TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FERNANDO Y BIRUACA
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO APURE

EXPEDIENTE: Nº 2.002-2.710

DEMANDANTE: JIMMI LISANGEL OJEDA BARRIOS,
asistida por el abogado PEDRO MANUEL
SOLORZANO MIRABAL.

DEMANDADO: FRANCISCO MOORE.

MOTIVO: TRABAJO (PRESTACIONES SOCIALES).

FECHA DE ENTRADA
DEL EXPEDIENTE: 11-01-2.002.

I
SISTESIS DE LA CONTROVERSIA
En fecha 11-01-2.002, se admitió demanda de TRABAJO (PRESTACIONES SOCIALES) con sus recaudos anexos, intentada por el ciudadano JIMMI LISANGEL OJEDA BARR5IOS, asistido por el abogado PEDRO MANUEL SOLORZANO MIRABAL, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 7.647, en contra del ciudadano FRANCISCO MOORE. Alega el demandante que le prestó sus servicios personales como despachador durante el lapso de un (01) año, cuatro (04) meses y ocho (08) dias ininterrumpidos al ciudadano FRANCISCO MOORE, de nacionalidad chilena, mayor de edad, comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº E-80.303.996, domiciliado en la Urbanización Llano Alto, calle Arauca, casa Nº 260, Municipio Biruaca, Estado Apure, discriminados así: Antigüedad salarial anterior 30 días por Bs. 4.000,00=Bs.120.000,00 antigüedad nuevo salario; 50 días por Bs. 4.400,00=Bs. 220.000,00; vacaciones vencidas 23 días por Bs. 4.400,00=Bs.101.200,00; vacaciones fraccionadas 7,32 días por Bs. 4.400,00=
32.208; utilidades vencidas y fraccionadas 40 días por Bs.4.400,00=Bs.176.000,00; indemnización según articulo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo 30 días por Bs. 4.400,00=Bs. 132.000,00; articulo 125, letra C de la Ley Orgánica del Trabajo 45 días por Bs. 63.954, sumando un gran total de UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS (Bs. 1.043.362,00), siendo en consecuencia el objeto de la pretensión de este libelo de demanda, el reclamo de la suma indicada supra, por concepto de Prestaciones Sociales y Otros Beneficios Laborales ya señalados, que debe cancelar el ciudadano FRANCISCO MOORE, precedentemente identificado, en condición de patrono, por las razones de hecho y de derecho que enseguida explanaré:
Inicié una relación de trabajo con el patrono demandado en fecha cinco (05) de noviembre del año mil novecientos noventa y nueve (1.999), prestando servicios personales como despachador en el puesto Nº 18 del Mercado Municipal, de esta ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure, donde funciona la Distribuidora “Ideal”, propiedad del demandado; en un horario comprendido desde las seis (06) de la mañana, hasta la una (01) de la tarde, de lunes a domingo; hasta que el día trece (13) de marzo del año dos mil uno (2.001), mi patrono, ciudadano FRANCISCO MOOR, me despidió en forma injustificada; en virtud del despido del que fui objeto por parte de mi patrono, traté en lo posible que me cancelara mis Prestaciones Sociales en forma amistosa, no obstante todas las diligencias realizadas para que se me cancelaran dichas prestaciones sociales, todo me resultó infructuoso e inclusive acudí a la Inspectoría del Trabajo de esta ciudad, quienes en reiteradas oportunidades citaron al mencionado ciudadano, haciendo caso omiso a las mismas. Mientras duró la relación de trabajo recibí una remuneración de CIENTO VEINTIOCHO MIL BOLIVARES (Bs. 128.000,00) mensuales.
Esta demanda por reclamación de Prestaciones Sociales y Otros Beneficios Laborales, se interpone fundamentada en los artículos 03, 10,103, 125, 219 y 223 de la Ley Orgánica del Trabajo en vigor.
Estimó la presente demanda en la cantidad de UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS BOLIVARES (Bs. 1.043.362,oo).
En fecha 21-02-2002, se citó al demandado ciudadano FRANCISCO MOORE.
En fecha 27-02-2002, se dictó auto, mediante el cual se solicitó al Juzgado del Municipio Biruaca de esta Circunscripción Judicial, remitiera a este Tribunal el Despacho de Exhorto en el estado en se encuentra librado en fecha 11-01-2002.
En fecha 28-02-2002, se recibió escrito de la Contestación de la demanda consignado por la parte demandada ciudadano FRANCISCO MOORE.
En fechas 06-03-2002, se recibió escrito de prueba consignado por el ciudadano FRANCISCO MOORE, asistido por el abogado PEDRO ELIAS HERNANDEZ VILLALOBOS, parte demandada, cursante a los folios 15 y 16 del expediente.
En fecha15-03-2002, se oyeron declaraciones de los testigos ciudadanos JAIME GUTIERREZ, FRANCISCO PEÑA, y FELIX URBINO LAYA SOLORZANO, promovidos por la parte demandada, a las 9:00, 10,00 y 11:00 a.m.
En fecha 18-03-2002, se levantaron actas de inconcurrencia de los ciudadanos ANGEL SUAREZ, JUAN ALFONZO, y el Administrador del Mercado Municipal, por lo que se declaró desierto el acto.
En fecha 25-03-2002, se dictó cómputo de los días de despacho transcurridos en la promoción y evacuación de las pruebas desde el último día de emplazamiento para la contestación de la demanda en el presente juicio, en vista del auto que antecede. HACE CONSTAR: Que desde el día 01-03-2.002, día de despacho siguiente a la contestación de la demanda, hasta el día 06-03-2.002, transcurrieron cuatro (04) días de despacho en la promoción de las pruebas, y desde los días 07-03-2002 y 12-03-2002, transcurrieron dos (2) días de despacho concedidos al Tribunal para providenciar sobre dichas pruebas, y desde el día 13-03-2002, hasta el día 22 de marzo del presente año, transcurrieron ocho (08) días de despacho en la evacuación de las pruebas, lo que da un total de doce (12) días de despacho en la promoción y evacuación de las pruebas en el presente procedimiento.
En fecha 25-03-2002, se dictó auto, por cuanto venció el lapso de Evacuación de Pruebas en el presente juicio, este Tribunal acogiendo la nueva Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Sentencias de fechas 04-10-95 y 01-07-98, con Ponencia de los Magistrados Dra. Magali Perretti de Parada y Dr. Anibal Rueda, respectivamente en el sentido de ampliar los lapsos procesales en Materia Laboral y Agraria, de conformidad con lo establecido en los artículos 511,513 y 519 del Código de Procedimiento Civil, la cual también fue acogida por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Tributario y Agrario de la Región Sur de esta Circunscripción Judicial, según oficio Nº 270 de fecha 28-11-98. En consecuencia, se fija el décimo quinto día de despacho incluyendo al de hoy, para que tenga lugar el acto de Informes en el presente juicio.
En fecha 29-04-2002, se levantó acta, siendo la oportunidad fijada para OIR INFORMES de las partes en el presente procedimiento y vencidas como han sido las horas para despachar, siendo las 2:31 p.m., éstas no comparecieron a hacer uso de tal recurso, de lo cual el Tribunal deja constancia expresa en la presente acta.
En fecha 30-04-2002, se dictó auto, vencido como se encuentra el lapso de Informes en el presente juicio, este Tribunal fija un lapso de Sesenta (60) días continuamos incluyendo el de hoy, para dictar Sentencia en el presente proceso.
En fecha 26-06-2.015, se dictó auto declarando la presente causa en estado de sentencia, y desde esa fecha que se dijo vistos hasta la fecha en que se dictó el presente auto, transcurrieron 13 años, 02 meses y 26 días sin que la parte actora realice diligencias o actuación alguna para darle impulso procesal y se acordó notificar a la parte demandante para que compareciera a este Tribunal en el lapso de cinco (5) días de despacho contados a partir de que conste en autos la notificación, a fin de q1ue manifieste las causas o motivos que justifiquen la inactividad o desinterés en que este Tribunal emita pronunciamiento.
En fecha 23-07-2015, se publico en la cartelera del tribunal, boleta de notificación por parte del alguacil, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
Según el maestro Italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.
En fecha 23 de julio del año 2.015, el ciudadano Secretario Temporal, dejó constancia de la última notificación y comenzó a correr los lapsos procesales. Ahora bien en el auto dictado en fecha 26 de junio de 2.015, se estableció un plazo de cinco (05) días contados a partir de la última notificación para que la parte recurrente demandante manifieste las causas o motivo que justifiquen la inactividad o desinterés en relación al juicio de TRABAJO (PRESTACIONES SOCIALES) So pena a que este Tribunal declare EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN y en consecuencia la extinción de la misma, por su incomparecencia o por falta de fundamentación suficiente, evidenciando esta Juzgadora que en fecha 31-07-2015 venció el último día para la que la parte demandante impulsara el proceso.
Ahora bien, esta Juzgadora observa, que la parte demandante recurrente quedó debidamente notificada y que la misma no acudió a impulsar el proceso, en tal sentido tenemos que sobre la llamada teoría del “decaimiento de la acción”, existe una interesante sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Nº 956, caso Valero-Portillo), bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en la cual se estableció la siguiente doctrina:(Omissis)
“…A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendiendo este como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
Quien demanda a una compañía aseguradora, por ejemplo, para que le indemnice un bien amparado por una póliza de robo, pierde el interés procesal, si recupera el bien. Ya no necesita de indemnización (si ello no lo demandó) ni de fallo que ordene la entrega del objeto asegurado.
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlos si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente debe ser decretada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El Artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del Juez.
Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.
En ambos casos, la función Jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida de interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscriben al procedimiento.
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra –como lo apunta esta Sala – la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el Juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida tal del impulso procesal que le corresponde.
Se trata de una situación distinta de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida… (Omissis).
Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.
No estableció ni la constitución ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta sala del 28 de Julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial…”
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales: 1.- Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el Juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al Juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. 2.- La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como el caso de marras. Tal parálisis conforme a los principios generales de las instituciones, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de la prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que declara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido.
Ahora bien, hasta la presente fecha, no cursa en las actas procesales actuación alguna realizada por las partes que evidencie un interés sobre las resultas del juicio.
En la misma sentencia (Nº 956, caso Valero-Portillo, bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció:(Omissis) “…Es cierto que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional.
Luego, la Sala Constitucional en esa sentencia distingue la institución procesal de la perención, del decaimiento de la acción por falta de interés procesal. Finalmente, dentro de las distinciones anotadas, también es de sumo interés establecer las diferencias entre suspensión y paralización del procedimiento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil y como una expresión de la facultad directora del proceso a cargo del Juez, si bien es cierto que el Juez debe impulsar de oficio el procedimiento hasta su conclusión, excepto cuando el esté suspendido por algún motivo legal, caso en el cual, el Juez pierde la facultad oficiosa antes anotada, lo que quiere decir que la causa entra en estado de latencia o especie de “sueño invernal”, mientras dure el término legal de suspensión, que verificado, exista o no impulso de las partes, continuará automáticamente, tal como lo prevé el parágrafo primero del artículo 202 eiusdem.
Aplicando la normativa procesal señalada y el precedente vinculante del Máximo Tribunal de la República, en concordancia con las máximas fijadas por la Sala de Casación Civil, a la presente causa, debe concluirse, que mal podía esta Juzgadora declarar dictar una sentencia condenatoria en base a las actas procesales, sin que se violentaren todas las formalidades esenciales que integran el debido proceso y el derecho a la defensa.
Es imperioso destacar, que de las actas procesales se desprende a todas luces una falta de interés en las partes; razón por la cual, quien suscribe, debe declarar el decaimiento de la acción en esta instancia. Así se decide.
Ahora bien, en virtud de haber transcurrido trece (13) años, cinco (05) meses y un (01) día, desde el momento de la última actuación de las partes (06-03-2002), hasta la presente fecha, sin que se demostrara interés procesal alguno en dicha causa, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Fernando y Biruaca de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, acogiendo el criterio jurisprudencial reiterado por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil, relativo al decaimiento de la acción cuando se trata de falta de interés procesal, considera, que en el caso de autos, ha cesado la amenaza o situación jurídica denunciada en la presente demanda, en virtud de encontrarse la causa sin actividad de las partes por más de (13) años.
En atención a lo expuesto, esta Juzgadora observa, que lo procedente es declarar en la presente demanda de TRABAJO (PRESTACIONES SOCIALES), la terminación del procedimiento, lo que evidentemente, implica el decaimiento de la acción en esta instancia. Así se declara.
En consecuencia, en cumplimiento a los principios constitucionales relativos al debido proceso, el derecho a la defensa, igualdad de las partes, celeridad y economía procesal, previstos en nuestra Carta Magna, así como en nuestro ordenamiento jurídico, y conforme ha sido establecido en sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante las cuales se ha establecido el criterio relativo al decaimiento de la acción por falta de interés e impulso procesal, en virtud de la inactividad indefinida de las partes, deberá declararse la extinción de la acción en esta instancia, por la pérdida de interés en el presente juicio de TRABAJO (PRESTACIONES SOCIALES). Así se decide.
III
DISPOSITIVA
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Fernando y Biruaca de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Primero: LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN, EN ESTA INSTANCIA, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS, en el presente juicio por TRABAJO (PRESTACIONES SOCIALES), intentado por el ciudadano JIMMI LISANGEL OJEDA BARRIOS, venezolano, mayor de edad, soltero, obrero, titular de la Cedula de Identidad Nº 13.489.037, contra el ciudadano FRANCISCO MOORE, de nacionalidad chilena, mayor de edad, comerciante, titular de la Cedula de Identidad Nº E-80.303.995. Segundo: ORDENA la notificación de las partes intervinientes en el presente juicio, conforme a lo previsto por el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, y una vez que conste en autos las mismas, comenzará a correr el lapso para que ejerzan los recursos correspondientes.
PUBLIQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Fernando y Biruaca de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a las 9:00 a.m., del día Siete (07) del mes de agosto del año dos mil quince (2.015).- Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Juez,

Abog. EUMELY J. SÁNCHEZ MARTÍNEZ.
El Secretario Temp.,

Abog. ORLANDO R. CORDOBA RIVAS.

En esta misma fecha y hora se publicó, registró la anterior Sentencia conforme a lo ordenado y quedó anotada en el punto N°. , al folio , del Libro Diario.

El Secretario Temp.,

Abog. ORLANDO R. CORDOBA RIVAS.

EJSM/orcr/dles