TSJ Regiones - Decisión

1C6144-09
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE. EXTENSIÓN GUASDUALITO. Guasdualito, Dieciséis (16) de Abril de dos mil nueve (2009).

198° y 150°

Visto el escrito presentado por la Defensor Público Penal Ordinario, Abg. Rinalda Guevara, actuando en representación del ciudadano RODRIGUEZ BAZAN SERGIO JOSE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 21.168.432, con fecha de nacimiento 02-10-1989, natural de Barinas, Estado Barinas, de oficio militar prestando servicio en la Base de Protección Fronteriza Mararay , Distrito Especial Alto Apure, residenciado en el Barrio Los Próceres, Calle 04, casa 56, Barinas, Estado Barinas, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO y SIMULACION DE HECHO PUNIBLE, previstos y sancionados en los artículos 409 y 239 del Código Penal, en perjuicio de QUINTERO KENDER JOSE , en el que solicita el Examen y Revisión de la Medida Cautelar de Privación de Libertad, y le sea sustituida por otra menos gravosa, de presentación periódica o cualquier otra, que a bien tenga el tribunal.
A los fines de decidir o se observa:

PRIMERO: Que en fecha 16 de Marzo de 2009, se celebró en este Tribunal audiencia de calificación de flagrancia en la que se decretó la aprehensión en flagrancia del imputado Rodriguez Bazán Sergio José; se ordenó que la causa se siguiera por el procedimiento ordinario de conformidad con el artículo 373 Código Orgánico Procesal Penal; se decretó medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad de libertad, de conformidad con los artículos 250 y 251 numerales 1 , 2, y 3 del Código Orgánico Procesal Penal.
En fecha 14 de abril de 2009 en virtud de solicitud del Ministerio Pùblico se celebró audiencia de prórroga para presentar conclusivo donde se le concedió al Ministerio Pùblico una prórroga de 15 días para presentar acto conclusivo.

SEGUNDO: Este Tribunal, hace las siguientes consideraciones con relación al Derecho a la Libertad y las normas relativas a las Medidas Cautelares.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 44, señala, que toda persona será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

El artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, afirma ese derecho a la Libertad, cuando señala: “Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que puedan ser impuestas...”.

Con relación a la proporcionalidad de la Medidas Cautelares, el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone:“No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.”

Conforme a dicha norma debe haber proporción en las Medidas Cautelares con relación: a) La gravedad del delito; b) Las circunstancias de la comisión del mismo; y c) La sanción probable.

Por otra parte, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, se refiere al examen y revisión de las Medidas Cautelares en los siguientes términos:
Artículo 264. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.

Conforme a dicha norma, el acusado o su defensor tienen el derecho de solicitar la revocación o la sustitución de la Medida Cautelar de Privación Preventiva de Libertad las veces que lo considere pertinente. El Juez deberá examinar la necesidad de mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime procedente las sustituirá por otras menos gravosas.

Ahora bien, el Tribunal observa, que en la oportunidad en que decretó en contra del imputado Rodriguez Bazán Sergio José, la Privación Judicial Preventiva de Libertad, analizó que efectivamente se daban los supuestos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y al respecto dejó establecida la existencia de hechos punibles que merecen pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, y como presunto autor de esos hechos el imputado. En cuanto al peligro de fuga, se analizó el cumplimiento de los presupuestos del artículo 251 numerales 1, 2 y 3 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, observando que la pena que podría llegar a imponerse en este caso el imputado trate de evadir el proceso además hay que tener en cuenta que se quiso burlar justicia al querer simular un homicidio culposo como suicidio, por lo que constituye un peligro de fuga. En cuanto a la magnitud el daño causado ya que se atentó contra la integridad física de una persona; igualmente se analizo lo concerniente a lo establecido en el artículo 252 eiusdem peligro de obstaculización el hecho de que el imputado sea militar este puede incidir sobre sus compañeros de mor jerarquía que presenciaron los hechos para que varíen su testimonio; y por cuanto presumía el peligro de fuga y peligro de obstaculización se decretó la Privación de Libertad, de conformidad con los artículos 250 , 251, numerales 1° 2°y 3º y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.
En cuanto a las constancia de buena conducta presentada por la defensa, no ha sido en ningún momento cuestionada, sino es el hecho de vivir en Guasdualito, zona fronteriza con la República de Colombia, la pena que podría llegar a imponerse por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Culposo y Simulación de Hecho y el hecho de que el imputado se encuentra prestando servicio militar y en uno de esos permisos que les dan el imputado puede sustraerse del proceso, hay que tomar en cuenta la intención que tenía el imputado de evadir la justicia al querer aparentar que la víctima se había suicidado.
Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 205 de fecha 14 de junio de 2004, expediente Nº 04-0139 de Sala de Casación Penal, ha sostenido: “…La medida privativa de libertad (detención provisional) será constitucionalmente admisible, únicamente si es indispensable para llevar el procedimiento dentro del plazo legalmente establecido artículo 49 numeral 3º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela esto es, un debido proceso público, sin dilaciones indebidas e injustificadas…”.
Nuestra Carta Magna, reconoce el derecho irrenunciable de la libertad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado (artículos 1 y 2) y, a su vez, garantiza su inviolabilidad, a menos que las medidas respondan a la necesidad de prevenir ciertos riesgos relevantes para el proceso, tales como, el peligro de fuga, la obstaculización de la investigación o búsqueda de la verdad, la comparecencia a juicio y la concreción de la justicia.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 3133 de fecha 15 de diciembre de 2.004, sostuvo: “… Ahora bien, la garantía procesal del estado de libertad deviene de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De allí, que toda persona a quien se le impute la participación de un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por la razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez en cada caso. Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento imputado durante el proceso penal siempre y cuando se satisfagan las exigencias contenidas en el artículo 250 del Còdigo Orgánico Procesal Penal. Dichas exigencias constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado. De allí, que las medidas de coerción personal solo podrán ser decretadas con arreglo a la citada disposición y mediante resolución judicial fundada, sujeta- en su oportunidad legal- al recurso de apelación de autos. No obstante la existencia del citado recurso el texto adjetivo penal, impone al juez competente según el caso, la obligación de examinar, cada tres meses, la necesidad de mantener la privación judicial de libertad y, sustituirla por otra menos gravosa cuando lo estime conveniente, siempre que los supuestos que motivan dicho aseguramiento puedan razonablemente ser satisfechos con la aplicación de otra medida…”.

Este Tribunal analiza, que hasta la presente fecha no han variado las circunstancias que dieron lugar a que este Tribunal decretara en contra del imputado la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, ya que se mantienen los mismos elementos de convicción.
Por otra parte, dicha medida cautelar no va en contra del principio de proporcionalidad de las Medidas de coerción personal, ya que no es desproporcionada, por cuanto se observa que la misma se corresponde con la gravedad de los delitos imputados; las circunstancias de la comisión y la sanción probable.

En virtud de las consideraciones señaladas, este Tribunal debe negar la solicitud de la Defensora Pública. Así se decide.

TERCERO: Es por todo lo antes analizado, que este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara Sin Lugar la solicitud de la Defensor Público Abg. Rinalda Guevara, en la que pide que se le sustituya la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada en contra del imputado RODRIGUEZ BAZAN SERGIO JOSE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 21.168.432, con fecha de nacimiento 02-10-1989, natural de Barinas, Estado Barinas, de oficio militar prestando servicio en la Base de Protección Fronteriza Mararay , Distrito Especial Alto Apure, residenciado en el Barrio Los Próceres, Calle 04, casa 56, Barinas, Estado Barinas, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO y SIMULACION DE HECHO PUNIBLE, previstos y sancionados en los artículos 409 y 239 del Código Penal, en perjuicio de QUINTERO KENDER JOSE, por una Medida Cautelar menos gravosa. En consecuencia, se mantiene con plenos efectos la Medida Cautelar de Privación Judicial preventiva de Libertad, decretada por este Tribunal en contra del imputado en fecha 16 de Marzo de 2009. Notifíquese a las partes. Líbrese lo conducente.
LA JUEZ DE CONTROL,

Abg. BETTY YANEHT ORTIZ

LA SECRETARIA,

Abg. PIERINA LOGGIODICE

En esta misma fecha se cumplió lo ordenado.
LA SECRETARIA,

Abg. PIERINA LOGGIODICE