TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE
TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL

San Fernando de Apure, 08 de Mayo de 2012.-
201º y 152°
Asunto Penal: 1C-14365-11.

Recibida como ha sido el asunto penal 1C-14365-11, seguido al ciudadano CRISTIAN LEONARDO FERNANDEZ MORILLO, titular de la cédula de identidad N° 17.449.730, seguido por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, y vista como ha sido la ficha de presentación del mismo, en consecuencia este Tribunal a los fines de decidir hace las siguientes consideraciones:

En fecha 10-07-2011, tuvo lugar Audiencia de Presentación del imputado CRISTIAN LEONARDO FERNANDEZ MORILLO, titular de la cédula de identidad N° 17.449.730, en la cual este Tribunal admitió la precalificación por los delitos de Secuestro Breve, previsto y sancionado en el Artículo 6 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, Asociación Para Delinquir, Artículo 6 concatenado con el artículo 16 ordinal 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, Ocultamiento De Arma De Fuego, previsto en el artículo 277 del Código Penal Venezolano y Usurpación De Funciones, artículo 213 del Código Penal Venezolano, decretándose en consecuencia la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme a lo establecido en los articulo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal.
Que en fecha 23-11-2011, fue celebrada la Audiencia Preliminar, en la cual se decreto la nulidad de la acusación presentada en contra del ciudadano CRISTIAN LEONARDO FERNANDEZ MORILLO, titular de la cédula de identidad N° 17.449.730, y le fue concedido al ciudadano antes citado una Sustitutiva de Privación de Libertad, conforme a lo establecido en el articulo 256 ordinales 3° 6° y 8° concatenado con el 258 todos del Código Orgánico Procesal Penal.
Que desde la fecha de ejecución o imposición de la Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad a saber 25-11-2011, al día de hoy, ha trascurrido cinco (05) meses, y catorce (14) días, constatándose de las fichas de presentaciones que el ciudadano ya identificado se han presentado aproximadamente en once (11) oportunidades, evidenciándose así el cabal cumplimiento de dicha medida.

A tales efectos, el artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:

“ARTICULO 263. Imposición de las medidas. El Tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el artículo 256. En ningún caso se utilizaran estas medidas desnaturalizando su finalidad; o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible. En especial, se evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la presentación”.

Por su parte el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:

ARTÍCULO 264. “Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”.

En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia con relación a las Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad, ha dejado sentado lo siguiente:

“…de esta manera el legislador venezolano estableció que cuando los supuestos que motivan la detención preventiva puedan ser satisfechos razonablemente con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente de oficio o a solicitud del interesado deberá imponerle en su lugar y mediante resolución motivada, alguna de las medidas mencionadas ut supra…”

En apego a la normativa adjetiva penal anteriormente citada, y tomando en consideración el criterio del Tribunal Supremo de Justicia referido a las medidas de coerción persona, quien aquí decide, considerando que dichas medidas se dictan en función de un proceso o están supeditadas a el, con el fin de asegurar su resultado o que este no se vea frustrado; se modifican cuando cambian las circunstancias en que se dictaron; cesan cuando el proceso concluye o se extingue de cualquier manera; y están sujetas a un lapso, no pudiendo prolongarse fuera de el, aun cuando el proceso no haya concluido y con base a los puntos arriba señalados, con relación al caso de narras, este juzgador observa, que ante el cumplimiento efectivo por parte del ciudadano CRISTIAN LEONARDO FERNANDEZ MORILLO, titular de la cédula de identidad N° 17.449.730, en el sentido de asistir cada quince (15) días a presentase por ante el área de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, lo hace merecedor de la revisión de la medida, por parte de este jurisdicente, y como quiera que el fin de las mismas es sustituir a la privación cuando ésta razonablemente pueda ser satisfecha con una menos gravosa, y siendo que en nuestro proceso penal la libertad es la regla; quien aquí decide, examinando las medidas impuestas consistentes en presentaciones cada quince (15) días por ante el Departamento antes citado, considera necesario decretar como en efecto se decreta la extensión de las mismas, a cada cuarenta y cinco (45) días entre una presentación y otra por ante el área de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. Y así se decide.

DECISIÓN

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con sede en la ciudad de San Fernando, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. ACUERDA:

UNICO: Revisión de la Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad impuesta en fecha 01-06-2011, al ciudadano CRISTIAN LEONARDO FERNANDEZ MORILLO, titular de la cédula de identidad N° 17.449.730, consistente en presentaciones periódicas cada quince (15) días por ante el Área de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, y en consecuencia extiende la misma a cada cuarenta y cinco (45) días entre una y otra por ante el área ya mencionada, todo ello conforme a lo establecido en el articulo 263 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes. Ofíciese lo conducente. Cúmplase.

Dada sellada y firmada en la sala de audiencias del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de San Fernando, Estado Apure, a los ocho (08) días del mes de Mayo del Dos Mil Doce (2012)

ABG. EDWIN MANUEL BLANCO LIMA
JUEZ PRIMERO DE CONTROL
LA SECRETARIA

ABG. MARIA MERCEDES ANZOLA.

Seguidamente se le dio cumplimiento a lo ordenado.

LA SECRETARIA

ABG. MARIA MERCEDES ANZOLA

Causa Nº 1C-14365-11
EMBL..-