REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL. EXTENSIÓN SAN FERNANDO DE APURE.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE TRIBUNAL SEGUNDO DE CONTROL San Fernando de Apure, 10 de febrero de 2011 200º y 151º CAUSA N° 2C-13.057-10 Corresponde a este Tribunal conocer y decidir la solicitud de revisión de medida, interpuesta en fecha 07 de febrero de 2011, por los profesionales del derecho abogado LUIS WLADIMIR PÉREZ Y CARLOS ALFREDO PÉREZ, actuando en defensa y representación de los imputados GILBER JOSE PEREZ, ELIAS RAMON OJEDA Y JUAN JOSE LINARES, identificados en autos, quienes se encuentra de conformidad con lo establecido en el artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, bajo la medida cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad en la Comandancia General de la Policía del Estado Apure, éste Tribunal previo a decidir, hace las siguientes consideraciones: Los ciudadanos GILBER JOSE PEREZ, ELIAS RAMON OJEDA Y JUAN JOSE LINARES, identificado en autos, en fecha 28 de octubre de 2010, fue presentado ante éste despacho, por la presunta comisión de los delitos de VIOLACION previsto en el artículo 374, AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286, ROBO, previsto en el artículo 455 todos del Código Penal Venezolano, VIOLENCIA PSICOLÓGICA artículo 39, VIOLENCIA FÍSICA artículo 42 y AMENAZA artículo 41, los tres últimos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana ANA MERCEDES GUEVARA. Ahora bien, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “Artículo 264. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.” De la lectura del dispositivo legal, arriba citado, se infiere, que el imputado está facultado para peticionar la sustitución, cambio o revocación de la medida privativa judicial preventiva de libertad, las veces que quiera, por lo que, en principio es procedente la solicitud efectuada por los acusados a través de su defensora. Efectuado éste primer análisis, debe éste Sentenciador entrar a analizar la medida de coerción personal impuesta al imputado de autos y verificar si a la fecha, subsisten las mismas circunstancias que motivaron o justificaron la imposición de la medida. La medida de coerción personal impuesta al imputado de autos, consiste en la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal. En el caso que nos ocupa, de acuerdo al delito imputado y especialmente el delito en virtud del cual imputó el Ministerio Público, existe una presunción legal de fuga, dada la penalidad que pudiera resultar aplicable, ya que el delito de VIOLACIÓN, tiene asignada una penalidad de diez (10) a quince (15) años de prisión. De manera pues, que hasta esta etapa del proceso, en la cual aún cuando ya se han cumplido más de tres meses desde que el Tribunal le impuso la providencia cautelar a los imputados, subsiste la misma presunción de fuga, prevista en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo ahora solamente al delito por el cual presentaron a los ciudadanos GILBER JOSE PEREZ, ELIAS RAMON OJEDA Y JUAN JOSE LINARES, identificado en autos y al delito por el cual resultaron imputados. Por estas consideraciones, lo procedente y ajustado a derecho, es declarar CON LUGAR el examen y revisión de la medida, impuesta a los ciudadanos GILBER JOSE PEREZ, ELIAS RAMON OJEDA Y JUAN JOSE LINARES, identificado en autos, en el sentido de entrar a revisar la providencia cautelar y por cuanto de dicha revisión se evidencia, que subsiste la presunción legal de fuga, prevista en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, dada por la penalidad que pudiera resultar aplicable, la cual es superior a los diez (10) años, lo procedente y más ajustado en derecho es NEGAR LA SUSTITUCIÓN DE LA PROVIDENCIA CAUTELAR y en consecuencia se acuerda mantener la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, impuesta en fecha 28 de octubre de 2010, al considerar quien aquí decide que subsisten las mismas condiciones que originaron tal medida y siendo esta necesaria dentro del presente proceso. DISPOSITIVA Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: ÚNICO: Se declara CON LUGAR la solicitud de examen y revisión de medida, solicitada por los profesionales del derecho abogados LUIS WLADIMIR PÉREZ Y CARLOS ALFREDO PÉREZ, actuando en defensa y representación de los imputados GILBER JOSE PEREZ, ELIAS RAMON OJEDA Y JUAN JOSE LINARES, identificados en autos y por cuanto a la presente fecha, no han variado las circunstancias que motivaron la medida privativa judicial preventiva de libertad, se NIEGA la sustitución de la medida de coerción personal, al ser esta necesaria para garantizar las resultas de los eventuales actos y juicio, en consecuencia se acuerda mantener la medida cautelar impuesta en fecha 28 de octubre de 2010; todo de conformidad con lo pautado en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, diarícese, notifíquese a las partes y déjese copia certificada EL JUEZ SEGUNDO DE CONTROL ABG. MIGUELÁNGEL ESCALONA ACOSTA LA SECRETARIA ABG. YSMAIRA CAMEJO En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo aquí ordenado. LA SECRETARIA ABG. YSMAIRA CAMEJO CAUSA PENAL: 2C-13.057-10