TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE
TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL

San Fernando de Apure, 06 de Junio de 2.011
201º y 152º

CAUSA N° 1C-14180-11

Vista la solicitud de cambio de medida interpuesta por el profesional del derecho ABG. FREDERICK ANTONIO DIAZ VIERA, en su carácter de Defensor Privado en el asunto penal signado con el numero 1C-14180-11, seguida contra el ciudadano ANGEL FRANCISCO PARRA SANTANA, titular de la cedula de identidad 17.201.650, contra quien en principio el Ministerio Público le precalifico los delitos de Extorsión y Asociación Para Delinquir, previsto y sancionado en el articulo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión y 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, y tomando en consideración que la audiencia de presentación del mismo ocurrió el 13 de Abril de 2011, en la cual se decrete Medida Privativa Preventiva Judicial de Libertad, conforme a lo establecido en el articulo 250 numerales 1°, 2° y 3°, 251 todos del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo lapso a los fines de presentar acto conclusivo vencía el 28 de Mayo de 2011, en virtud de la prorroga concedida al Ministerio Público en fecha 06-05-2011, y visto que el Ministerio Público efectivamente presento acto conclusivo, en contra del mismo en fecha 27-05-2011, por el delito de Violencia Privada y Hacerse Justicia Por Si Mismo, previsto y sancionado en el articulo 175 en su encabezamiento y 270 primer aparte del Código Penal Venezolano, por lo que este Tribunal a los fines de decidir hace las siguientes consideraciones:

Que la defensa fundamenta su solicitud en lo siguiente: “…Con fundamento a todo lo anteriormente expuesto solicito muy respetuosamente a este honorable Tribunal la REVISION Y EXAMEN DE LA CAUSA, toda vez que cambiaron las circunstancias de modo tiempo y lugar, que facilitaron la privación judicial de libertad a mis representados y a la vez sea acordada un cambio de medida por una Medida menos gravosa, de conformidad con el articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, referente a las Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad…”

Que en fecha 13-05-2011, culmino la Audiencia de Presentación del ciudadano ANGEL FRANCISCO PARRA SANTANA, titular de la cedula de identidad 17.201.650, y el Tribunal Tercero de Control con fundamento en los artículos 250, 251 del Código Orgánico Procesal Penal, decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad, por el delito precalificado por el Representante Fiscal como Extorsión y Asociación Para Delinquir, previsto y sancionado en el articulo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión y 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

Que en fecha 06-05-2011, le fue concedido al Ministerio Público una prorroga de quince (15) días adicionales, teniéndose como fecha de finalización de dicha lapso el 28-05-2011.

Que al momento de la presentación del acto conclusivo el Ministerio Público lo hace por los delitos de Violencia Privada y Hacerse Justicia Por Si Mismo, previsto y sancionado en el articulo 175 en su encabezamiento y 270 primer aparte del Código Penal Venezolano, los cuales prevén una pena el primero de ellos de quince (15) días a treinta (30) meses, y para el segundo de los imputados, de entre tres (03) meses a un (01) año de prision.

Establece el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 250 lo siguiente:

“ARTICULO 263. Imposición de las medidas. El Tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el artículo 256. En ningún caso se utilizaran estas medidas desnaturalizando su finalidad; o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible. En especial, se evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la presentación”.

Por su parte el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:

ARTÍCULO 264. “Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”.

El artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:

ARTÍCULO 243. “Estado de libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia con relación a las Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad, ha dejado sentado lo siguiente:

“…de esta manera el legislador venezolano estableció que cuando los supuestos que motivan la detención preventiva puedan ser satisfechos razonablemente con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente de oficio o a solicitud del interesado deberá imponerle en su lugar y mediante resolución motivada, alguna de las medidas mencionadas ut supra…”

Ante tales señalamientos, es importante resaltar que el principio general pro libertatis O FAVOR LIBERTATIS, consagrado en el articulo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme al cual, la persona será juzgada en libertad, salvo que proceda su detención preventiva de conformidad con la ley y apreciadas por el juez en cada caso; y desarrollado por los artículos 8 y 125 del adjetivo penal. Que el primero de ello establece como principio general que las disposiciones que autorizan preventivamente a la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tiene carácter excepcional, y solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta, con lo cual el legislador fija una regla de hermenéutica a las normas de excepción que limitan la libertad de las personas, en el sentido de que deben ser aplicadas en forma circunscrita, vale decir, que en caso de duda se interpretaran a favor del imputado (in dubio pro reo) y además, consagra el principio de la proporcionalidad, en el entendido que para la aplicación de la medida preventiva, el juez debe tomar en cuenta la gravedad del delito, todo lo cual apreciara en el caso concreto.

Ahora bien, la segunda disposición, la contendida en el articulo 125 consagra en su numeral 8 el derecho fundamental del imputado de pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privación preventiva judicial de libertad, declaración que opera a tenor de lo establecido en el articulo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece una excepción para decretar la detención preventiva, y es que cuando el delito materia del proceso merezca una pena que no exceda de los tres años en su limite máximo.

De allí que, la aplicación del principio pro libertatis es la regla que debe prevalecer en el proceso penal, de tal manera que la detención preventiva del imputado o la imposición de cualquiera de la medidas restrictivas de libertad, solo procede cuando estén cubiertos los extremos de ley y a los fines del proceso no pueda ser razonablemente satisfechos sino de esta manera. En caso contrario, si los indicados fines se pueden obtener con la aplicación de una medida menos gravosa, se aplicara esta.

Las medidas de coerción personal tiene un fin, el cual no es otro que impedir que ocurra un hecho como es la fuga del imputado o la obstaculización de la investigación, que dificultan el curso normal del proceso o hagan ilusorio lo decidido por el juez, de allí que cuento esto ocurra procede su aplicación. Deben estar en proporción a lo que se pretende asegurar. No pueden exceder el límite de la pretensión punitiva, de allí que no puedan sobrepasar en ningún caso la pena mínima para cada delito ni exceder del plazo de dos años.

En apego a la normativa adjetiva penal anteriormente citada, y tomando en consideración el criterio del Tribunal Supremo de Justicia referido a las medidas de coerción persona, quien aquí decide, considerando que dichas medidas se dictan en función de un proceso o están supeditadas a el, con el fin de asegurar su resultado o que este no se vea frustrado; se modifican cuando cambian las circunstancias en que se dictaron; cesan cuando el proceso concluye o se extingue de cualquier manera; y están sujetas a un lapso, no pudiendo prolongarse fuera de el, aun cuando el proceso no haya concluido y con base a los puntos arriba señalados, con relación al caso de narras, este juzgador observa, que en principio los motivados que llevaron al Tribunal Tercero de Control a decretar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del ciudadano ANGEL FRANCISCO PARRA SANTANA, titular de la cedula de identidad 17.201.650, fueron que en principio el Ministerio Público le precalifico los delitos de Extorsión y Asociación Para Delinquir, previsto y sancionado en el articulo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión y 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, y tomando en consideración que al momento de la presentación del acto conclusivo por parte de este, lo hace solo por los delitos de Violencia Privada y Hacerse Justicia Por Si Mismo, previsto y sancionado en el articulo 175 en su encabezamiento y 270 primer aparte del Código Penal Venezolano, por lo que a criterio de este juzgador efectivamente han variado los supuestos por los cuales fuere decretada la medida antes mencionado, siendo procedente la sustitución de la misma, por una Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad conforme a lo establecido en el articulo 256 ordinales 3° 9°, consistente en presentaciones periódicas cada veinte (20) días por ante el área de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, la prohibición de cometer nuevos delitos. Y ASÍ SE DECIDE.

DECISIÓN

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal, en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, extensión San Fernando, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, acuerda: UNICO: Que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano ANGEL FRANCISCO PARRA SANTANA, titular de la cedula de identidad 17.201.650, pueden ser satisfechos razonablemente con la aplicación de una medida menos gravosa y se impone en su lugar Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad conforme al Art. 256 numeral 3° 9° del Código Orgánico Procesal Penal, quedando obligado a cumplir las siguientes condiciones: Presentarse cada veinte (20) días por ante el Área de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal; y la prohibición de cometer nuevos delitos; en virtud de haber variado las circunstancias bajo las cuales le fuere decretada la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. Líbrese la correspondiente Boleta de traslado e impóngase a los imputados. Notifíquese a las partes. Ofíciese lo conducente. Cúmplase.

Dada sellada y firmada en la sala de audiencias del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de San Fernando, Estado Apure, a los seis (06) días del mes de Junio del Dos Mil Once (2011)

JUEZ PRIMERO DE CONTROL

ABG. EDWIN MANUEL BLANCO LIMA.
LA SECRETARIA
ABG. NANCY LUGO DE MARTINEZ
Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.
LA SECRETARIA
ABG. NANCY LUGO DE MARTINEZ
CAUSA N° 1C-14180-11.
EMBL..-