República Bolivariana de Venezuela En su nombre Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur San Fernando de Apure, 13 de diciembre de 2005 195º y 146º Por recibido y visto el presente libelo de demanda con sus recaudos anexos, presentado por los ciudadanos MANUEL JERONIMO SOLORZANO MIRABAL Y MARITZA NORELLYS REALZA LARA, venezolanos mayores de edad, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 1.543 y 96.947, en su condición de apoderados judiciales de los ciudadanos BOLAÑOS MERFI MAGDIEL, BOTELLO TORREALBA LUIS ANTONIO Y OTROS, venezolanos mayores de edad, mediante el cual interponen demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES, en contra del ESTADO APURE. En este Estado pasa este Tribunal a revisar las condiciones de Inadmisibilidad a que se refiere el artículo 19 párrafo sexto (6º) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. De los requisitos de las demandas patrimoniales contra la República La extinta Ley de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, derogada por la vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pero que fuera publicada en Gaceta Oficial N° 26.266 del 19 de noviembre de 1959, dicha ley en su artículo 32 establecía: Artículo 32: En los juicios del trabajo contra las personas morales de carácter público, en su carácter de patronos, los Tribunales del Trabajo no darán curso a la demanda sin previa comprobación de haberse gestionado la respectiva reclamación por la vía administrativa. Por su parte, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su Título IV, en sus artículos 54 al 60 el mecanismo y los requisitos para ejercer el procedimiento administrativo previo a la demandas contra la República. Con relación a la normativa señalada que, con ligeras variantes, estaba prevista en los artículo 30 y siguientes de la anterior Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 02597 del 13 de noviembre de 2001, estableció que el ante juicio administrativo previo no es un elemento meramente formal en el sentido de un procedimiento sin significado especifico, si no el agotamiento de una vía ante la administración a los fines privilegiados por esta Por su parte, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia bajo el Nº 00957, Exp. Nº 15.332 de fecha 04 de agosto de 2004, bajo ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, estableció que a través de dicho mecanismo lo que se persigue es imponer a la Republica de eventuales reclamaciones que se dirijan en su contra con mira a que se dispongan soluciones no contenciosas a futuros litigios que pudieran surgir.- Efectuadas las consideraciones anteriores, este Juzgador procede a examinar las actas procesales, observando que no consta en autos que la parte querellante haya acreditado el agotamiento del antejuicio administrativo previo en las demandas contra la República establecido por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en sus artículos 54 al 60, tomando en cuenta que su petitorio para el día de la interposición de la demanda, es decir el 30 de Noviembre de 2005, alcanzaba la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON DIESCISEIS CENTIMOS (Bs. 391.277.674,16), suma que supera evidentemente las quinientas (500) unidades tributarias previstas en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, equivalentes a Catorce Millones Setecientos Mil Bolívares (Bs. 14.700.000,00), lo que evidentemente no exime al accionante del agotamiento de dicha vía, lo que no consta en autos y así se declara. Por consiguiente, resulta evidente que en el presente caso sí era necesario el agotamiento de la vía administrativa (artículo 54 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República), en consecuencia, la demanda mas no la pretensión ni la acción, debe ser declarada inadmisible de conformidad con el artículo 124.2 de la abrogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia hoy 19.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial N° 37.942 del 20 de mayo de 2004. De este modo, la demanda así planteada por los abogados Manuel Jerónimo Solórzano y Maritza Norellys Realza en representación de los ciudadanos BOLAÑOS MERFI MAGDIEL, BOTELLO TORREALBA LUIS ANTONIO Y OTROS, debe ser declarada inadmisible porque no se acreditó el agotamiento del antejuicio administrativo previo en las demandas contra la República y así se decide. - III - DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES, intentado por los ciudadanos Manuel Jerónimo Solórzano y Maritza Norellys Realza en representación de los ciudadanos BOLAÑOS MERFI MAGDIEL, BOTELLO TORREALBA LUIS ANTONIO Y OTROS, en contra del ESTADO APURE. Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur a los trece (13) días del mes de Diciembre del año dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación. La Jueza Superior Suplente Especial, Dra. Margarita García de Rodríguez. El Secretario, Andrés Luciano Lara Benavides. EXP.N°.1768 MGdeR/allb/aurora.