REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN. EXTENSIÓN SAN FERNANDO DE APURE.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE TRIBUNAL PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD San Fernando de Apure, 30 de Junio de 2006.- Visto la solicitud formulada por la defensora publica de presos Dra. Maria Elena Delgado, que antecede, a favor del penado CRUZ MARIA RODRÍGUEZ, titular de la Cedula de Identidad V-11.242.321, quien fue condenado por el delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, actualmente cumpliendo condena de quince (15) años en el Internado Judicial, en la cual plantea que “El ciudadano en cuestión manifestó su deseo de ser trasladado hasta el Hospital Pablo Acosta Ortiz, debido a que presenta dolor agudo en uno de los testículo imposibilitado para realizar cualquier actividad, debido a la HERNIA HINGLINAL……”. Revisada la solicitud, el Tribunal Observa: PRIMERO: Reza el artículo 62 de la Ley de Régimen Penitenciario, que siempre y cuando la evolución del penado en el cumplimiento de la condena y su conducta lo merezca, podrán solicitar y obtener salidas o permisos hasta por cuarenta y ocho (48) horas, con la debida vigilancia y en los casos previstos a la misma norma. SEGUNDO: Que la razón aducida por quien pide a saber: “La necesidad de ser trasladado hasta el Hospital Pablo Acosta Ortiz, debido a que presenta dolor agudo en uno de los testículo imposibilitado para realizar cualquier actividad, debido a la HERNIA HINGLINAL……”, se estima razón suficiente para invocar la salida transitoria en estudio. TERCERO: Que el motivo referido por la Defensora Publica se estima suficiente y bastante para invocar de este Tribunal emita un dictamen favorable, habida cuanta que la situación planteada es subsumible en la tesis de la norma contenida en el literal “C” del Artículo citado en el particular Primero de la presente decisión. CUARTO: Las salidas transitorias del establecimiento pena, tienen como fundamento: A) Enfermedad grave o muerte del cónyuge, padre e hijos. B) Nacimiento de hijos. C) Gestiones personales no delegables o cuya trascendencia aconseja la presencia del penado en el lugar de la gestión. D) Gestión para la obtención de trabajo y de alojamiento ante la proximidad del egreso. De las consideraciones que proceden y de lo establecido el Articulo 62 de la Ley de Régimen Penitenciario, es concluyente inferir la procedencia del permiso a que se hace referencia, en el hecho de realizar Gestiones personales no delegables así se declara. QUINTO: Además de las consideraciones hechas, prudente es también traer a colación la disposición legal contenida en el Articulo 63 de la ley de Régimen penitenciario, que regula la actividad o licencia invocada por el penado. Así las cosas reza el citado Artículo que el penado debe haber cumplido la mitad de la condena impuesta para poder hacerse acreedor de tal prerrogativa, a excepción de aquellos casos en que la enfermedad grave, muerte de determinados miembros de la familia del penado o el nacimiento de hijos hagan prescindir de tal condición. En tal sentido prudente es traer a colación las previsiones de la parte in fine del artículo 3 del Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y el artículo 102 ejusdem, según los cuales la educación es uno de los procesos fundamentales para alcanzar los fines del estado, lo cual debe ser además gratuita y obligatoria, asumiéndola el estado como función indeclinable, además de ser tenida como un derecho humano. SEXTO: Que empero lo expuesto, se considera que el trámite debido por el interesado para someterse a examen medico y su respectivo, es razón suficiente para otorgar el permiso invocado sobre ese particular, no obstante las limitantes contentivas en el articulo 63 citado supra, respecto de las causas que justifican el permiso, y en tal sentido es de significar que el mismo legislador prevee el otorgamiento del permiso conocido prescindiendo, por una excepción de la condición limitante descrita, lo cual se estima producto del conocido poder discrecional del juez en ejercicio de sus funciones que le permite seguir las singulares circunstancias del caso que se someta a su consideración, obviar requisitos en procura de una justa y recta administración de Justicia en sustento ello se erigen las previsiones del articulo 26 constitucional y la jurisprudencia emanada de la sala constitucional del tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 708 del 10 de mayo de 2001, que definió la tutela Judicial efectiva, entre otros conceptos, como aquella mediante la cual : “….los órganos jurisdiccionales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y , mediante una decisión dictada en derecho determinar el contenido y la extensión del derecho deducido….en un estado social de derecho y de Justicia (articulo 21 de la vigente constitución), donde garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos y reposiciones inútiles (articulo 26 ejusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia…”. En consecuencia se considera que el penado CRUZ MARIA RODRÍGUEZ bien puede optar al permiso en este particular referido, máxime cuando del mismo habrá de resultar un diagnostico sobre su estado de salud.- SÉPTIMO: Que luego del reconocimiento medico y sus resultas, el penado, a través de la ciudadana Defensora, deberá hacer del conocimiento de este Tribunal su estado de salud, además del tratamiento medico prescrito. DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero en Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, con Fundamento en la Ley de Régimen Penitenciario en su Articulo Nº 62, ACUERDA: ÚNICO: Con lugar la solicitud de la salida transitoria formulada por el penado CRUZ MARIA RODRÍGUEZ, titular de la Cedula de Identidad V-11.242.321, para trasladarse al Hospital Pablo Acosta Ortiz, ubicado en la Avenida Caracas, San Fernando de Apure, en consecuencia se le concede un plazo de ocho (08) horas máximo para realizar tal diligencia para lo cual deberá estar acompañado de un funcionario del Ministerio del Interior y Justicia adscrito al Internado Judicial de San Fernando de Apure que ejercerá la debida función de vigilarle; todo ello previa prestación de caución juratoria por parte del referido penado de respetar la condiciones establecidas para la salida transitoria y no quebrantar la pena que cumple. Igualmente imponer al penado de informar a este Tribunal respecto del diagnostico medico y del tratamiento a seguir. Ofíciese al Director del Internado Judicial de San Fernando de Apure. Notifíquese. Cúmplase. JUEZ PRIMERO DE EJECUCIÓN DR. DAVID OSWALDO BOCANEY LA SECRETARIA, AB. TAIBETH CASTELLANO. Seguidamente se le dio cumplimiento a lo ordenado, LA SECRETARIA, AB. TAIBETH CASTELLANO. Causa N°: 1E-773-00.- DOB/TC/lo.-