TSJ Regiones - Decisión

CAUSA 1C5357-08
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL. CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE EXTENSIÓN GUASDUALITO. Guasdualito, 06 de noviembre de 2008.
198° y 149°

Estando este Tribunal en la oportunidad legal prevista en el artículo 177 el Código Orgánico Procesal Penal, de fundamentar la decisión de otorgamiento de la MEDIDA ALTERNATIVA A LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, en la presente causa 1C5357-08, acordada en la Audiencia Preliminar, al imputado MENDOZA VEGA PABLO SANTOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.196.283, Natural de Guasdualito, Estado Apure, nacido en fecha 21-05-1969, de 39 años, de estado civil soltero, de ocupación obrero, residenciado en el sector “Los Alcaravanes”, casa sin número, Guasdualito, Estado Apure, de padres Rafael Emilio Mendoza y Hubaldina Vegas, por la comisión de los delitos de AMENAZA y VIOLENCIA FÍSICA, previstos y sancionados en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana QUIÑONES MARTÍNEZ ROSIRIS.

A los fines de decidir, observa:

PRIMERO: Que en fecha 28 de agosto de 2008, la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público, representada por el Abg. Carlos Izarra, presentó como acto conclusivo, Acusación en contra del imputado MENDOZA VEGA PABLO SANTOS, ya identificado, por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos de AMENAZA y VIOLENCIA FÍSICA, previstos y sancionados en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana QUIÑONES MARTÍNEZ ROSIRIS.

Convocada la audiencia preliminar de conformidad con el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía XII del Ministerio Público, Abg. Carlos Izarra, ratifica acusación presentada en fecha 28 de agosto de 2008, que corre inserta a los folios 45 al 47 de la presente causa, acusación interpuesta en contra del ciudadano MENDOZA VEGA PABLO SANTOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-12.196.283, por encontrarse incurso como autor de los delitos de AMENAZA y VIOLENCIA FÍSICA, previstos y sancionados en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, según se evidencia de los hechos allí narrados, señala elementos de convicción, promueve medios de prueba que evidencia la responsabilidad penal del imputado, solicita su enjuiciamiento, así como la admisión total de la acusación y de los medios de prueba ofrecidos, pide se mantenga la medida cautelar acordada al imputado hasta culminar el juicio oral y público.

Se le concede el derecho de palabra a la Defensa Pública Abg. Oscar Parra, quien expone que en caso de que la acusación presentada sea admitida, visto que la pena de los delitos de AMENAZA y VIOLENCIA FÍSICA, no exceden en su límite máximo de tres años, tratándose de delito leve, manifiesta querer hacer uso de una de la medidas alternativas del proceso como es la Suspensión Condicional del Proceso, conforme lo establecido en el artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto su representado no posee antecedentes penales, todo ello en virtud de que su defendido admitirá los hechos, el delito por el cual se procesa a su defendido no excede en su límite máximo de tres (03) años de prisión y ofrece en este mismo acto reparar simbólicamente el daño causado, ofrecer disculpas a la ciudadana Quiñónes Martínez Rosiris, e igualmente someterse al régimen de prueba y las condiciones que imponga este Tribunal de Control, manifestando su intención de no volver a delinquir, por lo que solicita se le conceda el derecho de palabra a su defendido una vez el Tribunal admita o no la acusación fiscal, solicita se le expida copia del acta, es todo.

Seguidamente el Tribunal informa al imputado sobre el alcance de lo expuesto y solicitado por el Fiscal, del delito por el que se le acusa en este acto, los hechos narrados, se le impuso del Precepto Constitucional contenido en los numerales 2º y 5º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la advertencia preliminar contenida en el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal y lo dispuesto en el artículo 8 ejusdem, igualmente le informa que en este momento puede declarar o puede esperar hasta la oportunidad legal que le corresponda para manifestar lo pertinente. El imputado se acoge a la oportunidad legal para declarar.

Acto seguido, el Tribunal procede a analizar la acusación presentada por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, a fines de determinar si la misma cumple con los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, en este sentido el Tribunal observa que efectivamente se señala la identificación del imputado así como de su defensa, los hechos que se le atribuyen, los elementos en que fundamenta la acusación, la calificación jurídica, igualmente los medios de prueba que se ofrecen para el juicio oral y público y la solicitud de enjuiciamiento del ciudadano Mendoza Vega Pablo Santos, observándose que desde el punto de vista formal el Tribunal considera que la acusación interpuesta por el Fiscal del Ministerio Público cumple con los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal y analizados los supuestos de hecho se observa que pueden ser subsumidos dentro del delito por el que se acusa, surgiendo suficientes elementos de convicción para presumir que el autor de ese hecho es el ciudadano Mendoza Vega Pablo Santos, a tal efecto se toma en consideración Acta Policial de fecha 23 de julio de 2008, suscrita por funcionarios adscritos a la Policía de Seguridad Ciudadana y Vial del Municipio José Antonio Páez, donde dejan constancia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los hechos; por lo que los hechos a juicio de este Tribunal se subsumen en los supuestos de los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que preveen los delitos de AMENAZA y VIOLENCIA FÍSICA, como autor de ese hecho al ciudadano MENDOZA VEGA PABLO SANTOS y como Víctima a la ciudadana Quiñónes Rosiris, por lo que se admite la acusación presentada por el Ministerio Público. En cuanto a los medios de prueba presentados por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, se admiten por ser lícitas, legales y pertinentes: TESTIMONIALES: EXPERTOS: 1.- Declaración de la ciudadana víctima: QUIÑONES MARTÍNEZ ROSIRIS ya identificada, a los fines de que deje constancia de los maltratos físicos y las amenazas propinados por su agresor, el imputado de autos; 2.- Declaración de los funcionarios actuantes Sub-Insp (PM) MACUALO OROZCO JUAN CARLOS, Agente LONDOÑO LUÍS ENRIQUE, placa Nº 024, titular de la cédula de identidad Nº V.- 15.209.129 y CARRERO FREDDY ALEXIS, placa Nº 019, titular de la cédula de identidad Nº V.- 13.983.580, adscritos a la Policía Municipal de Páez, Guasdualito, quienes practicaron la detención del imputado de autos; 3.- Declaración del médico forense Dr. Paul Estaly Bitriago Macías, adscrito a la medicatura forense del C.I.C.P.C. Guasdualito, de fecha 23-07-08, a fin de que ratifique el reconocimiento médico practicado a la víctima y pueda ilustrar al Tribunal de los maltratos sufridos por ella; 4.- Declaración de la ciudadana FLOR MARÍA MARTÍNEZ, venezolana, nacida el 25-08-64 y residenciada en el barrio Limoncito, detrás de la planta de CADAFE, Guasdualito, Estado Apure, quien es madre de la víctima y testigo presencial de los hechos que se investigan. EXPERTICIAS: 1.- Reconocimiento médico forense practicado a la víctima de autos, suscrito por el Dr. Paul Estaly Bitriago Macías, adscrito a la medicatura forense del C.I.C.P.C. Guasdualito, de fecha 23-07-08, en el cual especifica lo siguiente: a.- Herida contuso-cortante de tres cm de longitud en región parietal izquierda. b.- Estado general satisfactorio. c.- Tiempo de curación: ocho (08) días salvo complicaciones. EXPERTO: 1.- Declaración del Dr. Paul Estaly Bitriago Macías, adscrito a la medicatura forense del C.I.C.P.C. Guasdualito, a fin de que ratifique el reconocimiento médico legal practicado a la víctima. OTROS MEDIOS DE PRUEBA: 1.- Denuncia de fecha 23-07-08, formulada por la ciudadana QUIÑONES MATÍNEZ ROSIRIS, identificada en autos ante la Policía Municipal de Páez, Guasdualito, suscrita por el funcionario Macualo Orozco Juan Carlos, adscrito a la Policía Municipal de Páez, Guasdualito en la que expone como sucedieron los hechos y los maltratos que le propinó su concubino; 2.- Acta de Investigación Penal, suscrita por los funcionarios Sub-Insp (PM) MACUALO OROZCO JUAN CARLOS, Agentes LONDOÑO LUÍS ENRIQUE, placa Nº 024, titular de la cédula de identidad Nº V.- 15.209.129 y CARRERO FREDDY ALEXIS, placa Nº 019, titular de la cédula de identidad Nº V.- 13.983.580, adscritos a ala Policía Municipal de Páez, en la cual deja constancia de todas las circunstancias, de modo, tiempo y lugar sobre la detención del imputado.

Admitida como ha sido la acusación fiscal presentada por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, así como los medios de pruebas ofrecidos, el Tribunal procede a imponer al ciudadano imputado de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, como lo son el Principio de Oportunidad, los Acuerdos Reparatorios y la Suspensión Condicional del Proceso, establecidos en los artículos 37, 40 y 42 del Código Orgánico Procesal Penal y el Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se le concede el derecho de palabra al imputado, quien sin juramento y libre de coacción, expone: “Yo admito los hechos, solicito se me acuerde la Suspensión Condicional del Proceso, pido disculpas a la ciudadana Quiñones Rosiris, por los hechos ocurridos, asumo mi responsabilidad y prometo que eso no volverá a ocurrir y me comprometo a cumplir las condiciones que el Tribunal me imponga y lo hago de manera voluntaria”.

Se le concede el derecho de palabra a la Víctima Quiñones Martínez Rosiris, quien manifiesta que acepta las disculpas presentadas y reparación del daño causado por el ciudadano Mendoza Pablo.

Se le concede el derecho de palabra al Ministerio Público, quien manifiesta que oída la declaración del imputado y por cuanto cumple con los requisitos del artículo 42, de admitir plenamente los hechos, de comprometerse a las condiciones que el tribunal le imponga y dada la naturaleza del delito y la pena que prevé este hecho punible, que no supera los tres años y el ofrecimiento de una disculpa de reparación del daño, considera la representación fiscal que están dadas las condiciones y se cumplen los requisitos, para que el imputado goce del beneficio de Suspensión Condicional del Proceso, por lo tanto el Ministerio Público no hace oposición, es todo.

SEGUNDO: EL Tribunal oídas como han sido las exposiciones de las partes, pasa a analizar el cumplimiento los supuestos del artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, que expresamente señala:
Artículo 42. Requisitos. En los casos de delitos leves, cuya pena no exceda de tres años en su límite máximo, el imputado podrá solicitar al juez de control, o al juez de juicio si se trata del procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso, siempre que admita plenamente el hecho que se le atribuye, aceptando formalmente su responsabilidad en el mismo; se demuestre que ha tenido buena conducta predelictual y no se encuentre sujeto a esta medida por otro hecho. A tal efecto, el Tribunal Supremo de Justicia, a través del órgano del Poder Judicial que designe, llevará un registro automatizado de los ciudadanos a quienes les haya sido suspendido el proceso por otro hecho.
La solicitud deberá contener una oferta de reparación del daño causado por el delito y el compromiso del imputado de someterse a las condiciones que le fueren impuestas por el tribunal conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de este Código. La oferta podrá consistir en la conciliación con la víctima o en la reparación natural o simbólica del daño causado.

Con relación al cumplimiento de dichos requisitos se observa: Que los delitos de Amenaza y Violencia Física, tipificados en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen unas penas de prisión de diez (10) a veintidós (22) meses y de seis (06) a dieciocho (18) meses, respectivamente, por lo tanto no exceden de tres años en su límite superior, siendo unos delitos leves, el imputado admitió plenamente el hecho que se le atribuye, aceptando la responsabilidad en el mismo, en cuanto a la conducta predelictual, se observa que en el folio 75 de la causa, se encuentran anexo antecedentes penales del imputado, por lo que consta su buena conducta predelictual, no hay constancia en la causa, de que anteriormente se haya sometido a la Medida Alternativa solicitada, igualmente el imputado ofreció reparar el daño, solicitando la disculpa a la ciudadana víctima Quiñones Rosiris, siendo aceptada por la misma, se comprometió a someterse a las condiciones que le sean impuestas, se oyó la opinión favorable del Ministerio Público y de la víctima, así mismo este Tribunal observa que la oferta de reparación propuesta por el imputado, cumple con los requisitos del artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se admite la oferta. Habiéndose observado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 42 de la norma Adjetiva Penal, se considera que lo procedente es acordar la Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso solicitada.

TERCERO: Es por todo lo antes expuesto que, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE la Acusación presentada por la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público, en contra del imputado MENDOZA VEGA PABLO SANTOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.196.283, Natural de Guasdualito, Estado Apure, nacido en fecha 21-05-1969, de 39 años, de estado civil soltero, de ocupación obrero, residenciado en el sector “Los Alcaravanes”, casa sin número, Guasdualito, Estado Apure, de padres Rafael Emilio Mendoza y Hubaldina Vegas, por la comisión de los delitos de AMENAZA y VIOLENCIA FÍSICA, previstos y sancionados en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la ciudadana Quiñones Rosiris, ya identificada. SEGUNDO: Se admiten las pruebas presentadas por el Ministerio Público, por ser lícitas, legales y pertinentes. TERCERO: Se Acuerda Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, propuesta por la Defensa y el imputado, y se impone un Régimen de Prueba de UN (01) año, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.- Prohibición de portar armas de cualquier tipo; 2.- Abstenerse de consumir Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y abusar de las bebidas alcohólicas; 3.- Presentar Constancia de Trabajo CUARTO: La Suspensión Condicional del Proceso, será vigilada por un delegado de prueba en la Unidad Técnica, Nº 3 de Apoyo al Sistema Penitenciario en San Cristóbal, Estado Táchira, por lo que debe cumplir con las demás condiciones que le imponga el Delegado de Pruebas. En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones se le podrá revocar la Medida Alternativa otorgada y deberá cumplir con la pena impuesta para el delito, dada la admisión de los hechos realizada en la audiencia. QUINTO: Se ordena oficiar a la Unidad Técnica Nº 3 de San Cristóbal, Estado Táchira, anexando copia del auto pertinente. SEXTO: Se acuerdan las copias solicitadas por la defensa.
LA JUEZ DE CONTROL,

ABG. XIOMARA L. PEÑA R.
LA SECRETARIA,

Abg. INDIRA TRINIDAD VIVAS S.

Causa 1C5357-08.-