846 (01-07-97/31-12-97)…………Bs. 75.000,00
40.000,00 = 35.000,00 x 6…………………………………………………..Bs.210.000,00
8 meses de dif. De sal. Seg/ resol. 2.846 (01-06-98/31-12-98)………..Bs. 100.000,00
97.000,00= 3.000 x 8………………………………………………………..Bs. 24.000,00
Pago de 15 días de bono. (dif) Vac. Del 99= 15 x 4.121,67…………….Bs. 61.825,05
12 días de dif. De salarios (19-06-97 / 30-06-97) = 2.500 – 1.333=
1.166,67 x 12………………………………………………………………..Bs. 14.000,00
Dif. De pago de medicina 2001. Cláusula 15 c.c 100.00,00 – 62.000…Bs. 38.000,00
Dif. De pago de uniforme. Año 01. Cláusula 28 c.c 215.000 – 204.000..Bs.11.000,00
2.8 x 11= 22,88 x 7003,50 vac. Fraccionadas…………………………….Bs.160.240,08
7,8 x 11= 77,88 x 7.003,50 Bon. Vac. Autorizado por frac……………….Bs.545.432,58
Sub-total……………………………………………………………….........Bs.9.011.710,27
Menos anticipos…………………………………………………………….Bs. 100.000,00
SUB-TOTAL DE PRESTACIONES SOCIALES……………………..Bs. 8.911.710,27.
Más INDEXACIÓN MONETARIA……………………………………...Bs. 7.574.953,72
Total de Prestaciones Sociales………………………………………Bs. 16.486.663,97

• Fundamenta su demanda en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 22 de junio de 1994, con ponencia del Magistrado Dr. Rafael Guzmán en el juicio de Roberto Sánchez García contra Transporte Alberici C.A, en el expediente Nº 89-658, así como también en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo.

II
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (folio 32 al 37)

NEGÓ, RECHAZÓ Y CONTRADIJO
• Que le corresponda al demandante por concepto de prestaciones sociales la cantidad de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y tres bolívares con noventa y siete céntimos (Bs.16.486.663,97), por pago de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo, así como también por indexación los cuales están especificados en el libelo de la demanda.
• Igualmente observó al Tribunal, que los conceptos de indexación e intereses de mora son procedentes en derecho, pero deben ser cancelados una vez que se dicta la sentencia y no antes, es decir primero se calcula la indexación sobre el monto demandado que se fije en la sentencia, luego los intereses de mora sobre el monto demandado que se fije en sentencia, por tanto impugna y rechaza el pedimento de tales conceptos cuantificados en el libelo por ser improcedentes en derecho.

En el capitulo II de la Contestación a todo evento y en el supuesto negado de que el Tribunal desestime los alegatos anteriormente expuestos alegó La Prescripción de la Acción, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, en las Doctrinas y Sentencias emanadas de la sala Constitucional en las cuales se deja establecido de manera clara y efectiva que la Acción Laboral prescribe al año de finalizado el vinculo entre el trabajador y el patrono.

Por ultimo asevera que en el presente Proceso ha operado la prescripción, por cuanto se determina en el libelo “Que la demandada supuestamente fue jubilada el primero (01) de septiembre de 2001, por lo que se evidencia que desde la fecha en que culmino la relación laboral hasta la fecha en fue notificada la Procuraduría General del Estado Apure el 09 de Julio de 2004, transcurrió un lapso de dos (02) años diez (10) meses y veinte (20) días, es decir un lapso superior al establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente.

III
ESTABLECIMIENTOS DE LOS HECHOS
CONTROVERTIDOS Y NO CONTROVERTIDOS.
Tomando en cuenta los alegatos de cada una de las partes y con vista a la forma en que la accionada formuló contestación a la demanda, donde acepto tácitamente la relación laboral con el accionante, de conformidad con lo previsto en el Art.68 de la Ley Orgánica de Tribunales, concatenado con los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento civil, surgen como hechos controvertidos y no controvertidos los siguientes:
HECHOS NO CONTROVERTIDOS:
• La relación laboral.
• Fecha de inicio de la relación de trabajo.
• Fecha de terminación de la relación laboral.
• Tiempo de servicio.
• El salario.
HECHOS CONTROVERTIDOS:
• Los conceptos demandados por Prestaciones Sociales y otros beneficios laborales.
• Salarios dejados de percibir.

PUNTOS PREVIOS.
• Prescripción de la acción.
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA
La carga de la prueba se define como el poder o la facultad de las partes para probar sus afirmaciones de hecho. Siendo así y conteste con lo previsto en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo vigente para la época en que tuvo lugar la contestación de la demanda, el régimen de la distribución de la carga probatoria, se fijará de acuerdo a la forma en que el accionado de contestación a la demanda. En tal sentido, en el presente caso corresponde al demandado probar los hechos controvertidos, con los cuales pretende enervar la pretensión del actor, lo antes transcrito, tiene su fundamento en sentencias reiteradas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el cual es de obligatorio cumplimiento por parte de los Jueces del Trabajo.

Cabe destacar, al respecto el criterio sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15 de Marzo de 2000, ratificado en el Expediente Nº 98-819, ponente Dr. Juan Rafael Perdomo, caso María Meneses vs Colegio Amanecer, C.A., en sentencia de fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil cuatro (2004) el cual es del tenor siguiente:

“El demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.

También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos en los siguientes casos:

1) Cuando en la contestación de la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aún cuando el accionado no la califique como relación laboral, (Presunción juris tantum, establecida en el Art. 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

2) Cuando el Demandado no rechace la existencia de la relación Laboral, se invertirá la carga de la prueba, en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar y en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.”.

IV
DE LAS PRUEBAS

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE:
A. Con el libelo de la Demanda
Promovió documentales
B. Promovidas en el lapso probatorio
No presentó pruebas
PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:
A. Con la contestación de la demanda
No Promovió pruebas
B. En el lapso probatorio
• Reprodujo el mérito favorable de los autos.
• Invoco íntegramente el Poder vinculante de la sentencia de la Sala Constitucional del 14 de Febrero de 2002, en el cual se deja sentado el criterio del alto tribunal en cuanto a la prescripción.

V
PUNTOS PREVIOS
De la forma como quedo trabada la litis y fueron articuladas las respectivas afirmaciones de las partes, se observa que es punto fundamental a ser dilucidado la prescripción de la Acción la cual fue solicitada por la parte accionada como punto previo en el escrito de contestación de la demanda en consecuencia debe esta Juzgadora pronunciarse previamente sobre la misma, en tal sentido la jurisprudencia ha declarado:

“……. Con las excepciones de fondo, no se niega la existencia del hecho fundamental, generador de la acción, sino que se alega un hecho nuevo que lo enerva, esto es, que le quita su fuerza jurídica, como el pago, la transacción, la prescripción. (sentencia 3.5.60. GF 2E pág. 116).

“La defensa de la prescripción implica el reconocimiento del hecho que sirve de causa al derecho pretendido” (sentencia 4.6.68 GF 2E pág. 400).

Juez Accidental Dra. Carmen Teresa Delgado M.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.
La prescripción es una institución jurídica que implica la extinción del derecho objetivo a utilizar, la vía judicial para exigir un derecho subjetivo del cual se considera el demandante acreedor, pero no obstante, presupone la existencia de tal derecho subjetivo, aún cuando éste haya pasado a ser lo que describe la doctrina clásica, como un derecho natural, cuyo único inconveniente resultaría ser la imposibilidad jurídica de exigirlo coactivamente, por haber transcurrido el lapso establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece:
“Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (01) año contados a la terminación de la prestación de los servicios”.

Empero de lo expuesto, se puede afirmar que la prescripción extintiva o liberatoria es un medio de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo y bajo las condiciones determinadas por la ley. Tal y como lo ha sostenido la doctrina “La prescripción supone la inercia del acreedor para exigir el cumplimiento del crédito por parte del deudor. Por ello es necesario que el trabajador realice, dentro del lapso previsto en la Ley, un acto capaz de poner en mora al patrono, exigiéndole el cumplimiento de las leyes laborales.

Este lapso de prescripción se interrumpe con las formas indicadas en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual señala:

Art. 64. La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe:
a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga antes un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes:
b) Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público.
c)Por la reclamación intentada por una autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representantes antes de la expiración del lapso y de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y
d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil.

Como se desprende del texto legal el efecto interruptivo se produce en el momento en que el Tribunal deje constancia de la presentación de la demanda, sin necesidad de su admisión, pero es evidente que el efecto interruptivo de la demanda, queda legalmente condicionada a que antes de la consumación del término de la prescripción o en el transcurso de los dos (02) meses siguientes se practique la citación o en alguna forma quede notificado el demandado.

En este orden de ideas, cabe destacar que quien aquí sentencia acoge el criterio de la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha siete (07) de octubre de 2004, Expediente N° AA60-S-2004-000538, con ponencia del Dr. Omar Alfredo Mora Díaz, caso SARA MARGARITA CASTILLO Vs. GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, el cual es del tenor siguiente:

“Visto lo anterior, en esta oportunidad, quiere esta Sala ratificar y reproducir lo dicho por ella en un caso en idénticas condiciones, tal como lo es, lo expuesto en la sentencia Nº 138, de fecha 9 de Marzo de 2004, cuando textualmente señala:

“.....Ahora bien, en diversas decisiones de esta Sala de Casación Social, entre ellas la sentencia R.C. 2001-000001 de fecha 24 de enero de 2001, R.C. 2002-000062 de 14 de febrero de 2002 y R.C. 2003-00056 de fecha 18 de Septiembre de 2003, se han venido manteniendo el criterio de que continúan rigiendo en materia de prescripciones laborales las disposiciones de la Ley Orgánica del trabajo, doctrina que en esta oportunidad se ratifica en aplicación de las mismas y en concordancia con la Disposición Transitoria Cuarta , Numeral 3, de la Constitución Bolivariana de Venezuela, con la cual se mantiene transitoriamente el régimen previsto en aquella mientras no entre en vigencia su reforma.

Con vista de ello y de la señalada fundamentación de la recurrida, determinante en sus dispositivos finales, es concluyente que la recurrida infringe las normas denunciadas en los términos que plantea la formalización, por lo cual resultan las mismas procedentes, como en efecto así se declara....”

Se puede evidenciar a través de la Jurisprudencia parcialmente transcrita, que la doctrina de nuestro Tribunal Supremo mantiene vigente , lo que el Legislador ha establecido como causa de extinción de las obligaciones como lo es la inacción del acreedor por un tiempo determinado en el derecho común y específicamente en el área laboral, se acuerda tal extinción por la inacción del trabajador en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, de donde se evidencia la no autorización del ejercicio de la acción proveniente de la relación de trabajo.

Tal como lo expresa Luís Sanojo, “de otra manera nada habría seguro en la Sociedad, los deudores estarían siempre obligados, y a riesgo de pagar dos veces, habría que guardar durante siglos los documentos que prueban la liberación de la obligación. Por todas partes habría desorden y confusión”

De lo expresado anteriormente se puede colegir que al establecer el Legislador la prescripción de la acción laboral, pasado un año sin haberse hecho valer y conocer la acreencia o derecho del ex-trabajador, mal podría el Juez laboral admitir esta acción y someter a las partes a todo un Proceso Judicial que como es evidente, constituye negación de los principios de celeridad y economía procesal, de lo contrario es una contravención a la voluntad del Legislador, lo cual es ilegal, y lo ilegal no puede reclamarse en un Tribunal y sobre ello no puede construirse nada válido.
Destaca este Tribunal, que si bien es cierto que la Sala Social del tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 16 de noviembre de 2000, con ponencia del Dr. Omar Mora Díaz estableció:
“Por lo que se refiere a la jubilación solicitada, se observa que establecido como lapso de tres (03) años para que se produzca la prescripción de la acción, debe establecerse que al no haber operado tal lapso, dicha prescripción no se produjo…….”

Se evidencia de dicha sentencia que el lapso para solicitar el beneficio de la jubilación, asciende a tres (03) años, más no así para solicitar las prestaciones sociales y demás conceptos laborales, una vez recibido dicho beneficio el lapso de prescripción de las acciones derivadas de la relación laboral es el establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, y habiendo quedado verificado la fecha de la jubilación de la ciudadana MARÍA MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- 8.162.311, 22 de agosto de 2001, e interpuso la demanda en fecha 25 de mayo de 2004, transcurriendo, así un lapso de dos (02) años, y nueve (09) meses, y tres (03) días lo que equivale a un lapso superior al establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, copiado en precedencia, en los cuales la parte actora no ejerció la acción, ni el empleo eficaz y cabal de alguna de las facultades conferidas en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como de las actas contenidas en el expediente no se evidencia que la parte accionada hubiere realizado dentro del lapso previsto en la Ley, acto alguno capaz de poner en mora al patrono. Así se decide.

Igualmente, considera esta Juzgadora inoficioso para analizar las pruebas aportadas por las partes en el presente Juicio por cuanto opero la prescripción de conformidad con lo establecido en los artículos 61 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y ASÍ SE ESTABLECE.

DECISIÓN
Por las razones antes expuestas este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN POR COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, que incoara la ciudadana MARÍA MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- 8.162.311, contra la Gobernación del Estado Apure. Así se decide. Notifíquese al Procurador General del Estado Apure de la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 95 del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en concordancia con el artículo 28 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado Apure. Así como también se hace del conocimiento de las partes que transcurrido el lapso de ocho (08) días hábiles, contados a partir de que consta en Autos la certificación del Secretario de la practica de la notificación al Procurador General del Estado Apure, se iniciarán los lapsos para la interposición de los Recursos a que haya lugar.

No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la acción.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

Dada sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, siendo las 11:30 de la mañana a los quince (15) días del mes de abril del año 2005. 194° de la Independencia y 146º de la Federación.

La Jueza
Abog. Nancy Griselys Silva.
Secretario
Abog. Rodolfo Iturriza

En la misma fecha y hora se publicó y registró la anterior sentencia.

Secretario
Abog. Rodolfo Iturriza

Exp. Nº 14230-TI-0720-05
NGS/RI/rb