TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
JUZGADO DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOELSCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE CON SEDE EN SAN FERNANDO DE APURE
SALA DE JUICIO
JUEZ PROFESIONAL N° 2

San Fernando de Apure, 12 de Junio del año 2.006
195° y 147°

Visto el contenido del Escrito fecha 08 de Junio del año 2.006, suscrita por ante la Fiscal Sexta del Ministerio Público y Recibido por Distribución en esta sala de Juicio, en la cual se OBSERVA:
I
Al folio Dos (02), cursa acta mediante la cual los Ciudadanos CANDIDO ENRIQUE CANDIANO MORENO y AUDY VANESSA VILLAMEDIANA MENDOZA, venezolanos, mayores de edad, y titulares de la Cédula de Identidad N° V-16.271.349 y 18.339.680, a favor de los Hnos. CANDIANO VILLAMEDIANA, ESNAIDER ENRIQUE, RAIBEN GIANCHENKO y el por nacer CANDIANO VILLAMEDIANA, en los siguientes términos: “El Ciudadano CANDIDO ENRIQUE CANDIANO MORENO, expone: “fijo por Obligación Alimentaría a favor de mis hijos Hnos. CANDIANNO VILLAMEDIANA ESNAIDER ENRIQUE, RAIBEN GIANCHENKO, más gastos de por Nacer, la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000,00) mensuales, en partidas quincenales de CIENTO VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 125.000,00) cada una, dinero que Autoriza le sena descontadas directamente de la nómina de pago a partir del 30/06/06, y depositados en la cuenta de ahorros que ordene abrir el Tribunal de Protección a favor de sus hijos y el por nacer. En tal sentido las partes solicitan al Tribunal se ordene la apertura de una Cuenta de Ahorros en BANFOANDES. En el mes de Noviembre de cada año Autoriza que le sea descontado el 30% del bono vacacional que percibe, por concepto de bono especial, y en el mes de diciembre de cada año Autoriza igualmente que se le descuente el 30% que le corresponde por bono navideño, por concepto de Bono Decembrino. Igualmente se compromete a cancelar el 50% de los gastos médicos cuando así lo requiera sus hijos, asimismo, el 50% de los gastos médicos en el momento del parto del Por Nacer. Así como también Autoriza sean incluidos en los beneficios sociales de los cuales gozan los trabajadores adscritos a la Contraloría del Estado Apure. Asimismo convinieron en que la Obligación Alimentaría acordada, sea aumentada en forma automática y proporcional en un porcentaje equivalente al 20% anualmente…”
II
En este orden de ideas, considera este Juzgador, que en autos aparece acreditado el vínculo consanguíneo entre los conciliados y las referidas niñas habida de la unión entre las partes, la cual es apreciado como plena prueba de la filiación alegada.-
Ahora bien, la obligación Alimentaría es consecuencia de la misma filiación, sea matrimonial o extramatrimonial, como lo dispone el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, al establecer que:
"La obligación Alimentaría es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aún cuando…no se tenga la guarda del hijo, a cuyo efecto se fijará expresamente por el Juez el monto que debe pagarse por tal concepto….".-
Obligación que se impone legalmente a cargo de los progenitores, aún cuando no este legalmente establecida tal filiación, como se desprende del artículo 367 Ejusdem, al disponer el establecimiento de la misma cuando la filiación resulte indirectamente en los supuestos allí previstos.
Y es que no puede ser de otra manera, pues la obligación Alimentaría resulta impretermitiblemente necesaria para garantizar los derechos del niños y de adolescentes, puesto que es la única fuente para cubrirles su manutención y desarrollo integral y precisamente por ello, el constituyente de 1999, acogiendo la doctrina de la protección integral contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, le da rango constitucional a la misma, con lo que constituye un derecho humano de los beneficiarios, al establecer expresamente el artículo 76, parte in fine del aparte único de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que:
"La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación Alimentaría".
Con ello, el Constituyente venezolano da cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, con la cual se obligó a adoptar medidas legislativas dirigidas a lograr la protección integral de la infancia y la adolescencia, teniendo claro que los progenitores son los responsables prioritarios y primordiales en ello, puesto que la mencionada Convención, dispone expresamente en su artículo 27 que:
"1.- Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
"2.- A los padres les incumbe la responsabilidad primordial de proporcional, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño…".
"4.- Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres".-
Así las cosas, la obligación Alimentaría, respecto de los padres cuya filiación esta legalmente establecida, no requiere declaratoria de existencia previa, toda vez que es efecto directo de la filiación, debiendo garantizarse legal y judicialmente su efectividad a cargo de tales progenitores, o lo que es lo mismo garantizarse su cumplimiento y consecuentemente, el Juez lo que procede a determinar es el monto que corresponde cancelar por tal concepto, por lo que, habiendo quedado probado el vínculo filial entre el niño y los conciliados, queda así mismo probada la obligación Alimentaría toda vez que ésta es consecuencia directa de la filiación, respecto de cuyo quantum y cumplimiento aquellos fijaron las pautas que regirán los mismos".
Sentado ello, es de advertir que la obligación Alimentaría es de carácter personal, como se desprende, sin duda alguna, del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y con mayor contundencia y claridad, con rango constitucional, del artículo 76, aparte único, constitucional, al disponer que:
"El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciables de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos….".-
Ahora bien, examinado el acuerdo entre los citados ciudadanos, tomando en consideración que, en el caso concreto, la guarda recae en cabeza de la madre, pero ciertamente bajo la vigilancia de ambos progenitores, así como bajo la orientación moral y educativa que aquellos le presta, recayendo la obligación de asistencia material en los mismos, coadyuvando el mantenimiento de relaciones armónicas entre los co-obligados, a su desarrollo sano e integral, observando este decisor, que lo planteado entre aquellos puede solventarse recurriendo a una comunicación armónica, que permita lograr soluciones equilibradas, en consenso, para resolver el desacuerdo que pueda ocurrir entre ellos, y considerando, igualmente, que la intención del legislador al establecer los acuerdos conciliatorios fue la de evitar procesos mas traumáticos entre los responsables de la beneficiaria, que pudieran influir negativamente en su desarrollo integral; Asimismo, dado que el acuerdo planteado no violenta el orden público, ni vulnera los derechos de aquella, tratándose de un asunto sobre el cual es posible la conciliación y en virtud, por lo demás, que tal acuerdo redunda en la economía y celeridad procesal, es por lo que esta Sala de Juicio considera procedente y ajustado a derecho HOMOLOGAR EL ACUERDO CELEBRADO planteado por los precitados ciudadanos, de conformidad de conformidad con los Artículos 375 y 387, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. De conformidad con lo establecido en el 369 parte infine.- Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE.
III
Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE, EN LA SALA DE JUICIO N° 2. Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos CANDIDO ENRIQUE CANDIANO MORENO y AUDY VANESSA VILLAMEDIANA MENDOZA, venezolanos, mayores de edad, y titulares de la Cédula de Identidad N° V-16.271.349 y 18.339.680, a favor de los Hnos. CANDIANO VILLAMEDIANA, ESNAIDER ENRIQUE, RAIBEN GIANCHENKO, de conformidad con los Artículos 315 y 375, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Igualmente se acuerda aperturar cuenta de Ahorros en el Banco Banfoandes.- Así se decide. Cúmplase.
Regístrese la presente Decisión.- Extiéndase a las partes que las soliciten, copias certificadas del presente fallo.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure con sede en San Fernando, a los 12 día del mes de Junio del año 2006.- Años 195° de la Independencia y 147° de la Federación.-
El Juez Prov.,

DR. CASTOR JOSE UVIEDO. El Secretario.,

Abg. RAMON A. RIVAS L.
Seguidamente se le dio cumplimiento a lo ordenado.-
El Secretario.,

Abg. RAMON A. RIVAS L.
Exp. N° 13.516.-
CJU/RARL/Freddys.-