TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS
201º y 152º

Parte Querellante: FÉLIX MANUEL PÉREZ BORREGO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-11.754.959.
Apoderado Judicial: MARCOS GOITIA, abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 75.239.
Parte Querellada: GOBERNACIÓN ESTADO APURE (Comandancia General de Policía del estado Apure).
Apoderados Judiciales: JUAN PEREZ, MARLYN FRANCISCA MENA, IRIS MENDEZ, JOSE EVENCIO BARRIOS COLINA, JORGE ELIEZER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS GÓMEZ BERMEJO y Otros; abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los Nos. 99.599, 97.845, 93.887, 143.768, 140.175 y 137.629, respectivamente.
Motivo: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (cobro de diferencia de sueldos y otros conceptos laborales).
Expediente Nº 4.041
Sentencia Definitiva
I
ANTECEDENTES
Se inicia la presente causa, mediante escrito presentado en fecha 22 de febrero de 2010, por ante la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (cobro de diferencia de sueldos y otros conceptos laborales), por el ciudadano Félix Manuel Pérez Borrego, representado judicialmente por el abogado en ejercicio y de este domicilio Marcos Goitia identificados ut supra, contra la Gobernación del Estado Apure, (Comandancia General de Policía del Estado Apure) quedando signada con el Nº 4.041, mediante la cual solicita que la querellada le cancele el pago de la diferencia de sueldos dejados de percibir como Comisario desde el 15 de julio de 2008 hasta el 31 de enero de 2010, así como aumentos, aguinaldos vacaciones y bonos vacacionales correspondientes a ese período, estimando la presente acción en la cantidad de Bolívares tres mil quinientos once con seis céntimos (Bs. 3.511,06).
Por otra parte, solicitó a su vez el pago de los conceptos antes señalados desde la fecha del decreto hasta la sentencia definitiva.
En fecha 24 de febrero de 2010, este Juzgado Superior dictó auto mediante el cual admitió la querella funcionarial, ordenando la citación del Procurador General, la notificación del Gobernador, y de la Secretaría de Personal todos del estado Apure, a los fines de que ésta última remita el expediente administrativo del querellante. Se libraron los Oficios respectivos.
Debidamente practicada la citación y notificación ordenada, se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente que la representación judicial de la parte demandada dio contestación a la querella funcionarial interpuesta, aceptando la “relación laboral” entre el demandante y su representada el cual se desempeña como Comisario en la Comandancia General de Policía adscrita a la Gobernación del Estado Apure, igualmente manifestó el apoderado judicial de la parte querellada que no se le adeuda cantidad alguna, sin embargo consignó experticia mediante la cual señaló que sólo se le adeuda la cantidad de Bolívares tres mil cuatrocientos noventa con setenta y seis céntimos (Bs. 3.490,76).
En fecha 16 de mayo de 2011, este Juzgado dictó auto mediante el cual fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar para el quinto (5°) día de despacho siguiente a las 2:00 p.m., la cual tuvo lugar 24 de mayo del año en curso, con la comparecencia de la representación judicial de ambas partes. Se dejó constancia de la apertura del lapso probatorio.
En fecha 18 de julio de 2011, se llevó a efecto la audiencia definitiva, con la comparecencia de los apoderados judiciales de las partes intervinientes en el proceso.
Este Juzgado, en fecha 26 de julio del año en curso, dictó dispositivo del fallo y declaró Parcialmente Con Lugar la presente querella y estableció el lapso de diez (10) días de despacho para publicar el texto íntegro de la sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Siendo la oportunidad para dictar el texto integro del fallo, el Juzgado lo hace en los siguientes términos:

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Se observa que el caso sub examine versa sobre un recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el ciudadano Félix Manuel Pérez Borrego con el objeto de hacer efectivo el pago de la diferencia de sueldos dejados de percibir en el cargo de Comisario desde el 15 de julio de 2008 hasta el 31 de enero de 2010, así como los aumentos, aguinaldos, vacaciones y bonos vacacionales correspondientes a ese período, estimando la presente acción en la cantidad de Bolívares tres mil quinientos once con seis céntimos (Bs.3.511,06).
Alega el querellante en su escrito recursivo que es funcionario público en el cargo de Comisario de Policía adscrito al Estado Apure, según Decreto de fecha 15 de julio de 2008, el cual anexó al escrito libelar en copia fotostática simple marcado con la letra “B” y que le es cancelado su salario como Sub-Comisario, dejando de percibir aumento, aguinaldos, vacaciones y bono vacacionales, solicitando se condene a la Gobernación del Estado Apure (Comandancia General de Policía del Estado Apure) a cancelar la suma de Bolívares tres mil quinientos once con seis (Bs. 3.511,06).
Por otra parte, el querellante solicitó a su vez el pago de los conceptos antes señalados desde la fecha del decreto -15 de julio de 2008- hasta la sentencia definitiva.
En este sentido, quien suscribe la presente decisión, debe analizar la importancia que reviste para el derecho la noción de salario, y así se tiene que el salario o remuneración ha sido definida como la percepción monetaria o pago que recibe el trabajador como contraprestación al trabajo o labor que éste se ha obligado a proporcionar para con su empleador; el salario dada su naturaleza retributiva, está constituido por la habitualidad, el propósito y las circunstancias en y para las cuales se contraten los servicios personales de un individuo.
Debe indicarse que las características propias de la remuneración salario adquiere su fundamento lógico en los servicios que de una manera personal y directa, ya sea en función de los conocimientos aportados a determinada actividad (labor intelectual) o de mano de obra (actividad física), proporciona un individuo en una determinada relación de empleo (relación laboral). De este modo, esta prestación por cuanto está destinada, a su vez, a cubrir los riesgos y necesidades que se originen en esa relación, debe ser cancelada de acuerdo a las características que conforman su especial naturaleza, vale decir, de manera periódica y proporcional al esfuerzo efectuado con ocasión al propósito y las circunstancias concretas de la contratación o coincidente a la actividad ejecutada.
El salario por formar parte de la actividad prestada adquiere a su vez, protección constitucional, en el sentido que los corpus normativos que tengan como finalidad regular esta relación deben garantizar la progresividad de los derechos y beneficios que correspondan, así como en materia de aplicación y concurrencia de normas debe prevalecer el principio indubio pro operario, entre otros (artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Asimismo el artículo 90 ibídem, establece que el salario debe ser suficiente, digno y justo, en relación a las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales que están implícitas e inmersas en la existencia vital del trabajador; por ello, el sentido, propósito y espíritu de esta norma conlleva a que sea el Estado precisamente el garante en que el salario sea ajustado cada año, en virtud de los índices inflacionarios que se reflejan en el costo de la vida y por ende sea el costo de la canasta básica el referente esencial que determine este ajuste.
La misma norma especifica que el salario es inembargable, debe ser pagado en forma periódica y oportunamente, lo cual tiene como finalidad que la cantidad pecuniaria correspondiente al salario no se deprecie por no ser cancelado de manera habitual y en el momento que corresponda conforme a las reglas correspondientes a la forma y procedimiento para su pago.
Ahora bien, analizadas exhaustivamente las actas procesales que conforman el presente expediente, específicamente de los medios probatorios aportados por la representación judicial de la parte querellante, se evidencia que cursa a los folios 12 al 14, en copia fotostática simple, Decreto s/n, suscrito por el entonces Gobernador (E) del Estado Apure, Nelson Melgarejo así como por el Comandante General de la Policía Bolivariana del Estado Apure, mediante el cual se asciende al hoy querellante ciudadano Félix Manuel Pérez Borrego, entre otros, de Sub-Comisario a Comisario, la cual al no ser impugnada por la parte querellada, obtiene pleno valor probatorio; aunado a la consignación de la experticia en la cual tácitamente reconoce que se le adeuda una diferencia salarial al hoy querellante; así como la falta de consignación por parte de la Administración del expediente administrativo relacionado con la presente causa.
En ese sentido y con relación al valor probatorio del expediente administrativo la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, indicó que los antecedentes administrativos del caso, conformados por el expediente administrativo que se formó a tal efecto constituye un elemento de importancia fundamental para la resolución de la controversia y es una carga procesal para la Administración acreditarlo en juicio lo cual no cumplió.
Igualmente en Sentencia No. 00692 la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 21 de mayo de 2002, estableció lo que a continuación parcialmente se transcribe:

“… sólo a ésta le corresponde la carga de incorporar al proceso los antecedentes administrativos; su no remisión constituye una grave omisión que pudiera obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte accionante”.

Indicado lo anterior, este Juzgado hace suyo el criterio expresado por la Sala Político administrativa en diversas oportunidades, debiendo advertir que si bien la administración no cumplió con la carga de consignar en el Tribunal el expediente administrativo correspondiente a la causa, ello no obsta para que el Juzgador pueda decidir, siendo que, a pesar de que éste constituye la prueba natural, no es la única dentro del proceso contencioso administrativo, ello así, este Juzgado debe pronunciarse con todos los elementos que constan en autos y así se declara.
Ahora bien, por cuanto es evidente que el único punto controvertido en la secuela del presente proceso es el monto a cancelar por los conceptos demandados, debe forzosamente este sentenciador ordenar a la Gobernación del Estado Apure (Comandancia General de Policía del Estado Apure) la cancelación de la diferencia de sueldos dejados de percibir por el ciudadano Félix Manuel Pérez Borrego, en virtud que le es cancelado aún el sueldo correspondiente al cargo de Sub-Comisario, sin tomar en consideración la administración estadal el ascenso del cual fue objeto el querellante, debiendo pues percibir el sueldo y demás beneficios laborales correspondientes al cargo de Comisario, condenando a la querellada a cancelar tal diferencia de salario desde el 15 de julio de 2008 hasta el 31 de enero de 2010, así como aumentos, aguinaldos, vacaciones y bonos vacacionales correspondientes a ese período, para los cual y a los fines de su efectivo cálculo se ordena realizar experticia complementaria del fallo. Asimismo, la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, (COMANDANCIA GENERAL DE POLICÍA DEL ESTADO APURE), deberá en lo sucesivo cancelarle al actual querellante el salario y los demás beneficios que le correspondan en el cargo de Comisario. Y así se decide.
Por otra parte, se observa del escrito recursivo que la parte querellante no solamente solicitó el pagos de los anteriores conceptos desde el 15 de julio de 2008 hasta el 31 de enero de 2010 –período que fue tratado en el punto ut supra resuelto- sino que insta a este tribunal para que se le cancelen los ya referidos conceptos desde el 15 de julio del 2008 hasta la sentencia definitiva.
Ante tal pedimento se hace ineludible citar un extracto de la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con Ponencia del Juez Efraín Navarro, caso: Cristian Isamax Jiménez Castillo contra la Gobernación del Estado Apure, de fecha 03 de agosto de 2011, en la cual dejó sentado lo siguiente:
“Ahora bien, respecto a la solicitud de la parte actora según la cual se condene a la Gobernación del estado Apure “…a pagar los salarios retenidos de (sic) fecha 07/01/2007 hasta la conclusión del juicio…”, aprecia esta Corte que dicha solicitud incluye el período acordado por este Órgano Jurisdiccional desde el 7 de enero de 2007 hasta el 1° de diciembre de 2009; sin embargo, se refiere asimismo, al período al 1° de diciembre de 2009 hasta la conclusión del juicio, lo cual resulta un hecho incierto, por lo que debe esta Corte desechar dicha solicitud. No obstante se debe destacar, que la parte actora podrá interponer recurso contencioso administrativo funcionarial contra la Gobernación del estado Apure por el pago de salarios retenidos y otros beneficios a partir del 1° de diciembre de 2009, en caso de verificarse el incumplimiento de dicha Gobernación y siempre que para la fecha de interposición del recurso sea funcionario activo en al misma de modo que, no haya operado al caducidad de la acción.”

En atención al criterio ut supra citado, debe forzosamente quien suscribe la presente decisión negar la cancelación de la diferencia salarial desde el 01 de febrero de 2010 hasta la sentencia definitiva por ser un lapso estimado de manera incierta, y en consecuencia la parte querellante deberá, en caso de verificarse el incumplimiento del querellado, interponer un recurso funcionarial a los fines de reclamar la diferencia salarial y demás beneficios, desde el 01 de febrero de 2010 en adelante, siempre que el funcionario se encuentre activo para la oportunidad de la interposición del recurso y que no haya caducado el lapso para ello. Así se declara.

III
DECISION
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (cobro de diferencia de salario y demás conceptos laborales), interpuesto por el ciudadano FÉLIX MANUEL PÉREZ BORREGO, titular de la cédula de identidad Nº V-11.754.959, representado judicialmente por el abogado en ejercicio y de este domicilio MARCOS GOITIA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 75.239, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, (COMANDANCIA GENERAL DE POLICÍA DEL ESTADO APURE), ello con fundamento a lo establecido en los artículos 91 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

PRIMERO: Se ordena a la Gobernación del estado Apure (Comandancia General de Policía del Estado Apure) cancelar al querellante la diferencia de sueldos dejados de percibir, en virtud que le es cancelado aún el sueldo correspondiente al cargo de Sub-Inspector, sin tomar en consideración la administración estadal el ascenso del cual fue objeto, debiendo pues percibir el sueldo y demás beneficios laborales correspondientes al cargo de Comisario desde el 15 de julio de 2008 hasta el 31 de enero de 2010, así como aumentos, aguinaldos, vacaciones y bonos vacacionales correspondientes a ese período, para los cual y a los fines de su efectivo cálculo se deberá realizar experticia complementaria del fallo, conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Segundo: Se ordena a la Gobernación del Estado Apure (Comandancia General de Policía del estado Apure, para que en lo sucesivo le cancele el salario y demás beneficios laborales que le corresponden al ciudadano Félix Manuel Pérez Borrego, en el cargo de Comisario adscrito a la Comandancia General de Policía del Estado Apure.

Tercero: Se niega la cancelación de la diferencia de los salarios dejados de percibir y los demás beneficios desde el 1 de febrero de 2010 hasta la sentencia definitiva, por cuanto sólo le fue acordado el pago de dichos conceptos desde el 15 de julio de 2008 hasta el 31 de enero de 2010, en razón de los argumentos esbozados en la parte motiva del presente fallo.

Publíquese, regístrese, déjese copia certificada. Notifíquese a la Procuradora General del estado Apure.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, en San Fernando de Apure a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil once (2011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO,

CLIMACO A. MONTILLA T.
EL SECRETARIO,

WADIN BARRIOS

En esta misma fecha, siendo las 11:28 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó la presente decisión.

EL SECRETARIO

WADIN BARRIOS

Sentencia: Definitiva
Materia: Contencioso Administrativo
Exp. Nº 4.041
CAMT/WB/lvm