TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE
TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL

San Fernando de Apure, 25 de Octubre de 2.012
202º y 153º

CAUSA N° 1C-16862-12

Revisada como ha sido la presente causa, signada con el numero 1C-16862-12, seguida contra el ciudadano ANYELICHI FLORES RIMO MANUEL, titular de la cédula de identidad N° 17.470.221, por la presunta comisión del delito precalificado por el Ministerio Publico como Homicidio Intencional Calificado en Grado de Frustración, previsto y sancionado en el articulo 406.1 concatenado con el 80 del Código Penal Venezolano vigente, y tomando en consideración que la audiencia de presentación del mismo ocurrió el 24 de Septiembre de 2012, en la cual se decrete Medida Privativa Preventiva Judicial de Libertad, conforme a lo establecido en el articulo 250 numerales 1°, 2° y 3°, 251 ordinales 2° 3° y parágrafo primero todos del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo lapso a los fines de presentar acto conclusivo vencía el 24 de Octubre de 2012, este Tribunal conforme a las previsiones en el sexto del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, procede a examinar la medida cautelar que le fuere impuesta y previo a su pronunciamiento observa:

En fecha 24-09-2012, en Audiencia de Presentación del ciudadano ANYELICHI FLORES RIMO MANUEL, titular de la cédula de identidad N° 17.470.221, este Tribunal con fundamento en los artículos 250, 251 del Código Orgánico Procesal Penal, decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad, por el delito precalificado por el Representante Fiscal como Homicidio Intencional Calificado en Grado de Frustración, previsto y sancionado en el articulo 406.1 concatenado con el 80 del Código Penal Venezolano vigente.

Establece el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 250 lo siguiente:

“omissis”... Si el juez o jueza acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el o la fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.

Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el Fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.

“…Vencido este lapso y su prorroga, si fuere el caso sin que el fiscal haya presentado la acusación, el detenido o detenida quedara en libertad, mediante decisión del juez o jueza de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva…”

El artículo 7, ordinal 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica” establece:

“omissis...Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad sin perjuicio de que continué el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio...”

Así mismo el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 1701 de fecha 15-11-2011, emanada de la Sala Constitucional, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchan dejo sentado lo siguiente:

“…Al respecto, valga recordar que los jueces y juezas, en tanto directores del proceso, tiene el deber de dar el tramite y el impulso necesario a las causas que conozcan, especialmente a aquellas en las que se han dictado medidas cautelares, y, con mayor celo aun, a las cuales el imputado o acusado se encuentre sometido a una medida privativa de libertad…”

En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia con relación a las Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad, ha dejado sentado lo siguiente:

“…de esta manera el legislador venezolano estableció que cuando los supuestos que motivan la detención preventiva puedan ser satisfechos razonablemente con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente de oficio o a solicitud del interesado deberá imponerle en su lugar y mediante resolución motivada, alguna de las medidas mencionadas ut supra…”

En apego a la normativa adjetiva penal anteriormente citada, y tomando en consideración el criterio del Tribunal Supremo de Justicia referido a las medidas de coerción personal, quien aquí decide considera que dichas medidas se dictan en función de un proceso o están supeditadas a el, con el fin de asegurar su resultado o que este no se vea frustrado; se modifican cuando cambian las circunstancias en que se dictaron; cesan cuando el proceso concluye o se extingue de cualquier manera; y están sujetas a un lapso, no pudiendo prolongarse fuera de el, aun cuando el proceso no haya concluido y con base a los puntos arriba señalados, con relación al caso de marras, este juzgador observa que el plazo de treinta (30) días siguientes a la decisión en la que se acordó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, a que se refiere el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; por el cual se puede tener detenida a una personas después de decretada su detención judicial preventiva de libertad, venció el día Miércoles 24-10-2012 a las 12:00 horas de la madrugada, y visto que el Ministerio Público no solicito la prorroga respectiva, ni emitió ningún acto conclusivo al respecto, antes de la fecha antes mencionada; por lo que este Tribunal de Control considera ajustado a derecho concederle su inmediata libertad, con fundamento en los artículos 8, 9, 250 sexto aparte y 532, todos del Código Orgánico Procesal Penal, que consagran los principios de “Presunción de Inocencia”, “Afirmación de Libertad” y “De la privación Judicial Preventiva de Libertad” así como el artículo 7 ordinal 5° de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y se impone en su lugar la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad conforme al Art. 256 numeral 3° 6° y 8° concatenado este ultimo con el 258 todos del Código Orgánico Procesal Penal, quedando obligado a cumplir las siguientes condiciones: Presentarse cada ocho (08) días por ante el Área de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal; la Prohibición de acercarse y comunicarse con la victima y su núcleo familiar; y la Presentación de dos (02) fiadores de reconocida solvencia moral, y con capacidad económica para responder las obligaciones que contraen por un monto no menor de SESENTA (60 U.T) Unidades Tributarias, para un monto de Cinco mil Cuatrocientos Bolívares Fuertes, con cero céntimos (5400,00 BsF.) cada uno, cuyos requisitos deberán ser consignados por escrito por ante el Área de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, y una vez recibidos y verificada la direcciones aportadas por los mismos a través de dicho departamento, se procederá a dar cumplimiento a la ejecución de dicha medida. Y ASÍ SE DECIDE.

DECISIÓN

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal, en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, extensión San Fernando, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Acuerda:

UNICO: Que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano ANYELICHI FLORES RIMO MANUEL, titular de la cédula de identidad N° 17.470.221, pueden ser satisfechos razonablemente con la aplicación de una medida menos gravosa y se impone en su lugar Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad conforme al Art. 256 numeral 3° 6° y 8° concatenado este ultimo con el 258 todos del Código Orgánico Procesal Penal, quedando obligado a cumplir las siguientes condiciones: Presentarse cada ocho (08) días por ante el Área de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal; La prohibición de Comunicarse con la Victima, y su núcleo Familiar; y la Presentación de dos (02) fiadores de reconocida solvencia moral, y con capacidad económica para responder las obligaciones que contraen por un monto no menor de SESENTA (60 U.T) Unidades Tributarias, para un monto de Cinco mil Cuatrocientos Bolívares Fuertes, con cero céntimos (5400,00 BsF.) cada uno, cuyos requisitos deberán ser consignados por escrito por ante el Área de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, y una vez recibidos y verificada la direcciones aportadas por los mismos a través de dicho departamento, se procederá a dar cumplimiento a la ejecución de dicha medida; todo ello conforme a lo establecido en el articulo 250 ordinal 3° sexto aparte del Código Orgánico Procesal Penal, por no haber el Ministerio Publico presentado la solicitud de prorroga ni el acto conclusivo correspondiente. Líbrese la correspondiente Boleta de Traslado y cumplida como sea la fianza se decretará la inmediata libertad, de conformidad con lo previsto en los artículos 8, 9, 250 de la citada disposición legal. Notifíquese a las partes. Ofíciese lo conducente. Cúmplase.

Dada sellada y firmada en la Sala de Audiencias del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de San Fernando. Estado Apure a los veinticinco (25) días del mes de Octubre del 2012.

JUEZ PRIMERO DE CONTROL

ABG. EDWIN MANUEL BLANCO LIMA.
LA SECRETARIA
ABG. ZUJENNY ISABEL FERNANDEZ
Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.
LA SECRETARIA
ABG. ZUJENNY ISABEL FERNANDEZ

Asunto penal: N° 1C-16862-12.
EMBL/..-