TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO. Guasdualito, dos (02) de diciembre de dos mil once (2011).

201° y 152°

Por recibido y visto el oficio Nº 04-F12-1897-2011, proveniente de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público, de la Circunscripción Judicial del estado Apure, Extensión Guasdualito, representada por el Abg. Armando Arturo Villegas Flores, a través del cual solicita se decrete MEDIDA CAUTELAR DE LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, contra del ciudadano AMILCAR JOSÉ RODRÍGUEZ, de nacionalidad venezolana, nacido el 29-09-1955 de cincuenta y seis (56) años de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.365.068, por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, cometido en perjuicio de los ciudadanos JOSÉ VALENTÍN MÁRQUEZ CHINCHILLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 12.196.072; ELIZABETH MEDINA DE GUEDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 8.187.619; y GEOVANNY OSWALDO ONTIVEROS VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 5.678.154; de conformidad con lo establecido en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal a los fines decidir observa:

PRIMERO: El Ministerio Público señala que por ante esa Fiscalía se iniciaron las investigaciones N° 04-F3-091-2009, 04-F3-114-2009 y 04-F3-115-2009, nomenclatura de ese Despacho, en las que funge como investigado el ciudadano AMILCAR JOSÉ RODRÍGUEZ, por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, para el cual el legislador condena a quien incurra en este delito a una pena de prisión de uno a cinco años, en perjuicio de los ciudadanos JOSÉ VALENTÍN MÁRQUEZ CHINCHILLA, MEDINA DE GUEDEZ ELIZABETH y ONTIVEROS VALERA GEOVANNY OSWALDO, igualmente expone que dentro de las actas procesales que rielan en cada una de las investigaciones se desprende:

DECLARACIÓN del ciudadano JOSÉ VALENTÍN MÁRQUEZ CHINCHILLA, de fecha 03-03-2009, la cual riela en el caso interno N° 04-F3-091-2009, en la que entre otras cosas manifestó lo siguiente: “SUCEDE QUE EL DÍA 23 DE ENERO DEL 2008, LE HAGO UN DEPOSITO AL SEÑOR AMÍLCAR RODRÍGUEZ, POR LA CANTIDAD DE TREINTA Y DOS MILLONES DE BOLÍVARES (30.000.000 BS.) O TREINTA Y DOS MIL BOLÍVARES FUERTES ((32.000 BS.F) PARA LA COMPRA DE UNA CAMIONETA TUCSON 4X2, NUEVA, QUEDANDO COMPROMETIDO A ENTREGÁRMELA EN UN MES, PARA LA CUAL YO LE ENTREGARÍA EL DINERO FALTANTE, APROXIMADAMENTE NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL BOLÍVARES (92.180.000 BS.) O NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA BOLÍVARES FUERTES (92.180 BS.F) UNA CAMIONETA FULL EQUIPO Y ASEGURADA EN ESE PRECIO, POSTERIORMENTE PASO EL MES Y NO HUBO RESPUESTA, SOLO QUE HABÍA TENIDO INCONVENIENTES PARA LA ENTREGA. EL DÍA 07 DE MAYO DEL 2008, EN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON EL SEÑOR AMÍLCAR RODRÍGUEZ, ME MANIFESTÓ QUE LE DEPOSITARA LOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (59.400.000 BS.) O CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES (59.400 BS.F) RESTANTES PARA HACERME LA ENTREGA, PAUTADA PARA LOS PRÓXIMOS CINCO (05) DÍAS, LA CUAL NO SE DIO TAMPOCO. LUEGO INVENTÓ OTRO INCONVENIENTE, SUPUESTAMENTE CON EL SENIAT. POSTERIORMENTE, EL 28 DE MAYO DEL 2.008, ME PIDE OTROS SETECIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES (780.000 BS.) O SETECIENTOS OCHENTA BOLÍVARES FUERTES (780 BS.F) PARA UNOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, QUE CONFORMAN UN TOTAL DE NOVENTA Y DOS MIL BOLÍVARES FUERTES (92.180 BS.F) TODOS ESTOS DEPÓSITOS REALIZADOS A UNA CUENTA PERSONAL DEL SEÑOR AMÍLCAR RODRÍGUEZ…”

DECLARACIÓN de la ciudadana MEDINA DE GUEDEZ ELIZABETH, de fecha 12-03-2009, la cual riela en el caso interno N° 04-F3-114-2009, en la que entre otras cosas manifestó lo siguiente: “BUENO CONOCÍ AL SEÑOR AMÍLCAR RODRÍGUEZ, A TRAVÉS DEL TELÉFONO, UNA COMPAÑERA DE TRABAJO DE NOMBRE LUZ MARINA SANTANA, CONSIGUIÓ UN CARRO CON ESTA PERSONA, EN APROXIMADAMENTE QUINCE DÍAS, Y LUEGO SUPE DE OTRAS PROFESORAS QUE TENÍAN VEHÍCULOS Y ME DIJERON QUE ÉL SE LOS HABÍA CONSEGUIDO, CUANDO HABLO CON ÉL POR TELÉFONO, ME DICE QUE SIN PROBLEMAS ME CONSEGUÍA UN CARRO EN MES Y MEDIO APROXIMADAMENTE, HABÍA HABLADO UN CARRO MARCA CHEVROLET, TIPO AVEO, 4 PUERTAS, AUTOMÁTICO, QUE TENÍA UN VALOR CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS BOLÍVARES FUERTES (45.700 BS.F) O CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (45.700.000,00 BS.) HABIÉNDOLE DEPOSITADO EL DÍA 28/12/2007 VEINTIOCHO MILLONES DE BOLÍVARES (28.000.000,00 BS.) O VEINTIOCHO MIL BOLÍVARES FUERTES (28.000 BSF.) QUE SERÍA DESTINADO PARA LOS GASTOS DE INICIAL, DE PAPELERÍA, PLACAS Y UNA COMISIÓN POR EL NEGOCIO QUE ELLOS HACEN EN CONSEGUIR EL CARRO, LUEGO, LLEGAD EL 30 DE ENERO Y NO ME HACE ENTREGA DE NINGÚN CARRO, PASA FEBRERO Y NADA, SUCESIVAMENTE Y HASTA EL MES DE JUNIO ME OFRECE ENTREGARME EL CARRO CADA QUINCE DÍAS, EN JUNIO, ÉL ME DICE QUE YA TENGO ASIGNACIÓN DE UN VEHÍCULO, QUE ESPERARA LO DE LOS TRAMITES DE LAS PLACAS, PERO NO ME DA NI COLOR NI NUMERO DE PLACAS HABIÉNDOSELO PREGUNTADO, POSTERIORMENTE ME PREGUNTA SI DESEO OTROS ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO, COMO ESPOILERS, ENTRE OTROS Y ME PIDIÓ LE DEPOSITARA MIL SETECIENTOS BOLÍVARES FUERTES (1.700,00 BS.F) O UN MILLÓN SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (1.700.000,00 BS.) DEPOSITO QUE LE HICE EL DÍA 14/06/2008. LUEGO EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2.008, EL SEÑOR AMÍLCAR RODRÍGUEZ, SE COMUNICA CONMIGO INFORMÁNDOME QUE EL COSTO DEL VEHÍCULO HABÍA AUMENTADO HASTA LOS SESENTA Y UN MIL BOLÍVARES FUERTES (61.000,00 BS.F) O SESENTA Y UN MILLONES DE BOLÍVARES (61.000.000,00 BS.) MOTIVO POR EL CUAL LE DIJE QUE ESE NO ERA EL NEGOCIO QUE TENIA CON ÉL, Y QUE ME DEVOLVIERA EL DINERO QUE YA LE HABÍA DEPOSITADO Y ME DIJO QUE TENÍA QUE ESPERAR DIEZ (10) DÍAS HÁBILES YA APROXIMADAMENTE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2.008, DESPUÉS DE ESO SE ME HIZO MUY DIFÍCIL QUE EL SEÑOR AMÍLCAR, ME RESPONDIERA EL TELÉFONO…”.

DECLARACIÓN del ciudadano ONTIVEROS VALERA GEOVANNY OSWALDO, de fecha 12-03-2009, la cual riela en el caso interno N° 04-F3-115-2009, en la que entre otras cosas manifestó lo siguiente: “VENGO A DENUNCIAR AL CIUDADANO AMÍLCAR RODRÍGUEZ, POR CUANTO EN FECHA 18/01/08 LE DEPOSITE A SU CUENTA PERSONAL DEL BANCO DE VENEZUELA LA CANTIDAD DE TREINTA MIL BOLÍVARES FUERTES (30.000,00 BSF), DICHO BAUCHE DE DEPÓSITO REGISTRA EL SIGUIENTE NUMERO O CÓDIGO 46955317, ATENDIDO POR LA CAJA NÚMERO CUATRO (04) DE LA AGENCIA BANCARIA DE LA CONCORDIA DE SAN CRISTÓBAL ESTADO TÁCHIRA, PARA LA COMPRA DE UNA CAMIONETA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SEGÚN FACTURA PRO-FORMA DE FECHA 03/07/08, DE LA AGENCIA DE AUTOS DE NOMBRE G.D. AUTOS, C.A. DE RIF. J-29488923-9: MARCA CHEVROLET, AÑO 2.008, MODELO CAPTIVA, EL CUAL HASTA LA FECHA NO HE SABIDO NADA DE DICHO CIUDADANO, ASÍ COMO TAMPOCO ME HA ENTREGADO EL VEHÍCULO QUE ME ESTABA VENDIENDO”.

Por otra parte, el Ministerio Público solicita que se decrete en contra del ciudadano AMILCAR JOSÉ RODRÍGUEZ, medida Cautelar de privación Judicial preventiva de Libertad, de conformidad con el artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, señalando:
(…) Igualmente ciudadana Jueza, por las declaraciones rendidas y descritas anteriormente y las diligencias efectuadas por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas Subdelegación Guasdualito Estado Apure, aunado a los autos que rielan en las investigaciones Núm. 04-F3-091-2009, 04-F3-114-2009 y 04-F3-115-2009 que adelanta esta Fiscalía, considera este Representante Fiscal, tal como se encuentra establecido en el Artículo 250 numeral 1 del COPP, que estamos en presencia de un hecho punible el cual merece pena privativa de libertad, ya que el delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal establece, que quien incurra el ese delito será sancionado con una pena de prisión de uno a cinco años. Y es el caso ciudadana jueza que lo transcrito en la precitada norma se configura perfectamente con la conducta del imputado pudiéndose ver sometido en el futuro a la sanción establecida en ese artículo, así mismo, es conveniente invocar lo previsto en el numeral 2 del Artículo 250 del COPP: Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora o participe en la comisión del hecho punible, al respecto es conveniente observar, las declaraciones realizadas por las Víctimas, las cuales ya fueron explanadas al principio de este escrito, además, se hace referencia a lo previsto en el numeral 3ero del mismo Código, en lo referente a una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, al respecto es conveniente fundamentar lo señalado en el numeral 1 del artículo 251 ejusdem ya que se ha comprobado según las distintas investigaciones y pesquisas practicadas por la Sub Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Guasdualito Estado Apure, que el ciudadano AMILCAR JOSÉ RODRÍGUEZ no posee arraigo en el país, domicilio, residencia habitual o asiento de familia, así como el hecho de encontramos en una frontera amplia con el vecino país, la cual es de fácil acceso y en consecuencia se evadiría la justicia Venezolana generando Impunidad, invocando además, lo previsto en el parágrafo segundo de dicho artículo donde la falsedad, falta de información o de actualización del domicilio del imputado, necesariamente se debe presumir el peligro de fuga, se toma en cuenta lo previsto en el numeral 2 del artículo 251 ejusdem ya que la pena que podría llegarse a imponer en el caso es una sanción de prisión de 01 a 05 años, es de hacer notar que este hecho ocasiono además en las Víctimas un daño patrimonial causado y la imposibilidad de haber celebrado algún otro contrato para alcanzar el mismo fin que conllevó a tales situaciones, esto se configura dentro de lo previsto en el numeral 3ero del Artículo 251 ejusdem. Resaltando que en actas procesales se desprende que a pesar de los esfuerzos realizados por la Sub Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Guasdualito Estado Apure, no se ha podido desde el inicio de las investigaciones hasta la presente fecha, dar con la ubicación, lugar de residencia o alguna referencia del ciudadano AMILCAR JOSÉ RODRÍGUEZ, demostrando con su comportamiento su falta de voluntad de someterse a la persecución penal, aunado a la poca información sobre el mismo, configurándose así lo previsto en el numeral 4 del Artículo 251 ejusdem. (…) (Resaltado del Ministerio Público).

SEGUNDO: Este Tribunal observa, que el Ministerio Público solicita en contra del ciudadano AMÍLCAR JOSÉ RODRÍGUEZ, Medida Cautelar de Privación Judicial preventiva de Libertad, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal penal, el cual establece:
Artículo 250. El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o participe en la comisión de un hecho punible.
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el Juez o Jueza de Control resolverá respecto al pedimento realizado. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este articulo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado o imputada contra quien se solicitó la medida.
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado o imputada será conducido ante el Juez o Jueza, quien en audiencia de presentación, con la presencia de las partes y de las víctimas, si las hubiere, resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa.
Si el Juez o Jueza acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el o la Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.
Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el o la Fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.
En este supuesto, el o la Fiscal deberá motivar su solicitud y el Juez o Jueza decidirá lo procedente dentro de los tres días siguientes a la solicitud de prórroga, cuyas resultas serán notificadas a la defensa del imputado o imputada.
Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el o la Fiscal haya presentado la acusación, el detenido o detenida quedará en libertad, mediante decisión del Juez o Jueza de Control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva.
En todo caso, el Juez o Jueza de Juicio a solicitud del Ministerio Público decretará la privación judicial preventiva de la libertad del acusado o acusada cuando se presuma fundadamente que éste o ésta no dará cumplimiento a los actos del proceso, conforme al procedimiento establecido en este artículo.
En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los supuestos previstos en este artículo, el Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio idóneo, la aprehensión del investigado o investigada. Tal autorización deberá ser ratificada por auto fundado dentro de las doce horas siguientes a la aprehensión, y en lo demás se seguirá el procedimiento previsto en este artículo.

Ahora bien, el Tribunal pasa a analizar las actas de investigación penal consignadas por el Ministerio Público, a los fines de determinar si efectivamente surgen elementos de convicción suficientes para considerar que se ha cometido el hecho punible señalado por el Ministerio Público y la participación del ciudadano AMILCAR JOSÉ RODRÍGUEZ, es por lo que se valoran las denuncias realizadas por los ciudadanos: JOSÉ VALENTÍN MÁRQUEZ CHINCHILLA, de fecha 03-03-2009, la cual riela en el caso interno del la Fiscalía Tercera N° 04-F3-091-2009, en la que entre otras cosas manifestó lo siguiente: “SUCEDE QUE EL DÍA 23 DE ENERO DEL 2008, LE HAGO UN DEPOSITO AL SEÑOR AMÍLCAR RODRÍGUEZ, POR LA CANTIDAD DE TREINTA Y DOS MILLONES DE BOLÍVARES (30.000.000 BS.) O TREINTA Y DOS MIL BOLÍVARES FUERTES ((32.000 BS.F) PARA LA COMPRA DE UNA CAMIONETA TUCSON 4X2, NUEVA, QUEDANDO COMPROMETIDO A ENTREGÁRMELA EN UN MES, PARA LA CUAL YO LE ENTREGARÍA EL DINERO FALTANTE, APROXIMADAMENTE NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL BOLÍVARES (92.180.000 BS.) O NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA BOLÍVARES FUERTES (92.180 BS.F) UNA CAMIONETA FULL EQUIPO Y ASEGURADA EN ESE PRECIO, POSTERIORMENTE PASO EL MES Y NO HUBO RESPUESTA, SOLO QUE HABÍA TENIDO INCONVENIENTES PARA LA ENTREGA. EL DÍA 07 DE MAYO DEL 2008, EN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON EL SEÑOR AMÍLCAR RODRÍGUEZ, ME MANIFESTÓ QUE LE DEPOSITARA LOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (59.400.000 BS.) O CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES (59.400 BS.F) RESTANTES PARA HACERME LA ENTREGA, PAUTADA PARA LOS PRÓXIMOS CINCO (05) DÍAS, LA CUAL NO SE DIO TAMPOCO. LUEGO INVENTÓ OTRO INCONVENIENTE, SUPUESTAMENTE CON EL SENIAT. POSTERIORMENTE, EL 28 DE MAYO DEL 2.008, ME PIDE OTROS SETECIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES (780.000 BS.) O SETECIENTOS OCHENTA BOLÍVARES FUERTES (780 BS.F) PARA UNOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, QUE CONFORMAN UN TOTAL DE NOVENTA Y DOS MIL BOLÍVARES FUERTES (92.180 BS.F) TODOS ESTOS DEPÓSITOS REALIZADOS A UNA CUENTA PERSONAL DEL SEÑOR AMÍLCAR RODRÍGUEZ…”; denuncia de la ciudadana MEDINA DE GUEDEZ ELIZABETH, de fecha 12-03-2009, la cual riela en el caso interno de la Fiscalía Tercera N° 04-F3-114-2009, en la que entre otras cosas manifestó lo siguiente: “BUENO CONOCÍ AL SEÑOR AMÍLCAR RODRÍGUEZ, A TRAVÉS DEL TELÉFONO, UNA COMPAÑERA DE TRABAJO DE NOMBRE LUZ MARINA SANTANA, CONSIGUIÓ UN CARRO CON ESTA PERSONA, EN APROXIMADAMENTE QUINCE DÍAS, Y LUEGO SUPE DE OTRAS PROFESORAS QUE TENÍAN VEHÍCULOS Y ME DIJERON QUE ÉL SE LOS HABÍA CONSEGUIDO, CUANDO HABLO CON ÉL POR TELÉFONO, ME DICE QUE SIN PROBLEMAS ME CONSEGUÍA UN CARRO EN MES Y MEDIO APROXIMADAMENTE, HABÍA HABLADO UN CARRO MARCA CHEVROLET, TIPO AVEO, 4 PUERTAS, AUTOMÁTICO, QUE TENÍA UN VALOR CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS BOLÍVARES FUERTES (45.700 BS.F) O CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (45.700.000,00 BS.) HABIÉNDOLE DEPOSITADO EL DÍA 28/12/2007 VEINTIOCHO MILLONES DE BOLÍVARES (28.000.000,00 BS.) O VEINTIOCHO MIL BOLÍVARES FUERTES (28.000 BSF.) QUE SERÍA DESTINADO PARA LOS GASTOS DE INICIAL, DE PAPELERÍA, PLACAS Y UNA COMISIÓN POR EL NEGOCIO QUE ELLOS HACEN EN CONSEGUIR EL CARRO, LUEGO, LLEGAD EL 30 DE ENERO Y NO ME HACE ENTREGA DE NINGÚN CARRO, PASA FEBRERO Y NADA, SUCESIVAMENTE Y HASTA EL MES DE JUNIO ME OFRECE ENTREGARME EL CARRO CADA QUINCE DÍAS, EN JUNIO, ÉL ME DICE QUE YA TENGO ASIGNACIÓN DE UN VEHÍCULO, QUE ESPERARA LO DE LOS TRAMITES DE LAS PLACAS, PERO NO ME DA NI COLOR NI NUMERO DE PLACAS HABIÉNDOSELO PREGUNTADO, POSTERIORMENTE ME PREGUNTA SI DESEO OTROS ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO, COMO ESPOILERS, ENTRE OTROS Y ME PIDIÓ LE DEPOSITARA MIL SETECIENTOS BOLÍVARES FUERTES (1.700,00 BS.F) O UN MILLÓN SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (1.700.000,00 BS.) DEPOSITO QUE LE HICE EL DÍA 14/06/2008. LUEGO EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2.008, EL SEÑOR AMÍLCAR RODRÍGUEZ, SE COMUNICA CONMIGO INFORMÁNDOME QUE EL COSTO DEL VEHÍCULO HABÍA AUMENTADO HASTA LOS SESENTA Y UN MIL BOLÍVARES FUERTES (61.000,00 BS.F) O SESENTA Y UN MILLONES DE BOLÍVARES (61.000.000,00 BS.) MOTIVO POR EL CUAL LE DIJE QUE ESE NO ERA EL NEGOCIO QUE TENIA CON ÉL, Y QUE ME DEVOLVIERA EL DINERO QUE YA LE HABÍA DEPOSITADO Y ME DIJO QUE TENÍA QUE ESPERAR DIEZ (10) DÍAS HÁBILES YA APROXIMADAMENTE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2.008, DESPUÉS DE ESO SE ME HIZO MUY DIFÍCIL QUE EL SEÑOR AMÍLCAR, ME RESPONDIERA EL TELÉFONO…”; denuncia del ciudadano ONTIVEROS VALERA GEOVANNY OSWALDO, de fecha 12-03-2009, la cual riela en el caso interno de la Fiscalía Tercera N° 04-F3-115-2009, en la que entre otras cosas manifestó lo siguiente: “VENGO A DENUNCIAR AL CIUDADANO AMÍLCAR RODRÍGUEZ, POR CUANTO EN FECHA 18/01/08 LE DEPOSITE A SU CUENTA PERSONAL DEL BANCO DE VENEZUELA LA CANTIDAD DE TREINTA MIL BOLÍVARES FUERTES (30.000,00 BSF), DICHO BAUCHE DE DEPÓSITO REGISTRA EL SIGUIENTE NUMERO O CÓDIGO 46955317, ATENDIDO POR LA CAJA NÚMERO CUATRO (04) DE LA AGENCIA BANCARIA DE LA CONCORDIA DE SAN CRISTÓBAL ESTADO TÁCHIRA, PARA LA COMPRA DE UNA CAMIONETA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SEGÚN FACTURA PRO-FORMA DE FECHA 03/07/08, DE LA AGENCIA DE AUTOS DE NOMBRE G.D. AUTOS, C.A. DE RIF. J-29488923-9: MARCA CHEVROLET, AÑO 2.008, MODELO CAPTIVA, EL CUAL HASTA LA FECHA NO HE SABIDO NADA DE DICHO CIUDADANO, ASÍ COMO TAMPOCO ME HA ENTREGADO EL VEHÍCULO QUE ME ESTABA VENDIENDO”.

De estos elementos de convicción se presume la comisión del delito de ESTAFA, tipificado en el artículo 462 del Código Penal, cuya acción penal no se encuentra prescrita; igualmente se presume como autor de ese hecho al ciudadano Almiar José Rodríguez, ya que fue la persona que bajo engaño convenció a los ciudadanos JOSÉ VALENTÍN MÁRQUEZ CHINCHILLA, ELIZABETH MEDINA DE GUEDEZ; y GEOVANNY OSWALDO ONTIVEROS VALERA, para que le dieran determinada cantidad de dinero por la compra de vehículos que no entregó. Cumpliéndose con los requisitos exigidos en los numerales 1 y 2 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
En cuanto a la presunción razonable de peligro de fuga, exigida en el numeral 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal pasa a analizar los supuestos señalados en el artículo 251 eiusdem, observando: El ciudadano AMILCAR JOSÉ RODRÍGUEZ no posee arraigo en el país, determinado por su domicilio, residencia habitual o asiento de familia, dado que se desconoce su lugar de ubicación, así como el hecho de que Guasdualito, lugar donde ocurrieron los hechos, es una población fronteriza con la República de Colombia, lo que pudiera permitir que evada la justicia Venezolana; se toma en consideración al pena que podría imponerse en este caso, ya que el delito de Estafa, prevé una pena de uno (01) a cinco(05) de prisión, siendo las mismas grave dado que son tres las víctimas; se ha ocasionado un grave daño patrimonial a las víctimas y la imposibilidad de haber celebrado algún otro contrato para alcanzar el mismo fin que conllevó a tales situaciones; igualmente d las actas de investigación penal realizadas por los funcionarios de la Sub Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Guasdualito, estado Apure, se evidencia que no han podido localizar al ciudadano Amílcar José Rodríguez, desconociéndose su lugar de ubicación, por lo que se presume que no se someterá al proceso penal; es por lo que se dan los supuesto de establecidos en los numerales 1, 2, 3, y 4 del artículo 251 ejusdem.

Conforme a lo antes analizado, este Tribunal acuerda la solicitud realizada por el Fiscal del Ministerio Público, que se le decrete Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del ciudadano AMILCAR JOSÉ RODRÍGUEZ. Así se decide.

TERCERO: Por lo anteriormente expuesto este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE: DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del ciudadano AMILCAR JOSÉ RODRÍGUEZ, de nacionalidad venezolana, nacido el 29-09-1955 de cincuenta y seis (56) años de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.365.068, por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, cometido en perjuicio de los ciudadanos JOSÉ VALENTÍN MÁRQUEZ CHINCHILLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 12.196.072; ELIZABETH MEDINA DE GUEDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 8.187.619; y GEOVANNY OSWALDO ONTIVEROS VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 5.678.154; de conformidad con lo establecido en el artículo 250 y 251 numerales 1, 2, 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese la ORDEN DE APREHENSIÓN y los oficios respectivos a los Órganos de Seguridad.
LA JUEZA DE CONTROL

Abg. NELLY MILDRET RUIZ RUIZ.

LA SECRETARIA,

Abg. MARÍA KARINA HIDALGO.
Seguidamente se dio cumplimiento al auto que antecede.
LA SECRETARIA,

Abg. MARÍA KARINA HIDALGO.