El presente juicio se inicia, en virtud de demanda por Prestaciones Sociales, que incoara la ciudadana LILIAN AIDA ESCALONA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.271.453, domiciliada en la Urbanización Los Tamarindo, sector 2, calle 04, casa Nº 350, de esta ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure, asistida por el Abogado ROBERT MORENO inscrito por ante el instituto de Previsión social del Abogado bajo el Nº 79.642, donde alega la demandante que en fecha 01 de septiembre de 2000 comenzó a prestar servicios en la Alcaldía del Municipio San Fernando, como empleada contratada cumpliendo labores de guía de protocolo hasta el 23 de mayo de 2003, fecha en que terminó la relación de trabajo por motivo de su renuncia. SOBRE LA COMPETENCIA: A los fines de decidir la competencia que tiene este Tribunal para conocer de la presente causa, corresponde a esta Juzgadora la determinación de si la accionante LILIAN AIDA ESCALONA, plenamente identificada en autos, es una funcionaria público o no, y el régimen jurídico que le es aplicable, Ley Orgánica del Trabajo o la Ley del Estatuto de la Función Pública. Es importante destacar, que de acuerdo a lo expresado por la demandante en su escrito libelar, y en los recaudos anexos se desprende que ingreso en el cargo de Secretaria Contratada a partir 01 de septiembre de 2000, pero de acuerdo a lo expresado por la ciudadana LILIAN AIDA ESCALONA se infiere que el contrato que se inicio a tiempo determinado paso a ser un contrato a tiempo indeterminado, es decir hasta el 23 de mayo de 2003 por espacio de dos (02) años, ocho (08) meses y veintitrés (23) días. Señala el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo: “Los Funcionarios o empleados públicos Nacionales, Estadales o Municipales se regirán por las normas sobre Carrera Administrativa Nacional, Estadales o Municipales, según sea el caso, en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado , suspensión, sistemas de remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional; y gozarán de los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos. Los Funcionarios o empleados públicos que desempeñen cargos de carrera, tendrán derecho a la negociación colectiva, a la solución pacifica de los conflictos y a la huelga, de conformidad con lo previsto en el Titulo VII de esta Ley, en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración Publica. Los obreros al servicio de los entes públicos estarán amparados por las disposiciones de esta Ley”. Ahora bien, atendiendo a las actividades desempeñadas por la demandante LILIAN AIDA ESCALONA como era la de SECRETARIA de la Alcaldía del Municipio San Fernando, adscrita al Sindicato Único de Empleados Municipales de la Alcaldía de San Fernando del Estado Apure (SUEMSAFER), y la naturaleza pública del organismo ante el cual prestó servicios, como es la ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN FERNANDO DEL ESTADO APURE, la controversia planteada debe enmarcarse en el régimen jurisdiccional que la doctrina ha denominado Contencioso Funcionarial, pues es el que regula las relaciones entre los empleados públicos nacionales, estadales y municipales y los organismos públicos en su totalidad; en este sentido, la Sala de Casación Social, en reiteradas jurisprudencias ha sostenido, que la competencia del Tribunal de la Carrera Administrativa, no solo conoce las controversias concernientes a los funcionarios públicos nacionales regidos por la Ley de Carrera Administrativa, por aplicación del artículo 71 de la misma ley, por las siguientes razones: la actividad de la administración en materia de la función pública participa de la misma naturaleza que los demás actos realizados por la Administración, para alcanzar sus fines. Por tanto, los actos de los entes estadales y de las autoridades municipales relativos a los funcionarios públicos son también actos administrativos, cuya nulidad puede ser instada en sede contencioso administrativa conforme a las reglas generales que informan tal procedimiento, esto es, la llamada acción de nulidad por ilegalidad de actos de efectos particulares. En este orden de ideas, este Tribunal considera pertinente señalar lo explanado en la Sentencia emanada de la Sala de Casación Social, en fecha 15 de noviembre de 2004, con Ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz, para lo cual se transcribe parcialmente: “Por su parte el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone lo siguiente: “La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.” Conforme al precepto supra transcrito, y según ilustra la doctrina de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, la cual se acoge, “los actos emanados de la Administración Pública, sea nacional, estadal o municipal están sujetos al control por parte de los órganos jurisdiccionales, con competencia en la materia contencioso- administrativo”. (Sent. Nº 116 de fecha 1 2 de febrero de 2004). En ese mismo sentido, la vigente Constitución establece la figura del juez natural, como uno de los derechos que conforman el debido proceso, en el numeral 4º del artículo 49, al siguiente tenor: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia: (…) 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas a tales efectos” Por su parte, la Ley del Estatuto de la Función Pública, vigente desde el 11 de julio de 2002, que unifica la normativa jurídica aplicable a las relaciones de empleo público de las Administraciones Públicas nacional, estadales y municipales (artículo 1 de la Ley), prevé en la disposición transitoria primera, que: “Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso- administrativa, son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso- administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia…” No obstante, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión N° 116 de fecha 12 de febrero de 2004, estableció el criterio, según el cual, el conocimiento y decisión de los casos que versen sobre la relación de empleo público, entre los docentes y la Administración Pública corresponde a los órganos jurisdiccionales con competencia en materia contencioso administrativo funcionarial. También la Sala de Casación Social se ha pronunciado en este sentido, lo cual se puede apreciar en la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2004, con ponencia del Magistrado Doctor Omar Mora Díaz, en los siguientes términos: “Atendiendo a la doctrina precedentemente señalada y dado que en el presente asunto existe una relación de empleo público estadal, al ser la actora una docente adscrita a la Gobernación del Estado Apure, esta sala declara la incompetencia de la jurisdicción laboral para el conocimiento de la causa; en consecuencia, se declara la nulidad de los fallos......... Por todas tales razones antes expuestas, y con fundamento a la doctrina y Jurisprudencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, Administrando Justicia y por Autoridad de la Ley, se DECLARA INCOMPETENTE en razón de la materia para conocer de la demanda por PRESTACIONES SOCIALES interpuesta por la ciudadana LILIAN AIDA ESCALONA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.271.453, asistida por el Abogado Robert Moreno e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 79.642 contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN FERNANDO DEL ESTADO APURE, y declina la competencia al Tribunal Superior Civil (Bienes) Contenciosos Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure. Y así de decide.