TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE
TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL

San Fernando de Apure, 07 de Junio de 2.011
201º y 152º

CAUSA N° 1C-14227-11

Vista el escrito de fecha 06-06-2011, interpuesto por el profesional del derecho ABG. JULIO CESAR NIEVES AGUILERA, y ARELYS ELVIRA HIGUERA, en su carácter de Defensor Privado en el asunto penal signado con el numero 1C-14227-11, seguida en principio a la ciudadana LILA RAFAELA RODRIGUEZ, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Droga, mediante el cual requiere la sustitución de la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por una medida menos gravosa, consignado para ello Informe Medico de fecha 03-06-2011, por lo que este Tribunal a los fines de decidir hace las siguientes consideraciones:

Que el presente asunto en fecha 22-05-2011, fue celebrada la Audiencia de Presentación de los Imputados LILA RAFAELA RODRIGUEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-8.199.577, DIOGENES DANIEL RODRIGUEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-20.230.537 y WILMAN LISANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V- 15.047.792, por estar llenos los extremos de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Pena, a quien el Ministerio Público le imputo la comisión del delito de Distribuidor Menor de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionada en el articulo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas.

Que este Tribunal en fecha 02-05-2011, tomando en consideración el escrito de fecha 01-06-2011, acordó sin lugar la imposición de una medida menos gravosa de la que es objeto la ciudadana LILA RAFAELA RODRIGUEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-8.199.577, y en virtud de lo señalado por la defensa ordeno la practica de un Reconocimiento Medico Legal, así como la evaluación por un medico especialista en cardiología adscrito al Hospital Pablo Acosta Ortiz.

Que la defensa acompaña a su escrito de solicitud, informe medico suscrito por el DR. JORGE L LEON, especialista en Cardiología, y reconocido galeno en el estado Apure, en el cual deja constancia de lo siguiente: “…se trata de paciente de 52 años en control por esta consulta desde hace 4 años, con los diagnostico: 1.- Hipertensión Arterial sistemática severa. 2.- Cardiopatía Hipertensiva. 3.- Síndrome de insuficiencia cardiaca con tratamiento medico, actual regular y permanente…Nota: En vista a condición clínica, tomando en cuenta que el estado emocional, es determinante para un adecuado control de las cifras tensiónales y estabilizarte hemodinámica se sugiere considerar reposo absoluto domiciliario…”

Establece el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 250 lo siguiente:

“ARTICULO 263. Imposición de las medidas. El Tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el artículo 256. En ningún caso se utilizaran estas medidas desnaturalizando su finalidad; o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible. En especial, se evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la presentación”.

Por su parte el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:

ARTÍCULO 264. “Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”.

El artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:

ARTÍCULO 243. “Estado de libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia con relación a las Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad, ha dejado sentado lo siguiente:

“…de esta manera el legislador venezolano estableció que cuando los supuestos que motivan la detención preventiva puedan ser satisfechos razonablemente con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente de oficio o a solicitud del interesado deberá imponerle en su lugar y mediante resolución motivada, alguna de las medidas mencionadas ut supra…”

Ante tales señalamientos, es importante resaltar que el principio general pro libertatis O FAVOR LIBERTATIS, consagrado en el articulo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme al cual, la persona será juzgada en libertad, salvo que proceda su detención preventiva de conformidad con la ley y apreciadas por el juez en cada caso; y desarrollado por los artículos 8 y 125 del adjetivo penal. Que el primero de ello establece como principio general que las disposiciones que autorizan preventivamente a la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tiene carácter excepcional, y solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta, con lo cual el legislador fija una regla de hermenéutica a las normas de excepción que limitan la libertad de las personas, en el sentido de que deben ser aplicadas en forma circunscrita, vale decir, que en caso de duda se interpretaran a favor del imputado (in dubio pro reo) y además, consagra el principio de la proporcionalidad, en el entendido que para la aplicación de la medida preventiva, el juez debe tomar en cuenta la gravedad del delito, todo lo cual apreciara en el caso concreto.

Ahora bien, la segunda disposición, la contendida en el articulo 125 consagra en su numeral 8 el derecho fundamental del imputado de pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privación preventiva judicial de libertad, declaración que opera a tenor de lo establecido en el articulo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece una excepción para decretar la detención preventiva, y es que cuando el delito materia del proceso merezca una pena que no exceda de los tres años en su limite máximo.

De allí que, la aplicación del principio pro libertatis es la regla que debe prevalecer en el proceso penal, de tal manera que la detención preventiva del imputado o la imposición de cualquiera de la medidas restrictivas de libertad, solo procede cuando estén cubiertos los extremos de ley y a los fines del proceso no pueda ser razonablemente satisfechos sino de esta manera. En caso contrario, si los indicados fines se pueden obtener con la aplicación de una medida menos gravosa, se aplicara esta.

Las medidas de coerción personal tiene un fin, el cual no es otro que impedir que ocurra un hecho como es la fuga del imputado o la obstaculización de la investigación, que dificultan el curso normal del proceso o hagan ilusorio lo decidido por el juez, de allí que cuento esto ocurra procede su aplicación. Deben estar en proporción a lo que se pretende asegurar. No pueden exceder el límite de la pretensión punitiva, de allí que no puedan sobrepasar en ningún caso la pena mínima para cada delito ni exceder del plazo de dos años.

En apego a la normativa adjetiva penal anteriormente citada, y tomando en consideración el criterio del Tribunal Supremo de Justicia referido a las medidas de coerción persona, quien aquí decide, considerando que dichas medidas se dictan en función de un proceso o están supeditadas a el, con el fin de asegurar su resultado o que este no se vea frustrado; se modifican cuando cambian las circunstancias en que se dictaron; cesan cuando el proceso concluye o se extingue de cualquier manera; y están sujetas a un lapso, no pudiendo prolongarse fuera de el, aun cuando el proceso no haya concluido y con base a los puntos arriba señalados, con relación al caso de narras, este juzgador observa, que en principio los motivados que llevaron al Tribunal Tercero de Control a decretar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del ciudadano LILA RAFAELA RODRIGUEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-8.199.577, fueron que en principio el Ministerio Público le precalifico los delitos de Distribuidor Menor de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionada en el articulo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas, pero como quiere que vista el estado de salud actual que presenta dicha ciudadana, la cual se encuentra avalado por un reconocido medico de la zona a saber DR. JORGE LEON, especialista en cardiología, adscrito al Hospital Pablo Acosta Ortiz, con sede en la ciudad de San Fernando. Estado Apure, este Tribunal a los fines de garantizar el derecho a la vida y a la salud, contenidos en los artículos 43 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sustituye la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por una Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad conforme a lo establecido en el articulo 256.1 del Código Orgánico Procesal Penal, como es la Detención Domiciliaria en su propio domicilio a saber Barrio El Bucare II, al final, casa s/n, calle 02, al lado del Centro de Alimentación. Municipio San Fernando. Estado Apure.

Que tomando en consideraron el contenido de la Sentencia 1212 de fecha 14-06-2005, emanada de la Sala constitucional Del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasqueño, en la cual se deja constancia que la Medida de Detención Domiciliaria contenida en el articulo 256.1 del adjetivo penal es considerara también como una medida Privativa de libertad pues solo involucra el cambio del centro de reclusión preventiva del imputado y no comporta la libertad del mismos, en este sentido se insta al Ministerio Público a los fines de que en el lapso de treinta (30) días continuos presente el acto conclusivo a que haya lugar o solicite la prorroga respectiva contenida en el 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

DECISIÓN

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal, en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, extensión San Fernando, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, acuerda: UNICO: Que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano LILA RAFAELA RODRIGUEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-8.199.577, pueden ser satisfechos razonablemente con la aplicación de una medida menos gravosa y se impone en su lugar Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad conforme al Art. 256 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, como es la Detención Domiciliaria en su Propio Domicilio. Líbrese la correspondiente Boleta de traslado e impóngase a los imputados. Notifíquese a las partes. Ofíciese lo conducente. Cúmplase.

Dada sellada y firmada en la sala de audiencias del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de San Fernando, Estado Apure, a los siete (07) días del mes de Junio del Dos Mil Once (2011)

JUEZ PRIMERO DE CONTROL

ABG. EDWIN MANUEL BLANCO LIMA.
LA SECRETARIA
ABG. NANCY LUGO DE MARTINEZ
Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.
LA SECRETARIA
ABG. NANCY LUGO DE MARTINEZ
CAUSA N° 1C-14227-11.
EMBL..-