TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN,
MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE
San Fernando de Apure, veinte (20) de Mayo de 2005
194° y 146°
Vista la demanda presentada por la ciudadana: LEDYS SOBELLA ZAPATA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 4.999.581, domiciliada en esta ciudad de San Fernando de Apure, asistido por el abogado en ejercicio JAVIER ARTURO BLANCO BOLÍVAR, venezolano, Mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° 9.591.345, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 42.615, este Juzgado observa que:
Que la parte demandante se desempeñó como Jefe del Departamento de Gastos Corrientes, adscrito a la Secretaria de Tesorería de la Gobernación del Estado Apure; y demandó al Estado Apure por Cobro de Prestaciones Sociales, e inició sus labores en fecha 22 de Agosto de 2.000, tal como se desprende de Oficio N° P-88, anexado con la letra "A", hasta el día 29 de noviembre de 2.004, que la removieron del Cargo antes indicado según consta de anexo marcado con la letra "F". En fecha 22 de Agosto de 2.000, fue nombrada mediante Decreto N° G-479, publicado en Gaceta Oficial N° 581 de fecha 22-08-00, para ocupar el Cargo antes señalado.
A los fines de decidir la competencia que tiene este Tribunal para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgador la determinación de si la accionante LEDYS SOBELLA ZAPATA, plenamente identificada, es un Funcionario Publico o no, y en consecuencia el régimen jurídico que le es aplicable: las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo o la Ley del Estatuto de la Función Publica. Para establecer si nos encontramos en presencia de un Funcionario Publico es importante analizar si se trata de una empleado u obrera y la naturaleza Jurídica del organismo donde presta los servicios; en el caso que nos ocupa, no cabe la menor duda de que estamos en presencia de una empleado y no de un obrero, por la actividad desempañada por la parte actora, donde priva la actividad intelectual sobre la manual, en calidad de Jefe del Departamento de Gastos Corrientes adscrito a la Secretaria de Tesorería de la Gobernación del Estado Apure, ahora bien, en cuanto a la naturaleza jurídica del organismo donde prestaba sus servicios, se observa que la Gobernación del Estado Apure, parte demandada en el presente proceso, es un ente de derecho público, que goza de personalidad jurídica propia, es decir que es sujeto de derecho Publico que tiene plena autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones, poder que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Constitución del Estado Apure.
Como consecuencia de lo anterior, podemos concluir que se dan los dos supuestos para establecer que estamos en presencia de un funcionario público. En este orden de ideas, es interesante resaltar el criterio de la Sala de Casación Social con Ponencia del Magistrado OW1AR ALFREDO MORA DÍAZ, de fecha 15 de Noviembre 2004, en Juicio por Cobro de Prestaciones Sociales incoado por la ciudadana FLOR MARÍA CORDERO contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, en la cual la Sala establece lo siguiente:
"...El articulo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone ¡o siguiente: " La Jurisdicción Contencioso Administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los Órganos de la Jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de la situaciones jurídicas sujetivas lesionadas por la actividad administrativa".
Conforme al precepto supra transcrito y según ilustra la doctrina de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, la cual se acoge, " los actos emanados de la administración pública, sea nacional, estadal, o municipal están sujetos al control por parte de los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia contencioso administrativo" (Sent. N° 116 de fecha 12 de febrero de 2004)..."
Así mismo, con respecto al asunto planteado que es el pago de prestaciones sociales, el Tribunal Supremo de Justicia según Sentencia N° 2003-0369, de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, de fecha 11 de mayo de 2004, fijo el siguiente criterio:
"...De acuerdo con la Jurisprudencia de esta sala antes citada y que se reitera totalmente en esta oportunidad, a! demandarse en el presente caso el cobro de prestaciones sociales y por haber existido entre el accionante y ¡a Alcaldía del Municipio Palavecino del Estado hara una relación funcionar ial de dependencia, desde, el 30 de septiembre de 1996 hasta el ! de febrero de 2000, siendo su ultimo cargo el de Coordinador de plazas y parques, adscrito a la dirección de servicios públicos de la citada Alcaldía y con la ocasión de la entrada en vigencia de la Ley del estatuto de la Función publica, en fecha 6 de septiembre del 2000 (Caceta Oficial del a República Bolivariana de Venezuela N° 37.522). Específicamente de la Disposición Transitoria Primera, corresponde al conocimiento de la causa el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con base en Barquisimeto, el cual conoció de la causa originalmente, por tener este atribuido la competencia en materia funcionaría!. Así se decide... ",
Es menester resaltar, que es evidente la competencia funcionarial por cuanto en el caso que nos ocupa se trata de una acción de Cobro de Prestaciones Sociales de una ex funcionario de la Gobernación del Estado Apure, que con motivo del nombramiento al cargo de Jefe del Departamento de Gastos Corrientes, según Decreto N° G-479, publicado en Gaceta Oficial N° 581 de fecha
22/08/00, para ocupar el Cargo antes señalado. En ese orden de ideas, se resalta que en virtud del estatuto, el funcionario ingresa a la Administración mediante un nombramiento y se incorpora a un régimen pre- existente, de carácter general objetivo e impersonal, dictado por el Estado para establecer las condiciones de ejercicio de los diferentes cargos de la Administración. De lo cual se puede apreciar la relación de empleo público y por ende corresponde el conocimiento de la presente causa al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo, por tener este atribuida la competencia en materia funcionarial.
A los fines de atribuirle la competencia a este Tribunal para conocer de la presente causa. De tal forma, resulta forzoso para este Juzgado declinar la competencia por la materia al Juzgado Superior en lo Civil (bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, ordenándose la remisión del expediente en la oportunidad correspondiente al referido Tribunal. Publíquese, y Regístrese.
El Juez. Carlos Espinoza Colmenares.
La secretaria,
Abog. Maria Tusa
Exp.1841-05