REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE San Fernando de Apure, 29 de Agosto de 2016 206° y 157° CAUSA Nº 1Aa-3327-16. JUEZA PONENTE: CINTHIA MARÍA MEZA CEDEÑO. Corresponde a esta Alzada decidir sobre la admisibilidad o no de la pretensión interpuesta en fecha 4-7-2016, por la Abg. Neida Barillas, Defensora Pública Auxiliar Segunda adscrito a la Coordinación de la Defensa Pública del Estado Apure, Defensora de JONAS GUILLERMO PÉREZ GUEDEZ, contra la decisión dictada el 27-6-2016 por la Juez del Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de la Extensión Guasdualito del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Abg. Betty Yaneth Ortiz, publicado el auto fundado el 30-6-2016, mediante el cual decretó en perjuicio del ciudadano antes mencionado, medida de privación judicial preventiva de libertad, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de ocultamiento, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. La Corte pasa a pronunciarse en los siguientes términos: Por no configurarse ninguno de los supuestos de inadmisibilidad establecidos en el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, se admite la pretensión de conformidad con el artículo 442 eiusdem. Ahora bien la recurrente fundamentó legalmente la apelación de conformidad con el artículo 439 numerales 4 y 5, pero esta Corte considera que encuadra en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 439, ibidem, por tratarse de una decisión que acordó una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, y así se admite. En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por la Defensa, consistentes en copia certificada de las actas de investigación y copia certificada del auto dictado en fecha 27-6-2016 por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control de la Extensión Guasdualito, cualquier pronunciamiento que haga esta Superior Instancia es innecesario, por cuanto la revisión de las mismas es obligatoria para esta Alzada. Este Tribunal Superior se reserva el lapso establecido en el tercer aparte del artículo 442 de la ley adjetiva penal, para resolver la cuestión planteada. JUEZA PRESIDENTA (Ponente), CINTHIA MARÍA MEZA CEDEÑO JUEZ SUPERIOR, JUAN CARLOS GOITÍA GÓMEZ JUEZ SUPERIOR, EDWIN ESPINOZA COLMENARES SECRETARIA, KATIANA LUSINCHI CMMC/JCGG/EEC/KL/Manorka. 1Aa-3327-16.