REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE San Fernando de Apure, 11 de abril de 2006. 195º y 147º SENTENCIA DEFINITIVA. Expediente: Nº 4320-TI-1606-05 Parte demandante: Ciudadano RUIZ JHONNY, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-14.219.712 y de este domicilio. Apoderado Judicial: Abogado MARCOS GOITIA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº. V-11.756.223, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 75.239, con domicilio procesal en la calle Chimborazo cruce con Av. Miranda de esta ciudad. Parte demandada: Gobernación del Estado Apure. Apoderado Judicial: Abogada designada NORAIDA PEREZ GUERRERO venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.870.210, e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 51.022. Motivo: Prestaciones sociales. Comenzó el presente juicio en fecha 17 de septiembre de 2003, con formal demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales por el Ciudadano, RUIZ JHONNY, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-14.219.712 y de este domicilio en contra de la Gobernación del Estado Apure, por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Laboral, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure a quien según Resolución Nº 2005-00004 de fecha 02 de marzo de 2005 proveniente del Tribunal Supremo de Justicia, se le suprime la competencia en materia del Trabajo, recibido en fecha 17 de mayo de 2005, en este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, el cual de conformidad con el artículo 197 numeral 4 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a decidir la causa en los siguientes términos: I ALEGATOS DE LAS PARTES Parte Actora. La actora a los fines de fundamentar su pretensión alegó lo siguiente: Que desde el día 15 de febrero de 2000, inició sus labores como obrero del Plan Masivo, adscrito a la Gobernación del Estado Apure, siendo despedido el 15 de agosto de 2000, y hasta los momentos actuales no le han pagado sus prestaciones sociales, a pesar de haber solicitado dicho pago varias oportunidades y se han negado a pagárselas. Señaló que trabajo ininterrumpidamente durante seis (06) meses, el último sueldo fue la cantidad de ciento veinte mil bolívares (Bs.120.000,00) . Así mismo señaló que por el término de la relación laboral le corresponde el pago de siete millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro bolívares con tres céntimos (Bs.7.525.484,03), discriminados así: Prestación de antigüedad………………………………………. Bs. 210.355,20 Intereses……………………………………………………………Bs. 3.928,19 Art. 108. Parágrafo Primero. Literal “C”…………………………Bs.157.766,40 Cesta Ticket del 15-02-00 al 15-08-00………………………… Bs.302.400,00 Diferencia de salarios…………………………………………….Bs. 84.000,00 Indemnización por despido injustificado (30 días)……………..Bs.157.766,00 Indemnización sustitutiva de preaviso (30 días)………………..Bs. 157.766,00 Vacaciones fraccionadas (Art.225 de LOT)……………………..Bs. 62.496,00 Aguinaldos fraccionados………………………………………….Bs.144.000,00 Total adeudado a la fecha de egreso………………………....Bs.1.280.478,59 Cláusula Nº 34 (Indemnización laboral 15-08-00 al 30-06-03).Bs.4.896.000,00 Intereses de la deuda (fecha de egreso al 30-06-03)……....... Bs.1.349.005,44 Total adeudado a la fecha actual……………………………… Bs.7.525.484,03 Que demanda por cobro de prestaciones sociales y diferencias de pago de sueldos y demás derechos que le corresponden por haberse desempeñado en el cargo como obrera perteneciente al Plan Masivo, fundamentándose en los artículos 65, 67, 68, 108, 129, 219, 104, 125, 129, 219 y 125 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procedimientos del Trabajo y 340 del Código de Procedimiento Civil, así como en el Contrato Colectivo del Sindicato de Obreros del Estado Apure. II Parte Accionada. El apoderado judicial en la oportunidad de dar contestación a la demanda lo hizo en los siguientes términos: En primer lugar alegó para que sea decidido por el Tribunal como punto previo la inexistencia de la parte demandada, apoyándose, en que la demanda se ha propuesto en contra de la Gobernación del Estado Apure, y este es un órgano administrativo del Estado Apure. En ese mismo contexto al capitulo II Negó, rechazó y contradijo que el tiempo de servicio prestado por la demandante, haya sido de seis meses y que le corresponda la cantidad siete millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro bolívares con tres céntimos (Bs.7.525.484,03), discriminados en el escrito libelar. Al capitulo IV, adujo de conformidad con el artículo 61 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina patria la prescripción de la acción. II HECHOS CONTROVEERTIDOS Y NO CONTROVERTIDOS. Conforme a la interpretación del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido la obligación al demandado de determinar con claridad, al contestar la demanda, cuales de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos o rechaza, con el fin de fijar la carga de la prueba en el proceso laboral; teniendo la parte demandada la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor, es decir, se tendrán por admitido aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el demandado niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportados en los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los dichos del actor. De esta manera, quien aquí decide transcribe parte del fallo dictado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15 de marzo de 2005, Expediente Nº AA60-S-0000072, cito: “……el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor…… …cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, si le fueron pagadas las utilidades, vacaciones, etc…….” De lo anterior resulta que el Patrono debe en la contestación, indicar al rechazar un hecho, cual es el hecho cierto, siempre que no se niegue la existencia, porque en este caso si incumbe al trabajador demostrar la existencia de la misma. A lo antes expuesto se debe añadir que no todos los alegatos y rechazos que se expongan en la contestación recibirán idéntico tratamiento, porque la adecuada o suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y fundamentos de la defensas, en relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla, dependerán de la naturaleza y circunstancia de cada asunto y resultará del examen de las mismas que deba practicar el Juzgador, tarea en la cual hará uso de las presunciones establecidas a favor del trabajador pero de la que no puede eximirse con el solo fundamento de indicar que por efectos de declararse la existencia de la relación de trabajo alegada, se tendrán por admitidos todos los hechos y pedimentos planteados con fundamento y por derivación de ella, aún se los hubiere rechazado expresa y precisamente y se trate de rechazos o negativas que se agoten en sí mismas, como son las opuestas a condiciones distintas o exorbitantes de las legales, pues no puede ser igual cuando se han alegado condiciones y acreencias distintas o excesos de las legales, pues a la negación de su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido o llevado a cabo no hay, salvo ningún caso especial, otro fundamento que dar, siendo necesario analizar y exponer las demostraciones y razones de hecho y de derecho conforme a las cuales sean procedentes los conceptos y montos correspondientes. Por la forma como quedó trabada la litis, en aplicación de lo previsto en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, en concordancia con lo previsto en los artículos 1.354 del Código Civil y el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, surgen como: Hechos controvertidos: • Los conceptos demandados por Prestaciones Sociales y demás beneficios laborales. Hechos no controvertidos: • La relación laboral. • Fecha de terminación de la relación laboral. • Tiempo de servicio. • El salario. Puntos Previos. • Inexistencia de la parte demandada. • La prescripción de la acción. Distribución de la carga probatoria Se evidencia de las actas procesales que la parte demandada admitió la prestación del servicio personal por lo que le corresponde probar sus alegatos con los cuales pretende desvirtuar la pretensión de la actora, así mismo, así como a la parte demandante le corresponde probar la renuncia tácita a la prescripción. A los fines de sostener la presente carga probatoria, quien decide transcribe parte del fallo dictado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15 de marzo de 2005, Expediente Nº AA60-S-0000072, cito: “……el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor…… …cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, si le fueron pagadas las utilidades, vacaciones, etc…….” V PUNTOS PREVIOS De la forma como quedó trabada la litis y fueron articuladas las respectivas afirmaciones de las partes, se observa que los puntos fundamentales a ser dilucidados son la inexistencia de la parte demandada y la prescripción, los cuales son excepciones perentorias, en consecuencia se deben resolver como punto previo; a tal efecto debe esta Juzgadora pronunciarse previamente sobre los mismas, con posterioridad al fondo de la demanda en tal sentido la jurisprudencia ha declarado: “……. Con las excepciones de fondo, no se niega la existencia del hecho fundamental, generador de la acción, sino que se alega un hecho nuevo que lo enerva, esto es, que le quita su fuerza jurídica, como el pago, la transacción, la prescripción. (sentencia 3.5.60. GF 2E pág. 116). “La defensa de la prescripción implica el reconocimiento del hecho que sirve de causa al derecho pretendido” (sentencia 4.6.68 GF 2E pág. 400). Juez Accidental Dra. Carmen Teresa Delgado M. INEXISTENCIA DE LA PARTE DEMANDADA. El demandado en la oportunidad de dar contestación a la demanda, opone como punto previo la inexistencia de la parte demandada, estableciendo “que el accionante, no demanda a ninguna persona natural ni jurídica............ la Gobernación del Estado Apure es un órgano administrativo del Estado Apure, y es el máximo Órgano del Ejecutivo Regional, en ningún momento la Gobernación del Estado Apure es una persona jurídica sujeta de derechos y obligaciones... y que por eso no existe parte demandada en este juicio y declare sin lugar la demanda”. Este Tribunal acoge el criterio sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha cuatro (04) de Octubre de 2004, Expediente N° 2004-000497, ponente Dr. Alfonso Valbuena Cordero, caso Ramona Josefina Miranda Pérez vs. Gobernación del Estado Apure, el cual es del tenor siguiente: ”Ahora bien tal y como lo expone el formalizante, el Estado es el ente político territorial con personalidad jurídica, pero por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Gobernación del Estado es la máxima representación del Ejecutivo Estadal, por lo que la Entidad Estatal es el ente capaz de asumir obligaciones y derechos, aún cuando sea condenada la Gobernación como representante de aquél”. “En este sentido, en el presente caso, fue demandada y condenada por la recurrida la Gobernación del estado Apure y no el Estado, el ente con personalidad jurídica y portador de derechos y obligaciones, pero como antes se señalo aún cuando la Gobernación es la máxima representación del Ejecutivo Estadal, quien finalmente tiene derechos y asume obligaciones es la entidad estatal, aún cuando se haya demandado a la Gobernación, pues debe entenderse que finalmente quien soporta la carga es el Estado”. Por todo lo antes expuesto este Tribunal declara sin lugar el primer punto previo. Así se decide. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. La prescripción es una institución jurídica que implica la extinción del derecho objetivo a utilizar la vía judicial para exigir un derecho subjetivo del cual se considera el demandante acreedor; pero no obstante, presupone la existencia de tal derecho subjetivo, aun cuando éste haya pasado a ser lo que describe la doctrina clásica como un derecho natural, cuyo único inconveniente resultaría ser la imposibilidad jurídica de exigirlo coactivamente en vía jurisdiccional, por haber transcurrido el lapso establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece: “Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (01) año contados a la terminación de la prestación de los servicios”. Empero de lo expuesto, se puede afirmar que la prescripción extintiva o liberatoria es un medio de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo y bajo las condiciones determinadas por la ley. Tal y como lo ha sostenido la doctrina “La prescripción supone la inercia del acreedor para exigir el cumplimiento del crédito por parte del deudor. Por ello es necesario que el trabajador realice, dentro del lapso previsto en la Ley, un acto capaz de poner en mora al patrono, exigiéndole el cumplimiento de las leyes laborales. Este lapso de prescripción se interrumpe con las formas indicadas en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual señala: Art. 64. La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe: a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga antes un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes: b) Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público. c)Por la reclamación intentada por una autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representantes antes de la expiración del lapso y de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil. Como se desprende del texto legal el efecto interruptivo se produce en el momento en que el Tribunal deje constancia de la presentación de la demanda, sin necesidad de su admisión, pero es evidente que el efecto interruptivo de la demanda, queda legalmente condicionada a que antes de la consumación del término de la prescripción o en el transcurso de los dos (02) meses siguientes se practique la citación o en alguna forma quede notificado el demandado. En este orden de ideas, cabe destacar que quien aquí sentencia acoge el criterio de la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha siete (07) de octubre de 2004, Expediente N° AA60-S-2004-000538, con ponencia del Dr. Omar Alfredo Mora Díaz, caso SARA MARGARITA CASTILLO Vs. GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, el cual es del tenor siguiente: “Visto lo anterior, en esta oportunidad, quiere esta Sala ratificar y reproducir lo dicho por ella en un caso en idénticas condiciones, tal como lo es, lo expuesto en la sentencia Nº 138, de fecha 9 de Marzo de 2004, cuando textualmente señala: “.....Ahora bien, en diversas decisiones de esta Sala de Casación Social, entre ellas la sentencia R.C. 2001-000001 de fecha 24 de enero de 2001, R.C. 2002-000062 de 14 de febrero de 2002 y R.C. 2003-00056 de fecha 18 de Septiembre de 2003, se han venido manteniendo el criterio de que continúan rigiendo en materia de prescripciones laborales las disposiciones de la Ley Orgánica del trabajo, doctrina que en esta oportunidad se ratifica en aplicación de las mismas y en concordancia con la Disposición Transitoria Cuarta , Numeral 3, de la Constitución Bolivariana de Venezuela, con la cual se mantiene transitoriamente el régimen previsto en aquella mientras no entre en vigencia su reforma. Con vista de ello y de la señalada fundamentación de la recurrida, determinante en sus dispositivos finales, es concluyente que la recurrida infringe las normas denunciadas en los términos que plantea la formalización, por lo cual resultan las mismas procedentes, como en efecto así se declara....” Se puede evidenciar a través de la Jurisprudencia parcialmente transcrita, que la doctrina de nuestro Tribunal Supremo mantiene vigente, lo que el Legislador ha establecido como causa de extinción de las obligaciones como lo es la inacción del acreedor por un tiempo determinado en el derecho común y específicamente en el área laboral, se acuerda tal extinción por la inacción del trabajador en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, de donde se evidencia la no autorización del ejercicio de la acción proveniente de la relación de trabajo. Tal como lo expresa Luís Sanojo, “de otra manera nada habría seguro en la Sociedad, los deudores estarían siempre obligados, y a riesgo de pagar dos veces, habría que guardar durante siglos los documentos que prueban la liberación de la obligación. Por todas partes habría desorden y confusión” De lo expresado anteriormente se puede colegir que al establecer el Legislador la prescripción de la acción laboral, pasado un año sin haberse hecho valer y conocer la acreencia o derecho del extrabajador, mal podría el Juez laboral admitir esta acción y someter a las partes a todo un Proceso Judicial que como es evidente, constituye negación de los principios de celeridad y economía procesal, de lo contrario es una contravención a la voluntad del Legislador, lo cual es ilegal, y lo ilegal no puede reclamarse en un Tribunal y sobre ello no puede construirse nada válido. Esta Juzgadora, a los fines de verificar si la parte actora realizó algún acto interruptivo de la prescripción, de los previstos en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, o en alguno de los criterios establecidos por la Doctrina Patria, o por las Salas que conforman nuestro Tribunal Supremo de Justicia, observando así, que no existe prueba alguna consignada en los lapsos procesales previstos en nuestro ordenamiento jurídico de donde se evidencie que hubo Renuncia tácita a la prescripción. Ahora bien, el apoderado judicial de la parte accionante, en la audiencia de exposición de informes orales, es decir el lapso probatorio ya precluyó, mediante consignó conjuntamente con los informes escritos copia fotostática un documento administrativo consistente en un oficio, signado con el número 110 debidamente suscrito por Lic. Víctor Manuel García en su carácter de Secretario de Personal de la Gobernación del Estado Apure, dirigido al abogado Marcos Goitia donde le informa que el ciudadano RUIZ JHONNY “…no ha consignado ni procesado el pago de sus prestaciones sociales…” a los fines de demostrar la RENUNCIA TACITA A LA PRESCRIPCIÓN de la parte accionada, vistas así las cosas, quien aquí sentencia observa que este documento es una copia fotostática, y la única manera que puedan hacerse valer las copias fotostáticas en juicio, es su promoción por el actor conjuntamente con el libelo o por el demandado en el acto de la contestación de la demanda o bien por ambos en el lapso de promoción de pruebas. Si se presentaren separadas a estos actos procesales, serían inoportunas y no tendrían ningún valor probatorio, salvo que fueren aceptados expresamente por la otra parte. Esta previsión legislativa se entiende porque al ser documentos derivados de presuntos originales públicos o legalmente reconocidos, debe concederse a la otra parte a quien se opone, la prerrogativa de impugnarlos, sea por no considerarlos legítimos o porque no guardan identidad fidedigna con los originales, en consecuencia quien aquí sentencia se ve forzada a declarar la prueba presentada como extemporánea de conformidad con el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. Se quiere destacar que si bien es cierto que en el nuevo Proceso Laboral Venezolano, priva la realidad sobre las formas o apariencias, no es menos cierto que el mismo requiere de formalidades mínimas esenciales para permitir una justicia cierta, basados en fundamentos claros y específicos. En este sentido, siendo que continua rigiendo el criterio establecido en la Ley Orgánica del Trabajo en materia de prescripción de las acciones y en el caso en estudio el ciudadano, RUIZ JHONNY, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-14.219.712 y de este domicilio culminó la relación laboral el 15 de agosto de 2000, y la interposición de la demanda se realizó el 11 de septiembre de 2003, habiendo transcurrido entre ambas fechas un lapso de tres (03) años, un (01) mese y dos (02) días; es decir, transcurrió el lapso de prescripción previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. Como consecuencia de lo anterior debe considerarse PRESCRITA LA ACCIÓN y desestimarse la demanda intentada por el ciudadano, RUIZ JHONNY, plenamente identificado en autos contra la Gobernación del Estado Apure. Así se resuelve. Igualmente, considera esta Juzgadora inoficioso analizar las pruebas aportadas por las partes en el presente Juicio por cuanto opero la prescripción de conformidad con lo establecido en los artículos 61 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se establece. DECISIÓN Por las razones antes expuestas este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA La Prescripción de la Acción por cobro de Prestaciones Sociales, que incoare el ciudadano RUIZ JHONNY, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-14.219.712 y de este domicilio contra la Gobernación del Estado Apure. Así se decide. Notifíquese al Procurador General del Estado Apure de la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 95 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en concordancia con el artículo 28 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado Apure. Así como también se hace del conocimiento de las partes que transcurrido el lapso de ocho (08) días hábiles, contados a partir de que consta en Autos la certificación de secretario de haberse practicado la notificación al Procurador General del Estado Apure, se iniciarán los lapsos para la interposición de los Recursos a que haya lugar. No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la acción. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA. Dada sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, siendo las 09:45 de la mañana a los once (11) días del mes de abril del año 2006. 195° de la Independencia y 147º de la Federación. La Jueza Nancy Griselys Silva La Secretaria, Crepsi Crespo En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia siendo las 10:50 A M. La Secretaria Crepsi Crespo EXP- 4320-TI-1606-05 NGS/cc/rb.