TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO. Guasdualito, 28 de abril de 2011.

200° y 152°

Este Tribunal, estando en la oportunidad procesal establecida en el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal procede a fundamentar la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, solicitada en audiencia por el Fiscal Auxiliar Décimo Segundo del Ministerio Público Abg. Rafael Gómez, quien actúa en representación de la Fiscalía Tercera, en contra del imputado MEJÍA ROMERO EFRAÍN GABRIEL, de nacionalidad colombiana, titular de la cédula de ciudadanía Nº CC-17.591.229, mayor de edad, natural de Planeta Rica, Córdoba, República de Colombia, nacido en fecha 19-10-1976, de estado civil soltero, hijo de Diana Martínez y Gabriel Mejía, residenciado en la Urbanización Vara de María, Restaurante El Triunfo, ubicado en al entrada, Guasdualito, Estado Apure, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD FALSO, previstos en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del Estado Venezolano, todo de conformidad con los artículo 250 y 251 numeral 4º del Código Orgánico Procesal Pena. A tal efecto observa:

PRIMERO: En la audiencia preliminar convocada para el día de hoy, solicitó el derecho de palabra el representante del Ministerio Público, Abg. Rafael Gómez, quien manifestó: Que una vez revisada la causa y la constancia de presentación del imputado de autos, expedida por la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito y Extensión, inserta en el folio 81, se evidencia que el mismo no se ha presentado por ante esa unidad, es por lo que solicita se decrete en contra del imputado MEJIA ROMERO EFRAÍN GABRIEL, MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto de las actas procesales se evidencia la comisión del delito USO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD FALSO, previstos en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del Estado Venezolano, cuya acción penal no está prescrita y surgen fundado elementos para considerar al imputado autor del mismo, existiendo peligro de fuga en virtud de que el imputado no ha dado cabal cumplimiento a las presentaciones impuestas por este Tribunal, de conformidad con el numeral 4º del artículo 251 eiusdem, y solicita la Revocatoria de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad impuesta en fecha 16 de noviembre de 2010.

Acto seguido se le concede el derecho de palabra a la Defensora Pública, Abg. Rinalda Guevara, quien solicita se mantenga la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad a su defendido y se le acuerde una nueva oportunidad para la realización de esta audiencia, por lo que se opone a la solicitud Fiscal.

SEGUNDO: visto que el Ministerio Público solicita en contra del imputado BARRIOS MERCADO FREDY ENRIQUE, Medida Cautelar de Privación Judicial preventiva de Libertad, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

Artículo 250. El Juez o Jueza dé Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o participe en la comisión de un hecho punible.
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el Juez o Jueza de Control resolverá respecto al pedimento realizado. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este articulo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado o imputada contra quien se solicitó la medida.
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado o imputada será conducido ante el Juez o Jueza, quien en audiencia de presentación, con la presencia de las partes y de las víctimas, si las hubiere, resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa.
Si el Juez o Jueza acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el o la Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.
Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el o la Fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.
En este supuesto, el o la Fiscal deberá motivar su solicitud y el Juez o Jueza decidirá lo procedente dentro de los tres días siguientes a la solicitud de prórroga, cuyas resultas serán notificadas a la defensa del imputado o imputada.
Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el o la Fiscal haya presentado la acusación, el detenido o detenida quedará en libertad, mediante decisión del Juez o Jueza de Control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva.
En todo caso, el Juez o Jueza de Juicio a solicitud del Ministerio Público decretará la privación judicial preventiva de la libertad del acusado o acusada cuando se presuma fundadamente que éste o ésta no dará cumplimiento a los actos del proceso, conforme al procedimiento establecido en este artículo.
En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los supuestos previstos en este artículo, el Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio idóneo, la aprehensión del investigado o investigada. Tal autorización deberá ser ratificada por auto fundado dentro de las doce horas siguientes a la aprehensión, y en lo demás se seguirá el procedimiento previsto en este artículo.

Este Tribunal a los fines de decidir con relación a la petición fiscal pasa a analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, observando: Que en fecha 16 de noviembre de 2010, se celebró audiencia de presentación de Imputado en la que se decretó la aprehensión en flagrancia por la comisión del delito de USO DE IDENTIDAD DOCUMENTO FALSO, previstos en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del Estado Venezolano, por cuanto fue aprehendido según Acta Policial Nº DF-17-2DA-CIA-SIP-210 de fecha 15 de noviembre de 2010, suscrita por funcionarios adscritos a la Segunda Compañía, Comando Regional Nº 1, del Destacamento de Fronteras Nº 17 de la Guardia Nacional, El Amparo, Estado Apure, donde dejan constancia que en esa misma fecha, siendo aproximadamente las 09:30 de la mañana de servicio en el Punto de Control Fijo Aduana Subalterna el Amparo, jurisdicción de la Parroquia El Amparo del Municipio Páez del Estado Apure, se presento un vehículo de Transporte Público (buseta), procedente de la población de Guasdualito, Estado Apure, con destino a la población de Arauca, República de Colombia, procediendo a solicitar al conductor que se estacionara a un lado del punto de control, para solicitar identificación a los pasajeros, identificándose uno de los ciudadanos con un certificado de regularización y/o solicitud de naturalización, signado con el número 307045, a nombre de MEJÍA ROMERO EFRAÍN GABRIEL, de nacionalidad colombiana, de fecha de nacimiento 19-01-1976, fecha de expedición 10-06-2004, por lo que procedieron a chequear dicho documento por la oficina de migración y frontera de El Amparo, Estado Apure, siendo atendidos por el funcionario de guardia Agente Miguel Antonio González Loaiza, quien les informó que dicho documento no registra en el sistema , procediendo a interrogar al ciudadano con relación a dicho documento, admitiendo que dicho certificado lo obtuvo en El Cantón, en vista de esta situación procedieron a efectuar llamada telefónica al fiscal de Guardia, quien giró instrucciones de dejarlo recluido al mencionado ciudadano a orden de la Comisaría Policial Nro. 2 con sede en Guasdualito Estado Apure; se decretó Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de la Libertad, de conformidad con el numeral 3º del artículo 256 del Código Orgánico Procesal; en fecha 02 de febrero de 2011, el Ministerio Público presentó acusación en contra del imputado MEJIA ROMERO EFRAÍN GABRIEL, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD FALSO, previstos en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del Estado Venezolano, por lo que se presume la comisión de un hecho punible, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, existiendo fundados elementos para considerar que el imputado es el presunto autor del hecho delictivo, por lo que se cumplen los extremos exigidos en los numerales 1° y 2° del artículo 250 del Código Orgánico Procesa Penal; igualmente se evidencia oficio Nº 271-11, de fecha 30 de marzo de 2011 procedente de la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito y Extensión, inserto al folio 81, donde informan que el ciudadano MEJIA ROMERO EFRAÍN GABRIEL no se ha presentado por ante esa unidad, por lo que este Tribunal considera que el imputado no dará cumplimiento a los actos del proceso, a pesar de tener pleno conocimiento de la causa que se le sigue por ante este despacho, presumiéndose el peligro de fuga, estando acreditada la exigencias del numeral 3° del artículo 250 en concordancia con el numeral 4º del artículo 251, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia se hace procedente decretar en contra del imputado la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, solicitada por el Ministerio Público y la Revocatoria de la Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad, acordada por este Tribunal en fecha en fecha 16 de noviembre de 2010.

TERCERO: En consecuencia este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECIDE: DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA de LIBERTAD en contra de MEJÍA ROMERO EFRAÍN GABRIEL, de nacionalidad colombiana, titular de la cédula de ciudadanía Nº CC-17.591.229, mayor de edad, natural de Planeta Rica, Córdoba, República de Colombia, nacido en fecha 19-10-1976, de estado civil soltero, hijo de Diana Martínez y Gabriel Mejía, residenciado en la Urbanización Vara de María, Restaurante El Triunfo, ubicado en al entrada, Guasdualito, Estado Apure, USO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD FALSO, previstos en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con el artículo 250, en concordancia con el artículo 251 numeral 4º del Código Orgánico Procesal Penal; REVOCA la medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad decretada por este Tribunal en fecha 16 de noviembre de 2010. Líbrese Orden de Aprehensión. Líbrese lo conducente.

LA JUEZA DE CONTROL,

ABG. NELLY MILDRET RUIZ R.

LA SECRETARIA,

ABG. INDIRA TRINIDAD VIVAS S.
Se cumplió lo ordenado.-
LA SECRETARIA,

ABG. INDIRA TRINIDAD VIVAS S.