TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE JUICIO, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO. Guasdualito, 15 de marzo de 2011.
200° y 152°

Este Tribunal, estando en la oportunidad procesal establecida en el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal procede a fundamenta la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, solicitada en audiencia por el Fiscalía XII del Ministerio Público en Guasdualito, estado Apure, representada por el Fiscal Auxiliar XII Abg. Rafael Gómez, en contra del ciudadano CASTRO COTE LUIS ANTONIO, Colombiano, titular de la cédula de Ciudadanía No. C.-17.582.333, natural de Cúcuta Norte de Santander Colombia, nacido en fecha 26-04-1959, de 47 años, de ocupación u oficio, Albañil, estado civil soltero, residenciado en el Amparo, vía Internacional hacia Arauca, antes de llegar a la Estación de Gasolina Internacional Guasdualito Estado Apure, por la presunta comisión del delito de FALSA ATESTACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano, todo de conformidad con los artículo 250 y 251 numeral 4º del Código Orgánico Procesal Pena.

A tal efecto observa:

PRIMERO: En audiencia de verificación de cumplimiento de las condiciones impuestas al otorgarle la imputada la Suspensión Condicional del Proceso, solicitó el derecho de palabra el Fiscal Auxiliar XII del Ministerio Público Abg. Rafael Gómez, quien expuso: que una vez revisada la causa y oficio Nº 1075, de fecha 25 de febrero de 2010, emanado de la Unidad Técnica Nº 03, de Apoyo al Sistema Penitenciario constante de informe final, donde la opinión es desfavorable, es por lo que solicita se decrete en contra del imputado MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto de las actas procesales se evidencia la comisión del delito de FALSA ATESTACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano, cuya acción penal no está prescrita y surgen fundados elementos para considerar al imputado autor de los mismos, existiendo peligro de fuga en virtud de que no ha dado cabal cumplimiento a las condiciones impuestas en su oportunidad, de conformidad con el numeral 4º del artículo 251 eiusdem, y solicita la Revocatoria de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad impuesta en 06 de septiembre de 2006.

De seguida el ciudadano Defensor Público, Abg. Oscar Parra, solicitó se mantenga la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad a su defendido y se le acuerde una nueva oportunidad para la realización de esta audiencia, por lo que se opone a la solicitud Fiscal.

SEGUNDO: Este Tribunal visto que el Ministerio Público solicita en contra del imputado Castro Cote Luís Antonio, Medida Cautelar de Privación Judicial preventiva de Libertad, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

Artículo 250. El Juez o Jueza dé Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o participe en la comisión de un hecho punible.
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el Juez o Jueza de Control resolverá respecto al pedimento realizado. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este articulo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado o imputada contra quien se solicitó la medida.
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado o imputada será conducido ante el Juez o Jueza, quien en audiencia de presentación, con la presencia de las partes y de las víctimas, si las hubiere, resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa.
Si el Juez o Jueza acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el o la Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.
Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el o la Fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.
En este supuesto, el o la Fiscal deberá motivar su solicitud y el Juez o Jueza decidirá lo procedente dentro de los tres días siguientes a la solicitud de prórroga, cuyas resultas serán notificadas a la defensa del imputado o imputada.
Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el o la Fiscal haya presentado la acusación, el detenido o detenida quedará en libertad, mediante decisión del Juez o Jueza de Control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva.
En todo caso, el Juez o Jueza de Juicio a solicitud del Ministerio Público decretará la privación judicial preventiva de la libertad del acusado o acusada cuando se presuma fundadamente que éste o ésta no dará cumplimiento a los actos del proceso, conforme al procedimiento establecido en este artículo.
En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los supuestos previstos en este artículo, el Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio idóneo, la aprehensión del investigado o investigada. Tal autorización deberá ser ratificada por auto fundado dentro de las doce horas siguientes a la aprehensión, y en lo demás se seguirá el procedimiento previsto en este artículo.

Este Tribunal a los fines de decir con relación a la petición fiscal pasa a analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, observando: Que en fecha 02 de marzo de 2007, se celebró audiencia preliminar en la que se admitió acusación en contra del imputado por el delito de FALSA ATESTACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano, por lo que se presume la comisión de un hecho punible, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita; existen fundados elementos para considerar que el imputado es el presunto autor de ese hecho delictivo valorando Acta Policial Nº DF-17-2DA-CIA-SIP 176, suscrita por funcionarios adscritos a la Segunda Compañía del Comando de El Amparo del Destacamento de Fronteras Nº 17 de la Guardia Nacional, Punto de Control Fijo Aduana Subalterna, donde dejan constancia que estando en el punto de control se presentó un vehículo de transporte público (buseta) de la línea transporte Páez, que cubría la ruta Arauca República de Colombia, Guasdualito Municipio Páez del Estado Apure, en el cual viajaba un ciudadano al cual se le solicitó su identificación personal y presentó una cédula de identidad venezolana signada con el número 8.184.109 a nombre de Castro Cote Omar, con fecha de nacimiento 02/05/1961, estado civil casado, fecha de expedición 23-05-2005 y fecha de vencimiento 05-2015, el referido ciudadano al ser interrogado manifestó que él era venezolano y dicho documento lo había tramitado ante la ONIDEX de Guasdualito, al revisar sus pertenencias personales le fue encontrado en el interior de su cartera una fotocopia de cédula de ciudadanía colombiana signada con el número 17.582.333, donde se leen los siguientes datos, Castro Cote Luís Antonio, con fecha de nacimiento 26/04/1959, natural de Cúcuta, Norte de Santander, República de Colombia, mismos datos, sólo que cambia el primer nombre, manifestando el ciudadano que su verdadera identidad es la Colombiana, indicado que nació en la ciudad de Cúcuta, República de Colombia, un año antes que el de la cédula de identidad venezolana; por lo que se dan los extremos de los numerales 1° y 2° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto al peligro de fuga, se observa: que en la audiencia preliminar de fecha 02 de marzo de 2007 se acordó a favor del ciudadano imputado CASTRO COTE LUÍS ANTONIO, la medida alternativa a la prosecución del proceso de suspensión condicional del proceso, propuesta por la defensa y la imputada, en la que se le impuso un Régimen de Prueba de un (01) año, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.- No consumir bebidas alcohólicas y ningún tipo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 2.- No portar armas blancas ni de fuego, de conformidad a lo previsto en el artículo 44 numerales 3º y 9º del Código Orgánico Procesal Penal. En fecha 09 de marzo de 2007, se libró oficio Nº 401-07, dirigido a la Unidad Técnica Nº 03 de Apoyo al Sistema Penitenciario, con sede en San Cristóbal, Estado Táchira, a fin de informar el beneficio acordado al imputado de autos. En fecha 11 de abril de 2008, se recibe por ante este Tribunal oficio signado con el número 1092, procedente de la Unidad Técnica Nº 03 de Apoyo al Sistema Penitenciario de San Cristóbal Estado Táchira, constante de Informe Final, donde informan que el imputado finalizó su régimen de prueba no cumpliendo con sus presentaciones. En fecha 25 de febrero de 2009 se celebra audiencia de verificación de cumplimiento de régimen de prueba, donde se acuerda de conformidad con lo establecido e el numeral 2º del artículo 46 del Código Orgánico Procesal Penal ampliar el plazo de régimen de prueba por un (01) año, régimen que sería vigilado por la Unidad Técnica Nº 3 de San Cristóbal, Estado Táchira. En fecha 19 de marzo de 2009, se libró oficio Nº 1070-09, dirigido a la Unidad Técnica Nº 03 de Apoyo al Sistema Penitenciario, con sede en San Cristóbal, Estado Táchira, a fin de informar de la ampliación del régimen de prueba acordado por este despacho y de las condiciones que debe cumplir el imputado. En fecha 19 de mayo de 2009, se recibe por ante este Tribunal oficio signado con el número 2476, procedente de la Unidad Técnica Nº 03 de Apoyo al Sistema Penitenciario de San Cristóbal Estado Táchira, donde informan haber designado delegado de pruebas en el presente caso. En fecha 27 de agosto de 2009, se recibe por ante este Tribunal oficio signado con el número 6168, procedente de la Unidad Técnica Nº 03 de Apoyo al Sistema Penitenciario de San Cristóbal Estado Táchira, donde informan que el ciudadano Castro Cote Luís Antonio no se ha presentado ante esa unidad, habiéndoles enviado telegrama en dos oportunidades sin recibir respuesta del interesado. En fecha 26 de marzo de 2010, se recibe por ante este Tribunal oficio signado con el número 2476, procedente de la Unidad Técnica Nº 03 de Apoyo al Sistema Penitenciario de San Cristóbal Estado Táchira, constante de Informe Final, donde informan que el ciudadano Castro Cote Luís Antonio, no respondió satisfactoriamente a las exigencias legales de la medida de suspensión condicional del proceso por lo cual se emite opinión DESFAVORABLE. Es por lo antes señalado que considera el Tribunal que el imputado no ha dado, ni dará cumplimiento a los actos del proceso, lo que denota la conducta evasiva con la justicia, aunado a ello no consta por ningún medio la justificación para no ajustarse a derecho y asumir su responsabilidad de acuerdo al delito por el cual se le acusó, por lo que están acreditada las exigencias del numeral 3º del artículo 250 en concordancia con el numeral 4º del artículo 251, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se hace procedente decretar Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del imputado, solicitada por el Ministerio Público y la Revocatoria de la Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad, acordada por este Tribunal en fecha 06 de septiembre de 2006.
TERCERO: Es por lo antes analizado que este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECIDE: DECRETAR MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA en contra de CASTRO COTE LUIS ANTONIO, Colombiano, titular de la cédula de Ciudadanía No. C.-17.582.333, natural de Cúcuta Norte de Santander Colombia, nacido en fecha 26-04-1959, de 47 años, de ocupación u oficio, Albañil, estado civil soltero, residenciado en el Amparo, vía Internacional hacia Arauca, antes de llegar a la Estación de Gasolina Internacional Guasdualito Estado Apure, por la presunta comisión del delito de FALSA ATESTACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con el artículo 250 y 251 numeral 4º del Código Orgánico Procesal Penal; REVOCA las medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad decretadas por este Tribunal, en fecha 06 de septiembre de 2006. Líbrese Orden de Aprehensión. Líbrese lo conducente.
LA JUEZA DE CONTROL

ABG. NELLY MILDRET RUIZ RUIZ.
LA SECRETARIA,

ABG. INDIRA TRINIDAD VIVAS S.
Se cumplió lo ordenado.-
LA SECRETARIA,

ABG. INDIRA TRINIDAD VIVAS S