LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN SUR. ASUNTO: 2.897. DEMANDANTE: JUNE JOSEFINA PEREIRA PEREZ APODERADA JUDICIAL: ZORAIMA MONTOYA FUENMAYOR, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 37.129. DEMANDADO: ALEXIS AMPARO HERNÁNDEZ CASTRO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.243.225, de este domicilio. APODERADO JUDICIAL: ANGEL ALI APONTE VILLANUEVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.591.398, Inpreabogado N° 40.162, con domicilio procesal en la Avenida 1° de mayo, Colegio “Luz y Libertad”, oficina 1-3, San Fernando de Apure, Estado Apure. MOTIVO: PARTICION Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD CONYUGAL (PERENCION). -Único- De la revisión efectuada a las actuaciones que conforman la demanda de PARTICION Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD CONYUGAL, interpuesta por la ciudadana JUNE JOSEFINA PEREIRA PEREZ, en contra del ciudadano ALEXIS AMPARO HERNÁNDEZ CASTRO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.243.225, se evidencia que en fecha 25 de julio de 2007, se da entrada a las actuaciones en este Juzgado Superior, oportunidad en la cual se declaró abierto el lapso previsto en el artículo 118 del Código de procedimiento Civil, sin que a la fecha, se hayan producido actuaciones de las partes, ni del Tribunal. En fecha 19 de julio de 2007, anexo a Oficio N° 534, se recibió expediente N° 5333, (cuaderno de medidas) proveniente del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la abogada ZORAIMA MONTOYA FUENMAYOR, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte demandante. Por auto de fecha 25 de julio de 2007, se da entrada a las actuaciones en este Juzgado Superior, oportunidad en la cual se declaró abierto el lapso previsto en el artículo 118 del Código de procedimiento Civil, sin que hasta la fecha se hayan producido actuaciones de las partes, ni del Tribunal, habiendo transcurrido mas de un año entre la fecha señalada. Ahora bien, la parte actora desde el 25 de Julio de 2007, no ha tenido ningún interés en el proceso, habiendo transcurrido desde la mencionada fecha mas de un (01) año, lo cual causa para dicho juicio un efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de la parte actora durante el plazo determinado en los diversos supuestos del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia. Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil). En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla. Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a este Juzgado Superior le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio. Estos términos no son otros que los indicados en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil: 1. El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. 2. El transcurso de treinta días desde la fecha de admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 3. El transcurso de treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, realizada antes de la citación del demandado, si el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 4. El transcurso de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil), o por haber perdido el carácter con que obraba, sin que los interesados hubiesen gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla. Por ello, el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al señalar: “También se extingue la instancia”, no distingue en qué estado ella se encuentra, en contraposición con los otros ordinales de dicha norma, y con el enunciado general de la misma. Suele comentarse que la perención no tiene lugar cuando el juicio está en suspenso. A juicio de este Tribunal Superior Contencioso Administrativo y Agrario de la Región sur, hay que diferenciar la naturaleza de la detención procesal, ya que si ella es producto de una suspensión por algún motivo legal, durante la suspensión, el juez pierde la facultad de impulsar de oficio el proceso hasta su conclusión (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil), y éste entra en un estado de latencia mientras dure el término legal de suspensión, pero transcurrido éste, así no exista impulso de los sujetos procesales, el proceso automáticamente debe continuar, y si no lo hace, comienza a computarse el término para perimir, tal como lo evidencia el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil cuando resta del lapso de perención el término de suspensión legal, el cual previniendo que a partir de la terminación del lapso legal de suspensión comience a contarse el de perención, ya que la causa continúa y si no se activa y por ello se paraliza, perime. Ahora bien, es evidente la paralización operada; por lo que en fecha 25 de julio de 2007, se da entrada a las actuaciones en este Juzgado Superior, oportunidad en la cual se declaró abierto el lapso previsto en el artículo 118 del Código de procedimiento Civil, y hasta la presente fecha no se han producido actuaciones de las partes. De tal modo que, el presente recurso había perdido su objeto en su totalidad, lo que innecesario cualquier pronunciamiento sobre el fondo de la causa. Como esa circunstancia probablemente llevó a que no se produjesen más actuaciones procesales, lo que es evidente de los autos, del Tribunal Superior Contencioso Administrativo y Agrario de la Región sur, debe forzosamente declarar extinguida la instancia, según lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, acuerda el archivo del expediente. Así se ordena. DECISIÓN. Por todo lo expuesto, este Juzgado Superior, Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y de la Región Sur, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la demanda de PARTICION Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD CONYUGAL, interpuesta por la ciudadana JUNE JOSEFINA PEREIRA PEREZ, en contra del ciudadano ALEXIS AMPARO HERNÁNDEZ CASTRO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.243.225. Publíquese, regístrese, y remítase el expediente al Tribunal de la causa, previa notificación de las partes. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Superior, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008).Años: 198º y 149º. La Jueza Superior Titular, Dra. Margarita García Salazar La Secretaria, Isabel Valenna Fuentes Seguidamente siendo las 11:05 a.m., se publicó y registró la anterior decisión. La Secretaria, Isabel Valenna Fuentes Exp N° 2897 MGS/ivf/nisz.-