TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela

Poder Judicial
En su nombre
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur.

Asunto Nº: 1360.-

PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: MARJORY CORINA MARTINEZ CERMEÑO, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad Nº 14.363.883, con domicilio en la ciudad de Guasdualito, Municipio Páez, Distrito Especial Alto Apure.-

APODERADAS DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: NURVYS VEGA FALCÓN, y YARITZA KARIN BARILLAS FARIAS, venezolana, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nº 13.983.724 y 13.012.803, abogadas en ejercicio, inscritas en el Inpreabogado. Bajo los Nº 97.971 y 79.401, respectivamente, con domicilio Procesal en la carrera Pedro Camejo entre Calle Vázquez y Avenida Marques del Pumar en la Ciudad de Guasdualito, Municipio Páez del Distrito Especial Alto Apure del Estado Apure.-

PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO APURE.

ABOGADO DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO PÁEZ DEL ESTADO APURE.-

MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL EJERCIDO CONJUNTAMENTE CON ACCION DE RECLAMO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS.-

ÚNICO
Que inicio una relación laboral como Agente Policial adscrita a la Dirección de Policía de Seguridad Ciudadana y Vial del Municipio Páez del Estado Apure, órgano dependiente de la Alcaldía del Municipio Páez del Estado Apure, desde el 15 de Junio de 2003 hasta el 07 de Abril de 2005, fecha en que fue notificada mediante oficio S/N de fecha 11 de Marzo de 2005, emanado del Despacho del Alcalde, que mediante resolución Nº 27-2005, de fecha 11 de Marzo de 2005, había sido retirada de la Administración Pública Municipal.-
Que en tal carácter viene en tiempo y forma a demandar a la Alcaldía del Municipio Páez del Estado Apure, para que convenga en el petitorio del presente libelo o en su defecto sea condenado por este Tribunal, donde declare la Nulidad Total y Absoluta de Acto Administrativo de Efectos Particulares, la cual fue emanada del Despacho del Alcalde del Municipio Páez del Estado Apure-

Síntesis de la Controversia:
En fecha 28 de Abril de 2.005, la ciudadana, MARJORY CORINA MARTINEZ CERMEÑO, presento el libelo de demanda, donde el mismo fue admitido en este Juzgado Superior en fecha 05 de Mayo de 2.005, se dio por recibido y visto el libelo de la demanda con recaudos y anexos, el cual fue admitido por concepto de RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL EJERCIDO CONJUNTAMENTE CON ACCION DE RECLAMO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS, en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO APURE, incoado por la ciudadana MARJORY CORINA MARTINEZ CERMEÑO, ordenándose las respectivas notificaciones.-
En fecha 07 de Junio de 2.005, este Juzgado Superior, le remitió DESPACHO DE COMISIÓN, en el presente RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL EJERCIDO CONJUNTAMENTE CON ACCION DE RECLAMO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS, incoado por la ciudadana MARJORY CORINA MARTINEZ CERMEÑO, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito Trabajo, Estabilidad Laboral y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en Guasdualito, donde el mismo se dio por recibido en fecha 09 de Junio de 2.005.-
En fecha 21 de Junio de 2.005, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito Trabajo, Estabilidad Laboral y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en Guasdualito dice Cumplida como ha sido la presente comisión por este tribunal, se acuerda devolverla al Tribunal de origen junto con oficio.-
En fecha 14 de Febrero de 2.006, siendo hora y día para que se llevara a cabo la Audiencia Preliminar en el presente en el presente, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL EJERCIDO CONJUNTAMENTE CON ACCION DE RECLAMO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS, incoado por la Ciudadana MARJORY CORINA MARTINEZ CERMEÑO, identificado en autos, contra el MUNICIPIO AUTÓNOMO PAEZ DEL ESTADO APURE. Se anuncio el acto a las puertas del tribunal en la forma de Ley y compareció las Abogada NURVYS VEGA FALCÓN, y YARITZA KARIN BARILLAS FARIAS, plenamente identificada en los autos, con el carácter de apoderadas judicial de la Querellante, arriba señalada. De la misma manera compareció la Abogada MILAGROS IRURETA ORTIZ, en representación de la parte querellada como se evidencia de las actuaciones que conforman el expediente. En este estado el Tribunal acuerda la apertura del lapso probatorio hecha por la parte querellante. Es todo. Terminó, se leyó y firman.-

En fecha 23 de Febrero de 2006, visto el escrito de pruebas promovida por las abogadas NURVYS VEGA FALCÓN, y YARITZA KARIN BARILLAS FARIAS, en su condición de apoderadas judiciales de la parte demandante, en el juicio de RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL EJERCIDO CONJUNTAMENTE CON ACCION DE RECLAMO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS, incoado por la Ciudadana MARJORY CORINA MARTINEZ CERMEÑO, este Juzgado declara en fecha 06 de Marzo de 2.005, ADMITIDAS las PRUEBAS DOCUMENTALES PROMOVIDAS.-
En fecha 29 de Marzo de 2006, siendo la hora y el día fijado por este tribunal para que tuviera lugar la audiencia definitiva, en el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL EJERCIDO CONJUNTAMENTE CON ACCION DE RECLAMO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS, incoado por la Ciudadana MARJORY CORINA MARTINEZ CERMEÑO, ejercido por la abogada NURVYS VEGA FALCÓN, y YARITZA KARIN BARILLAS FARIAS, ya identificas en autos, en contra del MUNICIPIO AUTONOMO PAEZ DEL ESTADO APURE. Se anuncio el Acto a las puertas del tribunal en la forma de ley y compareció la abogada MILAGRO IRURETA ORTIZ, en representación de la parte Querellada como se evidencia de las actuaciones que conforman el expediente. En este estado el Tribunal se reserva el lapso de cinco días de despacho siguientes al de hoy, para dictar sentencia, en acotamiento a lo dispuesto en el articulo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.-
En fecha 20 de Febrero de 2008, el Ciudadano MARCO AURELIO BRICEÑO BECERRA, titular de la cedula de identidad Nº V-1.582.108, en su condición de Sindico Procurador de la Alcaldía del Municipio Autónomo Páez, del Distrito Especial Alto Apure Guasdualito del Estado Apure, consignó ante este Juzgado Superior, 05 folios útiles los cuales contienen escrito de TRANSACCIÓN LABORAL Y HOMOLOGACIÓN del ciudadano Inspector del Trabajo de Guasdualito- Apure del 30 de Enero de 2.008 respectivamente del Ex Trabajadora, MARJORY CORINA MARTINEZ CERMEÑO, y la Alcaldía Municipal a través del Alcalde JOSÉ DEL CARMEN ALVARADO.-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

Ahora bien, si bien la transacción se trata de un documento administrativo con la fuerza de un documento público, se debe analizar los términos de la celebración e identificar lo transado con lo demandado; es decir, lo que debe hacer es determinar si todos los conceptos demandados se encuentran comprendidos en la transacción celebrada, pues sólo a éstos alcanza el efecto de cosa juzgada.

La transacción se encuentra definida en el artículo 1.713 del Código Civil, así: “La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. La figura de la transacción ha sido precisada también por la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal en los siguientes términos: “La transacción es un contrato que, en virtud de concesiones recíprocas entre las partes que lo celebran, pone fin al litigio pendiente antes del pronunciamiento definitivo del juez en el proceso, es decir, tiene la misma fuerza jurídica de una sentencia, y procede su ejecución sin más declaratoria judicial. Sin embargo, el ordenamiento jurídico impone para su validez, el cumplimiento de varios requisitos específicos cuya inobservancia podría configurar causales que el Código Civil sanciona con nulidad. Igualmente, como todo contrato, la transacción está sometida a todas las condiciones requeridas para la validez de los contratos en general, muy especialmente, aquéllas que aluden a la capacidad y al poder de disposición de las personas que los suscriben." (T.S.J. Sala Político Administrativa, Sentencia Nº 01261 del 06/06/2000).

La transacción que consta en autos celebrada entre ambas partes, expresa con claridad textualmente:

“ Vista la presente Orden de Pago de Fecha 27 de Noviembre de 2007, efectuada entre la ALCALDIA DEL MUNICIPIO PAEZ DEL ESTADO APURE, representada en este acto por el ciudadano: JOSE DEL CARMEN ALVARADO, venezolano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad Nº 8.188.598, en su carácter de Alcalde de dicho municipio, en su carácter este que se evidencia se según consta en acta de juramentación Nº 06, de fecha 15 de noviembre del 2004, asistido en este acto por el abogado MARCOS AURELIO M BRICEÑO, en su condición de Sindico Procurador del Municipio, por una parte y por la otra la ciudadano: MARJORY CORINA MARTINEZ CERMEÑO, venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad Nº 14.363.883; constante de dos (01) folios útiles. Por cuanto la misma versa sobre derechos disponibles y no es contraria a derecho esta Inspectoria del trabajo en Guasdualito Distrito Alto Apure del Estado Apure, le imparte la correspondiente homologación y le da el carácter de cosa juzgada de conformidad con lo establecido en el ordinal 2 del articulo 89 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, parágrafo único del 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y artículos 8 y 9 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

En segundo orden, en la transacción objeto de análisis se verifican concesiones recíprocas, la cual, constituye la combinación de dos negocios simultáneos, condicionados uno al otro: la renuncia y el reconocimiento, que versan sobre el mismo objeto (consenso in ídem).

Como consecuencia de lo anterior, se concluye que la transacción celebrada brevemente descrita supra, produjo un efecto sobre la relación jurídica sustancial (relación de trabajo) que es materia de juicio (thema decidendum) previniendo un litigio; y al mismo tiempo, constituye, como se dejó establecido anteriormente, un acto administrativo, pues se trata de una manifestación de voluntad de carácter sublegal, realizada por un órgano del Poder Ejecutivo, es decir, la Administración Pública (la Inspectoría del Trabajo del Estado Apure, de efectos particulares cuyo destinatario es la ciudadana; MARJORY CORINA MARTINEZ CERMEÑO, cuyos efectos se traducen para las partes intervinientes en la extinción de una relación jurídica de carácter laboral. Por lo tanto, este acto administrativo está revestido en principio, de la presunción de legalidad, que produce el efecto de la cosa juzgada administrativa o cosa decidida administrativa por el carácter de irrevisabilidad e irrevocabilidad de dicho acto administrativo.

Evidentemente se trata de una transacción laboral que al ser homologada por el Inspector del Trabajo adquirió la cualidad de acto administrativo de efectos particulares, el cual se caracteriza fundamentalmente por estar investido del Principio de Legalidad Administrativa, según el cual se presume legal hasta que se demuestre lo contrario, y esta cualidad, trae consigo otra, que es la ejecutoriedad del acto, pues se ejecuta inmediatamente porque se presume legal.

En adición a lo anteriormente expuesto, la transacción que constan en autos, tienen una particularidad, es de carácter laboral, por la materia objeto del acuerdo suscrito por ambas partes (patrono - trabajador), la cual debe reunir unos requisitos de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo, para adquirir plena validez y efecto de cosa juzgada.

“(…) El artículo 3 de la LOT (omissis), establece la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, principio que éste se encuentra consagrado en el artículo 85 de la C.N. Sin embargo, el mismo artículo de la Ley señala en su Parágrafo Único la excepción al principio de irrenunciabilidad, al señalar que se permite la transacción, estableciendo que la misma debe cumplir con determinadas condiciones.

En el caso de autos los trabajadores accionantes y la Municipalidad suscribieron un acto en la que llagaban a un acuerdo, conforme al cual ponían fin a la relación laboral que mediaba entre ellos y se efectuaba en ese acto la consignación de las prestaciones sociales correspondientes a cada trabajador. Esta acta fue homologada por el Inspector del Trabajo de la causa, funcionario competente para hacerlo, en consecuencia, el acta suscrita el efecto de cosa juzgada, tal y como lo establece el Parágrafo Único del citado Artículo 3 de la LOT.

En definitiva, este Tribunal Superior, ha detectado no solo la cosa juzgada derivada de la transacción, sino que la misma reviste un carácter especial, definida como la COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA, que sin embargo, recibe casi el mismo tratamiento legal que se le da a la cosa juzgada derivada de las decisiones judiciales “sentencias”; no obstante, varían en ciertos aspectos, ligados a la legalidad del acto dictado y a su posible afectación de nulidad absoluta, de acuerdo a las causales establecidas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

La cosa juzgada administrativa, es una propiedad de los actos administrativos individuales, pues los actos de efectos generales son esencialmente revisables y derogables. Por otra parte, se trata de una propiedad que sólo pueden adquirir los actos que sean jurídicamente válidos y que no estén viciados de nulidad absoluta, que en caso de estar viciados por alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pueden ser revocados de oficio o a solicitud de parte. (Brewer-Carías, “Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”. Caracas, 1997).

Respecto a las transacciones laborales el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Debe señalar esta Sala que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3°, Parágrafo Único, de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 9° y 10°, de su Reglamento, cuando, se lleva a cabo una transacción laboral que es homologada por la autoridad competente del trabajo, vale decir, Juez o Inspector del Trabajo, la misma adquiere la eficacia de cosa juzgada referida en el citado Parágrafo Único del artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo, porque al ser presentada ante cualquiera de las autoridades del trabajo ya indicadas, éstas verificarán si la misma cumple o no con los requerimientos para que tenga validez y carácter de cosa juzgada. (omissis…)

Establecer que una transacción homologada por la Inspectoría del Trabajo no está investida del efecto de cosa juzgada por no haberse indicado en el asunto de homologación que el trabajador actuó libre de constreñimiento es una conclusión contraria a derecho, que violenta el principio de presunción de legalidad del acto administrativo, según el cual los actos administrativos se consideran válidos y realizados conforme a la ley, en tanto no se declare lo contrario por el órgano jurisdiccional competente.

En virtud del efecto de cosa juzgada de la cual está investida, conforme al artículo 3°, Parágrafo Único, de la Ley Orgánica del Trabajo, una transacción homologada por el Inspector del Trabajo constituye ley entre las partes en los límites de lo acordado y vinculante en todo proceso futuro (cosa juzgada material) y ningún Juez puede decidir sobre los aspectos en dicha transacción, a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita (cosa juzgada formal)”. (Sentencia de fecha 13/11/2003, TSJ, Sala de Casación Social, Magistrado Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz.). (Destacado de este Juzgado).

Si bien es cierto que en el Parágrafo Primero del artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo se establece que al serle presentada una transacción al Inspector del Trabajo, éste debe verificar si se cumplen con los requisitos de ley y constatar que el trabajador actúa libre de constreñimiento, hay que precisar que ni dicha norma ni ninguna otra establece como formalidad esencial, que el auto de homologación impartido a la transacción debe contener la indicación expresa de haberse cumplido tal requisito, y el hecho que tal extremo no se indique expresamente en el auto de homologación no permite concluir que el funcionario del trabajo no cumplió con el mismo, menos aún cuando ni siquiera la parte accionante haya alegado tal circunstancia.

Establecer que una transacción homologada por la Inspectoría del Trabajo no está investida del efecto de cosa juzgada por no haberse indicado en el auto de homologación que el trabajador actuó libre de constreñimiento es una conclusión contraria a derecho, que violenta el principio de presunción de legalidad del acto administrativo, según el cual los actos administrativos se consideran válidos y realizados conforme a la ley, en tanto no se declare lo contrario por el órgano jurisdiccional competente. En virtud del efecto de cosa juzgada de la cual está investida, conforme al artículo 3°, Parágrafo Único, de la Ley Orgánica del Trabajo, una transacción homologada por el Inspector del Trabajo constituye ley entre las partes en los límites de lo acordado y vinculante en todo proceso futuro.

Definitivamente, en vista de que la cosa juzgada es una consecuencia del orden jurídico, en este caso, de la transacción laboral en sede administrativa debidamente homologada por la autoridad competente, valga decir, el Inspector del Trabajo; posee efectos de cosa juzgada y tiene plena eficacia de acuerdo al artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, y hasta los momentos la transacción laboral es perfectamente válida, cumple sus efectos legales y establece una afirmación de verdad de una determinada situación jurídica, que no ha sido controvertida por la vía jurisdiccional adecuada, a través del Recurso de Nulidad de Actos de Efectos Particulares. Así se establece.

Las excepciones de cosa juzgada derivada de una transacción evitan, en todo caso, el debate sobre el derecho expuesto en la demanda. Quien aduce la cosa juzgada no discute el derecho mismo, sino que se ampara en un estado de cosas que ha surgido luego del contrato de transacción y que se hace innecesario todo debate sobre el estado anterior; la transacción, que es equivalente contractual de la sentencia, actúa en el juicio como una verdadera cosa juzgada.

Los supuestos antes analizados, conllevan obligatoriamente a esta Sentenciadora a estimar que la transacción es válida, la cual produce los efectos jurídicos, pues, han sido aceptadas por las partes y no fueron atacados ni impugnados a través del Recurso de Nulidad de efectos particulares; e independientemente, aunque dichas instrumentales no reúnan los requisitos para constituir una transacción laboral de acuerdo a lo establecido en artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, este juzgado no es competente para hacer alguna declaratoria de nulidad sobre la misma, pues constituye un acto administrativo con afecto de cosa juzgada. Y así se establece.-

En consecuencia, al estimarse que la transacción tiene trascendencia respecto del proceso judicial, en cuanto que precave un litigio, que también extingue la relación jurídica material que se afirma en la pretensión que es objeto en el presente proceso, y en atención a la doctrina jurisprudencial pacífica y reiterada del máximo Tribunal de la República; la excepción de la cosa juzgada ha prosperado, en tal sentido quien aquí sentencia declara la presente causa como Cosa Juzgada y se da por terminado el proceso y en consecuencia se ordena el archivo del expediente. Y así se decide.

DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN SUR, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara la presente causa como COSA JUZGADA y se da por terminado el proceso y se ordena el archivo del presente expediente judicial.
Publíquese, regístrese y líbrese oficio al Procurador General del Estado Apure. Así mismo se ordena remitir el presente expediente al archivo judicial.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y de la Región Sur, a los veintiún (21) días del mes de Febrero de dos mil ocho (2008).

La Jueza Superior Titular;

Dr. Margarita García Salazar.

La Secretaria.

Isabel Valenna Fuentes Olivares.

EXP. No. 1.360.-
MGS/ivfo/emilio.