REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE, CON SEDE
EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DE APURE.
SALA DE JUICIO.
JUEZ PROFESIONAL No.1
San Fernando de Apure 21 de Mayo del 2009
198° y 149º
Vista la solicitud interpuesta por la ciudadana CARMEN ZAYIRA COELLO MORA, venezolana, mayor de edad, titular de la cèdula de identidad Nº 18.327.352-, debidamente asistida por el Dr. NEPTALI PINTO SALCEDO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 5.316, quien solicita Medida Cautelar de Secuestro sobre los bienes que forman parte de la Empresa FERREMATERIALES KIKER C.A, y de las cuentas corrientes a nombre de su padre y de la Empresa, en el juicio de Partición y Liquidación de la Comunidad Hereditaria, con fundamento en los artículos 1.177, parágrafo segundo y 466 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el artículo 599 ordinal 4to del Código de Procedimiento Civil, siendo la oportunidad legal para decidir este juzgador observa:
I
SOBRE LA PRETENSIÓN CAUTELAR DE LA ACTORA
Solicita la parte actora en este proceso que sean decretadas por este Tribunal Medida Cautelar de Secuestro sobre los bienes que forman parte de la Empresa FERREMATERIALES KIKER C.A, y de las cuentas corrientes a nombre de su padre y de la Empresa antes mencionada.-
II
DE LOS RECAUDOS CONSIGNADOS JUNTO A LA DEMANDA
- Copia Fotostàtica del acta de Defunción del De cujus DOUGLAS ENRIQUE COELLO, inserto en el folio 07 de los autos.-
-Copia de Partida de Nacimiento de la solicitante.
- Copia de la Partida de Nacimiento de la ciudadana ZAYINCAR ZULENYER COELLO MORA.
- Copia del Acta de nacimiento de la niña (Se omite de conformidad con lo establecido en el artìculo 65 de la Ley Orgànica Para la Protecciòn del Niño, Niña y del Adolescente).
- Copia de la Factura a nombre del Decujus de una Retroexcavadora, Folio 12.
- Copias del Documento Nº 08, Inserto a los Folios 48 al 95, Protocolo Primero, Tomo Séptimo, 2do. Trimestre del año 2003.-
- Copia del Documento Nº 54, Tomo 01, expedido por la Notaría Púdica Segunda del Municipio Barinas del Estado Barinas.-
-Documentos de venta quedando inserto bajo el Nº 74, Tomo 42.
-Copia del Documento registrado bajo el Nº 36, Folio 126 al 128, Protocolo Primero, Tomo 01, Principal y Duplicado, Tercer Trimestre del año 2004.-
- Certificado de Registro de vehículo y copia del documento de venta inserta a los Folios 30 al 34.
- Copia del documento de venta de vehículos, documentos expedidos por la notaría Pública de Cagua y certificado de registro de vehículo insertos en los Folios 35 al 37.-
- Copia de los Documentos de arrendamiento inserto en los Folios 38 al 45 de los autos.-
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Luego de revisados los alegatos esgrimidos por la parte actora, este Juzgador pasa a resolver la solicitud que aquí se ventila en los siguientes términos:
El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece los dos requisitos de procedencia que en general exige el ordenamiento adjetivo para el decreto de todas las medidas preventivas, a saber: 1) la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y 2) la presunción grave que quede ilusoria la ejecución del fallo, (periculum in mora).
En ese sentido, el mismo artículo 585 del Código de Procedimiento Civil no exige que el Decreto que acuerda o niega la pretensión cautelar deba ser motivado, lo cual ha sido confirmado tanto por los Tribunales Superiores como por nuestro máximo Tribunal de Justicia.
Con base al criterio anteriormente expuesto,
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Civil por Sentencia de fecha 9 de diciembre de 1992 señaló lo siguiente:
“Con vista de esas circunstancias, la Sala aprecia que, aun cuando mantiene su doctrina en el sentido de que tratándose de autos sobre medidas preventivas, no deben extremarse las exigencias de motivación al igual que para las sentencias definitivas de fondo, si tuvo lugar efectivamente en el caso una relevante omisión de razones como las que cita la formalización, indispensable en grado mínimo para evidenciar los prepuestos tomados en cuenta por el Juzgador en su decisión. Y ello hace procedente la denuncia como así lo declara la Sala.”
Sin embargo, este Tribunal observa que el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, y en virtud de ello las providencias cautelares sólo se confieren cuando exista en el expediente de la causa, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama
En el caso de marras, de la revisión del material probatorio acompañado por la parte actora al libelo de la demanda, observa este Tribunal que en este estado y grado de la causa no existen elementos suficientes que demuestren in limine litis que exista peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, ni tampoco la presunción grave del derecho que se demanda. (NEGRILLAS NUESTRAS).-
En ese sentido, y siendo que en este estado y grado del proceso no existen suficientes medios de prueba que permitan demostrar, que en este caso exista peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, ni tampoco la presunción grave del derecho que se demanda, mal podría considerar este sentenciador procedente la cautelar solicitada.
Al respecto, nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa por sentencia de fecha 17 de febrero de 2000, con Ponencia del entonces Magistrado Carlos Escarrá Malavé ha señalado lo siguiente:
“... Ha sido reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la presencia de dos condiciones fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares, a saber, fumus boni iuris y periculum in mora. (...) ha señalado este Tribunal, la necesidad que tiene el recurrente de probar la irreparabilidad o dificultad de recuperación de los daños, para lo cual no son suficientes los simples alegatos genéricos, sino que es necesaria, además, la presencia en el expediente de pruebas sumatorias o de una argumentación fáctico jurídica consistente por parte del demandante...”
En ese mismo sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 07 de marzo del año 2008, con Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondòn Haaz, caso ASESORES DE SEGUROS ASEGURE, S.A., en la cual planteó la necesidad de la exigencia que compruebe los dos extremos fundamentales y concurrentes del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, la cual cito para una mejor comprensión:
Estima la Sala que las medidas provisionales de carácter preventivo o cautelar, cualesquiera que sean su naturaleza o efectos, proceden sólo en casos de urgencia, cuando sea necesario evitar daños irreparables, siempre que haya presunción de buen derecho. En efecto, ante la solicitud de tales medidas, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil exige al juez, para que los acuerde, que compruebe la existencia de dos extremos fundamentales y concurrentes: a) que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora); y, b) que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de derecho que se reclama (fumus boni iuris). Estos requisitos deben cumplirse, no sólo cuando se trata de las medidas típicas de embargo, secuestro y prohibición de enajenar y gravar, sino también de las que autoriza el Parágrafo Primero del artículo 588 eiusdem, que son conocidas por la doctrina como medidas innominadas y pueden acordarse cuando hubiere fundado temor de que una parte pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.
En el caso que nos ocupa, de la revisión del material probatorio acompañado por la parte actora al libelo de la demanda, observa este Tribunal que no existe en este estado y grado del proceso elementos suficientes de prueba que permita demostrar que en este caso exista peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, ni tampoco la presunción grave del derecho que se reclama. De suerte que en el caso sometido al conocimiento de este Tribunal, no se ha demostrado la satisfacción de los requisitos que obligatoriamente debe probar el solicitante de cualquier medida preventiva a los fines de que resulte procedente la correspondiente solicitud cautelar, y así se decide.
En ese sentido, el Juez investido de ese poder cautelar general que le confiere la ley, deberá decretar dichas medidas atendiendo a su prudente arbitrio, con criterio de oportunidad y a la diversidad de circunstancias que presenta la vida, las cuales no se encuentran expresadas en la ley.
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Juzgador declara improcedentes la medida cautelar, toda vez que la solicitud de las mismas en este estado y grado del proceso no llena los extremos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.-
IV
DECISIÓN
Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley NIEGA la solicitud cautelar planteada por la parte actora en el presente proceso. Y así se declara.-
La Juez Unipersonal.-
Dra. MARGARITA CASTILLO
El Secretario Temporal
Dr. JUAN CASTILLO
Seguidamente y siendo las 11:05 AM se publico y se registro la anterior sentencia.-
El Secretario Temporal
Dr. JUAN CASTILLO
EXP: 17.413
MC/JC/Celenne
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