REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN. EXTENSIÓN SAN FERNANDO DE APURE.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE TRIBUNAL PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD San Fernando de Apure, 06 de Abril de 2006. 195° y 147°. Vista la solicitud formulada por el pendo ciudadano: Héctor Rafael Hernández, Venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad N°: 14.948.828, actualmente cumpliendo pena por la comisión de uno de los delitos Contra las Personas; mediante la cual pidió de este Tribunal salida transitoria del establecimiento penal que le alberga en situación de interno; quien aquí se pronuncia, previo a su dictamen observa: PRIMERO: Reza el artículo 62 de la Ley de Régimen Penitenciario, que siempre y cuando la evolución del penado en el cumplimiento de la condena y su conducta lo merezca, podrán solicitar y obtener salidas o permisos hasta por cuarenta y ocho (48) horas, con la debida vigilancia y en los casos previstos a la misma norma. SEGUNDO: Que la razón y motivo que hace valer quien pide, a saber: el traslado a la ciudad de Puerto Ayacucho capital del Estado Amazonas, por motivo de trabajo, todo ello sustentado por su ofertante quien le secundó en la solicitud; se estima suficiente para invocar de este tribunal emita un dictamen favorable, habida cuenta que la situación es subsumirle en la tesis de la norma contenida en el literal “c” del artículo citado en el particular anterior. TERCERO: Que el legislador establece como condición general, en el Art. 63 de la citada ley, que el penado debe haber cumplido la mitad de la condena que le fuere impuesta para poder hacerse acreedor de tal prerrogativa; a excepción de aquellos casos en que la enfermedad grave, muerte de determinados miembros de la familia del penado o el nacimiento del hijos hagan prescindir de tal condición. A tal respecto, es de significar que el ciudadano Héctor Rafael Hernández aún no cumple la mitad de la pena que le fuere impuesta por el delito cometido, lo cual es evidente del legajo contentivo de la causa y de los cómputos de pena que a él rielan; no obstante lo expuesto, estima quien aquí se pronuncia, en interpretación de lo previsto por el legislador constitucional en el Art. 26 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el permiso o salida transitoria debe acordarse con lugar y a tal respecto prudente es citar la Jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 708 del 10-05.01, que definió la tutela judicial efectiva entre otros conceptos, como aquel mediante la cual: …“los órganos jurisdiccionales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinar el contenido y la extensión del derecho deducido… en un estado social de derecho y de Justicia (Art. 21 del vigente constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo y reposiciones inútiles (Art. 26 ejusdem ), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia…”. De lo citado se infiere que Héctor Rafael Hernández tiene derecho a igual acceso al órgano jurisdiccional en procura de sus derechos e intereses como penado, máxime cuando la labor que pretende realizar lo es en función de su trabajo como destacamentario, lo cual la hace traducirse en una situación asimilable, en cuanto a la trascendencia particular, a los supuestos estatuidos el los numerales “a”, y “b”, del Art. 62 de la Ley de Régimen Penitenciario y en consecuencia hace procedente el que opere la excepción necesaria, habida cuenta del no cumplimiento de la mitad de la pena que le fue impuesta. CUARTO: Que lo expuesto en el particular anterior se traduce en obsequio de la accesibilidad a la Justicia que consiste en la eliminación de trabas de orden legal para el disfrute de la tutela judicial efectiva; justicia idónea y equitativa mediante la apreciación, por parte de los jueces, de las circunstancias que concurren en cada caso en particular, atendiendo las particularidades y singularidades de cada cuestión planteada. QUINTO: Que al legajo contentivo de la causa no cursa, recientemente, constancia respecto de la conducta observada por el penado solicitante, más sin embargo, de lo entendido de constancias de cierta data cursantes al atado documental que comprende la causa y de la misma inexistencia de ellas con fecha reciente en el expediente, se infiere que la misma no ha variado y continua siendo buena. SEXTO: Que habida cuenta de la distancia geográfica que debe recorrer el solicitante para realizar las gestiones referidas y la naturaleza de las mismas, se considera que justo y necesario será otorgarle para ello el plazo máximo previsto en el a ley, a saber: cuarenta a y ocho (48) horas; amén de que el traslado habrá de hacerse con la debida vigilancia de funcionarios adscritos al Internado Judicial de la ciudad de San Fernando de Apure, lugar donde permanece recluido, además de la presentación de caución juratoria ante este Juzgado mediante la cual se comprometa a respetar las condiciones fijadas para el uso de la salida transitoria a concederse y a no quebrantar la pena que cumple debiendo reingresar al Internado Judicial ya citado al término del plazo concedido. DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto este Tribunal Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del circuito judicial penal del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: UNICO: Con lugar la solicitud de la salida transitoria, formulada por el penado ciudadano HÉCTOR RAFAEL HERNÁNDEZ, mayor de edad, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad N°: 14.948.828; para trasladarse a la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, por motivos de trabajo, específicamente por trabajos Técnicos en el deposito de la empresa Coca-Cola, ubicada en la carretera Nacional; para lo cual deberá estar acompañado de un funcionario del Ministerio del Interior y Justicia adscrito al internado Judicial de San Fernando de Apure, que ejercerá la debida función de vigilar; todo ello previa prestación de caución juratoria por parte del referido penado de respetar las condiciones establecidas para la salidas transitoria y no quebrantar la pena que cumple. Ofíciese al Director del Internado Judicial de San Fernando de Apure. Notifíquese. Cúmplase El juez Primero de Ejecución Dr. David Oswaldo Bocaney. La secretaria, Ab. Taibeth Castellano. Causa N°:1E-1245-03 DOB/TC/fc.-