REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Apure
San Fernando de Apure, veinte de septiembre de dos mil doce
202º y 153º
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
ASUNTO : CP01-L-2012-000168
PARTE ACTORA: EDGAR DAVID CASTILLO FRANCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.599.237.
ASISTENTE DEL ACTORA: MIGUEL ANGEL BARRIOS MARQUEZ e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 180.729.
PARTE DEMANDADA: EL ESTADO APURE.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES.
FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD:
El presente juicio se inicia, en virtud de la demanda que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES, incoara el ciudadano EDGAR DAVID CASTILLO FRANCO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 9.599.237, asistido por el Abogado MIGUEL ANGEL BARRIOS MARQUEZ inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 180.729; donde alega haber ingresado desde el 06 de octubre de 2000 a prestar sus servicios como COMISARIO, adscrito a la Secretaria General de Gobierno del Ejecutivo Regional del estado Apure, con un salario inicial de cincuenta y nueve bolívares con ochenta y cuatro céntimos (Bs. 59,84) diarios, siendo su último salario al momento de la remoción de ciento cuarenta y siete bolívares con setenta y ocho céntimos (Bs. 147,78) diarios, cumpliendo un horario normal de trabajo establecido por el ente patronal, siendo además su último cargo y actividad desempañada hasta el 15 de marzo de 2005, fecha en que fue removido.
SOBRE LA COMPETENCIA:
De lo expuesto anteriormente y de la revisión del libelo de la demanda, así como de sus recaudos anexos, a los fines de decidir la competencia que tiene este Tribunal para conocer de la presente causa, corresponde a esta Juzgadora la determinación de si el accionante EDGAR DAVID CASTILLO FRANCO, plenamente identificado en autos, es un funcionario público o no, y el régimen jurídico que le es aplicable, Ley Orgánica del Trabajo o la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Ahora bien, el artículo 55 la Ley Orgánica de Administración del Estado Apure, señala que:
“Los comisarios de policía tienen a su cargo la conservación del orden y la seguridad pública dentro de los límites de su Jurisdicción y son de la libre elección y remoción del Gobernador del Estado (negrilla y cursiva del tribunal).
Indudablemente que, de la norma anteriormente transcrita se evidencia el carácter de funcionario público de libre nombramiento y remoción del demandante EDGAR DAVID CASTILLO FRANCO, por cuanto, dicha relación jurídica tiene una base estatutaria, es decir, una base reglamentaria, en la cual la situación del funcionario público esta regulada en forma unilateral por el Estado, se trata de una situación jurídica general preexistente a la cual, el funcionario público ingresó en virtud de un acto administrativo unilateral, que ha sido previamente establecido por el Estado independientemente de su voluntad.
No obstante, atendiendo a la actividad desempeñada por el demandante EDGAR DAVID CASTILLO FRANCO como COMISARIO adscrito al Ejecutivo del Estado Apure, y la naturaleza pública del organismo ante el cual prestó servicios, como es el Ejecutivo Regional, la controversia planteada debe enmarcarse en el régimen jurisdiccional que la doctrina ha denominado Contencioso Funcionarial, pues es el que regula las relaciones entre los empleados públicos nacionales, estadales y municipales y los organismos públicos en su totalidad; en este sentido, la Sala de Casación Social, en reiteradas jurisprudencias ha sostenido, que la competencia del Tribunal de la Carrera Administrativa, no solo conoce las controversias concernientes a los funcionarios públicos nacionales regidos por la Ley de Carrera Administrativa, por aplicación del artículo 71 de la misma ley, por las siguientes razones: la actividad de la administración en materia de la función pública participa de la misma naturaleza que los demás actos realizados por la Administración, para alcanzar sus fines. Por tanto, los actos de los entes estadales y de las autoridades municipales relativos a los funcionarios públicos son también actos administrativos, cuya nulidad puede ser instada en sede contencioso administrativa conforme a las reglas generales que informan tal procedimiento, esto es, la llamada acción de nulidad por ilegalidad de actos de efectos particulares.
Como consecuencia de lo anterior, podemos concluir que en el presente caso, estamos en presencia de un funcionario público de libre nombramiento y remoción o funcionario de confianza al servicio del Estado Apure.
Este Tribunal considera pertinente señalar lo explanado en la Sentencia emanada de la Sala de Casación Social, en fecha 15 de noviembre de 2004, con Ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz, para lo cual se transcribe parcialmente:
“Por su parte el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone lo siguiente:
“La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.
Conforme al precepto supra transcrito, y según ilustra la doctrina de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, la cual se acoge, “los actos emanados de la Administración Pública, sea nacional, estadal o municipal están sujetos al control por parte de los órganos jurisdiccionales, con competencia en la materia contencioso- administrativo”. (Sent. Nº 116 de fecha 12 de febrero de 2004).
Por todo lo anteriormente expuesto; este Tribunal observa, que en el presente caso existió una relación de empleo público, y el demandante, desempeñó un cargo de COMISARIO que por su estatus se corresponde con los de libre nombramiento y remoción o funcionario de confianza, tal como lo prevee la norma antes mencionada.
Así mismo, con respecto al asunto planteado que es el pago de prestaciones sociales, el Tribunal Supremo de Justicia según Sentencia Nº 2003-0369, de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, de fecha 11 de mayo de 2004, fijo el siguiente criterio:
“...De acuerdo con la Jurisprudencia de esta sala antes citada y que se reitera totalmente en esta oportunidad, al demandarse en el presente caso el cobro de prestaciones sociales y por haber existido entre el accionante y la Alcaldía del Municipio Palavecino del Estado Lara una relación funcionarial de dependencia, desde el 30 de septiembre de 1996 hasta el 1 de febrero de 2000, siendo su ultimo cargo el de Coordinador de plazas y parques, adscrito a la dirección de servicios públicos de la citada Alcaldía y con la ocasión de la entrada en vigencia de la Ley del estatuto de la Función publica, en fecha 6 de septiembre
del 2000 (Gaceta Oficial del a República Bolivariana de Venezuela Nº 37.522), específicamente de la Disposición Transitoria Primera, corresponde al conocimiento de la causa el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con base en Barquisimeto, el cual conoció de la causa originalmente, por tener este atribuido la competencia en materia funcionarial. Así se decide...”.
En consecuencia, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, Administrando Justicia y por Autoridad de la Ley, Declara:
PRIMERO: La incompetencia de este Tribunal Laboral para conocer del presente asunto.
SEGUNDO: Se declina la competencia en razón de la materia al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, que por la acción de Cobro de Prestaciones Sociales y otros beneficios laborales intentara el ciudadano EDGAR DAVID CASTILLO FRANCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 9.599.237, de este domicilio, asistido por el abogado MIGUEL ANGEL BARRIOS MARQUEZ e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 180.729 contra el Estado Apure. Y así se decide.
La Juez.
Abog., ANA TRINA PADRON ALVARADO
La Secretaria,
Abog., NEREIDA TORRES
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