TSJ Regiones - Decisión

CAUSA 1C5864-08
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL. CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE EXTENSIÓN GUASDUALITO. Guasdualito, 26 de Octubre de 2009.

199° y 150°

Estando este Tribunal en la oportunidad legal prevista en el artículo 177 el Código Orgánico Procesal Penal, de fundamentar la decisión de otorgamiento de la MEDIDA ALTERNATIVA A LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, en la presente causa 1C5864-08, acordada en la Audiencia Preliminar, a la imputada OLGA PATRICIA RIVERO SANCHEZ, de nacionalidad colombiana, titular de la Cédula de Ciudadanía Nº 63.355.720, de 38 años de edad, nacida en fecha 01-03-1970, natural de Bucaramanga, República de Colombia, de estado civil soltera, residenciada en el Barrio San Isidro, calle principal, casa S/N, Arauquita, República de Colombia, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del Estado Venezolano.

A los fines de decidir, observa:

PRIMERO: Que en fecha 21-07-2009, la Fiscalía XII del Ministerio Público, representada por el Abg. Armando Flores Villegas, presentó como acto conclusivo, Acusación en contra de la imputada OLGA PATRICIA RIVERO SÁNCHEZ, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del Estado Venezolano.

Convocada la audiencia preliminar de conformidad con el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, el representante del Ministerio Público, Abg. Wilmer Bernal Escalante quien ratifica en todas y cada una de sus partes la acusación presentada en fecha 21-07-2009, acusación interpuesta en contra de la ciudadana OLGA PATRICIA RIVERO SANCHEZ, por encontrarse incursa como autora del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del Estado Venezolano, según se evidencia de los hechos allí narrados, señala elementos de convicción, promueve medios de prueba que evidencia la responsabilidad penal de la imputada, solicita su enjuiciamiento, así como la admisión total de la acusación y de los medios de prueba ofrecidos, se mantenga la medida cautelar sustitutiva a la privación dela libertad impuesta en la oportunidad de la audiencia de Calificación de Flagrancia hasta culminar el juicio oral y público” es todo.
Se le concede el derecho de palabra a la Defensora Pública Abg. Rinalda Guevara, quien expone una vez oída la acusación presentada por el representante del Ministerio Público en contra de la ciudadana Olga Patricia Rivero, por lo que en conversaciones previas con su defendida la misma manifiesta querer hacer uso de una de la medidas alternativas del proceso como es la Suspensión Condicional del Proceso, conforme lo establecido en el artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto su representada no posee antecedentes penales, todo ello en virtud de que la misma admitirá los hechos y ofrece en este mismo acto reparar simbólicamente el daño causado, ofrecer disculpa pública al Ministerio Público en representación del Estado Venezolano e igualmente de someterse al régimen de prueba y las condiciones que imponga este Tribunal de Control, manifestando su intención de no volver a delinquir, por lo que solicita se le conceda el derecho de palabra a su defendida una vez el Tribunal admita o no la acusación fiscal, solicita se le expida copia del acta, es todo.

Seguidamente el Tribunal informa a la imputada sobre el alcance de lo expuesto y solicitado por el Fiscal, del delito por el que se le acusa en este acto, los hechos narrados, lo solicitado por su defensa como es la Suspensión Condicional del Proceso, se le impuso del Precepto Constitucional contenido en los numerales 2º y 5º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la advertencia preliminar contenida en el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal y lo dispuesto en el artículo 8 ejusdem, igualmente le informa que en este momento puede declarar o puede esperar hasta la oportunidad legal que le corresponda para manifestar lo pertinente. La imputada se acoge a la oportunidad legal para declarar.

Acto seguido, el Tribunal procede a analizar la acusación presentada por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, a fines de determinar si la misma cumple con los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, en este sentido el Tribunal observa que efectivamente se señala la identificación de la imputada, así como de su defensa, los hechos que se le atribuyen, los elementos en que fundamenta la acusación, la calificación jurídica, igualmente los medios de prueba que se ofrecen para el juicio oral y público y la solicitud de enjuiciamiento de la ciudadana OLGA PATRICIA RIVERO SANCHEZ, observándose que desde el punto de vista formal el Tribunal considera que la acusación interpuesta por el Fiscalía XII del Ministerio Público en fecha 21-07-2009 cumple con los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Este Tribunal entra a analizar si los supuestos de hecho pueden ser subsumidos dentro del delito por el que se le acusa y si de ese hecho surgen suficientes elementos de convicción para presumir que la autora de ese hecho es la ciudadana OLGA PATRICIA RIVERO SANCHEZ, a tal efecto toma en consideración Acta Policial de fecha 26-12-2008, suscrita por funcionarios adscritos al Comando Regional Nº 1 Destacamento de Fronteras Nº 17 de la Guardia Nacional, Punto de Control Fijo El Remolino, donde dejan constancia que siendo aproximadamente las 04:30 horas de la tarde se presentó un vehículo de transporte público marca volvo, color amarillo multicolor perteneciente a la empresa Expresos Los Llanos, procedente de Guasdualito, con destino a Caracas, Distrito Capital, en el cual viajaba una ciudadana que al solicitarle su documentación, se identificó con una cédula de identidad signada con el Nº E- 84.563.235 a nombre de la ciudadana Olga Patricia Rivero Sánchez, por considerar este documento dubitable, los funcionarios procedieron a realizar llamada telefónica a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería con sede en Peracal, Estado Táchira, a fin de verificar el documento obteniendo como respuesta que el mismo no registra a nombre de ninguna persona en el sistema llevado por ese organismo a nivel nacional, lo que permite presumir que el documento sea falso, igualmente la ciudadana presentó una cédula de ciudadanía signada con el Nº C.C 63.355.720 a nombre de Rivero Sánchez Olga Patricia, manifestando que la cédula venezolana ella entregó sus documentos a un ciudadano en Maracaibo para que se la sacara..”; igualmente valora este Tribunal el Copia Simple de la Cédula de Ciudadanía signada con el Nº C.C 63.355.720 a nombre de Olga Patricia Rivero Sánchez, emanada de la República de Colombia; así mismo valora Cédula de Identidad signada con el Nº E- 84.563.235 a nombre de Olga Patricia Rivero Sánchez, con fecha de expedición 18-05-2004, con la cual se identificó la imputada; igualmente valora este Tribunal Experticia Grafotécnica, realizada por el funcionario Sgto/1º (GNB) Méndez Maggierani Wuenzel, Experto Grafotécnico adscrito al Departamento de Física del Laboratorio Científico Regional No. 1 de la Guardia Nacional de San Cristóbal, Estado Táchira, en la cual concluye lo siguiente: a.- La pieza recibida descrita en el punto A aparte 1 corresponde el soporte de la evidencia en estudio (original) b.- La pieza recibida descrita en los puntos A aparte 1 corresponde la Fotografía y los datos impresos en el soporte no son los utilizados por Misión Identidad (Falsa) c.- La pieza recibida descrita en el punto A aparte 1 corresponde a Cédula de Identidad para ciudadanos extranjeros (Falsa); por lo que a juicio de este Tribunal considera que existen suficientes elementos de convicción que hacen presumir la comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación y como presunta autora de este hecho a la ciudadana OLGA PATRICIA RIVERO SANCHEZ, por lo que se admite en su Totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público; en cuanto a los medios de prueba presentados por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, este Tribunal ADMITE como EXPERTO: 1.- Por ser lícitas, legales y pertinentes Declaración del funcionario Sgto/1º (GNB) Méndez Maggiorani Wuenzel, Experto Grafotécnico adscrito al Departamento de Física del Laboratorio Científico Regional Nº 1 de la Guardia Nacional, San Cristóbal, Estado Táchira, a los fines de que ratifique la experticia Grafotécnica practicada al documento de identidad que resultó falso. TESTIMONIALES 1.- Se admite por ser lícita, legal y pertinente Declaración de los funcionarios SM/2º Mendoza Cordero Néstor y Sargento Mayor de Segunda Santana García Elvis, adscritos al Punto de Control Fijo del Destacamento de Fronteras Nº 17 de la Primera Compañía, Tercer Pelotón de la Guardia Nacional, Guasdualito, Estado Apure, a los fines de que expongan su testimonio sobre la actuación realizada en el presente caso. EXPERTICIA: Se admite por ser lícita, legal y pertinente Experticia Grafotécnica, realizada por el funcionario Sargento 1º (GNB) Méndez Maggiorani Wuenzel, Experto Grafotécnico adscrito al Departamento de Física del Laboratorio Científico Regional No. 1 de la Guardia Nacional de San Cristóbal, Estado Táchira. OTROS MEDIOS DE PRUEBAS: 1.- Se admiten por ser lícitas, legales y pertinentes Acta Policial de fecha 26-12-2008, suscrita por los funcionarios Sargento Mayor de 2º (GNB) Mendoza Cordero Néstor y Sargento Mayor de 2º Santana García Elvis, adscritos al Punto de Control Fijo del Destacamento de Fronteras Nº 17 de la Primera Compañía, Tercer Pelotón de la Guardia Nacional, Guasdualito, Estado Apure, en la que constan las circunstancias de modo, lugar y tiempo como ocurrió la detención de la imputada. 2.- Copia Simple de la Cédula de Ciudadanía signada con el Nº C.C 63.355.720 a nombre de Olga Patricia Rivero Sánchez, emanada de la República de Colombia, la cual servirá para demostrar la verdadera identidad de la imputada. 3.- Cédula de Identidad signada con el Nº E- 84.563.235 a nombre de Olga Patricia Rivero Sánchez, con fecha de expedición 18-05-2004, con la cual se demostrará que el documento con el cual se identificó la imputada es falso.

Admitida como ha sido Totalmente la acusación fiscal presentada por el Ministerio Público, así como Totalmente los medios de pruebas ofrecidos, con las correcciones hechas por el Ministerio Público este Tribunal procede, a imponer a la ciudadana imputada OLGA PATRICIA RIVERO SANCHEZ de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, como lo son el Principio de Oportunidad, los Acuerdos Reparatorios y la Suspensión Condicional del Proceso, establecidos en los artículos 37, 40 y 42 del Código Orgánico Procesal Penal y el Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se le concede el derecho de palabra a la Defensa, quien oída la admisión hecha por el Tribunal de la acusación y pruebas presentadas por el Ministerio Público, solicita la aplicación de una de las Medidas Alternativas, específicamente la establecida en el artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, como es la Suspensión Condicional del Proceso, vista la pena del delito por el que se le acusa y por cuanto no consta en la causa que tenga mala conducta pre-delictual ni que se haya acogido con anterioridad a esta medida, por lo que admitirá los hechos en este acto y ofrecerá una reparación moral a la víctima, pidiéndole disculpas al Ministerio Público en representación del Estado Venezolano y pide se le conceda el derecho palabra a su representada.

Se le concede el derecho de palabra a la imputada, Olga Patricia Rivero Sánchez quien sin juramento y libre de coacción, expone: “Yo admito los hechos, solicito se me acuerde la Suspensión Condicional del Proceso, pido perdón al país y pido disculpas al Estado Venezolano por los hechos ocurridos, asumo mi responsabilidad y me comprometo a cumplir las condiciones que el Tribunal me imponga y lo hago de manera voluntaria”.

Se le concede el derecho de palabra al Ministerio Público, quien manifiesta que oída la declaración de la imputada y por cuanto cumple con los requisitos del artículo 42, de admitir plenamente los hechos, de comprometerse a las condiciones que el tribunal le imponga y dada la naturaleza del delito y la pena que prevé este hecho punible, que no supera los tres años y el ofrecimiento de una disculpa de reparación del daño, considera que están dadas las condiciones y se cumplen los requisitos, para que la imputada goce del beneficio de Suspensión Condicional del Proceso, por lo tanto el Ministerio Público no hace oposición, es todo

SEGUNDO: EL Tribunal oídas como han sido las exposiciones de las partes, pasa a analizar el cumplimiento los supuestos del artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, que expresamente señala:
Artículo 42. Requisitos. En los casos de delitos leves, cuya pena no exceda de tres años en su límite máximo, el imputado podrá solicitar al juez de control, o al juez de juicio si se trata del procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso, siempre que admita plenamente el hecho que se le atribuye, aceptando formalmente su responsabilidad en el mismo; se demuestre que ha tenido buena conducta predelictual y no se encuentre sujeto a esta medida por otro hecho. A tal efecto, el Tribunal Supremo de Justicia, a través del órgano del Poder Judicial que designe, llevará un registro automatizado de los ciudadanos a quienes les haya sido suspendido el proceso por otro hecho.
La solicitud deberá contener una oferta de reparación del daño causado por el delito y el compromiso del imputado de someterse a las condiciones que le fueren impuestas por el tribunal conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de este Código. La oferta podrá consistir en la conciliación con la víctima o en la reparación natural o simbólica del daño causado.

Con relación al cumplimiento de dichos requisitos se observa: Que el delito de Uso de Documento Falso, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación establecen una pena que no excede de cuatro años en su límite superior, siendo un delito leve, la imputada admitió plenamente los hechos que se le atribuyen, aceptando la responsabilidad en los mismos, en cuanto a la conducta predelictual, se observa que no existe constancia en la causa de que la imputada tenga antecedentes penales o policiales, por lo que se presume su buena conducta predelictual, no existe constancia en la causa, de que anteriormente se haya sometido a la Medida Alternativa solicitada, igualmente la imputada ofreció reparar el daño, ofreciendo la disculpa al Ministerio Público en representación del Estado Venezolano, siendo las mismas aceptadas y oyéndose la opinión favorable del mismo para el otorgamiento de la Medida de Suspensión Condicional del Proceso, se comprometió a someterse a las condiciones que le sean impuestas, así mismo este Tribunal observa que la oferta de reparación propuesta por la imputada, cumple con los requisitos del artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se admite la oferta. Habiéndose observado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 42 de la norma Adjetiva Penal, se considera que lo procedente es acordar la Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso solicitada por el lapso de UN (01) AÑO.

TERCERO: Es por todo lo antes expuesto que, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE EXTENSIÓN GUASDUALITO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la ley ACUERDA: PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE la Acusación presentada por la Fiscalía XII del Ministerio Público, en contra de la imputada OLGA PATRICIA RIVERO SANCHEZ, de nacionalidad colombiana, titular de la Cédula de Ciudadanía Nº 63.355.720, de 38 años de edad, nacida en fecha 01-03-1970, natural de Bucaramanga, República de Colombia, de estado civil soltera, residenciada en el Barrio San Isidro, calle principal, casa S/N, Arauquita, República de Colombia, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del Estado Venezolano. SEGUNDO: SE ADMITEN TOTALMENTE las pruebas presentadas por el Ministerio Público, por ser lícitas, legales y pertinentes. TERCERO: Se Acuerda Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, propuesta por la Defensa y el imputado y se impone un Régimen de Prueba de UN (01) año, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.- No portar o poseer armas de fuego, ni blancas, en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. 2.- Realizar el trabajo comunitario que le asigne el delegado de prueba de la Unidad Técnica Nº 3 de Apoyo al Sistema Penitenciario de San Cristóbal, Estado Táchira. 3.- Presentarse cada Tres (03) meses por ante la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito y Extensión. De conformidad con lo establecido en el artículo 44 numerales 6º y 9º del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: La Suspensión Condicional del Proceso, por el lapso de un (01) año, será vigilada por un delegado de prueba en la Unidad Técnica, Nº 3 de Apoyo al Sistema Penitenciario en San Cristóbal, Estado Táchira, por lo que debe cumplir con las demás condiciones que le imponga el Delegado de Prueba. En caso de incumplimiento de algunas de las condiciones se le podrá revocar la Medida Alternativa otorgada y deberá cumplir con la pena impuesta para el delito, dada la admisión de los hechos realizada en la audiencia. QUINTO: Se ordena oficiar a la Unidad Técnica Nº 3 de San Cristóbal, Estado Táchira, anexando copia del auto pertinente. SEXTO: Se acuerdan las copias solicitadas por la defensa. SEPTIMO: Se ordena oficiar a la Jefe de Alguacilazgo de este Circuito y Extensión informando sobre la ampliación de las presentaciones de la imputada ante dicha Unidad. Cúmplase.-
LA JUEZ DE CONTROL,

ABG. BETTY YANEHT ORTÍZ CHACÓN.

LA SECRETARIA,

Abg. LEDYS ROMERO CHÁVEZ

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en auto.

LA SECRETARIA,

Abg. LEDYS ROMERO CHÁVEZ

CAUSA 1C5864-08
BYOCH/LRCH.-