REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SEGUNDO DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito judicial con competencia en Delitos contra la Mujer de la circunscripción judicial del Estado Apure
Tribunal Segundo de Violencia Contra la Mujer en Funciones de control, audiencia y medidas


San Fernando de Apure, 11 de Abril de 2016.-.
205° y 157°
ASUNTO PRINCIPAL : CP31-S-2016-000846
ASUNTO : CP31-S-2016-000846


AUTO FUNDADO DE MEDIDA CAUTELAR

Este Tribunal procede a fundamentar decisión dictada en audiencia celebrada de conformidad a lo establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la cual acordó Medida Cautelar contra el ciudadano imputado DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº V-21.004.338, por la comisión de los delitos de AMENAZA Y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previstos y sancionados en los artículos 41 último aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 272 en relación con el 274 del Código Penal Venezolano, en perjuicio de la ciudadana YSAELA DEL ROSARIO GÓMEZ GALLARDO, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 95 numeral 7 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal por remisión expresa del artículo 89 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a tal efecto observa:

Convocada la audiencia conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el ciudadano Fiscal Auxiliar 18º del Ministerio Público, ABG. MANUEL ROBEYSI GARCÍAS, realiza la siguiente exposición: Actuando de conformidad a las atribuciones que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad a lo establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, realiza la presentación del ciudadano: DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº V-21.004.338, por la comisión de los delitos de AMENAZA Y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previstos y sancionados en los artículos 41 último aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 272 en relación con el 274 del Código Penal Venezolano , en perjuicio de la ciudadana YSAELA DEL ROSARIO GÓMEZ GALLARDO, por estar incurso en uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, previa detención realizada por funcionarios adscritos al Destacamento Nº 351, Segunda Compañía, Comando de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en la Población de Apurito, Municipio Achaguas, Estado Apure. La Representación Fiscal precalifica el delito de AMENAZA Y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previstos y sancionados en los artículos 41 último aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 272 en relación con el 274 del Código Penal Venezolano . Solicita se decrete la APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA, toda vez que la detención del ciudadano encuadra dentro de los extremos legales del artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Solicita se siga la causa por el PROCEDIMIENTO ESPECIAL, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; solicito se dicten MEDIDA DE PROTECCIÓN a favor de la víctima de conformidad a lo establecido en el artículo 90 numerales 3,5,6 y 13 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a favor de victima, por último solicita se decrete en contra del imputado MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD, de conformidad a lo previsto en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la obligación de presentarse ante la autoridad que este Tribunal designe.

HECHOS QUE SE ATRIBUYEN


El ciudadano Fiscal Auxiliar 18º del Ministerio Público, le atribuye al ciudadano DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA, los hechos ocurridos el día 08 de Abril de 2016, la ciudadana YSAELA DEL ROSARIO GÓMEZ GALLARDO, interpone denuncia ante la sede del Destacamento Nº 351, Segunda Compañía, Comando de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en la Población de Apurito, Municipio Achaguas, Estado Apure, en la que indica entre otras cosas lo siguiente:

“……El día de ayer, yo me encontraba para Calabozo, y al llegar a la casa mi pareja Domingo Antonio, se molestó porque yo llegue tarde de donde andaba, entonces comenzó a insultarme con groserías y amenazas delante de mis hijas las cuales una tiene 4 años y la otra tiene 2 años, yo le dije que no me insultara más y que me dejara tranquila, entonces en ese momento el me brincó encima y me tomó fuertemente por el cuello, me apretó que casi me ahorca, y luego me soltó y sacó de su cintura un cuchillo que cargaba y me amenazó, me dijo que me iba a matar porque la cárcel la habían hecho para los hombres, de allí yo me hice la dormida y cuando él se descuidó me salí con mucho cuidado y me dirigí hasta el comando de la Guardia a formular la denuncia…. Es todo……”.
DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCITMA EN SALA DE AUDIENCIAS


De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, le fue cedido el derecho de palabra a la victima ciudadana YSAELA DEL ROSARIO GÓMEZ GALLARDO, quien expuso:

“……Ese día yo andaba para Calabozo el señor estaba molesto porque llegue tarde de calabozo, yo andaba con mi mamá y mi hermana, entonces me agarro por el cuello diciendo que me iba amatar y de ahí fui a ponerle la denuncia, de paso me llama, donde estas y le digo yo estoy aquí en el comando…. Es todo……”.


DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO


Seguidamente la ciudadana Juez conforme a lo establecido en los artículos 127 numerales 1°, 3º 4º, 8º y 12º referente a los derechos que lo asisten como imputado, igualmente los artículos 132 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal, referente a la oportunidad de declarar y la advertencia preliminar, así como también se impuso del articulo 49 numeral 5° de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, respecto al debido proceso; haciéndole la advertencia al imputado, en el sentido de que no está obligado a declarar en causa propia y en caso de consentirlo a no hacerlo bajo juramento, se le explico el hecho que se le atribuye con las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, como lo es la comisión delito de: AMENAZA Y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previstos y sancionados en los artículos 41 último aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 272 en relación con el 274 del Código Penal Venezolano , comunicándole al imputado: DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA, que tiene derecho a declarar, quien libre de juramento, presión, coacción y apremio manifestó que sí desea rendir declaración y expone:

“….Si es verdad que andaba para Calabozo llego como a las cuatro de la tarde, yo estaba acostado yo tengo un negocio allá en la casa, ella llego brava yo me estaba riendo de un carajito que cargaba una broma en la cabeza, ella llego brava y se me fue encima, yo le hice fue así nada más (realiza gesto), yo de cuchillo no, eso es mentira, si quiere que me valla de la casa bueno yo me voy y le dejo su casa, yo lo que quiero que me deje el local de la bodega porque yo tengo eso bien arreglado tengo una bodega allí, yo nunca en mi vida he usado arma, allí dice que fue a las diez y eso fue a las ocho y la discusión fue temprano…” Es todo.-


SOLICITUD DE LA DEFENSA

Por su parte la Defensora Pública ABG. GRISELIA RAMÍREZ, realizó la siguiente exposición:

“…..Solicito se revise la flagrancia a los fines se verifique si cumple con lo establecido en el artículo 96 de la Ley Especial, solicito de conformidad con el artículo 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal la nulidad por la declaración de mi defendido que consta en actas del expediente ya que se hizo en contra de lo establecido en el artículo 132, último aparte, del Código Orgánico Procesal Penal que establece que toda declaración del imputado serán nulas si no se hace en presencia de su defensor o defensora de confianza, asimismo me reservo el derecho de solicitar las diligencias correspondientes en su oportunidad legal del Código Orgánico Procesal Penal, igualmente me adhiero al lo solicitado por el Ministerio Público a que se desestime el delito de violencia física y solicito medida cautelar a mi defendido; una vez imputado el delito de porte ilícito de arma de fuego a mi defendido solicito inste al Ministerio Público a objeto de que realice sobre el arma que consta en la cadena de custodia la prueba de las huellas dactilares y las compare con las del ciudadano Domingo Antonio Jiménez todo ello de conformidad con el artículo 127 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, dicha prueba es útil, pertinente y necesaria ya que con ella se podrá culpar o exculpar al ciudadano del delito del cual se le inculpa…”. Es todo…..”


CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR

Este Tribunal oída como ha sido la solicitud fiscal, la intervención de la víctima y del imputado, y la solicitud de la defensa, entra a analizar las actas de investigación consignadas por el Ministerio Público, a fines de establecer si surgen suficientes elementos de convicción para determinar si la aprehensión ocurrió en flagrancia y la comisión del hecho punible, específicamente el delito de AMENAZA Y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previstos y sancionados en los artículos 41 último aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 272 en relación con el 274 del Código Penal Venezolano , a tal efecto observa:

Que tomando en consideración las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, a saber en fecha 08 de Abril de 2016, a las 11:00 horas de la noche, interponiendo la denuncia la victima: YSAELA DEL ROSARIO GÓMEZ GALLARDO, ante la sede del Destacamento Nº 351, Segunda Compañía, Comando de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en la Población de Apurito, Municipio Achaguas, Estado Apure, el mismo día 08 de Abril de 2016; y ante tal circunstancia, como consta en acta de investigación penal de fecha del 09 de Abril de 2016, el ciudadano: DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA, fue aprehendido en fecha del 09/04/2016, a las 01:00 horas de la tarde, presentando el Ministerio Público el procedimiento por flagrancia ante este Tribunal, el día 10/04/2016, a la 09:38AM, por lo que la aprehensión se subsume dentro las 48 horas establecidas en el artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; razón por la cual se declara como Flagrante la aprehensión del ciudadano DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA. Y así se decide.-

En cuanto a las precalificaciones dada por el representante de la vindicta pública, a saber por los delitos de: AMENAZA Y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previstos y sancionados en los artículos 41 último aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 272 en relación con el 274 del Código Penal Venezolano , este Tribunal toma en consideración que los hechos ocurridos y denunciados por la victima se adapta a tal precalificación; igualmente toma con consideración este Tribunal para admitir la precalificación, los elementos de convicción que a continuación se mencionan:

1.- Acta de Denuncia de fecha 08/04/2016, suscrita por la victima: YSAELA DEL ROSARIO GÓMEZ GALLARDO, ante la sede del Destacamento Nº 351, Segunda Compañía, Comando de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en la Población de Apurito, Municipio Achaguas, Estado Apure; en la que realiza una exposición clara, precisa y circunstanciada de los hechos y las agresiones y amenazas con arma blanca (cuchillo) recibidas por parte del imputado: DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA. (F: 04).-

2.- Acta de Investigación Penal de fecha 09/04/2016, suscrita por los funcionarios: S/1 IZQUIERDO AQUINO MIGUEL y S/1 VARGAS AGUILAR BRIGIDO, adscritos a la sede del Destacamento Nº 351, Segunda Compañía, Comando de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en la Población de Apurito, Municipio Achaguas, Estado Apure, en la que dejan constancia de las Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y de la aprehensión del imputado: DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA. (F: 05 y 06).-

3.- Registro de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas Nº SIP-038-16 de fecha 09/04/2016, relacionado con el arma blanca que le fue decomisada de su integridad física al imputado: DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA, la cual consiste en: un (01) objeto comúnmente conocido como cuchillo o arma blanca fabricado en hierro, con cacha de plástico color anaranjado con letras que se leen bellota. (F: 14).-

4.- Reconocimiento Médico Legal practicado por la Experto Profesional II, Médico Forense Dra. ANA JULIA COLINA, adscrita al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, practicado a la víctima: YSAELA DEL ROSARIO GÓMEZ GALLARDO, el cual arrojó el siguiente resultado: “…Refiere golpe en el cuello que al momento del examen no se evidencia. Estado general: satisfactorio….”. (F: 25).

Por lo antes expuesto esta juzgadora considera que aun cuando estamos en una etapa incipiente de la investigación, son estos los elementos de convicción con lo que cuenta el Ministerio Público para imputar y este Tribunal le debe fe a dichas actuaciones por cuanto son practicadas por los órganos de investigación auxiliares del estado y el dicho de la victima, considerando que son suficientes para acreditar la presunta comisión del delito de AMENAZA Y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previstos y sancionados en los artículos 41 último aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 272 en relación con el 274 del Código Penal Venezolano , en perjuicio de la ciudadana YSAELA DEL ROSARIO GÓMEZ GALLARDO, y como presunto autor el ciudadano DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA; dejando constancia quien aquí se pronuncia, que si bien es cierto la victima señala en su denuncia que fue objeto de maltratos físicos por parte del imputado, no es menos cierto que el informe medico legal practicado a la misma, no arrojó un resultado que soporte la precalificación por el delito de Violencia Física, razón por la cual este Tribunal al igual que el Ministerio Público y la Defensa estima que no están dadas las circunstancias para acreditar la imputación por este delito el cual se desestima. Y así se decide.-

Al analizar la conducta desplegada por el ciudadano DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA, consistente en maltratar físicamente a la ciudadana: YSAELA DEL ROSARIO GÓMEZ GALLARDO, la acción ejecutada por el prenombrado ciudadano de utilizar la fuerza física para causar un sufrimiento físico a la prenombrada ciudadana, constituye el supuesto de hecho del tipo penal de AMENAZA y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA. Aunado al resultado del Reconocimiento medico practicada a la victima, en el cual se hace constar señas de violencia, existiendo verosimilitud con las partes del cuerpo involucradas en la acción violenta descritas por la víctima en la denuncia.

Por lo antes expuesto esta juzgadora considera que estos elementos de convicción son suficientes para acreditar la presunta comisión del delito de AMENAZA Y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previstos y sancionados en los artículos 41 último aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 272 en relación con el 274 del Código Penal Venezolano , en perjuicio de la ciudadana YSAELA DEL ROSARIO GÓMEZ GALLARDO y como presunto autor el ciudadano DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA.

Se aplicara el procedimiento especial establecido en el Capítulo IX de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual fue concebido para obtener una justicia que responda a los postulados consagrados en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prevé:

“……..Venezuela se constituye en un estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político……”.

La actuación del Juez o Jueza en este proceso especial esta dirigida al cumplimiento de tales bases, resguardando los principios procesales establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como lo son la gratuidad, celeridad, inmediación, confidencialidad, oralidad, concentración, publicidad y protección de las víctimas, respetando las bases del proceso penal acusatorio establecido en el Código Orgánico Proceso Penal y sin menoscabo de los derechos del imputado.


MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Este Tribunal decreta las Medidas de Protección y Seguridad a favor de la víctima, solicitadas por el Representante del Ministerio Público, específicamente las previstas en el artículo 90 numerales 3, 5, 6 y 13 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia; las cuales consisten en: Nº 3 Se ordena la salida del presunto agresor de la residencia en común, independientemente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral: física, Psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, autorizándolo a llevar sólo sus efectos personales, instrumento y herramientas de trabajo. En caso de que el denunciado se negase a cumplir con la medida, el órgano receptor solicitará al Tribunal competente de la ejecución de la misma, con el auxilio de la fuerza pública. Nº 5 Se prohíbe al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida; en consecuencia, impone al presunto agresor la prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida. Nº 6 Se prohíbe que el presunto agresor, por sí mismo o por terceras personas, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la victima o algún integrante de su familia. Nº 13 De conformidad a lo establecido en el artículo 90 numeral 13 se dicta la siguiente medida innominada consistente en obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género por lo que deberá acudir al Equipo Interdisciplinario a los fines que se incluido en programas dirigidos a lograr cambios de los patrones socio culturales que generan su conducta violenta hacia el género femenino. Resaltándose que debe recibir dos (02) charlas.

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES


Las medidas cautelares se aplican cuando existan fundados elementos de pruebas que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusorio la ejecución de la sentencia definitivamente firme, así como del derecho que se reclama, es decir, las decreta el órgano jurisdiccional para garantizar las resultas del proceso, por lo que debe existir la presunción grave del derecho que se reclama (fumus bonis iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la sentencia definitiva (periculum in mora).

El Tribunal en la audiencia de presentación debe decidir si se mantiene la privación de libertad o la sustituye por una medida menos gravosa, siendo guiada su decisión por los Principios Generales de las Medidas De Coerción Personal, previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, al cual acudimos por el carácter de supletoriedad y complementariedad de sus normas de conformidad a lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en tal sentido el articulo 229 del Código Orgánico Procesal Penal establece el Principio del Estado de Libertad:

“…..Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código…..”.
“…..La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso…..”

El artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, establece el Principio de Proporcionalidad:

“…..No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable…….”

Finalmente el artículo 233 ejusdem establece el Principio de Interpretación Restrictiva, en los siguientes términos:

“…….Todas las disposiciones que restrinja la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia serán interpretadas restrictivamente……….”.

Por lo que el Tribunal del análisis de las actuaciones de investigación presentadas por la Representación Fiscal, considera que existen fundados elementos de convicción para estimar que el imputado DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA, ha sido el autor del delito de AMENAZA Y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previstos y sancionados en los artículos 41 último aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 272 en relación con el 274 del Código Penal Venezolano , en perjuicio de la ciudadana YSAELA DEL ROSARIO GÓMEZ GALLARDO, hecho punible que merece una pena privativa de libertad que no supera los tres años en su límite máximo y cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita dada su reciente comisión, por lo que se dictan la siguiente medida cautelar de conformidad a lo establecido en el articulo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, por remisión expresa del artículo 89 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consistente en la obligación de presentarse cada veinte (20) días por el periodo de cuatro (04) meses ante el Área de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Apure, desestimando la contenida en el numeral 8vo ello en virtud de la problemática de hacinamiento en los recintos de reclusión que existe en la actualidad, aunado a que se trata de un delito menos grave cuya penalidad oscila entre seis (06) a dieciocho (18) meses y el imputado ha manifestado su disposición de cumplir estrictamente con las medidas de protección y seguridad que le impuso el Tribunal.

De conformidad a lo establecido en el artículo 95 numeral 7 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género por lo que deberá acudir al Equipo Interdisciplinario de estos Tribunales de Violencia Contra la Mujer, con sede en esta ciudad de San Fernando, a los fines que se incluido en programas dirigidos a lograr cambios de los patrones socio culturales que generan su conducta violenta hacia la mujer. Resaltándose que debe recibir dos (02) charlas.

INTERVENCIÓN DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

Este Tribunal una vez analizado las circunstancias particulares del presente caso considera procedente la intervención del equipo interdisciplinario, a los fines que brinde asesoría integral al imputado en virtud del dictamen de las medidas cautelares y realice el acompañamiento durante el proceso a la víctima. Todo de conformidad a lo establecido en los numerales 3 y 5 del artículo 122 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.


D I S P O S I T I V A:

Es por lo antes expuesto que este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL ESTADO APURE, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA:


PRIMERO: La APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA del ciudadano DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA RUIZ, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº V-21.004.338, por la comisión de los delitos de AMENAZA Y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previstos y sancionados en los artículos 41 último aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 272 en relación con el 274 del Código Penal Venezolano , en perjuicio de la ciudadana YSAELA DEL ROSARIO GÓMEZ GALLARDO, todo de conformidad con lo establecido el artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia con el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDO: La continuación del proceso siguiendo el PROCEDIMIENTO ESPECIAL previsto en el Capitulo IX, Sección Sexta de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 97 ejusdem.

TERCERO: Se acuerdan a favor de la víctima MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD de las previstas en el artículo 90 numerales 3, 5, 6 y 13 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia; las cuales consisten en: Nº 3 Se ordena la salida del presunto agresor de la residencia en común, independientemente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral: física, Psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, autorizándolo a llevar sólo sus efectos personales, instrumento y herramientas de trabajo. En caso de que el denunciado se negase a cumplir con la medida, el órgano receptor solicitará al Tribunal competente de la ejecución de la misma, con el auxilio de la fuerza pública. Nº 5 Se prohíbe al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida; en consecuencia, impone al presunto agresor la prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida. Nº 6 Se prohíbe que el presunto agresor, por sí mismo o por terceras personas, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la victima o algún integrante de su familia. Nº 13 De conformidad a lo establecido en el artículo 90 numeral 13 se dicta la siguiente medida innominada consistente en obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género por lo que deberá acudir al Equipo Interdisciplinario a los fines que se incluido en programas dirigidos a lograr cambios de los patrones socio culturales que generan su conducta violenta hacia el género femenino. Resaltándose que debe recibir dos (02) charlas.

CUARTO: Se decreta en contra del imputado: DOMINGO ANTONIO JIMENEZ GUERRA, la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD, de conformidad a lo establecido en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, por remisión expresa del artículo 89 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desestimando la contenida en el numeral 8vo ello en virtud de la problemática de hacinamiento en los recintos de reclusión que existe en la actualidad, aunado a que se trata de un delito menos grave cuya penalidad oscila entre seis (06) a dieciocho (18) meses y el imputado ha manifestado su disposición de cumplir estrictamente con las medidas de protección y seguridad que le impuso el Tribunal; en consecuencia se impone la obligación de presentarse cada veinte (20) días ante el Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Apure. De conformidad a lo establecido en el artículo 95 numeral 7 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género por lo que deberá acudir al Equipo Interdisciplinario de estos Tribunales de Violencia Contra la Mujer, con sede en esta ciudad de San Fernando, a los fines que se incluido en programas dirigidos a lograr cambios de los patrones socio culturales que generan su conducta violenta hacia la mujer. Resaltándose que debe recibir dos (02) charlas.

QUINTO: Se ordena oficiar al Equipo Interdisciplinario de este Circuito, a los fines de solicitar se incluya al imputado en programas dirigidos a lograr cambios de los patrones socio- culturales que generan su conducta violenta hacia el género femenino. Resaltándose que deberá recibir dos (02) charlas. Ofíciese. Regístrese y Publíquese.

LA JUEZA SEGUNDA DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS,



ABG. NANCY MARÍA LUGO DE MARTÍNEZ.


LA SECRETARIA,


ABG. ERIKA M. MENA CONTRERAS.
Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior.---------------------

LA SECRETARIA,


ABG. ERIKA M. MENA CONTRERAS.



NLDEM/EM.-
Asunto: CP31-S-2016-000846