TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS
201º y 153º

Parte Querellante: RAMON HERNAN HIDALGO GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-8.197.143, actuando en su propio nombre y representación.
Parte Querellada: ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO ACHAGUAS DEL ESTADO APURE.
Apoderado Judicial: Dennis Alberto Orta Puerta, abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 105.854.
Motivo: Querella Funcionarial.
Expediente Nº 5036.
Sentencia Definitiva
I
ANTECEDENTES
Se inicia la presente causa mediante escrito presentado en fecha 01 de julio de 2011, por ante la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, contentivo de la Querella Funcionarial, por el ciudadano RAMON HERNAN HIDALGO GUTIERREZ, representado judicialmente por los abogados Ramón Andrés Blanco Palavecino, Douglas Argenis Vargas García y Eisen José Bravo Ramírez, contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO ACHAGUAS DEL ESTADO APURE, quedando signada con el Nº 5036.
En fecha 07 de julio de 2011, este Juzgado Superior dictó auto mediante el cual admitió la querella funcionarial, ordenando la citación del Sindico Procurador del Municipio Achaguas del Estado Apure y la notificación del Alcalde de esa entidad territorial. Se libraron los Oficios respectivos.
Debidamente practicada la citación y notificación ordenada, se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente que la parte demandada dio contestación a la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano RAMON HERNAN HIDALGO GUTIERREZ, anteriormente identificado.
En fecha 07 de noviembre de 2011, la Juez que suscribe se ABOCO al conocimiento de la presente querella funcionarial, y en virtud de ello acordó notificar a las partes intervinientes en el presente juicio con el expreso señalamiento que, vencido como haya sido el lapso de diez (10) días continuos establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, así como los tres días de despacho a que se refiere el artículo 90 ejusdem, comenzaría a correr la oportunidad para que las partes ejerzan los recursos a que hubiere lugar.
En fecha 12 de enero de 2012, este Juzgado Superior dictó auto mediante el cual fijó oportunidad para llevarse a efecto la Audiencia Preliminar, la cual tuvo lugar en fecha 18 del mismo mes y año, con la comparecencia de la representación judicial de la parte querellante. Se dejó constancia de la inasistencia al acto de la parte querellada y se aperturó lapso probatorio.
A los folios 101 al 105, cursan actuaciones relativas a la revocatoria del poder efectuada por el querellante, ciudadano Ramón Hernán Hidalgo Gutiérrez, a los abogados Ramón Andrés Blanco Palavecino, Douglas Argenis Vargas García y Eisen José Bravo Ramírez, respectivamente.
Mediante auto de fecha 02 de Marzo 2012, se fijó oportunidad para la celebración de la Audiencia Definitiva; cuyo acto se celebró el 14 del mismo mes y año; solo con la comparecencia de la parte querellante. Se dejó constancia de la inasistencia al acto de la parte querellada.
En fecha 21 de Marzo de 2012, se dictó dispositivo del fallo, declarándose Parcialmente Con Lugar la presente querella y el Tribunal se reservó el lapso de 10 días, de despacho para publicar el texto íntegro de la misma, tal y como lo establece el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Estando dentro de la oportunidad legal para publicar el extenso de la decisión tomada, el Juzgado lo hace previa las consideraciones siguientes:
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El caso sub examine versa sobre un Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto con el objeto de hacer efectivo el cobro de prestaciones sociales y otros beneficios laborales, contra la Alcaldía del Municipio Achaguas del Estado Apure, solicitando el querellante la cantidad de CIENTO TREINTA MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.130.000,00), conjuntamente con indexación o corrección monetaria.
Ahora bien, luego de un análisis exhaustivo de las actas procesales que conforman el presente expediente judicial se evidencia que el apoderado judicial de la parte demandada en la contestación a la querella funcionarial incoada en contra de su representada, admitió que el querellante prestó sus servicios en la Alcaldía del Municipio Achaguas del estado Apure, desde el 07 de Abril de 2006, hasta el 12 de Diciembre del año 2010, reconociendo igualmente el derecho que le asiste al accionante a reclamar el pago de sus prestaciones sociales y otros beneficios laborales, en virtud de que la municipalidad nunca le ha cancelado dicho concepto; rechazando el monto solicitado por el demandante y reconociendo que le adeuda la cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS UNO BOLIVARES (Bs. 123.701,01); por lo que dado los términos en que quedó trabada la litis, se desprende que el punto controvertido en el caso bajo análisis deviene en determinar la cantidad que efectivamente le corresponde al querellante por los conceptos reclamados.
Ahora bien, se hace necesario para este Juzgado realizar las siguientes consideraciones:
Las prestaciones sociales son un derecho inalienable, imprescriptible, irrenunciable de todo trabajador que ha prestado un servicio, en el caso bajo estudio, corresponde a la prestación de un servicio a la administración pública municipal; además de ello, las prestaciones sociales constituyen créditos laborales de exigibilidad inmediata por parte del trabajador, cuyo vínculo laboral se ha extinguido por alguna de las causales contempladas en el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este derecho en el ordenamiento jurídico venezolano es de rango Constitucional y se encuentra consagrado en el artículo 92 de la Carta Magna.
El carácter de exigibilidad inmediata que poseen las prestaciones sociales al momento de la culminación de la relación laboral posibilita, que en caso de existir mora en el pago de ésta por parte del querellado que se encuentre obligado a ello, genere los denominados intereses moratorios, lo cual no es más que una garantía para el trabajador o funcionario y una obligación para el ente administrativo, empresa u organismo, cuyo fin es acelerar el proceso de pago y proteger como contraprestación la antigüedad del trabajador por el servicio prestado.

De lo anterior se puede colegir, que es un derecho del trabajador y una obligación para la administración cancelar de manera inmediata el monto acumulado por ese concepto una vez terminada la relación funcionarial, lo cual debe ser proporcional al tiempo de servicio prestado.

Revisadas como han sido las actas que componen la presente causa se pudo constatar que el querellante en su escrito recursivo, reclama el pago de las prestaciones sociales, que ascienden a la cantidad de CIENTO TREINTA MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.130.000,00), conjuntamente con indexación o corrección monetaria.

Seguidamente se remite este Juzgado Superior al pronunciamiento correspondiente y al efecto observa, que la administración querellada, consignó el expediente administrativo que guarda relación con el presente juicio. Dentro de este marco, se tiene que el expediente administrativo actúa como una fuente de elementos probatorios no sólo para el presentante (Administración), sino para el recurrente; pudiendo el Juez recabar del mismo los elementos a favor de éste último. Por su parte, la Jurisprudencia patria ha destacado la relevancia en el procedimiento contencioso administrativo del expediente administrativo que ha de incorporarse al proceso por previsión legal y que configura la actuación global cumplida en vía administrativa. No obstante, se estima que si bien en su globalidad el expediente administrativo puede ser entendido como una prueba de la voluntad de la Administración, debe tenerse presente que cada uno de los elementos e instrumentos que lo integran, bien sean públicos, privados o documentos administrativos, no pierden su condición de tales por el sólo hecho de formar parte integrante del expediente administrativo.

Así las cosas, observa quien aquí decide, que la administración querellada consignó el expediente administrativo que guarda relación con el presente caso, de lo cual se evidencia la relación funcionarial que mantuvo el querellante ciudadano Ramón Hernán Hidalgo Gutiérrez, con la hoy querellada Alcaldía del Municipio Achaguas del Estado Apure, la cual se inició en fecha 07 de Abril de 2006, culminando el 12 de Diciembre del año 2010. De igual forma constata este Órgano Jurisdiccional, que el Ente querellado en la oportunidad de dar contestación a la querella reconoció la relación funcionarial que mantuvo el querellante con su representada, verificando además que rechazó el monto solicitado por el demandante y reconociendo que le adeuda la cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS UNO BOLIVARES (Bs. 123.701,01); cuya cantidad fue aceptada por el querellante, tal y como se evidencia del folio 106 del presente expediente judicial.

Ahora bien, quien suscribe la presente decisión observa de los autos, que la administración querellada, consignó el expediente administrativo que guarda relación con el presente caso, de lo cual se evidencia la relación funcionarial que mantuvo el querellante ciudadano Ramón Hernán Hidalgo Gutiérrez, con la hoy querellada Alcaldía del Municipio Achaguas del Estado Apure, la cual se inició en fecha 07 de Abril de 2006, culminando el 12 de Diciembre del año 2010. De igual forma constata este Órgano Jurisdiccional, que el Ente querellado en la oportunidad de dar contestación a la querella reconoció la relación funcionarial que mantuvo el querellante con su representada, verificando además que rechazó el monto solicitado por el demandante y reconociendo que le adeuda la cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS UNO BOLIVARES (Bs. 123.701,01); cantidad este que fue aceptada por el querellante, tal y como se evidencia del folio 106 del presente expediente; razón por la cual debe este Juzgado Superior, ordenar al Órgano querellado, Alcaldía del Municipio Achaguas del Estado Apure, cancelar al ciudadano Ramón Hernán Hidalgo Gutiérrez, la cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS UNO BOLIVARES (Bs. 123.701,01), por concepto de prestaciones sociales adeudadas. Y así se decide.

En relación a los intereses moratorios, este Tribunal observa que la mora en el pago de las prestaciones sociales genera la obligación de pagar tal concepto, lo que constituye la reparabilidad del daño de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República, a los fines de mantener un equilibrio económico y resarcir el retardo en la cancelación de la deuda.

En este sentido, quien aquí decide, se permite traer a colación la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 17 de marzo de 2009, caso: Olga Colmenares de Barrera contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, en la cual se estableció lo siguiente:

“…Observa esta Corte que conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Carta Magna, el pago de las prestaciones sociales es de exigibilidad inmediata y el retraso o demora en su pago genera intereses. Igualmente se advierte, que la vigente Ley Orgánica del Trabajo, prevé en su artículo 108 la forma de calcular el monto de las prestaciones sociales que le corresponden a los trabajadores, no estando incluidos los funcionarios públicos, pero por la naturaleza de sus funciones y la prestación de sus servicios, a éstos últimos se les aplica para el cálculo la rata que más se asemeja dada la naturaleza de la obligación, y es la que dispone el literal “C” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al cual remite el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, pago que se cancelará de forma no capitalizable, atendiendo a la tasa promedio activa y pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (06) principales bancos comerciales del país, si fuere en la contabilidad de la empresa, es decir, este método es aplicable sólo cuando no exista la creación de un fideicomiso, de un fondo de prestaciones sociales de antigüedad o cuando no se haya depositado el monto de prestaciones sociales en una entidad financiera (supuesto previsto en el literal “A” del aludido artículo 108), ni cuando el trabajador hubiere solicitado que se le hicieran los depósitos de tal manera y el patrono no hubiere cumplido (supuesto previsto en el literal “b”).
Así, salvo que se hubiese demostrado que se habían constituido los referidos fondos (fideicomiso o de prestación de antigüedad) lo cual no consta en el expediente, siempre corresponderá al patrono el cálculo y pago de los intereses sobre las prestaciones sociales, de la forma prevista en el literal “C” del aludido artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, modo que resulta igualmente aplicable a los intereses moratorios, en virtud del retardo en el pago de las prestaciones sociales.
En tal sentido, al existir normas expresas en nuestro ordenamiento jurídico que establecen de manera especial las condiciones para el goce de las prestaciones sociales, así como su forma de cálculo y de los intereses acumulados sobre prestaciones sociales (fideicomiso), y al ser los intereses moratorios un concepto accesorio a aquellas, calificados en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como deudas de valor, aclara esta Corte que con la entrada en vigencia de dicha Ley Fundamental resulta procedente el pago de los intereses moratorios, que deberán ser calculados de conformidad con lo previsto en el artículo 108 literal “C” de la Ley Orgánica del Trabajo. (Vid. Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, de fecha 19 de octubre de 2004, caso: Marco Antonio Ramírez Mendoza vs. la Sociedad Mercantil Súper Clone, CA.)…”

En base a las consideraciones antes expuestas, quien suscribe la presente decisión observa que se encuentra plenamente demostrado en los autos que existió la relación funcionarial entre el querellante ciudadano Ramón Hernán Hidalgo Gutiérrez, con la hoy querellada Alcaldía del Municipio Achaguas del Estado Apure, la cual se inició en fecha 07 de Abril de 2006, culminando el 12 de Diciembre del año 2010, tal y como fue demostrado en la secuela del proceso, no constando en autos que el órgano querellado haya cancelado las prestaciones sociales demandadas, por lo que resulta evidente que existe demora en la cancelación de las mismas, por tanto, de conformidad a lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde al querellante el pago de los Intereses Moratorios sobre la cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS UNO BOLIVARES (Bs. 123.701,01), en el período comprendido desde el 07 de abril de 2006, exclusive, fecha en la cual se debió cancelar las prestaciones sociales, hasta la efectiva cancelación de sus prestaciones sociales. Y así se establece.
En consecuencia, y a los fines de determinar la cantidad pecuniaria que por concepto de intereses moratorios adeuda la alcaldía del Municipio San Fernando del Estado Apure al ciudadano Ramón Hernán Hidalgo Gutiérrez, se ordena realizar Experticia Complementaria del Fallo, a tenor de lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la cual deberá ser calculada sobre la cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS UNO BOLIVARES (Bs. 123.701,01), desde el 07 de abril de 2006 exclusive, hasta la efectiva cancelación de las prestaciones sociales adeudadas. Y Así se decide.
Respecto a la solicitud de indexación o corrección monetaria formulada por la parte querellante, este Tribunal considera necesario indicar lo siguiente:
La noción de corrección monetaria, ha sido desarrollada de manera amplia por el Máximo Tribunal de la República, así como por la Doctrina Patria, esta puede ser definida como una figura jurídica que tiene por finalidad evitar que el fenómeno inflacionario afecte de manera inminente al acreedor de una deuda potencial, como consecuencia del tiempo transcurrido entre la oportunidad que se causa la obligación y el momento en el cual se cumple con dicha obligación, en virtud que la cantidad pecuniaria adeudada pierde su poder adquisitivo. En ese sentido, estamos ante una institución procesal que tiene por fin último la garantía de reestablecer de manera efectiva el daño causado por el transcurso del tiempo, no imputable a la parte ganadora en el proceso, así como permitir que el pago de la deuda sea total y no parcial, siendo ello así, la corrección monetaria debe ser fundamentalmente un proceso objetivo, mediante el cual se indexa una suma de dinero que siendo pasada, no representa en el presente una condena de mayor valor, sino que se condena exactamente el mismo valor pasado pero en términos presentes.
Ahora bien, es importante para quien aquí decide analizar la institución de la corrección monetaria en materia contencioso administrativa, y sus características esenciales, con el objetivo de verificar la viabilidad de esta figura para actualizar el valor de las sanciones a la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en casos en los cuales la condena verse sobre pretensión pecuniaria derivada de una relación de empleo público.
En este sentido, este Tribunal, reiterando criterio sostenido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 7 de diciembre de 2001, ha establecido que las cantidades que se adeuden como consecuencia de una relación de empleo público entre la Administración y el funcionario de que se trate, no son susceptibles de ser indexadas, pues no constituyen deudas de valor o pecuniarias sino de carácter estatutario, es por ello que este Juzgado acogiendo criterio jurisprudencial de nuestro Máximo Tribunal de la Republica y de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo niega la indexación solicitada por el querellante por tratarse de una relación evidentemente estatutaria. Y así se decide.
III
DECISION

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Primero: Parcialmente Con Lugar, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de Prestaciones Sociales), interpuesto por el ciudadano RAMON HERNAN HIDALGO GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-8.197.143, actuando en su propio nombre y representación; ello con fundamento a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, se ordena la cancelación de las prestaciones sociales e intereses moratorios adeudados.
Segundo: Se ordena realizar experticia complementaria del fallo, a tenor de lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de determinar la cantidad pecuniaria que por concepto de intereses moratorios adeuda el órgano querellado al querellante; los cuales deberán ser calculados en la forma indicada en la motiva de la presente decisión, esto es, sobre la cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS UNO BOLIVARES (Bs. 123.701,01), desde el 07 de abril de 2006 exclusive, hasta la efectiva cancelación de las prestaciones sociales adeudadas.

Tercero: Se niega el pago de la Indexación monetaria.-

Cuarto: Se niega la cancelación de la suma solicitada por el querellante en su escrito recursivo por concepto de prestaciones sociales.
Quinto: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay expresa condenatoria en costas.

Publíquese, regístrese, déjese copia certificada. Se ordena notificar al Síndico Procurador del Municipio Achaguas del Estado Apure; a cuyo efecto se ordena comisionar al Juzgado Primero del Municipio antes mencionado. Líbrese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, en San Fernando de Apure a los (23) días del mes de Abril de dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Jueza Superior Provisoria,

Dra. Hirda Soraida Aponte
La Secretaria,

Dessiree Hernández

En la misma fecha, 23 de Abril de 2012, siendo las 2:15 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior decisión.

La Secretaria,

Dessiree Hernández

Exp. Nº 5036.-
HSA/dh/nisz.-