TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Apure
San Fernando de Apure, veinticuatro de septiembre de dos mil quince
205º y 156º

SENTENCIA INTERLOCUTORIO CON FUERZA DEFINITIVA
(PERENCION DE LA INSTANCIA)

ASUNTO N° CP01-L-2013-000122
DEMANDANTE: LEDDYS CAROLINA CASTILLO CAICEDO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 19.151.337.
ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE DEMANDANTE: JESUS ANTONIO MAICA y DANIEL MENDEZ PARRA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 197.415 y 109.257 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: CILEN MARBELIA RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.619.192, en su condición de representante de la firma mercantil RESTAURANTE LA BENDICION.
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES.

En fecha dieciocho (18) de junio de 2013, este Tribunal recibe demanda por Prestaciones Sociales, seguido por LEDDYS CAROLINA CASTILLO CAICEDO, asistido por los Abogados en ejercicio JESUS ANTONIO MAICA y DANIEL MENDEZ PARRA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 197.415 y 109.257 respectivamente, contra CILEN MARBELIA RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.619.192, en su condición de representante de la firma mercantil RESTAURANTE LA BENDICION; y dado que, se observó omisiones en el escrito libelar, se procedió aplicar despacho saneador, el veinte (20) de junio del 2013, para lo cual se libró boleta de notificación al demandante.

Ahora bien, de una revisión exhaustiva realizada al expediente observa este Tribunal en la presente causa, ha transcurrido más de un (1) año sin haberse llevado a efecto acto alguno de procedimiento, durante el lapso comprendido desde el dieciocho (18) de junio del 2013, fecha está en que, la ciudadana LEDDYS CAROLINA CASTILLO CAICEDO consignó demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y demás Beneficios Laborales hasta la presente fecha, lo cual conlleva a tener que declarar la extinción de la instancia, por falta de interés de la parte demandante; no obstante a ello, esta juzgadora antes de decretar la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; por tanto, se presume que la misma se encuentra perimida, por no haberse realizado actuación alguna de las partes por un lapso igual o superior a un año.

Establece el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al respecto lo siguiente:

“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el juez, éste último deberá declarar la perención.”

En este mismo orden de ideas, el artículo 202 ejusdem establece:

“La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal”.

Del contenido de los artículos transcritos, claramente puede evidenciarse que para que opere la institución de la perención, se requiere necesariamente la inactividad de las partes durante el transcurso de un (1) año, inactividad procesal referida a la no realización de actuación alguna de las partes en el proceso, lo que constituye a criterio del legislador una actividad omisiva de las partes, inobservándose su obligación de impulsar el proceso para evitar el evidente decaimiento de su interés. Al respecto, nuestra Jurisprudencia patria, ha sostenido en forma reiterada, que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la Instancia.

El fundamento de la perención de la instancia descansa sobre los siguientes motivos: la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo), ya que el interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 195, del 16 de febrero de 2006, caso: SUELATEX, C.A., respecto a la perención de instancia señaló lo siguiente:

“(…) Las normas anteriores recogen dos supuestos de perención en materia laboral: por una parte, la regla general que expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de pleno derecho, la cual puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y, por otra, la perención de la instancia después de vista la causa la cual opera transcurrido un lapso superior a un año sin que exista actividad alguna de las partes o del Juez, ello inserto dentro de las disposiciones transitorias de ese texto legal..."

De igual manera, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, de fecha 03-02-2005, caso Daniel Blanco, en contra de Manufacturas de Papel, C.A (MANPA), estableció que:

“… La Sala observa: La sentencia recurrida para decidir sobre la perención de la instancia, se fundamentó en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en la sentencia N° 956 de fecha 1° de junio de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual analizó la figura procesal de la perención de la instancia a la luz de la norma prevista en el artículo 267 del Código de procedimiento Civil, y estableció que la inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención, pues tal disposición persigue sancionar la inactividad de los litigantes, produciendo la extinción del procedimiento. No obstante, lo anterior, la Sala estableció que la inactividad de las partes en estado se sentencia, tiene otro efecto que si las perjudica y que está determinado por el interés procesal, estableciendo dentro de las modalidades de la extinción de la acción, la perdida de interés que tiene lugar cuando el accionante no impulsa el proceso a estos fines. Esta falta de interés surge en el proceso en dos oportunidades procesales, a saber: la primera,…” “… y la segunda, cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como en el presente..”

Ahora bien, de los elementos de hecho y de derecho previamente analizados considera este Tribunal, que habiéndose verificado mediante revisión, que en la causa en mención transcurrió más de un (1) años, para ser exacto, dos (2) años, tres (3) meses y seis (6) días, contados desde la última actuación en el presente expediente; es decir, el dieciocho (18) de junio del 2013, fecha de la consignación del escrito libelar antes esta Coordinación Laboral, hasta la presente fecha que produce la sentencia de perención de la instancia, sin que se observe actuación alguna de la parte demandante en la causa; en consecuencia, encontrándose llenos los extremos legales que se contrae el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, resulta obligante para esta Juzgadora decretar la perención de la instancia; por tanto, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: LA PERENCION Y LA EXTINCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio, incoado por LEDDYS CAROLINA CASTILLO CAICEDO, titular de la cédula de identidad N° 19.151.337, asistida por los Abogados en ejercicio JESUS ANTONIO MAICA y DANIEL MENDEZ PARRA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 197.415 y 109.257 respectivamente, contra CILEN MARBELIA RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.619.192, en su condición de representante de la firma mercantil RESTAURANTE LA BENDICION, de conformidad con los artículo 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASÍ SE DECIDE.
SEGUNDO: A los efectos de garantizar las normas del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa de la parte demandante, se ordena la notificación mediante boleta.
TERCERO: No hay condenatoria en costa por la naturaleza de la decisión.
La Jueza Titular;

Abg. Ana Trina Padrón Alvarado
La Secretaria

Abg. Nereida Claribeth Torres S.