REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL. EXTENSIÓN SAN FERNANDO DE APURE.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA



CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE
TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL

San Fernando de Apure, 5 de diciembre de 2016.-
206º y 157°

AUTO DE REVISION DE MEDIDA
Asunto penal: 1C-20465-15.

Recibida como a la solicitud del control de presentaciones impuestas por este Tribunal en su oportunidad legal, al ciudadano WILMER EDUARDO PARRA RINCONES, titular de la cedula de identidad Nº V- 16.527.145, relacionado con el asunto penal 1C-20682-16, por la presunta comisión del delito de SUSTRACCION Y RETENCIÓN DE ADOLESCENTE, previsto y sancionado en el artículo 272 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme Control de Armas y Municiones, en consecuencia este Tribunal a los fines de decidir hace las siguientes consideraciones:

PRIMERO: En fecha 26-12-2015, tuvo lugar audiencia de presentación del imputado WILMER EDUARDO PARRA RINCONES, titular de la cedula de identidad Nº V- 16.527.145, en la cual este Tribunal admitió la precalificación de los delitos de SUSTRACCION Y RETENCIÓN DE ADOLESCENTE, previsto y sancionado en el artículo 272 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme Control de Armas y Municiones, oportunidad en la cual se le impusieron Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación de Libertad conforme a lo establecido en el artículo 242 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, como lo son presentaciones periódicas cada quince (15) días por ante el Área de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal.

SEGUNDO: Que desde la fecha de imposición y/o ejecución de la medida cautelar sustitutiva de privación de Libertad a saber 26-12-2015, al día de hoy, ha trascurrido once (11) meses, y nueve (9) días, constatándose el cabal cumplimiento de dicha medida, tal como se evidencia del oficio N° CZ-35-DF-352-SIP-5548-2016, recibido en este Tribunal el 1-12-2016, donde remiten el récor de presentaciones del imputado de autos

TERCERO: A tales efectos, el artículo 249 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:

ARTICULO 249 Imposición de las medidas. El Tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el artículo 242. En ningún caso se utilizaran estas medidas desnaturalizando su finalidad; o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible. En especial, se evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado o imputada impidan la presentación”.

CUARTO: Por su parte el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:

ARTÍCULO 250. “Examen y revisión. El imputado o imputada podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”.


QUINTO: En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia con relación a las Medida Cautelar Sustitutiva de Privación de Libertad, ha dejado sentado lo siguiente:

“…de esta manera el legislador venezolano estableció que cuando los supuestos que motivan la detención preventiva puedan ser satisfechos razonablemente con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente de oficio o a solicitud del interesado deberá imponerle en su lugar y mediante resolución motivada, alguna de las medidas mencionadas ut supra…”

SEXTO: En apego a la normativa adjetiva penal anteriormente citada, y tomando en consideración el criterio del Tribunal Supremo de Justicia referido a las medidas de coerción persona, quien aquí decide, considerando que dichas medidas se dictan en función de un proceso o están supeditadas a él, con el fin de asegurar su resultado o que este no se vea frustrado; se modifican cuando cambian las circunstancias en que se dictaron; cesan cuando el proceso concluye o se extingue de cualquier manera; y están sujetas a un lapso, no pudiendo prolongarse fuera de él, aun cuando el proceso no haya concluido y con base a los puntos arriba señalados, con relación al caso de narras, este juzgador observa, que ante el cumplimiento efectivo por parte del ciudadano WILMER EDUARDO PARRA RINCONES, titular de la cedula de identidad Nº V- 16.527.145, en el sentido de asistir cada quince (15) días a presentase por ante el área del comando de la Guardia Nacional con sede en Elorza. Estado Apure, lo hace merecedor de la revisión de la medida, por parte de este jurisdicente, y como quiera que el fin de las mismas es sustituir a la privación cuando ésta razonablemente pueda ser satisfecha con una menos gravosa, y siendo que en nuestro proceso penal la libertad es la regla; quien aquí decide, examinando las medidas impuestas consistentes en presentaciones cada quince (15) días por ante el Departamento antes citado, considera necesario decretar como en efecto se decreta la extensión de las mismas, a cada TREINTA (30) días entre una presentación y otra. Y así se decide.

DECISIÓN

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con sede en la ciudad de San Fernando, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. ACUERDA:

UNICO: Revisión de la medida cautelar sustitutiva de privación de libertad ejecutada en fecha 26-12-2015, al ciudadano WILMER EDUARDO PARRA RINCONES, titular de la cedula de identidad Nº V- 16.527.145, consistente en presentaciones periódicas cada ocho (8) días por ante el Comando de la Guardia Nacional ubicado en la población de Elorza. Municipio Rómulo Gallegos. Estado Apure, y en consecuencia extiende la misma a cada TREINTA (30) días entre una y otra por ante el área ya mencionada, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 249 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes. Ofíciese lo conducente. Cúmplase.

Dada sellada y firmada en la sala de audiencias del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de San Fernando, Estado Apure, a los cinco (5) días del mes de diciembre del dos mil dieciséis (2016)

ABG. EDWIN MANUEL BLANCO LIMA
JUEZ PRIMERO DE CONTROL
EL SECRETARIO

ABG. JOSE ANTONIO MENDEZ LAPREA.

Seguidamente se le dio cumplimiento a lo ordenado.
EL SECRETARIO

ABG. JOSE ANTONIO MENDEZ LAPREA
Asunto penal Nº 1C-20465-15
EMBL..-