REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Juicio del Trabajo del Estado Apure San Fernando de Apure, veintinueve de noviembre de dos mil once 201º y 152º ASUNTO: CP01-N-2011-000039 SENTENCIA INTERLOCUTORIA PARTE RECURRENTE: VICTOR HUGO FRANCO SALAZAR Y ALEJANDRO JOSE PALACIOS YAÑEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nros. V-.12.583.364 y V-.16.510.492 respectivamente. ABOGADOS ASISTENTES: MARY GRATEROL PETTI y JESUS ALBERTO COLMENARES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-. 8.190.429 y V-. 8.194.219, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 120.388 y 137.676 respectivamente. PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO APURE. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Sin designar MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINSITRAIVO. En fecha veintitrés (23) de noviembre de 2011, es recibido por este Tribunal proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación del Trabajo, el recurso contencioso administrativo interpuesto por los ciudadanos VICTOR HUGO FRANCO SALAZAR Y ALEJANDRO JOSE PALACIOS YAÑEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nros. V-.12.583.364 y V-.16.510.492 respectivamente, debidamente asistidos por los abogados MARY GRATEROL PETTI y JESUS ALBERTO COLMENARES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidades Nros. V-. 8.190.429 y V-. 8.194.219, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 120.388 y 137.676 en forma respectiva, contra los Autos dictados por la Inspectoría de Trabajo del Estado Apure, en fecha siete (07) de octubre de 2011, mediante los cuales se decidió no admitir la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesta por los ciudadanos antes mencionado. Visto que en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 377.244; este Tribunal acuerda la tramitación del presente recurso conforme a lo previsto en los artículos 76 al 86 ejusdem, en dicha Ley se le otorga por exclusión, la competencia a los Tribunales del Trabajo, tal como se puede deducir del análisis del artículo 25 numeral 3º que establece lo siguiente “Artículo 25 Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de: (…) omissis (...) 3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo”. De allí, que estima este Tribunal que la competencia hoy en día para conocer recursos de nulidad ejercidos contra las decisiones tomadas por las Inspectorías del Trabajo en materia de inamovilidad, (despido, traslado y desmejoras sin justa causa) le corresponde a los Tribunales con competencia en materia del Trabajo. Es importante señalar, que en casos como el de autos, el deber que tiene el juez laboral de aplicar la sentencia de fecha 23 de septiembre de 2010, emanada de la Sala Constitucional en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, donde deja asentado el criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República que el conocimiento de las pretensiones en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo; por consiguiente este Juzgado se declara competente para conocer de la presente causa. Los recurrentes solicitan la nulidad de los Autos dictados por la Inspectoría de Trabajo del Estado Apure en fecha siete (07) de octubre de 2011. A tal efecto aduce que los mencionados actos administrativos están viciados de desviación del procedimiento administrativo, de la omisión total y absoluta del hecho y de la norma jurídica. Alegan que hubo violación del debido proceso y violación al derecho a la defensa, que han debido observarse para la decisión correspondiente contenida en los actos administrativos. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Ahora bien, para este Tribunal es pertinente trascribir el contenido del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el cual, se establece lo siguiente: Artículo 35. Inadmisibilidad de la demanda. La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes: 1. Caducidad de la acción. 2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles. 3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa. 4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad. 5. Existencia de cosa juzgada. 6. Existencia de conceptos irrespetuosos. 7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. De la revisión de las actas que conforman el presente asunto, se puede observar del escrito libelar, que la pretensión recurrente no se encuentra enmarcada dentro de las causales de inadmisibilidad anteriormente señaladas, lo que resulta para este Tribunal, la admisión del presente recurso y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena notificar al Inspector del Trabajo Jefe de la Inspectoría del Trabajo de San Fernando de Apure, Estado Apure como representante del órgano que dictó el acto administrativo que se impugna, acordando solicitar al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 ejusdem, remita a este Juzgado, los expedientes administrativos relacionados con este juicio dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Así se decide.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena notificar al ciudadano Fiscal General de la República en la persona del Fiscal del Ministerio Público con competencia para actuar en materia contencioso administrativa. Así se decide. Se ordena notificar al ciudadano Procurador General de la República, la cual se practicará con arreglo a lo ordenado en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, remitiéndoles copias certificadas de la solicitud, de la documentación acompañada a ésta y de la presente decisión. Así se decide. Así también, se ordena la notificación a la empresa Movilnet C.A.; de conformidad con el numeral 3 del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y de acuerdo al criterio de carácter vinculante establecido por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, mediante sentencia de fecha 4 de abril de 2001, caso “C. V. G SIDERÚRGICA DEL ORINOCO (SIDOR), C. A”, la cual establece: “De lo anteriormente expuesto, esta Sala declara obligatorio para todos los tribunales de la República, en aquellos procesos concernientes a los definidos anteriormente como cuasi-jurisdiccionales, revisar el expediente administrativo y notificar personalmente a aquellas personas que, según conste en dicho expediente, hayan sido partes en el procedimiento llevado en sede administrativa, cuando el acto es impugnado en sede jurisdiccional”. Así se decide. Se deja establecido que una vez conste en autos la notificación practicada al Procurador General de la República se suspenderá la causa por quince (15) días hábiles de conformidad con el articulo 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y una vez conste en autos la certificación de la secretaria de haberse practicado la última de las notificaciones ordenadas, se procederá dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes, fijar oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide. DECISIÓN Por los fundamentos anteriormente expuestos este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer el Recurso de Nulidad de Acto Administrativo, interpuesto por los ciudadanos VICTOR HUGO FRANCO SALAZAR Y ALEJANDRO JOSE PALACIOS YAÑEZ, contra los Autos dictados por la Inspectoría de Trabajo del Estado Apure en fecha siete (07) de octubre de 2011, mediante los cuales se decidió no admitir la solicitud de Reenganche y pago de Salarios Caídos interpuesta por los accionantes. SEGUNDO: SE ADMITE el Recurso de Nulidad de Acto Administrativo interpuesto por los ciudadanos VICTOR HUGO FRANCO SALAZAR Y ALEJANDRO JOSE PALACIOS YAÑEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-.12.583.364 y V-.16.510.492 respectivamente, asistidos por los abogados MARY GRATEROL PETTI y JESUS ALBERTO COLMENARES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-. 8.190.429 y V-. 8.194.219 respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 120.388 y 137.676, en forma respectiva, contra los Autos dictados por la Inspectoría de Trabajo del Estado Apure en fecha siete (07) de octubre de 2011, mediante los cuales se decidió no admitir la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesta por los ciudadanos accionantes. TERCERO: Notifíquese a la Inspectora del Trabajo Jefe de la Inspectoría del Trabajo de San Fernando de Apure, Estado Apure, de conformidad con lo dispuesto en artículo 78 de la Ley Orgánica la Jurisdicción Contencioso Administrativa, acordando solicitarle la remisión de los expedientes administrativos, correspondientes al presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 ejusdem, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes; al ciudadano Fiscal General de la República en la persona del Fiscal del Ministerio Público con competencia para actuar en materia contencioso administrativa y al ciudadano Procurador General de la República, con arreglo a lo ordenado en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Notifíquese a la empresa Movilnet C.A., en virtud de ser afectada por los Actos Administrativos impugnados, de conformidad con el artículo 78 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el criterio de carácter vinculante establecido por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, mediante sentencia de fecha 4 de abril de 2001, caso “C. V. G SIDERÚRGICA DEL ORINOCO (SIDOR), C. A”. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA.- Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los veintinueve (29) días del mes noviembre del año dos mil once (2011). La Jueza Titular, Abg. Carmen Yuraima Morales de Villanueva La Secretaria Temporal, Abog. Nereida Claribeth Torres Salazar.