REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS
205º y 157º
Parte Querellante: Mercedes Rangel de Rodríguez, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.360.965, domiciliado en San Fernando de Apure del Estado Apure.
Apoderados Judiciales: Wilfredo Chompre Lamuño, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula Identidad N° V-4.669.093, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el N° 34.179.
Parte Querellada: Gobernación del Estado Apure.
Motivo: Querella Funcionarial.
Expediente Nº 3072
Sentencia: Interlocutoria con Fuerza Definitiva
ANTECEDENTES
Se inicia la presente causa mediante escrito presentado en fecha 08 de Abril de 2008, por ante la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, contentivo de la Querella Funcionarial, ejercido por el ciudadano Mercedes Rangel de Rodríguez, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.360.965, representado judicialmente por el abogado en ejercicio Wilfredo Chompre Lamuño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el N° 34.179, contra la Gobernación del Estado Apure, quedando signada con el N° 3072.
Mediante auto de fecha 09 de Abril de 2008, este Tribunal admite cuanto lugar en derecho el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, ordenando la citación del ciudadano Procurador General del Estado Apure, y la respectiva notificación del ciudadano Gobernador del Estado Apure. Se libraron los oficios respectivos.
Por auto de fecha 12 de Marzo de 2009, este Juzgado Superior fijó el tercer (3°) día de despacho siguiente, para la celebración de la Audiencia Preliminar, la cual tuvo lugar el día 17 de marzo de 2009, compareciendo la parte querellante y el Tribunal dejando constancia que la parte querellada no compareció a dicho acto, en este estado el Tribunal, declaró trabada la litis y ordenó la apertura del lapso probatorio.
En fecha 23 de Marzo de 2009, el abogado Wilfredo Chompre, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte querellante, consigno escrito de medio probatorio. Siendo admitidos dichos medios probatorios, mediante auto de fecha 26 de marzo de 2009.
Mediante auto de fecha 16 de Abril de 2009, el Tribunal fijó el cuarto (4to) día de despacho siguiente para la celebración de la audiencia definitiva, la cual fue celebrada en fecha 22 de abril de 2009, acto al cual comparecieron la representación judicial de ambas partes.
Ahora bien, por cuanto en fecha 10 de Julio de 2015, quien suscribe fue designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, según oficio número CJ-152186 de esa misma fecha, emitido por la Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta de la respectiva Comisión, como JUEZA PROVISORIA de este Órgano Jurisdiccional, siendo debidamente juramentada ante la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República; es por lo que se avoca, al conocimiento de la presente causa.
Ante tal circunstancia resulta menester realizar las consideraciones siguientes:
II
DEL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN
Planteados los hechos y luego de haberse efectuado el estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, el Tribunal observa:
1.- Este Órgano Jurisdiccional, de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, constató que la última actuación de la parte querellante consignando diligencia fue en fecha 07 de Marzo del año 2012, oportunidad en la que comparece ante este Tribunal, el Abogado Wilfredo Chompre, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte querellante.
2.- La pretensión trata de una querella por pago de Diferencia de Prestaciones Sociales, planteada por la ciudadana Mercedes Rangel de Rodríguez, en su condición de querellante, representado por el abogado Wilfredo Chompre, ambos plenamente identificados en autos.
En tal sentido, este Tribunal estima necesario realizar algunas consideraciones en relación con la figura de la pérdida del interés y posteriormente revisar las actuaciones procesales, con el fin de verificar si en la presente causa es procedente declarar la misma.
En relación con la actitud negligente del querellante, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 956 de fecha 1° de junio de 2001, precisó respecto de la pérdida del interés procesal, que:
“La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante, interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al Tribunal a tal fin.
(…Omissis…)
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda (…).”
Lo expuesto tiene una razón fundamental, el interés no sólo es esencial para la interposición de un recurso sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos, se puede suponer, que ha desaparecido el interés procesal, toda vez que en el caso de autos se verificó que la causa se encuentra paralizada desde el 12 de junio del año 2012, oportunidad en que el alguacil de este Juzgado Superior consigno oficios Nro. 0917-2012 y 0918-2012.
En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que “[respecto] a los procesos en los cuales sólo resta la producción de la norma individualizada en que se resuelve el fallo judicial y en donde las partes no han solicitado al tribunal correspondiente que se pronuncie sobre el conflicto planteado o sobre la decisión de instancia que le corresponde revisar, [esa] Sala se ha cuestionado sobre el efectivo interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, toda vez que la inactividad y la apatía han sido las constantes a lo largo del tiempo transcurrido entre el nacimiento de la obligación del Poder Judicial en decidir y el momento presente. Tal inacción ha entendido esta Sala, no sería más que una renuncia a la justicia oportuna, desvirtuable sólo a través de su actuación en el expediente, ya sea de manera espontánea o como consecuencia de la notificación a que está obligado el juez efectuar antes de declarar, como lo tiene decidido este Alto Tribunal, extinguida la acción” (Vid. Sentencia número 1.823 de fecha 9 de octubre de 2007, caso: Goodyear de Venezuela, C.A.).
Realizadas las anteriores precisiones, corresponde a esta Tribunal determinar si en el caso de autos se encuentran presentes las circunstancias que harían procedente declarar la pérdida del interés en la presente Querelle Funcionarial.
En tal sentido, aprecia este Órgano Jurisdiccional de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, que la última actuación de la parte querellante en fecha 07 de Marzo del año 2012, consignando diligencia, de lo cual se evidencia que la inactividad de la parte querellante se ha prolongado durante un lapso de tres (03) años, once (11) meses y treinta (30) días.
De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte querellante no instó de manera oportuna y diligente el proceso, por lo que resulta forzoso para este Juzgado Superior declarar la pérdida del interés, y en consecuencia, la extinción del proceso en la Querella Funcionarial, interpuesta por la ciudadana Mercedes Rangel de Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° 5.360.965, debidamente representado por el abogado en ejercicio Wilfredo Chompre, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 34.179, contra la Gobernación del Estado Apure. (Vid. Sentencia Nº 2011-1021 de fecha 6 de julio de 2011, caso José Jairo Canabal Velasco Vs Comisión Nacional Para Los Refugiados). Así se decide.
III
DECISION
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Primero: LA PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL.
Segundo: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO en la Querella Funcionarial incoada por la ciudadana Mercedes Rangel de Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° 5.360.965, debidamente representado por el abogado en ejercicio Wilfredo Chompre, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 34.179.
Publíquese, regístrese, expídanse las copias de Ley. Se ordena notificar a la ciudadana Procurador General del Estado Apure.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, en San Fernando de Apure a los (06) días del mes de Abril de (2016). Años: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Jueza Superior Provisoria;
Abg. Dessiree Hernández Rojas.
El Secretario;
Abg. Héctor David García.
En la misma fecha, 06 de Abril de 2016, siendo las 3:00 p.m, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior decisión.
El Secretario,
Abg. Héctor David García.
Exp. Nº 3072.
DHR/hg/leo.
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