TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Juicio del Trabajo del Estado Apure
San Fernando de Apure, veintidós de julio de dos mil quince
205º y 156º

ASUNTO : CP01-N-2014-000017
SENTENCIA DEFINITIVA

PARTE RECURRENTE: ciudadana LINA YUBIRIS CONTRERAS FARFAN, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V- 14.520.060.

ABOGADO ASISTENTE: abogado MARCOS ELÍAS GOITIA, inscrito en el Inpreabogado el Nº 75.239.

PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO APURE.

TERCERO INTERESADO: INSTITUTO AUTONOMO DE LA SALUD DEL ESTADO APURE

APODERADOS JUDICIALES DEL TECERO INTERESADO: Ciudadana HILDA JOSEFINA ROJAS ROJAS, inscrita en el Inpreabogado bajo los Nº 126.804.-.

MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO.

-I-
RECURSO DE NULIDAD

En fecha 17 de Julio 2014, la ciudadana LINA YUBIRIS CONTRERAS FARFÁN, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V- 14.520.060, debidamente asistida por el ciudadano MARCOS GOITÍA, abogado, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.756.223, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 75.239, interpone por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación del Trabajo, Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra la Providencia Administrativa Nº 00038-14, dictado por la Inspectoría del Trabajo del estado Apure en fecha dieciocho (18) de marzo de 2014, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos formulada por las ciudadanas YELITZA AQUILIMAR HERRERA CEDEÑO venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 18.237.770 y LINA YUBIRIS CONTRERAS FARFÁN identificada supra.

En fecha 22 de Julio de 2014, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del estado Apure, da por recibido el presente expediente, y ordena su revisión a los fines de hacer su pronunciamiento de Ley.

En fecha 28 de Julio de 2014, se admite el recurso de nulidad y se ordena la notificación a la Inspectoría del Trabajo del Municipio San Fernando del Estado Apure, al Fiscal General con Competencia para actuar en materia Contencioso Administrativa, a la Procuradora General de la República, al Instituto Autónomo de la Salud del Estado Apure, a la Procuradora General del Estado Apure.-

En fecha 09 de febrero de 2015, este Tribunal Primero de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial del estado Apure, vista la certificación de la última de las notificaciones, fija la celebración de la Audiencia de Juicio, para el día 11 de marzo de 2015, a las 10:30 A.M.

En fecha Once (11) de marzo de 2015, el abogado Luis Gabriel Martínez Betancourt en su condición de Juez Temporal de este despacho se aboco al conocimiento de la presente causa. Y en consecuencia, se ordeno notificar a las partes, advirtiéndosele que el proceso se reanudará pasado el lapso de tres (03) días de despacho siguientes, una vez que conste en el expediente la certificación de la Secretaria de haberse consignado la última de las notificaciones que se haga a la partes; señalándoles que una vez reanudada la causa, podrán hacer uso del derecho de recusación, tal como lo establece el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

En fecha 30 de abril del 2015, la abogada Carmen Yuraima Morales de Villanueva en su condición de Jueza Titular de este despacho, se pronunció a los fines de proseguir con el curso del presente asunto, fija la celebración de la Audiencia Oral de Juicio para el día 04 de mayo 2015, a las diez y treinta (10:30am).-

En fecha 04 de mayo de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se celebró la audiencia de juicio, con la asistencia de la ciudadana CONTRERAS FARFÁN LINA YUBIRIS, titular de la cédula de identidad Nº 14.520.060, debidamente asistida por el abogado MARCOS GOITIA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 75.239. Asimismo, se dejó constancia de la comparecencia de la abogada Hilda Josefina Rojas Rojas, inscrita en el Inpreabogado bajo los Nº 126.804, en su condición de apoderados judicial del Instituto Autónomo de la Salud del Estado Apure, tercero interesado en el presente asunto, conforme a copia simple de poder consignado en ese acto. Se dejó constancia de la incomparecencia del Órgano que dictó el acto administrativo, ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno, así como también de la Fiscalía del Ministerio Público. Aperturando el lapso establecido en el artículo 84 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En fecha 07 de mayo de 2015, se dejó expresa constancia que la parte recurrente ratifico las documentales cursantes del folio 10 al 73 del presente expediente, la parte demandada no consignó escrito de prueba dada la incomparecencia de la misma a la audiencia de juicio, y el tercero interesado ratifico el merito favorable de los autos, por consiguiente, este Tribunal dejó asentado que no hay pruebas que admitir de la parte recurrida en la presente causa.
En fecha 08 de mayo de 2015, se apertura el lapso para la evacuación de las pruebas admitidas por este Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 84, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.

En fecha 25 de mayo de 2015, se fija el lapso de cinco (5) días hábiles, para que las partes presenten sus escritos de informes.

Mediante auto de fecha 03 de junio de 2015, este Tribunal visto que feneció el lapso para que las partes presentaran informes, se fijó el lapso de treinta (30) días hábiles para sentenciar la causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Seguidamente estando dentro de la oportunidad procesal de conformidad con el Artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal pasa a emitir su fallo en la presente causa con base a las consideraciones siguientes:
-II-
ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE

El recurrente solicita la nulidad de contra la providencia administrativa Nº 00038-11, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Apure en fecha dieciocho (18) de marzo de 2014. A tal efecto aduce que el acto administrativo: “(…) 3. Respecto de la sanción tomada en mi contra, estamos en presencia evidente de una situación irregular que vicia el acto de Nulidad Absoluta y así debe ser declarado, toda vez, que SE ME APLICO UN FALSO SUPUESTO DE DERECHO así lo alego.
4. Invoca la referida providencia administrativa atacado por esta acción, por demás viciado de nulidad absoluta y en consecuencia irrito y sin valor alguno, alegando normas legales que no se corresponde con mi situación laboral: Omite el nombramiento, las planillas de asistencia al lugar de trabajo, no es posible despedir a un (a) trabajador (a) (como en mi caso), sin que se aperture una autorización para despedir ante la Inspectoría del Trabajo previo contradictorio por otro lado la función por mi persona ejercida del Instituto Autónomo de la Salud del estado Apure (INSALUD-APURE) era de enfermera; no habiéndose aperturado un procedimiento previo sancionatorio, evidentemente el acto administrativo sancionatorio atacado por esta acción, está viciado de Nulidad y así debe ser declarado.
5. Destaca el acto atacado, Que: “No era trabajadora del Instituto Autónomo de la Salud del Estado Apure (INSALUD-APURE)”, a lo que hay que destacar, que la presidenta de INSALUD reconoce que si soy trabajadora y toda la institución también quienes me reconoce como trabajadora,; POR OTRA PARTE, DESTACO QUE LAS TRABAJADORA ORDINARIAS COMO ES EL CASO DE MI PERSONA, TAL CONCEPCIÓN NO DEBE SER EXTENSIBLE MAS ALLÁ DE LOS ESTABLECIDO POR EL LEGISLADOR.
Indican en su acto administrativo irrito, que actúa de conformidad de los parámetros legales que invoca en el mismo acto, los cuales se dan por reproducido; a lo que hay que destacar que en mi caso particular tales normativas no me son aplicables, pues siempre hay que observar que labor especifica se cumple en un cargo determinado Y EN TODO CASO ESTE TRIBUNAL DEBE DESAPLICAR TALES NORMATIVAS POR CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES, (violenta la Constitución Nacional y le Ley Orgánica del Trabajo y el decreto Presidencial de inamovilidad numero 7914 dictado por el Ejecutivo Nacional) pues NO LE ES DADO A LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO LEGISLAR AL RESPECTO, TAL METERÍA ES UNA DE LAS PROPIAS DE LA RESERVA LEGAL. (Negrita y mayúscula del escrito).
(…)

Alega la recurrente que la mencionada providencia administrativa violenta las normas contenidas en los artículos en cuanto a la Inconstitucionalidad 1, 3, 25 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 26 y 320 del Código de Procedimiento Civil, 19 numerales 3 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con relación al vicio de falso supuesto de derecho, artículo 9 de novísimo reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. 35, 76, 78, 79 y 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE EN LA AUDIENCIA

En el desarrollo de la audiencia de juicio, la parte recurrente manifestó lo siguiente: “…ciudadana Jueza, se interpone la presente nulidad basada en la oportunidad del procedimiento administrativo donde se solicitó la protección de la Inamovilidad Laboral, en aquella oportunidad la ciudadana recurrente que asistida por el procurador del trabajo, en el procedimiento administrativo se alegaron varios puntos donde se dio como resultado que la Inspectora del Trabajo declarará sin lugar la solicitud de inamovilidad laboral bajo las siguientes características: 1.- Alego el apoderado judicial de la ciudadana recurrente que la misma posee inamovilidad laboral, ya que viene laborando en la institución como enfermera y así consta en el expediente; 2.- Insalud Apure, solicitó en esa oportunidad que se declarará Sin Lugar la solicitud ya que alegó que la persona que le asignó el cargo no tenia la cualidad para otorgar el mismo, ya que era Maritza Girón la jefa de enfermera presuntamente, que le había otorgad el cargo y consignaron en el expediente administrativo una carta motiva donde la señora Maritza Girón como Presidenta de Enfermeras hacia una exposición a la Presidenta de Insalud Apure informándole que habían 15 enfermeras en situación anormal, donde estaban laborando sin habérseles consignado el respectivo salario; la Inspectora del trabajo no tomó en consideración las asistencias, el carnet que consta en el respectivo expediente, dicho carnet esta firmado por la presidenta de la institución, menos puede la institución alegar que la presidenta de Insalud no sabía cuando la misma es quien firma el carnet y la solicitud que se lleva al banco para abrir una cuenta nómina; la ciudadana inspectora del trabajo cuando toma su decisión se basa en el criterio de quien da el cargo fue la presidenta de las enfermeras, más no toma en cuenta que no hubo impugnación de actas de asistencias, de igual forma consta en el expediente que la presidenta de Insalud solicita ante el Ministerio Público hacer una investigación a la ciudadana Maritza Girón, ya que la misma había cometido una irregularidad, ciudadana Jueza basándome en que no consta en el expediente que fue Maritza Girón quien otorgó el cargo pero si consta que fue la Presidenta de Insalud – Apure, y que la Inspectora del Trabajo no valoró las respectivas pruebas, es por lo que solicitamos en reenganche de la ciudadana trabajadora” (Omissis).

-III-
ALEGATOS DE LA PARTE RECURRIDA

La parte recurrida, en la oportunidad correspondiente no dio contestación al recurso interpuesto

-IV-
ALEGATOS DEL TERCERO INTERESADO

En el desarrollo de la audiencia de juicio, la Abogada Apoderada Judiciales del tercero interesado, manifestó lo siguiente:

“…En primer lugar quiero expresar que Insalud – Apure como tercero interesado, nos apegamos y ratificamos el contenido de la providencia administrativa N° 00038-14, de fecha 14 de mayo 2014, emitida por la Inspectoría del Trabajo, en ningún momento se han violado los Derechos Constitucionales, como es el derecho al trabajo, se hace mención que las pruebas presentadas en su debido momento ante la Inspectoría del Trabajo por parte de la demandante, fueron impugnadas, porque en primer lugar la cuenta no es nómina es una cuenta personal, en segundo lugar el carnet digital que si bien es cierto tiene una firma con el molde de la firma de la Presidenta de Insalud – Apure, eso no quiero decir que sea su firma real de su puño y letra, ni que sea un sello húmedo y eso es comprobable, ya que hay un formato que en cualquier lugar donde se trabaje con computación puede hacerse un carnet, por ello la Inspectora del Trabajo no valoró esa prueba como contundente; otro caso es que fue la coordinadora de enfermería que ordenó que cumplieran con unas funciones, nos apegamos al artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como a los privilegios que tienen las instituciones, porque no es la forma idónea de ingresar a la administración pública y por lo tanto no podemos admitirlo como un hecho verdadero, ya que tiene consecuencias jurídicas y responsabilidades, se denunció ante el Ministerio Público a la funcionaria que hizo esa designación, y la misma fue destituida como consecuencia de ello, por lo tanto no reconocemos que la institución tenga que asumir un error de un particular, por lo tanto, solicitó se ratifique la providencia administrativa emitida por la Inspectoría del Trabajo…(Omissis)

Al finalizar la exposición de las partes, la Juez procedió a instar a la parte sobre la facultad probatoria que tienen y que en ese momento pudieran ejercer de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, donde el recurrente declaró que lo fundamental fue anexado al escrito libelar, y el tercero interesado consignó escrito de contestación de la demanda.
-VI-
DE LAS PRUEBAS APORTADAS

PRUEBAS DEL RECURRENTE

La parte recurrente en la audiencia de juicio ratificó los instrumentos probatorios consignados conjuntamente con el escrito libelar, siendo estos los siguientes:

1. Copia Certificada por ante la Inspectoría del Trabajo con sede en San Fernando estado Apure del expediente administrativo Nº 058-2013-01-00526, (folios 09 al 74).

La parte recurrente en la audiencia de juicio no consignó prueba alguna.-

Este Tribunal le otorga pleno valor a las pruebas documentales aportadas ello en virtud que, las mismas no fueron impugnadas en su oportunidad legal, aunado a ello son copias fiel y exactas a las copias certificadas remitidas por la Inspectoría del Trabajo del estado Apure. Y así se declara.

PRUEBAS DEL INTERESADO BENEFICIARIO DEL ACTO

La parte recurrida en la audiencia de juicio no consignó escrito de prueba alguno.-
-VII-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La pretensión de nulidad se contrae a cuestionar la Providencia Administrativa Nº 00038-14, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Apure en fecha dieciocho (18) de mayo de 2014, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio San Fernando del Estado Apure, por la cual se declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos justificadamente a la trabajadora LINA YUBIRIS CONTRERAS FARFAN venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-.14.520.060, debidamente asistida por el abogado MARCOS GOITIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-. 11.756.223, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 75.239, contra la providencia administrativa Nº 00038-14.

Una vez analizado el escrito presentado por la parte recurrente, observa este Tribunal que el recurso de nulidad está dirigido contra los supuestos vicios en que incurrió la providencia administrativa Nº 00038-14, dictado por la Inspectoría del Trabajo del estado Apure en fecha dieciocho (18) de marzo de 2014, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos formulada por las ciudadanas LINA YUBIRIS CONTRERAS FARFAN, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.520.060 y YELITZA AQUILIMAR HERRERA CEDEÑO, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-18.237.770, al dictar su acto, con respecto a los vicios de la providencia, quedó circunscrito a: 1) viciado de falso supuesto e inmotivación 2) violación de los parámetros legales contenidas en los artículos en cuanto a la Inconstitucionalidad 1, 3, 25 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 26 y 320 del Código de Procedimiento Civil, 19 numerales 3 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con relación al vicio de falso supuesto de derecho, artículo 9 de novísimo reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. 35, 76, 78, 79 y 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 3) ESTE TRIBUNAL DEBE DESAPLICAR TALES NORMATIVAS POR CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES, (violenta la Constitución Nacional y le Ley Orgánica del Trabajo y el decreto Presidencial de inamovilidad numero 7914 dictado por el Ejecutivo Nacional) pues NO LE ES DADO A LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO LEGISLAR AL RESPECTO, TAL METERÍA ES UNA DE LAS PROPIAS DE LA RESERVA LEGAL. (Mayúscula del escrito). 4) falta de procedimiento previo conforme a lo establecido en el artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.

Por su parte, la apoderada Judicial del Instituto Autónomo de la Salud del estado Apure, tercero interesado en la presente causa ciudadana HILDA JOSEFINA ROJAS ROJAS, en la audiencia de juicio hizo las siguiente alegaciones; (…)nos apegamos y ratificamos el contenido de la providencia administrativa N° 00038-14, de fecha 14 de mayo 2014, emitida por la Inspectoría del Trabajo, en ningún momento se han violado los Derechos Constitucionales, como es el derecho al trabajo, se hace mención que las pruebas presentadas en su debido momento ante la Inspectoría del Trabajo por parte de la demandante, fueron impugnadas, porque en primer lugar la cuenta no es nómina es una cuenta personal, en segundo lugar el carnet digital que si bien es cierto tiene una firma con el molde de la firma de la Presidenta de Insalud – Apure, eso no quiero decir que sea su firma real de su puño y letra, ni que sea un sello húmedo y eso es comprobable, ya que hay un formato que en cualquier lugar donde se trabaje con computación puede hacerse un carnet, por ello la Inspectora del Trabajo no valoró esa prueba como contundente; otro caso es que fue la coordinadora de enfermería que ordenó que cumplieran con unas funciones, nos apegamos al artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como a los privilegios que tienen las instituciones, porque no es la forma idónea de ingresar a la administración pública y por lo tanto no podemos admitirlo como un hecho verdadero, ya que tiene consecuencias jurídicas y responsabilidades, se denunció ante el Ministerio Público a la funcionaria que hizo esa designación, y la misma fue destituida como consecuencia de ello, por lo tanto no reconocemos que la institución tenga que asumir un error de un particular, por lo tanto, solicitó se ratifique la providencia administrativa emitida por la Inspectoría del Trabajo (…)

Vista la alegación realizada por la apoderada judicial del tercero interesado, mediante la cual manifiesta que la ciudadana Maritza Girón en su condición de jefa de enfermería no tenía competencia alguna para otorgar ninguna credencial a la ciudadana recurrente, ya que dicha competencia le es atribuida a la Presidenta del Instituto Autónomo de la Salud (Insalud Apure), y esta, puede delegar la misma a la Gerente de Recursos Humanos única autorizada para ejercer dichas funciones.

Este Tribunal para resolver el fondo de la controversia estima necesario pronunciarse, en primer lugar, en torno al alegato referido a la incompetencia-el cual es un vicio de orden público- por usurpación de funciones de la ciudadana Maritza Girón para ingresar profesionales de enfermería a la nomina del Instituto Autónomo de la Salud del estado Apure, y al tratarse éste de un vicio que afecta el elemento subjetivo del acto administrativo, y que además, una vez constatado produce su nulidad, es necesario determinar si fue dictado respetando el principio de competencia, y en tal sentido observa:

La competencia administrativa ha sido definida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el ordenamiento jurídico positivo; es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente. De allí que la competencia esté caracterizada por ser: a) expresa, porque ella debe estar explícitamente prevista en la Constitución o las leyes y demás actos normativos, es decir, la competencia no se presume; y b) Improrrogable o indelegable, porque el órgano que la tiene atribuida no puede disponer de ella, sino que debe limitarse a su ejercicio, en los términos establecidos en la norma, y debe ser realizada directa y exclusivamente por el órgano que tiene atribuida la competencia como propia, salvo los casos de delegación, sustitución o avocación, previstos en la Ley.

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia Nº 00905 del 18 de junio de 2003, señaló que la incompetencia -respecto al órgano que dictó el acto- se configura cuando una autoridad administrativa determinada dicta un acto para el cual no estaba legalmente autorizada, por lo que debe quedar precisado, de manera clara y evidente, que su actuación infringió el orden de asignación y distribución de las competencias o poderes jurídicos de actuación de los órganos públicos administrativos, consagrado en el ordenamiento jurídico.

Así, la competencia confiere a la autoridad administrativa la facultad para dictar un acto para el cual está legalmente autorizada y ésta, tal como se señaló, debe ser expresa, por lo que sólo en los casos de incompetencia manifiesta, los actos administrativos estarían viciados de nulidad absoluta.

Por otra parte, la incompetencia como vicio de nulidad del acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se producirá cuando el funcionario actúe sin el respaldo de una disposición expresa que lo autorice para ello, o bien, cuando aun teniendo el órgano la competencia expresa para actuar, el funcionario encargado de ejercer esa competencia es un funcionario de hecho o un usurpador (Vid. Sentencia SPA Nº 161 del 03 de marzo de 2004).

En tal sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han distinguido básicamente tres tipos de irregularidades: la llamada usurpación de autoridad, la usurpación de funciones y la extralimitación de funciones.

La usurpación de autoridad ocurre cuando un acto es dictado por quien carece en absoluto de investidura pública. Este vicio se encuentra sancionado con la nulidad absoluta del acto. Por su parte, la usurpación de funciones se constata, cuando una autoridad legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público, violentando de ese modo las disposiciones contenidas en los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de los cuales se consagra, por una parte, el principio de separación de poderes según el cual cada rama del Poder Público tiene sus funciones propias, y se establece, por otra, que sólo la Constitución y la ley definen las atribuciones del Poder Público y a estas normas debe sujetarse su ejercicio.

Finalmente, la extralimitación de funciones consiste fundamentalmente en la realización por parte de la autoridad administrativa de un acto para el cual no tiene competencia expresa (Vid. Sent. SPA Nº 539 del 01 de junio de 2004 y Sent. SPA Nº 6589 del 21 de diciembre de 2005).

En el caso bajo análisis, se puede evidenciar que la Maritza Girón Silva, Coordinadora Regional de Enfermería de Insalud Apure, según Resuelto No. I-A 373 -13, de fecha 13 de mayo de 2013, no tenía la capacidad, ni la competencia para nombrar a ningún funcionario, por cuanto esta competencia por Ley, le es dada a la Presidenta del Instituto Autónomo de la Salud del estado Apure ciudadana María Eugenia Colmenares que es la única autoridad competente.

Por consiguiente, la ciudadana Maritza Girón Silva, no era competente para ingresar profesionales de enfermería a la nomina del Instituto Autónomo de la Salud del estado Apure. Es decir, ella no tenía la competencia, ni la capacidad para otorgar esos cargos. En consecuencia, siendo la ciudadana Maritza Girón Silva incompetente, este Tribunal trae a colación lo dispuesto en el artículo 19 numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos el cual expresa la siguiente;

Artículo 19°-Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos:
(…)
Numeral 4:
Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.

En consecuencia, siendo la ciudadana Maritza Girón Silva, incompetente para ingresar profesionales de enfermería a la nomina del Instituto Autónomo de la Salud del estado Apure, por ende, dicho acto administrativo es nulo, por consiguiente, la ciudadana LINA YUBIRIS CONTRERAS FARFAN, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.520.060, nunca fue trabajadora del Instituto Autónomo de la Salud del estado Apure (INSALUD - APURE). Y así se declara.

Visto la fundamentación de hecho y derecho supra considera esta Juzgadora inoficioso pronunciarse sobre las demás vicios alegados por la recurrente del acto administrativo. Así se declara.

Del análisis de todo los autos que conforma el expediente, tomando en consideración lo argumentado por la doctrina, la jurisprudencia y la Ley, aplicado al presente caso que aquí se ventila, no se evidencia violación alguna al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva, es por lo que resulta forzoso para este Juzgador, declarar: SIN LUGAR el Recurso de Nulidad interpuesto por la ciudadana LINA YUBIRIS CONTRERAS FARFAN, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.520.060, debidamente representada por el abogado MARCOS ELÍAS GOITIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.756.223, inscrito en el Inpreabogado el Nº 75.239, contra la providencia administrativa Nº 00038-14, dictado por la Inspectoría del Trabajo del estado Apure en fecha dieciocho (18) de marzo de 2014, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos formulada por las ciudadanas YELITZA AQUILIMAR HERRERA CEDEÑO, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 18.327.770 y LINA YUBIRIS CONTRERAS FARFAN, identificada supra. Y así se declara.
-VIII-
DISPOSITIVA

Conforme a lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Nulidad interpuesto por la ciudadana LINA YUBIRIS CONTRERAS FARFAN, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.520.060, debidamente representada por el abogado MARCOS ELÍAS GOITIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.756.223, inscrito en el Inpreabogado el Nº 75.239, contra la providencia administrativa Nº 00038-14, dictado por la Inspectoría del Trabajo del estado Apure en fecha dieciocho (18) de marzo de 2014, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos formulada por las ciudadanas YELITZA AQUILIMAR HERRERA venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 18.327.770, y CEDEÑO LINA YUBIRIS CONTRERAS FARFAN, identificada supra. SEGUNDO: Se declara la validez del Acto Administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 00038-14, dictado por la Inspectoría del Trabajo del estado Apure en fecha dieciocho (18) de marzo de 2014, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos formulada por las ciudadanas YELITZA AQUILIMAR HERRERA venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 18.327.770, y CEDEÑO LINA YUBIRIS CONTRERAS FARFAN, identificada supra. TERCERO: De conformidad con el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, se hace de su conocimiento a las partes que podrán apelar de dicha decisión en ambos efectos dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a su publicación. CUARTO: Notifíquese al Procurador General de la República de la presente decisión.

Publíquese y Regístrese, déjese copia certificada de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil quince 2015.
La Jueza Titular;

Abog. Carmen Yuraima Morales de Villanueva

La Secretaria,

Abog. Inés María Alonso Aguilera