REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO
Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS
SAN FERNANDO Y BIRUACA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO APURE
EXPEDIENTE: Nº. 2.002- 3111
DEMANDANTE: EMILSE REGINFO.
DEMANDADO: INSTITUTO DE PLANIFICACION REGIONAL DEL ESTADO APURE (INPRA).-
MOTIVO: DIFERENCIA DE REPRESENTACIONES SOCIALES.
FECHA DE ENTRADA
DEL EXPEDIENTE: 01 DE JULIO 2002
I
En fecha 01 de julio de 2002, se inició el presente procedimiento de DIFERENCIA DE REPRESENTACIONES SOCIALES recibido por ante el extinto Juzgado del Municipio San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, mediante demanda incoada por el ciudadano EMILSE REGINFO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº. 11.758.167, asistida por los Abogados ALBA ESPINOZA COLMENARES y EDWIN ESPINOZA COLMENARES, inscritos en el Inpreabogado Nros 36.669 y 54.937, en contra del INSTITUTO DE PLANIFICACION REGIONAL DEL ESTADO APURE (INPRA) de esta ciudad de San Fernando de Apure, estado Apure.
Expone la demandante: “… En fecha 26 de diciembre del año 2000 fue suprimido y ordenada la liquidación de EL FONDO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO APURE (Fondea) instituto autónomo creado por la ley por la Asamblea Legislativa del estado Apure, en fecha 01 de diciembre de 1990 promulgada por el Gobernador del estado Apure el 03 de diciembre de 1990 y publicada en Gaceta Oficial del estado en la misma fecha, mediante Ley DE LIQUIDACION Y SUPRESION DEL INSTITUTO AUTONOMO FONDO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO APURE (FONDEA) de fecha 26 de diciembre de 2000, número 826 ordinario, poe el cual se retira todo el personal de la Institución. Que acompaño marcado con la letra A. Siendo el monto total a cobrar la cantidad de siete millones ciento diez mil doscientos noventa y tres Bolívares con cero un céntimos (Bs. 7.110.293,00) y habiendo pagado la junta liquidadora la cantidad de millones Bolívares con céntimos (Bs.) resta por pagar la cantidad de un millón seiscientos cuarenta y cinco mil ciento treinta y un Bolívares con un céntimos (Bs. 1.645.131,00), que es la diferencia que en este acto se reclama. En el mes de diciembre correspondía a todo el personal adscrito a FONDEA disfrutar de vacaciones… (se da por reproducido integramente)…
Estimó el valor de la demanda en la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN BOLIVARES (Bs. 1.645.131,01).
En fecha 17-07-2001, se recibió diligencia estampada por la ciudadana YASMIN SOLANGEL YEJAN MONTEVERDE, mediante la cual confiere Poder Apud Acta a la Abogada ANNALIESSE MONTENEGRO.
En fecha 24-09-2001, se recibió escrito de contestación de la demanda suscrito por la Abogada ANNALIESSE MONTENEGRO.
En fecha 08-10-2001, se recibió diligencia estampada por la ciudadana EMILSE RENGIFO, mediante la cual confiere Poder Especial al Abogado EDWIN ESPINOZA COLMENARES.
En fecha 08-10-2001, se recibió escrito de promoción de pruebas suscrito por la ciudadana EMILSE RENGIFO, asistida por el Abogado EDWIN ESPINOZA COLMENARES.
En fecha 08-10-2001, se recibió escrito de promoción de pruebas suscrito por la Abogada ANNALIESSE MONTENEGRO.
En fecha 20-11-2001, el Tribunal dijo vistos.
En fecha 27-02-2002, se recibió diligencia estampada por el Abogado EDWIN ESPINOZA COLMENARES, mediante la cual solicito se reponga la causa.
En fecha 04-03-2002, se dicto auto mediante el cual se repone la causa.
En fecha 04-04-2002, se recibió escrito de contestación de la demanda suscrito por la Abogada ANNALIESSE MONTENEGRO.
En fecha 16-04-2002, se recibió escrito de promoción de pruebas suscrito por la Abogada ANNALIESSE MONTENEGRO.
En fecha 17-04-2002, se recibió escrito de promoción de pruebas suscrito por el Abogado EDWIN ESPINOZA COLMENARES, en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana EMILSE RENGIFO.
En fecha 26-04-2002, se admitieron las pruebas promovidas.
En fecha 13-05-2002, se recibió escrito de promoción de pruebas suscrito por el Abogado EDWIN ESPINOZA COLMENARES, en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana EMILSE RENGIFO.
En fecha 15-05-2002, se notificó a la Procuradora General del estado Apure.
En fecha 20-05-2002, se recibió diligencia suscrita por la Abogada YASMIN YEJAN MONTEVERDE, mediante la cual consigna documento original de jubilación.
En fecha 21-05-2002, se fija el tercer día para que tenga lugar el acto de informe.
En fecha 21-05-2002, se recibió diligencia estampada por el Abogado EDWIN ESPINOZA COLMENARES, mediante la cual otorga sustitución de poder especial a la Abogada LIDA GRACIA.
En fecha 21-05-2002, se recibió diligencia suscrita por la Abogada LIDA GRACIA, mediante la cual solicita declinar la competencia al Tribunal de Primera Instancia Laboral.
En fecha 23-05-2002, se declinó la competencia al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y Bancario.
En fecha 01-07-2002, se recibió expediente emanado del Juzgado Superior Civil (Bienes) en lo Contencioso Administrativo y Agrario del Estado Apure.
En fecha 10-07-2002, se avoca el conocimiento la ciudadana Juez EUMELY J. SANCHEZ MARTINEZ.
En fecha 22-02-2003, se dictó auto mediante el cual se fija el décimo quinto día para que tenga lugar el acto de informe.
En fecha 28-02-2003, se recibió escrito de INFORME, suscrito por LIDA GARCIA.
En fecha 10-03-2003, se dictó auto, mediante el cual fija un lapso de sesenta días continuos para dictar sentencia.
En fecha 10-08-2004, se avocó el conocimiento de la causa ANA TRINA PADRON ALVARADO.
En fecha 10-08-2004, se avocó el conocimiento de la causa FRANK GARCIA DIAZ.
En fecha 26-06-2015, el Tribunal dictó auto en el cual ordeno notificar a la parte demandando a los fines de que en el lapso de cinco días de despacho manifestara a este despacho las causas o motivos de la inactividad o desinterés del presente procedimiento.
En fecha 07-08-2015, el alguacil de este Tribunal, dejo constancia de que la ciudadana EMILSE RENGIFO, no pudo ser localizado en el domicilio señalado, por lo que se procedió conforme a lo preceptuado en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
Según el maestro Italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.
En fecha 07 de agosto del año 2.015, el ciudadano Secretario Temporal dejó constancia de la última notificación y comenzó a correr los lapsos procesales. Ahora bien en el auto dictado en fecha 26 de junio de 2.015, se estableció un plazo de cinco (05) días contados a partir de la última notificación para que la parte recurrente demandante manifestara las causas o motivo que justifiquen la inactividad o desinterés en relación al juicio de DESALOJO DE INMUEBLE. So pena a que este Tribunal declare EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN y en consecuencia la extinción de la misma, por su incomparecencia o por falta de fundamentación suficiente, evidenciando esta Juzgadora que en fecha 14 de agosto de 2.015, venció el último día para que la parte demandante impulsara el proceso.
Ahora bien, esta Juzgadora observa, que la parte demandante recurrente quedó debidamente notificada y que la misma no acudió a impulsar el proceso, en tal sentido tenemos que sobre la llamada teoría del “decaimiento de la acción”, existe una interesante sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Nº 956, caso Valero-Portillo), bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en la cual se estableció la siguiente doctrina:(Omissis)
“…A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendiendo este como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
Quien demanda a una compañía aseguradora, por ejemplo, para que le indemnice un bien amparado por una póliza de robo, pierde el interés procesal, si recupera el bien. Ya no necesita de indemnización (si ello no lo demandó) ni de fallo que ordene la entrega del objeto asegurado.
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlos si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente debe ser decretada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El Artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del Juez.
Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.
En ambos casos, la función Jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida de interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscriben al procedimiento.
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra –como lo apunta esta Sala – la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el Juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida tal del impulso procesal que le corresponde.
Se trata de una situación distinta de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida…
(Omissis)
…Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.
No estableció ni la constitución ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta sala del 28 de Julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial…”
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales: 1.- Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el Juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al Juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. 2.- La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como el caso de marras. Tal parálisis conforme a los principios generales de las instituciones, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de la prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que declara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido.
Ahora bien, hasta la presente fecha, no cursa en las actas procesales actuación alguna realizada por las partes que evidencie un interés sobre las resultas del juicio.
En la misma sentencia (Nº 956, caso Valero-Portillo, bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció:(Omissis) “…Es cierto que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional.
Luego, la Sala Constitucional en esa sentencia distingue la institución procesal de la perención, del decaimiento de la acción por falta de interés procesal. Finalmente, dentro de las distinciones anotadas, también es de sumo interés establecer las diferencias entre suspensión y paralización del procedimiento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil y como una expresión de la facultad directora del proceso a cargo del Juez, si bien es cierto que el Juez debe impulsar de oficio el procedimiento hasta su conclusión, excepto cuando el esté suspendido por algún motivo legal, caso en el cual, el Juez pierde la facultad oficiosa antes anotada, lo que quiere decir que la causa entra en estado de latencia o especie de “sueño invernal”, mientras dure el término legal de suspensión, que verificado, exista o no impulso de las partes, continuará automáticamente, tal como lo prevé el parágrafo primero del artículo 202 eiusdem.
Aplicando la normativa procesal señalada y el precedente vinculante del Máximo Tribunal de la República, en concordancia con las máximas fijadas por la Sala de Casación Civil, a la presente causa, debe concluirse, que mal podía esta Juzgadora declarar dictar una sentencia condenatoria en base a las actas procesales, sin que se violentaren todas las formalidades esenciales que integran el debido proceso y el derecho a la defensa.
Es imperioso destacar, que de las actas procesales se desprende a todas luces una falta de interés en las partes; razón por la cual, quien suscribe, debe declarar el decaimiento de la acción en esta instancia. Así se decide.
Ahora bien, en virtud de haber transcurrido once (11) años con dos (02) meses y nueve (9) días, desde el momento de la última actuación (08-07-2004), hasta la presente fecha, sin que se demostrara interés procesal alguno en dicha causa, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Fernando y Biruaca de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, acogiendo el criterio jurisprudencial reiterado por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil, relativo al decaimiento de la acción cuando se trata de falta de interés procesal, considera, que en el caso de autos, ha cesado la amenaza o situación jurídica denunciada en la presente demanda, en virtud de encontrarse la causa sin actividad de las partes por más de once (11) años.
En atención a lo expuesto, esta Juzgadora observa, que lo procedente es declarar en la presente demanda por DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES. La terminación del procedimiento, lo que evidentemente, implica el decaimiento de la acción en esta instancia. Así se declara.
En consecuencia, en cumplimiento a los principios constitucionales relativos al debido proceso, el derecho a la defensa, igualdad de las partes, celeridad y economía procesal, previstos en nuestra Carta Magna, así como en nuestro ordenamiento jurídico, y conforme ha sido establecido en sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante las cuales se ha establecido el criterio relativo al decaimiento de la acción por falta de interés e impulso procesal, en virtud de la inactividad indefinida de las partes, deberá declararse la extinción de la acción en esta instancia, por la pérdida de interés en el presente juicio de DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES. Así se decide.
III
DISPOSITIVA
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Fernando y Biruaca de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Primero: LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN, EN ESTA INSTANCIA, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS, en el presente juicio por DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES. Intentado por la ciudadana EMILSE REGINFO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº. 11.758.167, asistida por los Abogados ALBA ESPINOZA COLMENARES y EDWIN ESPINOZA COLMENARES, inscritos en el Inpreabogado Nros 36.669 y 54.937, en contra del INSTITUTO DE PLANIFICACION REGIONAL DEL ESTADO APURE (INPRA) de esta ciudad de San Fernando de Apure, estado Apure. Segundo: ORDENA la notificación de las partes intervinientes en el presente juicio, conforme a lo previsto por el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, y una vez que conste en autos las mismas, comenzará a correr el lapso para que ejerzan los recursos correspondientes.
PUBLIQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Fernando y Biruaca de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a las 10:30 a.m., del día diecisiete (17) del mes de Septiembre del año Dos Mil Quince (2.015).- Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Juez,
Abg. EUMELY J. SÁNCHEZ MARTÍNEZ.
El Secretario Acc.,
Abg. ORLANDO R. CORDOBA R.
En esta misma fecha y hora se publicó, registró la anterior Sentencia conforme a lo ordenado y quedó anotada en el punto N°. , al folio , del Libro Diario.
El Secretario Acc.,
EJSM/ORCR/Alejandra.- Abg. ORLANDO R. CORDOBA R.
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