TSJ Regiones - Decisión

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE.

San Fernando de Apure, 10 de Agosto del 2016.
206° y 157°
DEMANDANTE: ANGEL DOMINGO SIMON PEREZ e INGRID SILVA DE SIMON.
DEMANDADO: SUCESIÓN CABELLO CASTRO constituida por la ciudadana ZADIA EVALINA SILVA CABELLO y sus hijos ciudadanos ROBERTO MANUEL CABELLO SILVA, ROBERTO JUNIOR CABELLO SILVA y MARIA ANGELICA CABELLO SILVA.
MOTIVO: PARTICION.
EXPEDIENTE Nº: 16.322
AUTO: PRONUNCIAMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVA.
De conformidad con lo ordenado en el auto de admisión de demanda que antecede, dictado por éste Tribunal en esta misma fecha, procede éste Juzgado a emitir pronunciamiento formal sobre las Medidas Preventivas de Prohibición de Enajenar y Gravar y secuestro cobre los bienes objeto del presente juicio, solicitada por la parte actora, de la siguiente manera:
Que es criterio de la Sala Constitucional, según sentencia Nº 0355, de fecha 11 de mayo de 2000, lo siguiente:

“Que la potestad general cautelar del juez, parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, se presenta como un instrumento para evitar justamente que el necesario transcurso del tiempo que implican los procedimientos de conocimiento completo, opera en contra de la efectiva tutela judicial de los ciudadanos en la defensa de los derechos e intereses…””Negritas y cursivas del Tribunal”

Y el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece:

“Las medidas preventivas establecidas en este Titulo las decretara el Juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” “Subrayado, negritas y cursivas del Tribunal”

Así mismo que si bien es cierto el Juez tiene poder cautelar general, de conformidad con el articulo 588 del Código de Procedimiento Civil, debe sujetarse a los principios, requisitos, como a su tramitación procedimental que el mismo Código procesal ha establecido para esta facultad, así el Parágrafo Primero del citado articulo 588, establece:

“Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el articulo 585, el Tribunal podrá acordar…” “Subrayado, negritas y cursivas del Tribunal”

De las normas parcialmente transcritas se infiere que el solicitante debe aportar pruebas, que el juez debe valorar y señalar si tales pruebas son suficientes para acordar la medida pretendida.
Es por tanto que las medidas cautelares son un instrumento necesario para la eficiencia de la justicia y este poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). En cuanto al primero de los requisitos mencionados, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, o bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendientes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Con referencia al segundo de los requisitos, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
En este mismo orden de ideas, este Tribunal sostiene que deberá ser decretada una medida judicial solicitada, si aparece comprobada la supuesta mala fe que la parte actora le atribuye a la parte demandada, con sustentación que permita deducir una amenaza cierta de que éste pueda observar una conducta censurable orientada a impedir la ejecución de la sentencia. Es inobjetable que no basta hacer valer tal posibilidad mediante un simple alegato, pues se requiere acreditar el peligro de infructuosidad, a tenor de lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, por disponer dicha norma que se deberá acompañar con la solicitud “…un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”.
En conclusión, no basta sólo el alegato formulado por la parte actora para la procedencia del decreto de la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, sino que debe demostrar, como se desprende de la propia ley, al menos la existencia de indicios graves concordantes entre si, que lleve al juzgador a la necesidad de decretar la referida medida. En efecto, por su característica instrumental, las medidas cautelares no están aisladas de su utilidad básica para el proceso, y por ello escapan al capricho tanto de las partes que las solicitan, como del propio juez.
Ahora bien, de los anexos acompañados al libelo de la demanda, se presume la apariencia del derecho reclamado, y en cuanto al periculum in mora, observa quien aquí decide, que este se deriva de la conducta contumaz que ha asumido la parte demandada, este hecho hace presumir el segundo requisito.
En el caso bajo estudio quien aquí decide hace destacar que el solicitante pide a este Tribunal que acuerde Medida Preventiva de Enajenar y Gravar sobre: PRIMERO: Una oficina ubicada en el piso 2, distinguida con el Nº 09, del edificio OFICENTRO APURE ubicado en la calle comercio cruce con calle Piar, dicho edificio se encuentra construido sobre un lote de terreno con un área aproximada de trescientos once metros cuadrados con cuatro centímetros cuadrado (311,04M2), y sus linderos son los siguientes: NORTE: Casa que es o fue de Dora Rivero; SUR: Calle comercio; ESTE: Casa que es o fue de Acriselo Croquer; y OESTE: Calle Piar, la edificación luego de su remodelación total quedo en definitiva con un área total de construcción de un mil doscientos diez y nueve metros cuadrados con cuarenta y dos centímetros cuadrados (1.219,42 M2), la oficina objeto de esta venta tiene una superficie de Cincuenta y Cuatro Metros Cuadrados con Noventa y Siete centímetros Cuadrados (54,97M2) que comprende un área de trabajo, un baño y un deposito y sus linderos particulares son los siguientes: NORTE: Fachada norte del edificio; SUR: Hall de distribución del piso N° 02, su acceso y oficina N° 10; ESTE: Cuarto de lavamopas y vació para ventilación e iluminación; y OESTE: Fachada oeste del edificio. Tal como consta del documento debidamente Protocolizado ante el Registro Publico del Municipio San Fernando, bajo el N° 2010.460, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el N° 271.3.6.1.2548 y correspondiente al libro del folio Real del año 2010, de fecha 17 de marzo del 2010. SEGUNDO: Un lote de Terreno propiedad Municipal constante de Nueve Mil Setecientos Cincuenta Metros Cuadrados (9.750M2) y sus linderos y medidas son los siguientes: NORTE: Terrenos ejidos (130Mts); SUR: Inherca (130 Mts); ESTE: Inherca (80 Mts); y OESTE: Carretera San Juan de Payara (70Mts), ubicado en la jurisdicción del Municipio Biruaca del Estado Apure, el inmueble consta de una construcción de mampostería con un área de construcción de Sesenta y Cinco Metros Cuadrados (65 M2), tal y como consta del Titulo Supletorio de fecha 10 de octubre del 1994 signado con el N| 609 emitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Transito y del Trabajo, por lo que procede el decreto de la media sobre estos.
En cuanto a la discrecionalidad del Juez para acordar este tipo de medidas, es necesario señalar que el legislador ha establecido unos limites precisos dentro de los cuales el juez puede actuar, así en los artículos citados supra se establecen lo requisitos de admisibilidad de las mismas, por lo que debe probarse sumariamente que la parte contra quien obra la medida haya desplegado una conducta activa u omisiva de manera ilegitima en perjuicio del solicitante, situación esta como quedo establecido, el solicitante solo aportó pruebas para el decreto de la medida solicitada sobre los lotes de terreno y así se decide-.
En consecuencia, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Apure, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR de conformidad con los artículos 585, 586 y 588 del Código de procedimiento Civil sobre:
PRIMERO: Una oficina ubicada en el piso 2, distinguida con el Nº 09, del edificio OFICENTRO APURE ubicado en la calle comercio cruce con calle Piar, dicho edificio se encuentra construido sobre un lote de terreno con un área aproximada de trescientos once metros cuadrados con cuatro centímetros cuadrado (311,04M2), y sus linderos son los siguientes: NORTE: Casa que es o fue de Dora Rivero; SUR: Calle comercio; ESTE: Casa que es o fue de Acriselo Croquer; y OESTE: Calle Piar, la edificación luego de su remodelación total quedo en definitiva con un área total de construcción de un mil doscientos diez y nueve metros cuadrados con cuarenta y dos centímetros cuadrados (1.219,42 M2), la oficina objeto de esta venta tiene una superficie de Cincuenta y Cuatro Metros Cuadrados con Noventa y Siete centímetros Cuadrados (54,97M2) que comprende un área de trabajo, un baño y un deposito y sus linderos particulares son los siguientes: NORTE: Fachada norte del edificio; SUR: Hall de distribución del piso N° 02, su acceso y oficina N° 10; ESTE: Cuarto de lavamopas y vació para ventilación e iluminación; y OESTE: Fachada oeste del edificio. Tal como consta del documento debidamente Protocolizado ante el Registro Publico del Municipio San Fernando, bajo el N° 2010.460, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el N° 271.3.6.1.2548 y correspondiente al libro del folio Real del año 2010, de fecha 17 de marzo del 2010. SEGUNDO: Un lote de Terreno propiedad Municipal constante de Nueve Mil Setecientos Cincuenta Metros Cuadrados (9.750M2) y sus linderos y medidas son los siguientes: NORTE: Terrenos ejidos (130Mts); SUR: Inherca (130 Mts); ESTE: Inherca (80 Mts); y OESTE: Carretera San Juan de Payara (70Mts), ubicado en la jurisdicción del Municipio Biruaca del Estado Apure, el inmueble consta de una construcción de mampostería con un área de construcción de Sesenta y Cinco Metros Cuadrados (65 M2), tal y como consta del Titulo Supletorio de fecha 10 de octubre del 1994 signado con el N| 609 emitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Transito y del Trabajo. Y así se decide.
Lo antes descrito es propiedad de la sociedad que existía entre los ciudadanos ANGEL DOMINGO SIMON PEREZ y el decujus ROBERTO CABELLO CASTRO. En cuanto a la medida de secuestro también solicitada en la presente causa sobre los siguientes bienes: PRIMERO: Una retroexcavadora de las siguientes características: Marca. Case; Modelo: 580SM2; Serial: N° N5C386877; tal como consta del documento de compra venta realizada entre el vendedor HUMBERTO UZCATEGUI PAOLI y los compradores ROBERTO CABELLO y ANGEL DOMINGOSIMON PEREZ, del cual no poseen documentación alguna para colocar en la presente demanda los datos Notariales y/o Regístrales por encontrarse en manos de la ciudadana ZADIA EVALINA SILVA DE CABELLO. SEGUNDO: Un compresor Marca: Ingersol Rand, Modelo: DD24.160CFM, Serial: 140270, del cual no poseen documentación alguna para colocar en la presente demanda los datos Notariales y/o Regístrales por encontrarse en manos de la ciudadana ZADIA EVALINA SILVA DE CABELLO. Este Tribunal observa de lo expresado por la parte actora con respecto a que no poseen documentación alguna para colocar en la presente demanda los datos Notariales y/o Regístrales de los bienes muebles e inmuebles antes descritos por encontrarse en manos de la ciudadana ZADIA EVALINA SILVA DE CABELLO, mal pudiera quien aquí suscribe presumir que dichos bienes pertenecen a la sociedad que existía entre el decujus ROBERTO CABELLO y el ciudadano ANGEL DOMINGOSIMON PEREZ; en tal sentido, este Tribunal NIEGA LA MEDIDA DE SECUESTRO solicitada y así se decide. Abrase Cuaderno de Medidas con inserción del presente auto. Igualmente se ordena oficiar al Registro Publico Inmobiliario del Municipio San Fernando para que estampe la nota marginal correspondiente y se abstenga de Protocolizar cualquier documento que pretenda Enajenar y/o Gravar cualquiera de los inmuebles antes descritos.- Líbrese oficio.-
La Jueza Temporal,

Dra. AURI TORRES LÁREZ.

El Secretario Temporal,

Abg. ANTONIO A. FRANCO T.

Conforme a lo ordenado anteriormente, se aperturó Cuaderno de Medidas, se libró oficio Nº 0990/276 y 0990/277.
El Secretario Temporal,

Abg. ANTONIO A. FRANCO T.

Exp N° 16.322
ATL/rsh