REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, DE TRÁNSITO Y DE TRABAJO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE SAN FERNANDO DE APURE, 28 DE JUNIO DE 2012 202° y 151° Conforme a lo solicitado en el escrito libelar presentado por el ciudadano JESUS LEANDRO CHIRINO, con el carácter de demandante quien requiere se decrete medida preventiva de embargo de conformidad con lo establecido en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil. Este Tribunal pasa a decidir: 1) La MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO solicitada sobre bienes muebles propiedad de los Co demandados ciudadanos: ATAHUALPA DEL VALLE PÉREZ SILVA y ESTEBAN BONERGES APONTE FIGUEROA, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 11.761.526 y 9.596.407 respectivamente. Los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, señalan que las medidas preventivas establecidas en este titulo la decretara el Juez solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya la presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. El Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 1- El embargo de bienes muebles. Igualmente decretara las medidas nominadas o típicas en aquellos casos en los que durante la pendencia de un juicio, considere cumplido los extremos exigidos del artículo 585 ejusdem. De conformidad con lo previsto en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”); y, 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”). Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. De lo anteriormente expuesto, se evidencia de los documentos acompañados al libelo de la demanda como objeto de la presente pretensión cursa marcado con las letras “A” y “B” en copias certificadas, cursante a los folios del 03 al 04 del expediente, de las letras de cambio se encuentra probado la presunción del buen derecho que reclama la parte demandante (FUMUS BONI IURIS), con los hechos narrados en el escrito libelar, y con el probado el requisito el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (PERICULUM IN MORA), como ha sentado la jurisprudencia que “el peligro en la demora a los efectos de la medida precautoria, surge de la sola duración del proceso; la prolongación de los lapso mas o menos largo siempre le crea un riesgo a la justicia”. De manera que se encuentra acreditada para decretar la MEDIDA EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes muebles propiedad de los demandados de autos, con la notoria tardanza que representa los procesos ordinarios. Por las razones antes, expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, de conformidad con los artículos 646 y 585 en concordancia con lo articulo 588 ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil, sobre bienes muebles propiedad de las partes co-demandadas hasta cubrir el doble de la cantidad liquida demandada que es la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 430.000,00). Que se depositen los bienes muebles embargados preventivamente conforme a lo dispuesto en el artículo 539 ejusdem. SEGUNDO: Se ordena comisionar amplia y suficientemente al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios San Fernando y Biruaca de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los fines de dar cumplimiento con la medida decretada, facultándolo para nombrar depositario judicial solvente y perito avaluador, a cuyo efecto se anexa despacho de comisión con inserción de lo conducente. LA JUEZ PROVISORIA, Dra. LUZ MARINA SILVA PEREZ LA SECRETARIA, ABOG. DALY M. ALVAREZ H. Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en este auto. LA SECRETARIA, ABOG. DALY M. ALVAREZ H. LMSP/dma/ardo Exp. Nro. 6440 Abog. DALY M. ALVAREZ H., Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, CERTIFICA: Que las presentes copias son fieles y exactas al original de la sentencia interlocutoria cursante en el expediente Nº 6.440 que contiene el juicio de Cobro de Bolívares por Intimación instaurado por el ciudadano JESUS LEANDRO CHIRINO, contra los ciudadanos: ATAHUALPA DE VALLE PÉREZ SILVA y ESTEBAN BONERGES APONTE FIGUEROA.- Doy Fe de la exactitud de las presentes copias las cuales expido de orden de este Tribunal de conformidad con los Artículos 111º y 112º del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 1º de la Ley de Sellos. En San Fernando de Apure, al 28 día del mes de Junio del Año Dos Mil Doce (2012). AÑOS: 202° de la Independencia y 153° de la Federación. LA SECRETARIA, ABOG. DALY M. ALVAREZ H.