TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE CON SEDE EN SAN FERNANDO SALA DE JUICIO.
JUEZ PROFESIONAL No. 2

San Fernando de Apure, 15 de Marzo del año 2.006.

194° y 147°

Vista el acta Procesal que antecede de fecha 10-03-06, formulada ante este Despacho, esta Sala de Juicio N° 2, pasa a decidir, previamente y OBSERVA:

I PARTE
NARRATIVA

En la presente causa cursa acta Conciliatoria de Obligación Alimentaria, mediante el cual los ciudadanos: SILA DEL CARMEN RODRÍGUEZ y JOSÉ MOISES SOLANO FONSECA, titulares de la cedulas de identidad Nros. V-8.161.661 y V-4.998.120, y plenamente identificados en autos, conjuntamente con el Juez del Despacho, llegaron a un acuerdo donde el obligado expuso: “Yo estoy de acuerdo en Aumentarle la Obligación alimentaria a favor de mis hijos Hnos. SOLANO RODRÍGUEZ, y le ofrezco en este acto de Aumentar la suma de CIENTO SESENTA MIL BOLIVARES (Bs.160.000,oo) mensuales. Igualmente ratifico en este acto el Bono Decembrino estipulado en Sentencia dictada por este Tribunal en fecha 20-03-01, por el 32,6% de mi Bonifación de fin de año a los fines de cubrir parte de los gastos por mis hijos, en cuanto a los gastos de los útiles escolares, que el Tribunal dicte lo concerniente a favor de mis hijos.- La parte Demandante Expuso: “Estoy de acuerdo con lo ofrecido por el padre de mis hijos y solicito al ciudadano Juez, que el aportes extras útiles escolares y que estas sumas sean descontadas por el Organismo empleador del mismo y sean depositado a la cuenta bancaria respectiva. La Defensa Pública se adhiere al presente acuerdo”.-
II PARTE
MOTIVA
En este orden de ideas, considera este juzgador que, en autos si aparece acreditado el vínculo consanguíneo entre los conciliados y las referidos Hnos., habida de la unión entre las partes, tal como consta en actas de partidas de nacimientos.-
Ahora bien, la obligación Alimentaria es consecuencia de la misma filiación, sea matrimonial o extramatrimonial, como lo dispone el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, al establecer que:
“La obligación Alimentaria es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aún cuando...no se tenga la guarda del hijo, a cuyo efecto se fijará expresamente por el juez el monto que debe pagarse por tal concepto...”
Obligación que se impone legalmente a cargo de los progenitores, aún cuando no este legalmente establecida tal filiación, como se desprende del artículo 367 Ejusdem, al disponer el establecimiento de la misma cuando la filiación resulte indirectamente en los supuestos allí previstos.
Y es que no puede ser de otra manera, pues la obligación Alimentaria resulta impretermitiblemente necesaria para garantizar los derechos de niños y adolescentes, puesto que es la única fuente para cubrirles su manutención y desarrollo integral y, precisamente por ello, el constituyente de 1999, acogiendo la doctrina de la protección integral contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, le da rango constitucional a la misma, con lo que constituye un derecho humano de los beneficiarios, al establecer expresamente en el artículo 76, parte in fine del aparte único de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que:
“...La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación Alimentaria.”
Con ello, el Constituyente venezolano da cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, con la cual se obligó a adoptar medidas legislativas dirigidas a lograr la protección integral de la infancia y la adolescencia, teniendo claro que los progenitores son los responsables prioritarios y primordiales en ello, puesto que la mencionada Convención, dispone expresamente en su artículo 27 que:
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres...les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño...
...4. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar el pago de la Obligación Alimentaria por parte de los padres...”.
Así las cosas, la obligación Alimentaria, respecto de los padres cuya filiación esta legalmente establecida, no requiere declaratoria de existencia previa, toda vez que es efecto directo de la filiación, debiendo garantizarse legal y judicialmente su efectividad a cargo de tales progenitores, o lo que es lo mismo garantizarse su cumplimiento y, consecuentemente, el juez lo que procede a determinar es el monto que corresponde cancelar por tal concepto, por lo que, habiendo quedado probado el vínculo filial entre el niño y los conciliados, queda así mismo probada la obligación Alimentaria toda vez que ésta es consecuencia directa de la filiación, respecto de cuyo quantum y cumplimiento aquellos fijaron las pautas que regirán los mismos.
Sentado ello, es de advertir que la obligación Alimentaria es de carácter personal, como se desprende, sin duda alguna, del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y, con mayor contundencia y claridad, con rango constitucional, del artículo 76, aparte único, constitucional, al disponer que:
“...El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos...”.
Ahora bien, examinado el acuerdo entre los citados ciudadanos, tomando en consideración que, en el caso concreto, la guarda recae en cabeza de la madre, pero ciertamente bajo la vigilancia de ambos progenitores, así como bajo la orientación moral y educativa que aquellos le presta, recayendo la obligación de asistencia material en los mismos, coadyuvando el mantenimiento de relaciones armónicas entre los co-obligados, a su desarrollo sano e integral, observando esta decidor, que lo planteado entre aquellos puede solventarse recurriendo a una comunicación armónica, que permita lograr soluciones equilibradas, en consenso, para resolver el desacuerdo que pueda ocurrir entre ellos y, considerando, igualmente, que la intención del legislador al establecer los acuerdos conciliatorios fue la de evitar procesos mas traumáticos entre los responsables del beneficiario que pudieran influir negativamente en su desarrollo integral; asimismo, dado que el acuerdo planteado no violenta el orden público, ni vulnera los derechos de aquella, tratándose de un asunto sobre el cual es posible la conciliación y, en virtud, por lo demás, que tal acuerdo redunda en la economía y celeridad procesal, es por lo que esta Sala de Juicio N° 2 considera procedente y ajustado a derecho HOMOLOGAR EL ACUERDO CONCILIATORIO planteado por los precitados ciudadanos, de conformidad con el Articulo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Igualmente se ordena retención por el Organismo Empleador del obligado.- Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE.-
III PARTE
DISPOSITIVA

Por todas las consideraciones precedentemente expuestas esta SALA DE JUICIO 2, DEL TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE CON SEDE EN SAN FERNANDO, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, HOMOLOGA EL ACUERDO CONCILIATORIO planteado entre los ciudadanos: SILA DEL CARMEN RODRÍGUEZ y JOSÉ MOISES SOLANO FONSECA, titulares de la cedulas de identidad Nros. V-8.161.661 y V-4.998.120, todo de conformidad con el Artículo 375, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
En relación al aporte extra del Bono Vacacional que solicitan las partes que el Tribunal acuerde estipular los mismos. En consecuencia este Tribunal acuerda estipular el mismo por la suma de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.120.000,oo) en el 32,11% que deberá ser retenido sobre el Bono Vacacional cuando le corresponda al obligado, a fin de cubrir parte de los gastos ocasionados por los Hnos., que nos ocupan durante el inicio del año escolar a partir del presente mes y año en curso. Sumas estas que deben ser retenidas por el organismo empleador.
Regístrese la presente Decisión.- Extiéndase a las partes que las soliciten, copias certificadas del presente fallo.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure con sede en San Fernando, a los 15 días del mes de Marzo del año 2006.- Años 194° de la Independencia y 147 de la Federación.-
El Juez Prov.,

Dr. CASTOR JOSE UVIEDO
El Secretario,

Abg. RAMON RIVAS LORETO
En la misma fecha se cumplió lo ordenado.
El Secretario,

Abg. RAMON RIVAS LORETO
CJU/RRL/dayan.-
Exp. N° 12.822