TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE
EXTENSION GUASDUALITO

SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL

Guasdualito, 24 de Enero de 2012

201º y 152º

ASUNTO PENAL No. 1C404-11
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

JUEZ SUPLENTE DE CONTROL: ABG. JEAN CARLO ALBERTO ZAMBRANO SÁNCHEZ.

IMPUTADO: (SE OMITE LA IDENTIFICACIÓN DEL ADOLESCENTE POR MANDATO EXPRESO DEL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES)

FISCAL DECIMO SEGUNDO AUXILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. GERALD ALEXEI ALMEIDA ARIAS

DEFENSOR PÚBLICO (E): ABG. MEYRA QUINTANA.

DELITO: LESIONES PERSONALES, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 413 DEL CODIGO PENAL, VIGENTE PARA EL MOMENTO EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS.

VICTIMA: RIBAS ESPINOZA DARWIN YOSNEIBER, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° V-19.463.790, NATURAL DE GUASDUALITO, ESTADO APURE, NACIDO EN FECHA 18-02-1988, SOLTERO, DE PROFESION ESTUDINAT, RESIDENCIADO EN EL BARRIO JOSE FELIZ RIVAS, CASA SIN NUMERO, GUAADUALITO, ESTADO APURE

SECRETARIA: ABG. ANYELA LORENA VARGAS CASTILLO.

Por recibido el escrito procedente de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público, representada en este acto por el Abogado, Gerald Alexei Almeida Arias, en su condición Fiscal Auxiliar Decimo Segundo del Ministerio Público, de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, sede Guasdualito, en el cual solicita se decrete el SOBRESEIMIENTO de la causa signada con el Nº 1C404-11, instruida en contra del ciudadano (SE OMITE LA IDENTIFICACIÓN DEL ADOLESCENTE POR MANDATO EXPRESO DEL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), por la presunta comisión del delito de: Lesiones Personales, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, en perjuicio de: RIBAS ESPINOZA DARWIN YOSNEIBER, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° V-19.463.790, NATURAL DE GUASDUALITO, ESTADO APURE, NACIDO EN FECHA 18-02-1988, SOLTERO, DE PROFESION ESTUDINAT, RESIDENCIADO EN EL BARRIO JOSE FELIZ RIVAS, CASA SIN NUMERO, GUAADUALITO, ESTADO APURE, en virtud de la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, este Tribunal a los fines de decidir observa:

I
Se da inicio a la presente investigación a través de denuncia común, signada con el N° de expediente G-964.422, de fecha veintinueve (29) de junio de 2.005, formulada por el ciudadano: Rivas Espinoza Darwin Yosneirber, ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub delegación “A “ Guasdualito, estado Apure.

II
De conformidad con el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece en su primera parte: “Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez convocará a la partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime, que para comprobar el motivo no sea necesario el debate”. En el caso que nos ocupa, quien aquí decide considera, que no es necesaria la realización del mencionado debate, por cuanto se refiere a una cuestión de derecho que puede resolverse sin presencia de las partes, como lo es la Prescripción de la Acción Penal.

Del análisis de las actas de investigación se presume la comisión del delito de Lesiones Personales, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, en perjuicio de RIBAS ESPINOZA DARWIN YOSNEIBER, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° V-19.463.790, NATURAL DE GUASDUALITO, ESTADO APURE, NACIDO EN FECHA 18-02-1988, SOLTERO, DE PROFESION ESTUDINAT, RESIDENCIADO EN EL BARRIO JOSE FELIZ RIVAS, CASA SIN NUMERO, GUAADUALITO, ESTADO APURE.

Al folio uno (01) de la presente causa consta, Acta de Denuncia Común, de fecha veintinueve (29) de junio de 2.005, formulada por el ciudadano: ------, ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub delegación “A “Guasdualito, estado Apure, en el cual deja constancia: Acudió a ese despacho con la finalidad de denunciar al adolescente (SE OMITE LA IDENTIFICACIÓN DEL ADOLESCENTE POR MANDATO EXPRESO DEL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), quien utilizo un pico de botella, me puñaleó en la parte superior del abdomen derecho, donde me agarraron en una herida cuatro puntos de sutura y en la otra dos puntos de sutura. Es todo.

Al folio tres (03) riela Acta de Investigación Penal, suscrita por Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sub delegación “B”, Guasdualito, estado Apure.

Al folio siete (07) riela expediente N° G-964.422, Inspección Técnica, signada con el número 289, suscrita por Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sub delegación “B”, Guasdualito, estado Apure.

Al folio diez (10) riela Reconocimiento Médico-Legal, signado con el N° 9700-063-321, de fecha treinta (30) de junio de 2005, en el que se deja constancia: Herida superficial de aproximadamente dos (02) centímetros situada a nivel de línea axilar anterior derecha tercio distal y otra herida por debajo y hacia afuera de la anterior de aproximadamente uno y medio (1 ½) centímetros superficiales ambas, producidas por objeto cortante; tiempo de curación probable diez (10) días a partir de la fecha de las lesiones, salvo complicaciones.

Ahora bien, la doctrina ha señalado que la prescripción se refiere a la extinción por el transcurso del tiempo del derecho punitivo del Estado, es decir, la pérdida del poder estatal de castigar en sus dos manifestaciones: la de perseguir los hechos punibles, que se refiere a la prescripción de la acción penal, y a la de sancionar a los transgresores de los preceptos legales, referida a la prescripción de la sanción. En tal sentido, nuestro Código Orgánico Procesal Penal, ordena en el artículo 318 Ordinal 4 lo siguiente: “El sobreseimiento procede cuando: … 4.- A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado…”.

En consecuencia, una vez verificada la Prescripción Penal, no es jurídicamente posible, según el momento en que se produzca, la persecución judicial de los delitos o la punición de los autores, lo que en otras palabras quiere decir que la prescripción impide la instrucción procesal (en el comienzo o continuación) a la imposición de la sanción.

La naturaleza de la prescripción de la acción penal es de orden público, obra de pleno derecho porque se establece en interés social y no en interés del justiciable y si éste no la alega, el Juez debe reconocerla, la prescripción de la acción penal no puede considerarse como lesiva a los derechos constitucionales de las partes, por consiguiente, no puede ser alterada por la voluntad de los individuos a menos que el imputado renuncie a la prescripción, porque puede considerar que es inocente de los cargos que se le hacen y le interesa probarlo en el proceso, tal como lo contempla el artículo 48 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal, el cual reza lo siguiente: “Causas. Son causas de extinción de la acción penal: …8.-La prescripción salvo que el imputado renuncie a ella.”

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 140, de fecha 09 de Febrero del año 2001, con ponencia del Magistrado IVÁN RINCÓN URDANETA, señala que, la prescripción no es más que la facultad punitiva que tiene el Estado en el ejercicio de su soberanía, la cual se encuentra limitada por las disposiciones legales que la rigen; siendo ello así, se tiene que la prescripción no se encuentra en modo alguno, establecida en interés del reo; antes por el contrario rige para la misma un interés social. Por lo tanto, en virtud del interés general que priva sobre el interés particular, dicha figura obedece a razones de orden público. Igualmente, atendiendo a que el artículo 615 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece: “Prescripción de la Acción. La acción penal prescribirá a los cinco años en los casos de hechos punibles para los cuales se admite la privación de la libertad como sanción, a los tres años, cuando se trate de otro hecho punible de acción pública y a los seis meses, en los casos de delitos de instancia privada o de faltas. Parágrafo Primero: Los términos señalados para la prescripción de la acción se los contará conforme al Código Penal. Parágrafo Segundo: La evasión y la suspensión del proceso a prueba interrumpen la prescripción. Parágrafo Tercero: No habrá lugar a la prescripción extraordinaria o judicial prevista en el Código Penal.

Tomando en consideración que el artículo 109 del Código Penal establece los términos señalados para la prescripción de la acción, el cual se aplica supletoriamente por no encontrarse expresamente regulado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por disposición del parágrafo primero del artículo 537 de la ley especial que rige la materia de adolescentes. Artículo 109 del Código Penal: “Comenzará la prescripción; para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho. Si no pudiere promoverse o proseguirse la acción penal sino después de autorización especial o después de resuelta una cuestión prejudicial diferida a otro juicio, quedará en suspenso la prescripción y no volverá a correr hasta el día en que se dé la autorización o se define la cuestión prejudicial”.
Asimismo lo establecido en el artículo 561, literal “e” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual establece: “Finalizada la investigación, el o la Fiscal del ministerio público deberá:…….d) solicitar el sobreseimiento definitivo si resulta evidente la falta de una condición necesaria para imponer la sanción….”.

De la misma manera, el artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece: “Interpretación y Aplicación. Las disposiciones de este Título deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios generales de la Constitución del Derecho Penal y Procesal Penal, y de los tratados internacionales, consagrados a favor de la persona y especialmente de los adolescentes”.

En todo lo que no se encuentre expresamente regulado en este Título, deben aplicarse supletoriamente la legislación penal, sustantiva y procesal y, en su defecto el Código de Procedimiento Civil.

Al considerar estas normas se concluye, la regulación exclusiva y excluyente en cuanto a los términos de la interrupción de la prescripción que prevé la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con base a lo anteriormente expuesto y a las normas transcritas, se puede evidenciar la prescripción de la acción que prevé nuestro Código Orgánico Procesal Penal, y tomando en consideración que en este caso el delito de Lesiones Personales, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, en perjuicio de RIBAS ESPINOZA DARWIN YOSNEIBER, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° V-19.463.790, NATURAL DE GUASDUALITO, ESTADO APURE, NACIDO EN FECHA 18-02-1988, SOLTERO, DE PROFESION ESTUDINAT, RESIDENCIADO EN EL BARRIO JOSE FELIZ RIVAS, CASA SIN NUMERO, GUAADUALITO, ESTADO APURE, prevé una pena de prisión de tres (03) meses a doce (12) meses, siendo su término medio siete (07) meses y quince (15) días, de conformidad con el artículo 37 del Código Penal; y de la revisión de las actas, se evidencia que los hechos ocurrieron en fecha veintinueve (29) de junio de 2005, se dio inicio a la investigación, hasta el día de hoy 24 de enero de 2012 han transcurrido seis (06) años, seis (06) meses, dieciséis (16) días; tiempo establecido en el artículo 108, numeral 5 del Código Penal, por lo cual ha operado la prescripción ordinaria de la acción penal, conforme a lo previsto en el artículo 615 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en razón a que se trata de delitos de acción pública que no amerita como sanción una medida privativa de la libertad, aunado al hecho que durante las diferentes etapas del proceso no hubo interrupción de la prescripción que establece el mencionado artículo 615 en su parágrafo segundo, vale decir, evasión o suspensión del proceso a prueba, tal y como se desprende de las actas procesales; por lo cual se debe DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la presente causa a favor del joven (SE OMITE LA IDENTIFICACIÓN DEL ADOLESCENTE POR MANDATO EXPRESO DEL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), por la presunta comisión del delito de Lesiones Personales, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, en perjuicio de de RIBAS ESPINOZA DARWIN YOSNEIBER, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° V-19.463.790, NATURAL DE GUASDUALITO, ESTADO APURE, NACIDO EN FECHA 18-02-1988, SOLTERO, DE PROFESION ESTUDIANTE, RESIDENCIADO EN EL BARRIO JOSE FELIZ RIVAS, CASA SIN NUMERO, GUAADUALITO, ESTADO APURE, en virtud de la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el numeral 8º del artículo 48 Ejusdem así como los artículos 561 literal “d” y 615 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y así se decide.

III
Por todo lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la solicitud de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, y en consecuencia DECLARA PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL, a favor del (SE OMITE LA IDENTIFICACIÓN DEL ADOLESCENTE POR MANDATO EXPRESO DEL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), por la presunta comisión del delito de Lesiones Personales, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, en perjuicio de -----, en virtud de la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el numeral 8º del artículo 48 Ejusdem así como los artículos 561 literal “d” y 615 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. SEGUNDO: DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA PRESENTE CAUSA a favor del joven adulto (SE OMITE LA IDENTIFICACIÓN DEL ADOLESCENTE POR MANDATO EXPRESO DEL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), por la presunta comisión del delito de Lesiones Personales, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, en perjuicio de Ribas Arenas Omar Antonio, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 318 numeral 4 y 48 numeral 8 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: Se deja constancia que el Tribunal se acogió a la excepción establecida en la última parte del encabezamiento del artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que si bien es cierto, el referido artículo prevé entre otras cosas que presentada la solicitud de sobreseimiento el Juez convocará a las partes a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición; no menos cierto es, que en el presente caso estima este Juzgador que tal audiencia no es necesaria, por cuanto se encuentra suficientemente demostrado que la acción se encuentra evidentemente prescrita. Notifíquese a las partes. Remítanse las presentes actuaciones al Archivo Judicial una vez quede firme la presente decisión. Publíquese, regístrese. Cúmplase.
EL JUEZ TEMPORAL,

ABG. JEAN CARLO A, ZAMBRANO S.

LA SECRETARIA,

ABG. ANYELA LORENA VARGAS CASTILLO.

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en auto.

LA SECRETARIA,

ABG. ANYELA LORENA VARGAS CASTILLO.

CAUSA 1C404-11
JCAZS/av.-