REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APU 194° y 146° San Fernando de Apure, 21 de junio de 2005 SENTENCIA DEFINITIVA 13885-TI-0614-05 EXPEDIENTE N°: ROJAS ROSA V- 12.581.700 DEMANDANTE: APODERADO: Abog. MARCOS GOITIA Inpreabogado N° 75.239 DEMANDADO: GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE APODERADO: Abog. ALBERTO LUIS BOLÍVAR GUEVARA Inpreabogado N° 40.222 MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES El presente juicio se inició en virtud de la demanda que por prestaciones sociales, incoare la ciudadana, ROSA ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- 12.581.700, representada por el Abogado en ejercicio MARCOS GOITIA venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°. V-11.756.223, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 75.239, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, representado por el abogado en ejercicio ALBERTO LUIS BOLÍVAR GUEVARA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.156.047, e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 40.222 y de este domicilio, presentada en fecha 11 de septiembre de 2003, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Laboral, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Distribuidor para la época, a quien motivado la creación de la Coordinación del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, según Resolución N°. 2004-00016, emanada del Tribunal Supremo de Justicia de fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2004, se le suprimió la competencia en materia de trabajo. Me aboqué al conocimiento de la presente causa, en virtud de haber sido designada Jueza Segunda de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y estando las partes debidamente notificadas procedo a dictar sentencia bajo los términos siguientes: I TÉRMINOS DEL CONTRADICTORIO El actor en su escrito libelar alega para fundamentar su pretensión lo siguiente: Que desde el día 15 de febrero de 2000, inició sus labores como obrero del Plan Masivo, adscrito a la Gobernación del Estado Apure, durante el tiempo que duro la relación laboral, la misma fue cordial, con mucho respeto y consideración sin que en ningún momento haya habido algún problema durante ese lapso de trabajo. El caso es que fue despedido de su cargo el 15 de agosto de 2000, y hasta los momentos actuales no le han pagado sus prestaciones sociales, a pesar de haber solicitado dicho pago varias veces. Durante seis (06) meses de trabajo de manera ininterrumpida, ganaba diferentes sueldos y el último de dichos sueldos fue la cantidad de ciento veinte mil bolívares (Bs.120.000,00) . Con base a estos hechos el accionante pretende el pago de siete millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro bolívares con tres céntimos (Bs.7.525.484,03), discriminados así: Prestación de antigüedad ..............................................Bs. 210.365,20 Intereses..................................................................... Bs. 3.928,19 Art. 108. Parágrafo Primero. Literal "C"..............................Bs. 157.766,40 Cesta Ticket del 15-02-00 al 15-08-00..............................Bs.302.400,00 Diferencia de salarios ....................................................Bs. 84.000,00 Indemnización por despido injustificado (30 días).................Bs. 157.766,40 Indemnización sustitutiva de preaviso (30 días)....................Bs. 157.766,40 Vacaciones fraccionadas (Art.225 de l_OT)..........................Bs.62.496,00 Aguinaldos fraccionados.................................................Bs.144.000.00 Total adeudado a la fecha de egreso...............................Bs .1.280.478,59 Cláusula N° 34 (Indemnización laboral 15-08-00 al 15-01 -02).Bs.4.896.000,00 Intereses de la deuda (fecha de egreso a 31-12-01)............. Bs. 1.349.005,44 Total adeudado a la fecha actual.................................... Bs.7.525.484,03 Que demanda por cobro de prestaciones sociales y diferencias de pago de sueldos y demás derechos que le corresponden por haberse desempeñado en el cargo como obrera perteneciente al Plan Masivo, fundamentándose en los artículos 65, 67, 68, 108, 129, 219, 104 y 125 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procedimientos del Trabajo, así como en el Contrato Colectivo del Sindicato de Obreros del Estado Apure. Finalmente establece que en virtud de todos los razonamientos expuestos y con el carácter invocado en el encabezamiento de este libelo, es por lo que acude ante esta autoridad para demandar por Prestaciones Sociales a la Gobernación del Estado Apure, en la persona del Gobernador del Estado Apure, para que convenga en pagarle la cantidad de siete millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro bolívares con tres céntimos (Bs.7.525.484,03). Por su parte, la accionada en la oportunidad de dar contestación a la demanda lo hizo en los siguientes términos: En el capitulo I, alegó como punto previo a objeto de que sea decidido por este Tribunal en la definitiva la prescripción de la acción y establece que la demandante en su escrito libelar explanó, que comenzó a laborar como obrera al servicio del Estado Apure en fecha 15 de febrero de 2000 y termino el 15 de agosto de 2000 y el 17 de diciembre de 2003 se notificó a la demandad de la presente demanda, transcurriendo un lapso superior al establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, destacó la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. José M. Delgado Ocando de fecha 21 de febrero de 2001. En el capitulo II a todo evento y subsidiariamente paso a dar contestación a la demanda, negó, rechazó y contradijo que el tiempo de servicio prestado por la demandante ROSA ROJAS, haya sido de seis (06) meses y que le corresponda la cantidad de siete millones quinientos veinticinco mi! cuatrocientos ochenta y cuatro bolívares con tres céntimos (Bs.7.525.484,03) por concepto de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, discriminados así: • Por antigüedad más intereses Bs. 210.355,20 • Intereses Bs. 3.928,19 • Antigüedad por término de relación laboral Bs. 157.766,40 OTRAS DEUDAS • Cesta ticket del 15-02-00 al 15-08-00 Bs.302.400,00 • Diferencia de salarios Bs. 84.000,00 INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO • Indemnización por despido injustificado (30 DÍAS) Bs. 157.766,40 • Indemnización sustitutiva de preaviso Bs. 157.766,40 • Vacaciones fraccionadas Bs. 62.496,00 • Aguinaldos fraccionados Bs.144.000,00 Total adeudado a la fecha de egreso Bs.1.280.478,59 • Cláusula 34 (Indemnizaciones laborales) Bs. 4.896.000,00 • Intereses desde la fecha de culminación Bs.1.349.005,44 Total adeudado a la fecha actual Bs.7.525.484,03 Fundamento su rechazo en lo siguiente: En que la ciudadana ROSA ROJAS, en ningún momento llego a prestar servicios en el Plan Masivo adscrito a la Gobernación del estado Apure. Así mismo Impugnó el valor probatorio de los documentos que fueron anexados al libelo de la demanda de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ESTABLECIMIENTOS DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS Y NO CONTROVERTIDOS. En el caso en estudio, del análisis del libelo y de la contestación, evidencia quien aquí sentencia que los limites en los cuales ha quedado planteada la controversia, conforme a la pretensión deducida y a las defensas opuestas van dirigidos a determinar la prescripción y los conceptos laborables demandados, pues la relación de trabajo quedo tácitamente admitida al demandado oponer la prescripción, en consecuencia surgen como hechos no controvertidos y controvertidos los siguientes: Hechos no controvertidos: • La relación laboral. • Fecha de terminación de la relación laboral. • Tiempo de servicio. • El salario. Hechos controvertidos: • Los conceptos demandados por Prestaciones Sociales y demás beneficios laborales PUNTOS PREVIOS. • Prescripción de la acción. Distribución de la carga probatoria La carga de la prueba se define como el poder o la facultad de las partes para probar sus afirmaciones de hecho. Siendo así y conteste con lo previsto en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo vigente para la época en que tuvo lugar la contestación de la demanda, el régimen de la distribución de la carga probatoria, se fijará de acuerdo a la forma en que el accionado de contestación a la demanda. En tal sentido, en el presente caso corresponde al demandado probar los hechos controvertidos, con los cuales pretende enervar la pretensión del actor, lo antes transcrito, tiene su fundamento en sentencias reiteradas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el cual es de obligatorio cumplimiento por parte de los Jueces del Trabajo. En tal sentido este Tribunal acoge el criterio sentado por la Sala de Casación Social de! Tribunal Supremo de Justicia en fecha veinticinco (25) de Marzo de 2004, Expediente N° AA60-S-0000072 ponente Dr. Juan Rafael Perdomo, caso María Meneses vs. Colegio Amanecer C.A, el cual es del tenor siguiente: "El demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor. También debe esta sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos en los siguientes casos: 1. Cuando en la contestación de la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aún cuando el accionado no la califique como relación laboral, (Presunción juris tantum, establecida en el Arí. 65 de la Ley Orgánica del Trabajo). 2. Cuando el Demandado no rechace la existencia de la relación Laboral, se invertirá la carga de la prueba, en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar y en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc. En este mismo sentido en sentencia de fecha 25 de marzo de 2004, caso HUGO MATUTE ESCALONA VS AUTOCAMIONES LA FLORIDA, con ponencia del Dr. Ornar Alfredo Mora Díaz, también señaló lo siguiente: "También debe esta sala señalar con relación al mencionado Arí. 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en lo referente a cuando se tendrán por admitidos los hechos alegados por la parte actora, que en estos casos, se deberá aplicar la confesión ficta. Es decir se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor. En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamento rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos" En este mismo sentido en sentencia de fecha 15 de Marzo del año 2000 en el caso Ennio José Zapata contra el Banco de Venezuela con ponencia del Magistrado Dr. Juan Rafael Perdomo, también se señaló lo siguiente: (omissis) "De este modo se logra que la sustanciación del juicio laboral se realice dentro un marco jurídico justo, equitativo y acomodado a la realidad de este tipo de juicio, en razón de la desigualdad existente en la relación laboral, no imponiéndosele al trabajador que demuestre los hechos con pruebas, que en la mayoría de los casos le es difícil, pues el patrono tiene en su poder los documentos que tienen los detalles y las condiciones en que el trabajador prestó el servicio (por ejemplo, las planillas de ingreso, pago de salarios, remuneración, disfrute de vacaciones, retiros, despidos, interese sobre prestaciones sociales, entre otros) por lo que en consecuencia, se el exige al patrono que al contestar la demanda y rechazarla, alegue los hechos ciertos por los cuales la rechaza y las pruebe. Además, porque del contenido de la norma legal bajo estudio se desprende que se establece un imperativo de orden procesal al señalar que el demandado o quien ejerza su representación "deberá" determinar cuáles de los hechos admite y cuales rechaza". (omissis) La mencionada disposición legal, confirma la carga procesal del demandado de "determinar con claridad cuáles de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuales niega o rechaza", cuyo incumplimiento, es decir la contestación de la demanda genérica o vaga, u omisión de la misma, trae como consecuencia al patrono la confesión ficta. Cabe destacar, al respecto el criterio sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15 de Marzo de 2000, ratificado en el Expediente N° 98-819, ponente Dr. Juan Rafael Perdomo, caso Ilvia Meneses Vs Colegio Amanecer, C.A., en sentencia de fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil cuatro (2004) el cual es del tenor siguiente: "El demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar tas pretensiones del actor. También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos en los siguientes casos: 1) Cuando en la contestación de la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aún cuando el accionado no la califique como relación laboral, (Presunción juhs tantum, establecida en el Art. 65 de la Ley Orgánica del Trabajo). 2) Cuando el Demandado no rechace la existencia de la relación Laboral, se invertirá la carga de la prueba, en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar y en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.". IV DE LAS PRUEBAS Pruebas de la parte demandante: A. Con el libelo de la Demanda Promovió documentales B. Promovidas en el lapso probatorio Promovió Informes. Pruebas de la parte demandada: A. Con la contestación de la demanda No promovió prueba alguna B. En el lapso probatorio No promovió prueba alguna V PUNTO PREVIO De la forma como quedo trabada la litis y fueron articuladas las respectivas afirmaciones de las partes, se observa que es punto fundamental a ser dilucidado es la prescripción la cual fue solicitada por la parte accionada como punto previo en el escrito de contestación de la demanda en consecuencia debe esta Juzgadora pronunciarse previamente sobre la misma, con posterioridad al fondo de la demanda en tal sentido la jurisprudencia ha declarado: "....... Con las excepciones de fondo, no se niega la existencia del hecho fundamental, generador de la acción, sino que se alega un hecho nuevo que lo enerva, esto es, que le quita su fuerza jurídica, como el pago, la transacción, la prescripción, (sentencia 3.5.60. GF 2Epág. 116). "La defensa de la prescripción implica el reconocimiento del hecho que sirve de causa al derecho pretendido" (sentencia 4.6.68 GF 2E pág. 400). Juez Accidental Dra. Carmen Teresa Delgado M. Í! \ Prescripción de la acción. La prescripción es una institución jurídica que implica la extinción del derecho objetivo a utilizar, la vía judicial para exigir un derecho subjetivo del cual se considera el demandante acreedor, pero no obstante, presupone la existencia de tal derecho subjetivo, aún cuando éste haya pasado a ser lo que describe la doctrina clásica, como un derecho natural, cuyo único inconveniente resultaría ser la imposibilidad jurídica de exigirlo coactivamente, por haber transcurrido el lapso establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece: "Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (01) año contados a ¡a terminación de la prestación de los servicios". Empero de lo expuesto, se puede afirmar que la prescripción extintiva o liberatoria es un medio de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo y bajo las condiciones determinadas por la ley. Tal y como lo ha sostenido la doctrina "La prescripción supone la inercia del acreedor para exigir el cumplimiento del crédito por parte del deudor. Por ello es necesario que el trabajador realice, dentro del lapso previsto en la Ley, un acto capaz de poner en mora al patrono, exigiéndole el cumplimiento de las leyes laborales. Este lapso de prescripción se interrumpe con las formas indicadas en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual señala: Art, 64, La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe: a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga antes un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes: b) Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público. c) Por ia reclamación intentada por una autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación dei redamado o de su representantes antes de la expiración del lapso y de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil. Como se desprende del texto legal el efecto interruptivo se produce en el momento en que el Tribunal deje constancia de la presentación de la demanda, sin necesidad de su admisión, pero es evidente que el efecto interruptivo de la demanda, queda legalmente condicionada a que antes de la consumación del término de la prescripción o en el transcurso de los dos (02) meses siguientes se practique la citación o en alguna forma quede notificado el demandado. Cabe destacar que de lo antes expuesto el transcurso del lapso de prescripción y de los dos (02) meses adicionales, sin haberse practicado la como un derecho natural, cuyo único inconveniente resultaría ser la imposibilidad jurídica de exigirlo coactivamente, por haber transcurrido el lapso establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece: 'Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (01) año contados a la terminación de la prestación de los servicios". Empero de lo expuesto, se puede afirmar que la prescripción extintiva o liberatoria es un medio de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo y bajo las condiciones determinadas por la ley. Tal y como lo ha sostenido la doctrina "La prescripción supone la inercia del acreedor para exigir el cumplimiento del crédito por parte del deudor. Por ello es necesario que el trabajador realice, dentro del lapso previsto en la Ley, un acto capaz de poner en mora al patrono, exigiéndole el cumplimiento de las leyes laborales. Este lapso de prescripción se interrumpe con las formas indicadas en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual señala: Art. 64. La prescripción de las acciones provenientes de ia relación de trabajo se interrumpe: a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga antes un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes: b) Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público. c) Por la reclamación intentada por una autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representantes antes de la expiración del lapso y de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil. Como se desprende del texto legal el efecto interruptivo se produce en el momento en que el Tribunal deje constancia de la presentación de la demanda, sin necesidad de su admisión, pero es evidente que el efecto interruptivo de la demanda, queda legalmente condicionada a que antes de la consumación del término de la prescripción o en el transcurso de los dos (02) meses siguientes se practique la citación o en alguna forma quede notificado el demandado. Cabe destacar que de lo antes expuesto el transcurso del lapso de prescripción y de los dos (02) meses adicionales, sin haberse practicado la notificación del demandado, no produce invariablemente la prescripción, ya que según criterio de la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha diez (10) de Junio de 2004, Expediente N° 2004 ponente Dr. Ornar Alfredo Mora Díaz, caso ilvia Isidra Castillo de Herrera vs. Gobernación del Estado Apure, el cual es del tenor siguiente: ".....ordenó al juez de reenvío subsane el error encontrado, ai haber declarado la prescripción de la acción, de conformidad con el Art.61 de la Ley Orgánica del Trabajo, obviando el compromiso de pago al trabajador hecho por la demandada luego de haber operado el lapso de prescripción, lo que constituye una renuncia tácita, de esta manera considera la sala que "... la planilla de liquidación de prestaciones sociales de fecha posterior a la consumación de la prescripción........ que fuera consignada en autos por la parte demandada, constituye una renuncia tacita a la prescripción por parte del patrono..........." En cuanto a la defensa de la prescripción, este Tribunal observa que en el caso concreto, la alegada relación de trabajo culminó el 15 de agosto de 2000, y la interposición de la demanda se realizó el 11 de septiembre de 2003, habiendo transcurrido entre ambas fechas un lapso aproximado de tres (03) años y (01) mes, es decir transcurrió el lapso de prescripción previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. Esta Juzgadora, a los fines de verificar si la parte actora realizó algún acto interruptivo de la prescripción, previstos en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, o en alguno de los criterios establecidos por la doctrina Patria, o por las Salas que conforman nuestro alto Tribunal Supremo de Justicia, observa que al folio sesenta y ocho (68), en fecha 10 de febrero de 2005, el abogado Marcos Gotilla consignó mediante diligencia, escrito de suspensión de la causa suscrito por una parte el Procurador General del Estado, en representación del Estado Apure, y por otra parte el prenombrado abogado Marcos Goitia en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, donde manifiestan "Que efe conformidad con el decreto G-625 de fecha 02 de diciembre de 2004, las partes han llegado a un acuerdo en que las partes se comprometen a estudiar los derechos reclamados y en consecuencia la forma de pago del demandante, motivo por el cual solicitan la suspensión de la causa" De la solicitud parcialmente transcrita, quien aquí sentencia, evidencia un reconocimiento a la acreencia que tiene la Gobernación del Estado apure con la demandante, lo que constituye una renuncia tácita a la prescripción de la acción por parte del patrono, lo que trae como efecto la pérdida del derecho que tiene el demandado de oponer la prescripción, todo esto de conformidad con el criterio establecido por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 308 de fecha 07 de mayo de 2003, señalando lo siguiente: " En ese sentido y a la luz de lo antes expuesto, considera esta Sala de Casación Social que la planilla de liquidación de prestaciones sociales de fecha posterior a la consumación de la prescripción, es decir, el primero de febrero de 2001, que fuera consignada en autos por la parte demandada, constituye una renuncia tácita a la prescripción por parte del patrono, como bien lo alegó el formalizante, por cuanto debe considerarse como un reconocimiento de la parte demandada de la acreencia que tiene el demandante - lo que hace al demandado - perder el derecho a oponer ¡a prescripción............" Por todo lo antes expuesto en cuanto a la defensa de la excepción perentoria de la prescripción alegada por la parte demandada, esta juzgadora lo declara sin lugar. ASÍ SE ESTABLECE. V VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Dilucidados y resueltos como han sido los puntos previos opuestos por la parte accionada, seguidamente quien aquí sentencia procederá a valorar, las pruebas que constan en el expediente a los fines de establecer cuáles de los hechos alegados en el proceso han sido desvirtuados. Parte Actora. A. Promovidas con el libelo de la Demanda Consigna anexo al escrito libelar marcado con la letra "A", escrito dirigido al Director de Personal del Estado Apure por la demandante ROSA ILUMINADA ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-12.581.700, asistido por el Abogado en ejercicio MARCOS GOITIA venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°. V-11.756.223, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 75.239, con sello húmedo de la Dirección de Personal del Ejecutivo del Estado Apure, mediante la cual solicita el pago de prestaciones sociales de manera conciliatoria. Por tratarse de un instrumento privado que si bien no es emanado directamente de la parte contraria, pero si tiene firma y sello de haber sido recibido por la Dirección de Personal de la Gobernación del Estado Apure, parte demandada en la presente causa, quien aquí decide le concede pleno valor probatorio en lo atinente a la prueba de agotamiento de la vía conciliatoria, de conformidad con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, aún cuando la accionada lo impugnó fundamentándose en el Artículo 429 del Código de procedimiento Civil en todo caso pudo haber desconocido la firma de conformidad con el artículo 444 ejusdem. Así se decide. De los folios doce (11) al cuarenta y uno (40) consignó marcado con la letra "B" copia fotostática de Contrato Colectivo de Sindicato Único de Obreros dependientes del Estado Apure. Al tenor del artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo, el Contrato Colectivo es fuente del derecho, y en aplicación del principio IURA NOVIT CURIA, el Juez conoce el derecho en consecuencia no es susceptible de ser valorado, más de conformidad con el artículo 672 de la Ley Orgánica del Trabajo, si las cláusulas que conforman dicho Contrato, fueren más favorable a los sancionados en los artículos 108, 125, 133, y 146 de esa Ley, se aplicarán con preferencia en su integridad y no serán acumulativos en ningún caso. El mismo fue impugnado por la accionada, por las razones arribas expuestas tampoco pueden ser objeto de impugnación. Así se decide. B. Con el escrito de Promoción de Pruebas. Promovió prueba de Informe y solicitó al Juzgado que oficiará a la Dirección de Personal del Ejecutivo del Estado Apure, con el objeto de que informara a este Tribunal sobre las condiciones de las prestaciones sociales de la ciudadana ROSA ROJAS. De la revisión de las actas procesales se observa, que si bien es cierto que el Tribunal realizó la correspondiente solicitud, no riela en el expediente respuesta alguna del Ejecutivo Regional, en consecuencia no hay prueba alguna que valorar. Así se decide. PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA. A. Promovidas en la contestación de la Demanda No promovió prueba alguna. B. Con el escrito de Promoción de Pruebas. No promovió prueba Alguna. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR: Ahora bien del examen exhaustivo y en conjunto de las actas que conforman el expediente, así como todo el material probatorio, y en aplicación al principio de la comunidad de la prueba ha quedado plenamente demostrado, que la ciudadana ROSA ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- 12.581.700, mantuvo una relación laboral con la Gobernación del Estado apure, desde el 15 de febrero de 2000 hasta que fue despedida el día 15 de agosto de 2000, con un lapso de tiempo de seis (06) meses que el ultimo salario señalado por la actora es de CIENTO VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs.120.000,00) en consecuencia este Tribunal observa: Que al quedar establecido la relación laboral, fecha de inicio y la fecha de culminación, la demandada no puede liberarse de la carga de la prueba con solo negar, rechazar y contradecir que su representada le adeude a la demandante las cantidades indicadas en el libelo. Que la relación de trabajo genera obligaciones para ambas partes, para el trabajador la obligación de prestar el servicio y para el patrono pagar la remuneración respectiva y de esta se originan otras como es el pago de las prestaciones sociales y de indemnizaciones al finalizar la relación laboral; así como también las obligaciones dinerarias que nacen en el transcurso de la relación de trabajo y que no fueron satisfechas oportunamente , más aquellas acreencias que surgen con ocasión al vinculo laboral y deben ser pagadas al romperse la relación de trabajo y en caso contrario son exigibles desde ese momento. La parte accionada no cumplió con la obligación procesal impuesta por la carga de la prueba, pues no logro demostrar que hubiese cancelado las prestaciones sociales y otros conceptos laborales al demandante; por lo que imperiosamente han de tenerse como ciertos los hechos narrados por el actor en su libelo. Consecuencialmente con lo expuesto, resulta procedente la acción interpuesta por la accionante, y se procederá a calcular los conceptos reclamados con base a la Ley Orgánica del Trabajo y el Contrato Colectivo de Sindicato Único de Obreros dependientes del Estado Apure (SUODE). Cálculo de las prestaciones: Desde el 15 de febrero de 2000 hasta que fue despedida el día 15 de agosto de 2000, con un lapso de tiempo de seis (06) meses. Cantidades reclamadas. Prestación de antigüedad. La prestación de antigüedad no es más que la recompensa al trabajador por la antigüedad del servicio, establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual instituye "Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (05) días de salario por cada mes. (..... .omissi.......). Del artículo parcialmente transcrito le corresponde a la demandante por concepto de antigüedad la siguiente cantidad: 15 días x 5.258,88= 78.883,20 En cuanto al parágrafo Primero del artículo citado en precedencia, es el que le corresponde al trabajador, ya que su lapso de relación laboral ascendió a seis (06) meses exactos y no como se pretende en el escrito libelar que es el ordinal "C". Cabe destacar que el literal "a" es claro y preciso cuando establece "Quince (15) días de salario cuando la antigüedad excediere de tres (03) meses y no fuere mayor de seis (06) meses o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente". De lo que se deriva que tal beneficio no le corresponde, a la accionante por que ya los 15 días fueron abonados completos. Indemnización por Despido Injustificado. En cuanto a este reclamo destaca esta Juzgadora el criterio reiterativo de la jurisprudencia venezolana: "Por lo expuesto si un trabajador beneficiado con estabilidad laboral es despedido sin causa justificada y el Patrono da el Aviso previo a que se refiere el artículo 104 de la Ley orgánica del Trabajo, no procede la indemnización sustitutiva a que se refiere el artículo 125, ya que es fácil entender- dada la disposición legal- que se trata de beneficios excluyentes entre sí, en síntesis: a) Si el despido es injustificado y el trabajador no goza de estabilidad, procede el aviso previo indicado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, o la indemnización sustitutiva del mismo referido en el artículo 106 ejusdem. B) Si el despido es injustificado y el trabajador goza del Régimen de estabilidad, procede igualmente el aviso a que se contrae el articulo 104 de la referida Ley, pero en su defecto, la indemnización sustitutiva será la prevista en el articulo 125, sin que pueda pretenderse como anotamos, una APLICACIÓN CONJUNTA O SUMATORIA DE LOS MONTOS INDICADOS EN LOS ARTÍCULOS 106 Y 125". Del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito se infiere, que las indemnizaciones sustitutivas del preaviso y por despido injustificado es aplicable a los trabajadores amparados por el Régimen de estabilidad, en consecuencia en el caso en estudio, que el demandante es un trabajador amparado por la estabilidad laboral establecida en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponde las indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la ley orgánica del Trabajo, específicamente las establecidas como indemnización por despido injustificado en el ordinal 1) del citado artículo y la sustitutiva del preaviso prevista en literal a), en consecuencia le corresponde: Indemnización por despido injustificado (ordinal 1) 10 días x 5.258,88 = 52.588,80. Indemnización sustitutiva de preaviso (literal "A") 15 días x 5.258,88 = 78.883,20 Total artículo 125 de Ley Orgánica del Trabajo Bs.131.472,00 La accionante en su escrito libelar solicita vacaciones y bono vacacional fraccionados, las cuales están reguladas en el artículo 225 de la ley Orgánica del Trabajo, siendo determinante que la relación de trabajo haya finalizado por causa distinta al despido justificado y que ocurra antes de que cumpla el año de servicio, así como también que el pago ha de calcularse proporcionalmente en función de los meses completos de servicio que haya cumplido el trabajador durante el año en que haya finalizado la relación laboral, en consecuencia le corresponde a la accionante por este concepto lo siguiente. Vacaciones fraccionadas: 7.5 días X 4.800 = 36.000. Bono Vacacional fraccionado 3.5 días x 4.800 = 16.800 Por otra parte la accionante también solicita aguinaldos fraccionados, según cláusula del Contrato Colectivo de Sindicato Único de Obreros dependientes del Estado Apure (SUODE), de conformidad con el poder expansivo de la Contratación Colectiva previstos en los artículos 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el 509 de la Ley Orgánica del Trabajo, instituyen que la Convención Colectiva beneficiará a todos los trabajadores de la empresa, aunque hubieren ingresado con fecha posterior a su celebración, en consecuencia corresponde a la accionante lo solicitado. CLAUSULAN0 18. Establece la bonificación de fin de año, le corresponden al trabajador 30 días que equivale a Bs. 144.000. También solicita la cláusula 34 del Contrato Colectivo, que establecen las Indemnizaciones laborales, solicita desde el 15 de agosto de 2000 hasta el 30 de junio de 2003, lo que equivale a 34 meses. 34 meses x 144.000 = Bs. 4.896.000,00 Por otra parte, la accionante también solicita una diferencia de salarios, correspondientes desde el 01 de mayo de 2000, fecha en que se aumento el salario mínimo a Bs.144.000,00 lo correspondía un aumento de Bs. 24.000 a partir del mes de mayo hasta la fecha de egreso del accionante, que equivale a la cantidad de ochenta y cuatro mil bolívares {Bs.84.000,00). Así como también el accionante solicita el pago de cesta ticket, en cuanto a este reclamo quien aquí sentencia asume el criterio sentado por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 28 de abril de 2005 con ponencia del Magistrado, Dr. Ornar Alfredo Mora Díaz, en el caso por cobro de prestaciones sociales que sigue el ciudadano Eddie Rafael Alizo Venero contra la Gobernación del Estado apure, que establece: "En este orden de ideas, la Sala por razones de justicia considera necesario flexibilizar la denunciada norma en los casos como el de autos, y en tal sentido se estima como procedente el pago en bolívares de lo adeudado por la parte accionada al trabajador por el beneficio de alimentación que no fue satisfecho en su debido momento, pues, pese a que el demandante actualmente no labora para la Gobernación, sin embargo, se ha verificado en el proceso que éste era un beneficio que le correspondía disfrutar y que era una obligación del empleador satisfacer" Por el criterio parcialmente transcrito le corresponden a la parte accionada Por concepto de cesta ticket lo siguiente: 15-02-00 al 30-04-00- UT= 9.600 x 0,30= 2.880. 2,5 meses x 121 días = 52,5 días x 2.880= 151.200. 01 -05-00 al 15-08-00- UT= 11.600 X 0,30 - 3.480. 3,5 meses x 21 días- 73,5 días x 3.480 = 255.780. Total de cesta ticket Bs. 406.980. La parte demandante pretende establecer unos intereses de mora a la suma reclamada antes de obtener una sentencia definitiva, lo cual no es procedente por cuanto estos conceptos deben estimarse una vez concluido el juicio y determinados los conceptos que por ley han de corresponderle al trabajador demandante por motivo del cobro de sus prestaciones sociales y no antes, en consecuencia deben ser calculados mediante experticia complementaria que se ordene al efecto, por lo que mal pueden ser calculados por el actor en su libelo de demanda. ASÍ SE RESUELVE. Ahora bien en definitiva observa este Tribunal que de las solicitudes de pago, hechas por el actor en su escrito libelar solo le corresponden: (Art. 108LOT).,..........................................Bs. 78.883,20 Art. 125 ordinal 1..................................,.....Bs. 52.588,80 Aparte 2 Art. 125 literal "a"............................Bs. 78.883,20 Vacaciones fraccionadas.............................. Bs. 36.000,00 Bono vacacional fraccionado.........................Bs. 16.800,00 Cláusula 18 SUODE....................................BS. 144.000,00 Cláusula 34 SUODE....................................Bs.4.896.000,00 Diferencia de salarios.............................. ..Bs. 84.000,00 Cesta Ticket...............................................Bs. 406.980,00 Total de prestaciones ............................ Bs. 5.794.135,20 DECISIÓN En orden a los razonamientos expuestos este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que el confiere la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, interpuesta por la ciudadana, ROSA ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- 12.581.700, en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. Así se decide. Se condena a la Gobernación del Estado Apure a cancelar a la ciudadana ROSA ROJAS la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs.5.734.135,20). Se ordena de oficio practicar experticia complementaria a los fines de determinar. Primero: Los intereses de mora generados por las prestaciones sociales, arriba indicadas desde la fecha de finalización de la relación laboral (15-08-00) hasta la fecha de ejecución del presente fallo. Segundo: La indexación laboral , tomando en cuenta que la misma debe hacerse tomando como fecha cierta la admisión de la demanda (17-09-03) hasta la Ejecución de la sentencia; y para ello se ordena la designación de un experto contable, que guiándose por los intereses que al efecto haya fijado el banco Central de Venezuela, realice la experticia complementaria de este fallo en la forma ordenada y para ello se deberá solicitar al Banco Central de Venezuela , un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país, desde la fecha de la admisión de la presente demanda y la ejecución del fallo, a fin de que este índice se compute a la hora de ordenarse la ejecución de esta decisión. Por cuanto la parte demandada no fue totalmente vencida en este juicio, no habrá condena en costas en este proceso, así corno también por la naturaleza del ente demandado. Notifíquese al Procurador General del Estado Apure de la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 95 del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en concordancia con el artículo 28 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado Apure. Así como también se hace del conocimiento de las partes que transcurrido el lapso de ocho (08) días hábiles, contados a partir de que consta en autos la consignación en el expediente de la Notificación al Procurador General del Estado Apure, se iniciarán los lapsos para la interposición de los Recursos a que haya lugar. PUBÜQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA. Dada sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, siendo las 08:45 de la mañana a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil cinco (2005). 194° de la Independencia y 146° de la Federación. La Jueza Nancy Griselys Silva La Secretaria, Abog. Geraldine Goenaga En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia siendo las 11:00 A M. La Secretaria, Abog. Geraldine Goenaga EXP- 13885-TI-0614-05 NGS/RR/rb.