TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE
TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL

San Fernando de Apure, 02 de Agosto de 2016
205° y 157°

AUTO FUNDADO DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD
ASUNTO PENAL: 3C-18.444-16
JUEZ: ABG. PEDRO RAFAEL SOLÓRZANO MARTÍNEZ
FISCALÍAS: CUARTAY VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO
ABG. LIANNE YENIREE GONZÁLEZ y ABG. NESTOR JOSÉ GAMEZ
SECRETARIA: ABG. HELEM OJEDA
VICTIMAS: JOSÉ AVELINO FLORES (OCCISO) y JEAN CARLOS GENTILI
DEFENSA PÚBLICA: ABG. JOSÉ GREGORIO RUIZ
IMPUTADOS:
LUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443, nacido en fecha 25-02-86, de 30 años de edad, de profesión u oficio Albañil, residenciado en el Barrio 19 de Marzo, Calle Principal, Casa s/n, cerca de la Iglesia Biblia Abierta Nº 3, Municipio Biruaca del Estado Apure.

DELITO: ULTRAJE A FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 223 del Código Penal, HOMOCIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal yROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal.

Vista la solicitud interpuesta por la ciudadana Fiscal Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ABG. LIANNE YENIREE GONZÁLEZ SOLORZANO, en audiencia de presentación de fecha 02 de Julio del año que discurre, donde con fundamento en los artículos 236 en sus numerales 1, 2 y 3 en concordancia con el 237 numerales 2 y 3 y Parágrafo Primero del Código Orgánico Procesal Penal, solicitó sea decretada la Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad, en virtud de la comisión de los delitos de ULTRAJE A FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 223 del Código Penal, HOMOCIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal yROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, presuntamente cometido por el ciudadanoLUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443, nacido en fecha 25-02-86, de 30 años de edad, de profesión u oficio Albañil, residenciado en el Barrio 19 de Marzo, Calle Principal, Casa s/n, cerca de la Iglesia Biblia Abierta Nº 3, Municipio Biruaca del Estado Apure; en perjuicio de los ciudadanos: JOSÉ AVELINO FLORES (OCCISO) y JEAN CARLOS GENTILI, correspondiendo la Defensa al ABG. JOSÉ GREGORIO RUIZdel ciudadanoLUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443, a tal efecto el Tribunal para decidir observa:

Que en principio este Tribunal, antes de pasar a fundar el haber decretado Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad contra el imputado de autos, debe prioritariamente verificar si la aprehensión del ciudadanoLUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443, suficientemente identificado en autos fue apegado a lo establecido taxativamente en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, si cumple con los conceptos o requisitos allí establecidos, como son: a) Que para que una persona sea detenida o arrestada sin una orden judicial, debe ser sorprendida in fraganti; b) Que el delito se esté cometiendo o acaba de someterse y c) Que el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad judicial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es autor o autora, en consecuencia, el delito flagrante, según lo señalado en los artículos 234 y 373 del vigente Código Orgánico Procesal Penal, constituye un inminente estado probatorio que genera efectos jurídicos inmediatos como son: a) Que tanto las autoridades como los particulares puedan detener al autor del delito sin orden judicial o auto de apertura de investigación penal y b) El juzgamiento del delito mediante el procedimiento abreviado.

La palabra flagrante, procede del participio activo de flagrar, que significa que flagra, que a su vez significa, que se está ejecutando actualmente. Ahora bien, la doctrina establece reiteradamente, que el delito flagrante “es aquel de acción pública que se comete o se acaba de cometer, y es presentado por alguien que sirve de prueba del delito y de su autor” (vid. Op. cit. p. 33). De manera pues, la doctrina determina que “la flagrancia del delito viene dada por la prueba inmediata y directa que emana del o de los medios de prueba que se impresionaron con la totalidad de la acción delictiva”. (vid. op. Cit. p. 11) producto de la observación por alguien de la perpetración del delito, sea o no este observador la víctima; y si hay detención del delincuente, que el observador presencial declare en la investigación a objeto de llevar al Juez a la convicción de la detención del sospechoso.

Ante tal señalamiento, se evidencia que las circunstancias de, tiempo, lugar y modo en que se produjo la aprehensión del ciudadanoLUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443, fue tal y como se dejó constancia en el Acta de Investigación Penal de fecha 30-06-2016, en la que se evidencia que: “En esta misma fecha, siendo las 06:00 horas de la mañana, cumpliendo instrucciones emanadas de la superioridad, me trasladé en compañía de los funcionarios, DETECTIVE AGREGADO REINARDO MORILLO, DETECTIVES MOISES INFANTE, CARLOS GONZÁLEZ, RICHARD MONTAÑO, ANTONY GARCÍA, CARLOS MOTAS, WILMER BLANCO, YILBER ARMAS Y DANNYS DÍAZ, a bordo de dos unidades marca Toyota, identificada con logos alusivos a esta institución, hacia la siguiente dirección: BARRIO 19 DE ABRIL, CALLE PRINCIPAL, CASA SIN NÚMERO, MUNICIPIO BIRUACA ESTADO APURE, a fin de dar cumplimiento a orden de visita domiciliaria número S2C-2136-16, de fecha 28 de Junio del año 2016, emanada del Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure(…) una vez en las adyacencias del referido lugar, previa identificación como funcionarios adscritos a este Cuerpo de Investigaciones, ubicamos a dos ciudadanos para que nos sirviera de testigos del procedimiento a practicar(…) una vez frente a dicha morada(…) realizamos varios llamados, a viva voz, siendo atendidos por una ciudadana quien manifestó ser la propietaria del inmueble quedando identificada de la siguiente manera: CEBALLO CARVAJAL MARÍA MAITE, Venezolana, natural de San Fernando, Estado Apure, de 19 años de edad, nacida en fecha 03-01-1997(…) en ese sentido ingresamos a la morada, junto con los testigos, una vez dentro observamos debajo de una mesa, a un sujeto con un arma blanca en la mano (cuchillo), motivo por el cual resguardamos a los testigos en la parte externa del rancho, con el fin de evitar que pudieran recibir alguna lesión o herida con el arma que portaba el sujeto, en la misma secuencia le indicamos al súbdito que soltara el arma blanca que portaba, manifestando a viva voz que no se dejaría llevar preso ya que él no tenía nada que ver con ningún homicidio, optando este sujeto en abalanzarse en contra de los funcionarios, motivo por el cual nos vimos en la imperiosa necesidad de hacer el debido uso progresivo de la fuerza física proporcional(…) una vez neutralizados ambos sujetos, fueron esposadosy visto que las personas que se encontraban en el interior del inmueble no eran de amenaza para nuestros testigos, los hicimos ingresar nuevamente al inmueble, para que presenciaran la revisión del mismo logrando encontrar como única evidencia de interés criminalístico, el arma con la cual el sujeto intentó lesionar o herir a los que integrábamos la comisión, siendo esta un (01) (CUCHILLO) marca CONCORD, modelo STAINLESS STEEL KNIFE JAPAN, con empuñadura elaborada en material sintético de color blanco, la cual fue fijada fotográficamente, colectada, embalada, rotulada y etiquetada(…) siendo identificado el ciudadano que portaba el cuchillo, de la manera siguiente: LUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, apodado “EL GORDO”, Venezolano, natural de San Fernando, Estado Apure, de 30 años de edad, nacido en fecha 25/02/1986, estado civil soltero, profesión u oficio Obrero, residenciado en el Barrio 19 de Abril, calle principal, casa sin número, municipio Biruaca, Estado Apure, titular de la cédula de identidad número V- 20.091.443(…)” .Evidenciándose así que tal aprehensión ocurrió de manera flagrante, pues el ciudadano: LUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443, fue aprehendido por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, dentro de la Dirección antes descrita.

Por lo que tomando en consideración lo establecido en Sentencia N° 140 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que ocurrió la aprehensión del imputado de autos, tal como consta en el acta de policial, de donde se desprende conjuntamente con las actas de entrevistas realizada a las propias víctimas y testigos, que el mismoesel presunto autor de los delitos penales endilgados, con base a los análisis de hechos y de derechos anteriormente señalados, considera este juzgador que se encuentran llenos los extremos de los artículos 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal, aunado al hecho que no se evidencio al momento de la práctica del procedimiento, violación alguna de derechos fundamentales y/o procesales, es por lo que debe, quien aquí decide decretar como Flagrante la detenciónLUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443 con respecto al delito de ULTRAJE A FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 223 del Código Penal.Y así se decide.

Que por otro lado, siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal, y a quien le corresponde solicitar el procedimiento por el cual debe continuar la presente investigación, y quien solicita la prosecución de la misma mediante el procedimiento ordinario, por considerar que de las actuaciones que conforman la presente causa, se requieren otros elementos distintos de los que ya constan en el expediente, que van a permitir fundar el acto conclusivo que se debe presentar, es por lo que se hace necesario declarar que lo procedente en el presente caso, sea que la investigación se lleve a cabo por la vía del Procedimiento Ordinario, de conformidad con lo señalado en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal tal como lo solicito el fiscal del Ministerio Público.

En cuanto a la precalificación jurídica realizada por el Ministerio Público en la presente causa, por los delitos de ULTRAJE A FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 223 del Código Penal, HOMOCIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal yROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos JOSÉ AVELINO FLORES (OCCISO) y JEAN CARLOS GENTILI, calificación está que fue imputada por la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la Sentencia Nº 1381 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,que legitima la imputación en sala muy a pesar que la aprehensión se haya realizado por la comisión de un hecho punible distinto al que se le imputara debido a una investigación previa y a la cual se le da el derecho de palabra a la defensa, alegando el mismo entre otras cosas, las cuales me permito resumir y precisar, “Buenas tardes. En virtud de la narrativa de los hechos realizados por la ciudadana fiscal cuarta del ministerio público en donde imputa a mis defendidos la precalificación del delito establecido en el artículo 222 del Código Penal, que señala lo siguiente (leyó artículo). En este caso ciudadano juez, de acuerdo a lo declarado por mis defendidos, y que guarda similitud y a la vez con pertinentes para quedar demostrado que los funcionarios que usted autoriza para realizar el allanamiento, no estuvieron apegados a derecho, pues ellos actuaron no apegados a la ley (...) en ese sentido, la defensa solicita la nulidad de la aprehensión conforme a lo dispuesto en el artículo 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, por violación a los derechos y garantías establecidos en los artículos 8, 10 de nuestro texto adjetivo penal(…). Por otro lado, en virtud que estamos en presencia de una violación de derechos fundamentales, solicito de compulse a la Fiscalía de derechos fundamentales y se apertura la investigacióna los funcionarios por agresión a mis defendidos, para ello también debo solicitar que se le practique un reconocimiento médico legal al ciudadano Luis Oswaldo Ibáñez Silva, ya que es evidente o quedó evidente en esta sala que fue objeto de lesiones por parte de los funcionarios. En ese mismo orden de ideas, en virtud de la medida de privación de libertad en contra de mi defendido, solicito no sea admitida (…) pueda cambiar o sustituirla por una menos gravosa, ello en virtud que mi defendido se encuentra detenido desde el 28 de junio y es hasta hoy que están siendo impuestos del motivo de su aprehensión; por esa razón solicito la nulidad de la aprehensión conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…). Por último se le otorgue una medida cautelar sin restricciones. Es todo”

A los fines de encuadrar la precalificación realizada, en este tipo penal de ULTRAJE A FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 223 del Código Penal, HOMOCIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal yROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, según las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, debemos analizar primeramente la norma que regula dicho tipo penal de la siguiente manera:

El artículo 223 del Código Penal, establece taxativamente:

“Si el hecho previsto en el artículo precedente ha sido acompañado de violencia o amenaza, se castigará con prisión de tres a dieciocho meses.
Cualquiera que de algún otro modo y fuera de los casos previstos en el Capítulo anterior, haga uso de violencia o amenaza, contra un miembro de la Asamblea Nacional o algún funcionario público, si el hecho tiene lugar con motivo de las funciones del ofendido, será castigado con las mismas penas.”.

El artículo 406 numeral 1 del Código Penal, establece taxativamente:

“En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas:

1. Quince a veinticinco años de presidio a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos en el título VII de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 449, 450, 451, 453, 456 y 458 de este Código.”

El artículo 458 del Código Penal, establece taxativamente:

“Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiere estado manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegalmente uniformadas, usando hábito religioso o de otra manera disfrazadas, o si, en fin, se hubiere cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de presidio será por tiempo de ocho a dieciséis años; sin perjuicio de aplicación a la persona o personas acusadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas”.

En consecuencia, tomando en consideración las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos antes mencionados, así como la declaración de las víctimas que constan en las actuaciones, verificándose las misma con el acta de investigación penal, en consecuencia quien aquí Juzga decide acoger la precalificación dada por el Ministerio Público a saber por los delitos de ULTRAJE A FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 223 del Código Penal, HOMOCIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal yROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal. Ahora bien, la calificación jurídica dada a los hechos es de manera provisional y que pudiera variar o mutar en el transcurso de la investigación, dependiendo de los elementos de convicción colectados por el Ministerio Público a partir de la presente fecha; y visto lo incipiente de la investigación, es por lo que se admite tal tipo penal, toda vez que existen elementos de convicción que comprometen la responsabilidad del imputado en el delito endilgado por el Ministerio Público. Y así se decide.

Ahora bien, el Ministerio Público solicita Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, medida a la cual se opone el ABG. JOSÉ GREGORIO RUIZ, en su carácter de Defensor Público del ciudadanoLUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443, solicitando al Tribunal que a sus defendidos, se le imponga una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad.

El artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la procedencia de la medida cautelar de privación de libertad, expresa:

“Artículo 236.- Procedencia. El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible.

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…”

Los supuestos de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga, se señalan en el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, así:
“Artículo 237.- Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso.
3. La magnitud del daño causado.
4. El comportamiento del imputado o imputada durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.
5. La conducta predelictual del imputado o imputada.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años.

En este supuesto, el o la Fiscal del Ministerio Público, y siempre que concurran las circunstancias del artículo 236, deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. A todo evento, el Juez o Jueza podrá, de acuerdo a las circunstancias, que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado o imputada una medida cautelar sustitutiva. La decisión que se dicte podrá ser apelada por el o la Fiscal o la víctima, se haya o no querellado, dentro de los cinco días siguientes a su publicación.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado o imputada constituirán presunción de fuga, y motivarán la revocatoria, de oficio a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado o imputada.”

Visto lo preceptuado en la norma y los señalamientos esgrimidos por el defensor privado considera este jurisdicente señalar, que tales aseveraciones dadas por la defensa a criterio de quien aquí decide no son suficientes a los fines de conceder lo peticionado por la misma, toda vez que se evidencia que solicita el Ministerio Público Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por estar llenos los extremos del artículo 236 en sus numerales 1, 2 y 3 y 237 en sus numerales 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal; y revisado el presente asunto, se considera que ciertamente están llenos los extremos de dichos artículos por cuanto se encuentran acreditados la existencia de:

Los Delitos de ULTRAJE A FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 223 del Código Penal, HOMOCIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal yROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal. Ahora bien, delitos estos que son de reciente data y no se encuentra evidentemente prescritos, no dejando de ser delitos graves, con una alta entidad penológica, es decir que supera los diez (10) años en su límite máximo, todo de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del precitado artículo.

Fundados elementos de convicción para considerar al ciudadano suficientemente identificado en autos, como autor y participe en la comisión de dicho ilícito, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del precitado artículo, elementos de convicción que pueden ser discriminados de la siguiente manera:

1.- Acta de Investigación Penal de fecha 28 de Junio de 2016, suscrita por los funcionarios, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes realizaron la aprehensión del imputado de autos; dejando a criterio de este juzgador de una manera clara precisa y circunstanciada de cómo se produjo la aprehensión del imputado y de la cual evidentemente se determina, que la conducta desplegada por el mismo, lo que hace girar la presente investigación hacia la participación de estos en el hecho punible que le es endilgado.

2.- Acta de Entrevista de TESTIGO 01, (demás datos en el acta para uso exclusivo de la fiscalía), verificándose con la misma, que la conducta desplegada por el imputado de autos, y que las mismas hacen evidente la presunta participación de los imputados de autos en el delito endilgado por el Ministerio Público.

3.- Acta de Entrevista de J.J.G, (demás datos en el acta para uso exclusivo de la fiscalía), en su carácter de víctima, verificándose con la misma, que la conducta desplegada por el imputado de autos, y que las mismas hacen evidente la presunta participación de los imputados de autos en el delito endilgado por el Ministerio Público.

4.- Cadena de Custodia de Evidencias Físicas, con número de Registro EH-257-16, donde se colecta evidencia, verificándose con la misma, la existencia de UN (01) ARMA BLANCA del comúnmente denominado (cuchillo), encontrándose en buen estado de uso y conservación.

De la misma manera se encuentran llenos los extremos señalados por el legislador, en el artículo 237, en sus numerales 2 y 3, ello con respecto a la severidad de la pena establecida para el delito endilgado.

Así mismo, analizada la doctrina y jurisprudencia al caso que nos ocupa, vale destacar, que los razonamientos que este juzgador plasma en el presente auto, parte de una interpretación racional de los hechos, a pesar de estar en una etapa incipiente de la investigación, escapando así de lo arbitrario, tal como lo indico la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia N° 513, de fecha 02 de diciembre de 2010, expediente N° C10-320, con ponencia de la Magistrado Mirian Morando Mijares, la cual entre otras cosas establece:
“…la motivación debe garantizar que la resolución dada es producto de la aplicación de la ley y no una derivación de lo arbitrario, por lo que no debe ser entendida como una mera o simple declaración de conocimiento sino que ha de ser la conclusión de una argumentación que ajustada al tema decidiendo, permita tanto a las partes como a los órganos judiciales superiores y demás ciudadanos conocer las razones que condujeron al dispositivo del fallo, de manera tal que pueda comprobarse que la solución dada al caso es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento que escapa de lo arbitrario…”.

Por todo lo antes expuesto este Tribunal considera que se encuentran llenos los extremos de ley, aunado al hecho que las finalidades del proceso no se verían satisfechas con la aplicación de medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad o de libertad plena, así como la circunstancia del hecho ocurrido que por los delitos cometidos y la pena que podría llegar a imponerse hace presumir la posibilidad del peligro de fuga que pondría en peligro las finalidades del presente proceso, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 236 numerales 1, 2 y 3 y artículo 237 numerales 2, 3 y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, para el aseguramiento de los imputados al proceso, siendo que otras medidas cautelares resultarían insuficientes, por tal motivo, a juicio de este Tribunal resulta procedente, DECRETAR LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al imputadoLUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443, conforme a la solicitud formulada por el Ministerio Público, satisfechos como se encuentran las exigencias establecidas en los artículos 236 en sus ordinales 1°, 2° y 3° y 237 en sus ordinales 2° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia se declara sin lugar la solicitud del ABG. JOSÉ GREGORIO RUIZ, en su carácter de Defensor Público del ciudadano LUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443, solicitando al Tribunal que a su defendido, en el sentido que se le imponga una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad establecida en el artículo 242 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

DISPOSITIVA

Por todas las razones antes expuestas este Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley DECLARA:
PRIMERO: La aprehensión en flagrancia de LUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443, de conformidad con las previsiones del artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal y teniendo el mismo, la potestad de solicitar la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, conforme a las previsiones del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal considera ajustado a derecho la solicitud fiscal y acuerda se prosiga la presente investigación por la vía del Procedimiento Ordinario.

SEGUNDO: Se acoge la precalificación dada por el Ministerio Público en cuanto a los delitos de ULTRAJE A FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 223 del Código Penal, HOMOCIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal yROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, y visto que en este acto lo que se hace es una precalificación del tipo penal, de manera provisional que pudiera mutar en el transcurso de la investigación, dependiendo ello de los nuevos elementos de convicción que sean colectados durante esta fase por parte del Ministerio Público, es por lo que se admite este tipo penal.

TERCERO: MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a los ciudadanos: LUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443, por estar llenos los supuestos de los artículos 236 en sus ordinales 1°, 2° y 3° y 237 ordinales 2° 3° y Parágrafo Primero del Código Orgánico Procesal Penal en virtud de la precalificación presentada se presume la comisión de un hecho punible que es de reciente data y no está prescrito, por estar latente el peligro de fuga a razón de la pena a aplicar. En consecuencia se declara sin lugar la solicitud del Defensor PúblicoABG. JOSÉ GREGORIO RUIZ, del ciudadanoLUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443, solicitando al Tribunal que a su defendido, en el sentido que se le imponga una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad establecida en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, tomando en consideración que con la medida ya impuesta resulta más que suficiente para garantizar las resultas de la investigación.

CUARTO: Líbrense la correspondiente BOLETA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al ciudadano: LUIS OSWALDO IBAÑEZ SILVA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.091.443.

QUINTO: De conformidad con el artículo 240 ordinal 5º, se designa como centro de reclusión al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, por ser este el órgano aprehensor. Se ordena notificar a las partes de la presente decisión en virtud de haberse dictado fuera del lapso legal. Cúmplase.
Dada, sellada y firmada en la sede del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito judicial Penal de San Fernando. Estado Apure, al segundo (02) día del mes de agosto del año Dos Mil Dieciséis (2016).

ABG. PEDRO RAFAEL SOLÓRZANO MARTINEZ
JUEZ TERCERO DE CONTROL

LA SECRETARIA,

ABG. HELEM OJEDA

Seguidamente se dio cumplimiento a lo acordado en el auto que antecede

LA SECRETARIA,

ABG. HELEM OJEDA

EXP. N° 3C-18.444-16
PRSM