TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Apure
San Fernando de Apure, once de marzo de dos mil dieciséis
205º y 157º

ASUNTO: CP01-N-2012-000035

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA

PARTE DEMANDANTE: Ciudadana NANCY MAGALY MENDOZA ESPAÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 17.608.108, con domicilio en la Calle Uruguay, Casa N° 25, del Barrio El Calvario, de la Ciudad de San Fernando, Estado Apure.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: Ciudadano ASDRUBAL VARGAS, Abogado debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 20.475, en su carácter de Procurador Especial de Trabajadores, con domicilio en la Avenida Carabobo, cruce con Calle Girardot, Edificio Sede de la Inspectoria del Trabajo de la Ciudad de San Fernando, Estado Apure.

PARTE DEMANDADA: ZONA EDUCATIVA DEL ESTADO APURE, con domicilio en la Avenida Casa de Zinc, Sede de la Zona Educativa, de esta Ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA. Sin designar.

MOTIVO: SOLICITUD DE EJECUCION DE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA DE EFECTOS PARTICULARES. (PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA, N° 0032-2011).

-I-
ANTECEDENTES PROCESALES DE LA ACCIÓN.

Se inicia el presente procedimiento mediante solicitud presentada por la ciudadana NANCY MAGALY MENDOZA ESPAÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 17.608.108, debidamente asistida por el Abogado ASDRUBAL VARGAS, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 20.475, en su carácter de Procurador Especial de Trabajadores, por SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES (PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA, N° 0032-2011), dictada en fecha 01 de febrero de 2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo con sede en la Ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure, contra la presunta conducta omisiva y/o estado de rebeldía demostrada por la ZONA EDUCATIVA APURE, al no darle cumplimiento a dicho acto administrativo que ordeno el Reenganche y pago de los salarios caídos de la ciudadana NANCY MAGALY MENDOZA ESPAÑA, ut supra identificada.

En fecha 02 de noviembre del 2012, es admitida dicha solicitud, y se ordeno notificar a la parte accionada, por parte del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial del Estado Apure.

En fecha 23 de enero del 2014, se recibe por ante la URDD de esta Coordinación del Trabajo de esta Circunscripción Judicial del Estado Apure, diligencia suscrita por la accionante ciudadana NANCY MAGALY MENDOZA ESPAÑA, ya identificada, mediante la cual solicita traslado y constitución del Tribunal a la Sede de la ZONA EDUCATIVA APURE, ubicada en la Avenida Casa de Zinc, Sede de la Zona Educativa, de esta Ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure, a los fines de practicar la Ejecución de la Providencia Administrativa que ordeno el reenganche a “su sitio de trabajo en el CARGO DE OBRERA”. Cit. Lo cual fue acordado por auto de fecha 28/01/2015.

En fecha 04 de febrero de 2014, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial del Estado Apure, revoca por contrario imperio dicho traslado y constitución del Tribunal, “con fundamento en el criterio jurisprudencial sostenido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha dos (02) de julio del año 2014, con ponencia del Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, caso Mayerling Martínez Gallardo, contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), donde se estableció que en los procedimientos especiales, mediante los cuales pretende lograrse la ejecución forzosa de Providencias Administrativas que ordenan el reenganche y el Pago de Salarios Caídos de los trabajadores y trabajadoras, el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer tales solicitudes”. Cit.

-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Conforme a la Resolución Nº 2015-26, de fecha 09 de diciembre de 2015, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, cuya vigencia fue a partir de su publicación en Gaceta Oficial, se suprimió el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, y se creó el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. Asimismo, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial del Estado Apure, procedió a enviar las causas en la etapa procesal en que se encuentren, a la Coordinación Laboral de esta Circunscripción Judicial, para su debida redistribución equitativa entre los Tribunales Primero y Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, para la prosecución de los procesos llevados en las referidas causas. Correspondiéndole a este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.

Ahora bien, en Sesión de fecha 02 de febrero de 2016, la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, acordó la designación de quien decide, como Juez Provisorio de este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, según Oficio N° CJ-16-0039, de fecha ut supra, y debidamente juramentado por ante la Rectoría del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, según Acta N° 03-2016, de fecha 11 de febrero de 2016, por cuanto no existe razón alguna que me impida conocer la presente causa, me ABOCO al conocimiento de la misma.
Por eso, en acatamiento a la Resolución anteriormente señalada, vista la redistribución realizada a este Tribunal, y a los fines de hacer un pronunciamiento, quien decide, hace las siguientes consideraciones:

Pues bien, se evidencia de la narrativa del escrito de solicitud que la demandante pretende la ejecución en sede jurisdiccional de la decisión o providencia administrativa emanada de la Inspectoria del Trabajo con sede en la Ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure, dictada en fecha 01 de febrero de 2011, que ordeno el Reenganche y pago de los salarios caídos de la ciudadana NANCY MAGALY MENDOZA ESPAÑA, ut supra identificada, por la presunta conducta omisiva y/o estado de rebeldía demostrada por la ZONA EDUCATIVA APURE, al no darle cumplimiento a dicho acto administrativo.

De manera que, ante dicho requerimiento resulta oportuno traer a colación el criterio sostenido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a la Jurisdicción del Poder Judicial para conocer de la Ejecución de Providencias Administrativas, según Sentencia de fecha 03 de junio del 2013, con ponencia del Magistrado Dr. EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, caso (Mayerling Martínez Gallardo, contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en el cual estableció entre otras cosas que:

“…Con relación al tema de la ejecución de las providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, en pacífica jurisprudencia, esta Sala ha señalado que los actos administrativos gozan de los principios de ejecutividad y ejecutoriedad, lo que implica que la Administración por sí sola en el ejercicio de su potestad de autotutela, puede realizar todas las actuaciones materiales tendentes a obligar o constreñir a los particulares a cumplir con su mandamiento. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 00064 del 30 de enero de 2013).
De tal manera, que la Administración cuenta con mecanismos expresamente previstos en la ley para ejecutar forzosamente sus decisiones, como ocurre en el presente caso, donde ordenó no solo el reenganche del trabajador en las mismas condiciones en la que se encontraba antes de ser despedido, sino el pago de los salarios caídos desde la fecha del írrito despido.
(Omissis…)
Aunado a lo anterior, debe traer a colación la Sala, como bien lo indicó el Tribunal remitente en la sentencia consultada, que el Decreto N° 8.938, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, contempla nuevos mecanismos a los fines de otorgar a las Inspectorías del Trabajo los medios necesarios para hacer cumplir sus decisiones. En tal sentido, se crea la figura del Inspector o Inspectora de Ejecución a cargo del Inspector o Inspectora del Trabajo, con el objeto de ejecutar todos los actos administrativos de efectos particulares que hayan quedado firmes en protección de los derechos constitucionales de los trabajadores.
En este orden de ideas, el artículo 512 de la referida Ley preceptúa entre las facultades de los Inspectores e Inspectoras de Ejecución la de dictar medidas cautelares en los supuestos en los cuales el acto administrativo no se cumpla en el plazo establecido en la ley, ni hayan sido acatadas sus condiciones. Asimismo, la Ley otorga a dichos funcionarios la facultad de solicitar la revocatoria de la Solvencia Laboral hasta que el patrono demuestre el cumplimiento de la orden emanada de la Inspectoría del Trabajo. Por último, concede a los referidos funcionarios la potestad de solicitar el apoyo de la fuerza pública en los casos cuya presencia se amerite e, incluso, requerir la actuación del Ministerio Público si fuese necesario iniciar un procedimiento de arresto contra el patrono o sus representantes, en los casos que pretendan obstaculizar la ejecución de la medida tomada por el Órgano Administrativo.
Ahora bien, por cuanto existe un procedimiento especial; mediante el cual puede lograrse la ejecución forzosa de las Providencias Administrativas que ordenen el reenganche y el pago de salarios caídos de los trabajadores y trabajadoras y visto que no hay prueba en el expediente de que éste se haya agotado en el caso bajo examen, la Sala debe declarar que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer la solicitud de autos. Así se declara. (Destacado de este Tribunal).

Conteste con el criterio jurisprudencial anteriormente citado se desprende, que la Administración cuenta con mecanismos expresamente previstos en la ley para ejecutar forzosamente sus decisiones, tanto de providencias administrativas dictadas bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo de (1997), por cuanto tal como lo estableció la Sala Político Administrativa en la decisión anteriormente citada, era la normativa laboral vigente para el momento en que se dictó la Providencia Administrativa que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos interpuesta por la accionante, como ocurre en el caso de autos donde al declarar con lugar la solicitud que dio inicio al presente procedimiento ordenando a la ZONA EDUCATIVA APURE, el inmediato Reenganche de la ciudadana NANCY MAGALY MENDOZA ESPAÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 17.608.108, con el pago de los salarios caídos, que según se desprende de autos se encuentra amparado por inamovilidad laboral especial, debiendo la administración proseguir con la fase de ejecución de fallo en tutela del fuero laboral que impera, sin intervención judicial, toda vez que el acto administrativo fue dictado en fecha 01 de febrero de 2011.

Por otro lado, señala el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil en lo que respecta a la falta de jurisdicción, lo siguiente:

La falta de jurisdicción del Juez respecto a la administración pública, se declarará aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso.

Igualmente, considera pertinente este Juzgador traer a colación el criterio del Dr. Gerardo Mille Mille, en su obra “Validez y Nulidad de los Procedimientos y Actos Administrativos del Trabajo”, en el cual señaló, lo siguiente:

“…En resumen, por EJECUTIVIDAD de las providencias de los inspectores del Trabajo, se entiende que las mismas constituyen o equivalen a un título ejecutivo suficiente por sí mismo para cumplirse materialmente. Y por EJECUTORIEDAD de las mencionadas providencias, se entiende que las autoridades administrativas disponen de los recursos suficientes para hacer que se cumplan sus decisiones, sin necesidad de recurrir a los tribunales, haciendo intervenir a los agentes de la misma Administración…”

Asimismo, el artículo 425, numeral 9 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadores, dispone lo siguiente:

“… (Omissis) En caso de reenganche, los Tribunales del Trabajo competentes no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida.”

Por consiguiente, considera quien decide que es facultad propia administración pública velar por el fiel cumplimiento de los actos que emanen de ella, en este caso la Inspectoría del Trabajo, como elemento vigilante del fuero atrayente en los casos de inamovilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras que las leyes y convenciones colectivas le otorguen y como garante del reenganche y la restitución de derechos laborales de la masa trabajadora y a quienes se le haya violentado su fuero o inamovilidad laboral.

Del igual modo, la norma sustantiva laboral de (2012), crea la figura del Inspector o Inspectora de Ejecución, donde le otorgan una serie de facultades y competencias, a los fines de garantizar la aplicación de las normas de orden público y que va en consonancia con los principios protectores del trabajo como hecho social, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Texto Constitucional, concatenados con lo previsto en el artículo 512 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras.

En relación con este punto, y de acuerdo a lo expuesto considera este Tribunal que en el presente caso se constato que la demandante dispone de la vía procesal ordinaria para lograr la protección de sus derechos y garantías constitucionales, teniendo la posibilidad de obtener la ejecución del acto administrativo de efectos particulares contenido en la Providencia Administrativa N° 0032-2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo con sede en la Ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure, en vía administrativa según lo anteriormente expuesto, por cuanto se encuentra amparada por fuero de inamovilidad especial, según decreto N° 7.154, publicado el 23 de diciembre de 2009, en gaceta oficial N° 39.334, prorrogado de fecha 01 de enero de 2010 , hasta el 31 de diciembre de 2010.

Por lo tanto, quien decide considera que la norma in comento le atribuye funciones, obligaciones y facultades a los Inspectores Ejecutores del Trabajo, para ejecutar, y garantizar la ejecución las decisiones del Inspector del Trabajo, así como para requerir medios y procedimientos para hacer cumplir su cometido como instancia ejecutora, vale decir, imposición de sanciones, arresto con la colaboración de la fuerza pública, y la actuación del Ministerio Público. Así se establece.

En consecuencia, en acatamiento al criterio jurisprudencial sostenido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, tomando en consideración las facultades y competencias atribuidas a los Inspectores de Ejecución para materializar los actos administrativos de efectos particulares (providencias administrativas) que ordenen el reenganche y pago de los salarios caídos de los trabajadores o las trabajadoras, que hayan sido despedidos por su patrono o patrona y que estén amparados por un fuero o inamovilidad laboral, y a los fines de que sea la propia administración quien ejecute sus actos de efectos particulares y en virtud de que la falta de jurisdicción puede ser declarada de oficio en cualquier grado y estado del proceso, es por lo que resulta forzoso para quien sentencia, declarar la Falta de Jurisdicción para conocer y decidir la presente solicitud. Así se decide.

Asimismo, se acuerda remitir la presente causa a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la consulta obligatoria conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
-III-
DISPOSITIVO

Por todo los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA FALTA DE JURISDICCIÓN del Poder Judicial para ejecutar las Providencias Administrativas emanadas de la Inspectoría del Trabajo con sede en la Ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure. SEGUNDO: Se ordena la remisión inmediata del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la consulta obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese el respectivo Oficio a la Presidencia de la Sala. TERCERO: Publíquese, Regístrese y déjese constancia por Secretaría de presente decisión. Cúmplase.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 157° de la Federación.
El Juez Provisorio,

Abg. Luís Gabriel Martínez Betancourt

La Secretaria,

Abg. Nereida Claribeth Torres Salazar