TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO
CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE
SEDE EN SAN FERNANDO DE APURE
San Fernando de Apure, Veintisiete (27) de Abril del año 2017
207º y 158º

Exp. Nº JJ-967-1107-2017.-

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:

PARTE DEMANDANTE: Ciudadana: ALCIRA MARIA ESPINOZA FRANCO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 13.806.167, con domicilio en la Calle Urdaneta, casa No 61, Municipio San Fernando del Estado Apure.-
Asistida por el Abg. JOSE GREGORIO ESCOBAR CALZADILLA, Defensor Público Tercero, con competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.-

PARTE DEMANDADA: Ciudadano RAMON ANTONIO ZAPATA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 13.256.215, puede ser citado en la siguiente dirección: Calle Arévalo González, al lado de la Farmacia Monagas, Edif. Gaggia, sede de la Contraloría General del Estado, San Fernando, Municipio San Fernando del Estado Apure.-
Abogada CARMEN LUISA BARRIOS CASTILLO, Fiscal VI del Ministerio Público, con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.-
BENEFICIARIOS: Hermanos; (Cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), nacidos el 13/07/2004 y 14/06/2002, de Doce (12) y Catorce (14) años de edad.-

SENTENCIA DEFINITIVA DE AUMENTO DE OBLIGACION DE MANUTENCION.-

SINTESIS DE LA CONTROVERSIA:

Se inicia el presente procedimiento, en virtud de la demanda presentada en fecha 19 de Octubre del año 2016, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de éste Circuito Judicial de Protección y que por previa distribución le correspondió al Tribunal 2º de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución, pronunciarse sobre la admisión de la demanda, que intentara la ciudadana ALCIRA MARIA ESPINOZA FRANCO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 13.806.167, madre y representante legal de los Hermanos: (Cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), debidamente asistidos por el Abg. JOSE GREGORIO ESCOBAR CALZADILLA, Defensor Público Tercero, con competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, constante de Dos (02) folio útil, mas sus anexos; en contra del ciudadano RAMON ANTONIO ZAPATA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 13.256.215, la presente demanda fue admitida en fecha 20 de Diciembre del año 2016, cumpliéndose con todos los actos del debido proceso y de la cual se dictó su dispositivo en fecha 26/04/2017, declarándose PARCIALMENTE CON LUGAR, la presente causa, de acuerdo a lo establecido en los autos y a lo ventilado en la audiencia oral y pública de juicio, por lo que se pasa a reproducir el fallo completo de la siguiente manera;

DEL LIBELO DE DEMANDA:

Alega la parte accionante que:

“…En fecha 10-11-2015, el Tribunal Segundo de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta ciudad, en la causa No. JMS2-769-15, dicto sentencia en la que se fijó obligación de manutención que debía suscribir el ciudadano RAMON ANTONIO ZAPATA RODRIGUEZ, a favor de nuestros hijos los niños (Cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES (Bs. 1.372, oo) mensuales, entre otras cantidades. Pero es el caso que aun cuando dicho monto ha sido incrementado por el organismo empleador, la cantidad establecida actualmente es insuficiente para satisfacer las necesidades de mis hijos y las circunstancias en las que se fijo dicha obligación han variado considerablemente. Dicho ciudadano posee un nivel de ingreso suficientes en virtud que se desempeña como Coordinador de Despacho adscrito a la Contraloría General del Estado Apure...-
Por lo antes expuesto, es por lo que acudo ante su competente autoridad para solicitar se obligue al ciudadano RAMON ANTONIO ZAPATA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 13.256.215, a aumentar obligación de manutención a favor de nuestros hijos (Cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).-
Estimo la presente solicitud por un monto equivalente al 50% de lo percibido por el obligado por concepto de cesta ticket mensual, asimismo solicito se obligue al referido ciudadano a proveerle a los hermanos antes mencionados medicinas en un 50% cuando sea requerido, así como también aportes extras en los meses de julio por un monto equivalente al 60%, de lo percibido por el obligado por concepto de bonificaciones para útiles, vacacional y uniformes y en diciembre por un monto equivalente al 50% de lo percibido por el obligado por concepto de bonificación de fin de año y juguetes; montos estos que deberá entregar personalmente el obligado y depositarse directamente en cuenta de ahorros que se abra a tal efecto en el banco Bicentenario de esta Ciudad distinguida con el No. 0175-0551-36-0061779480, de igual forma solicito se decrete aumento automático de la obligación de manutención en relación directamente proporcional al aumento de ingresos con el que haya sido beneficiado el referido ciudadano en el ejercicio de sus actividades.-
De la revisión de las actas que conforman el presente expediente se puede evidenciar que el demandado de autos ciudadano RAMON ANTONIO ZAPATA RODRIGUEZ, quedó debidamente notificado y se agregó a los autos la respectiva boleta en fecha 18/01/2017, por lo tanto debía dar contestación a la demanda una vez constara en auto haber certificado la secretaria, que se había notificado la última de las partes y así quedo plasmado en auto de fecha 25/01/2017.-

COMPETENCIA DE LA ACCIÓN INCOADA:

El artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes relativo a la competencia del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prevé en el literal “d” que el mismo será competente en las materias: d) Fijación, Ofrecimiento para la fijación y Revisión de la Obligación de Manutención nacional o internacional.-

Asimismo, establece el artículo 384 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, correspondiente a la sección tercera de obligación de manutención lo relativo a la competencia judicial, a saber: “Con excepción a la conciliación, todo lo relativo a la fijación, ofrecimiento y Revisión de la Obligación de Manutención nacional o internacional debe ser decidido por vía judicial, siguiendo el procedimiento previsto en el capítulo IV del Título IV de esta ley. Las sentencias de estos procedimientos se ejecutan conforme a las normas de ejecución de sentencias contempladas en el ordenamiento jurídico”…….-

Del Tribunal……-

AUDIENCIA DE MEDIACION, SUSTANCIACION Y JUICIO

Por su parte, el demandado de autos en la oportunidad de la celebración de la Audiencia Preliminar de Mediación que tuvo lugar en fecha 14-02-2017, no acudió a la misma, si dio contestación a la demanda y si promovió pruebas a su favor, si compareció a la Audiencia Preliminar de Sustanciación en fecha 14-03-2017 y finalmente si compareció a la Audiencia Oral de Juicio celebrada en fecha 26-04-2017, inserta a los folios 77 al 79 , compareciendo la parte solicitante ciudadana ALCIRA MARIA ESPINOZA FRANCO, asistida por el Defensor Público Tercero Abg. JOSE GREGORIO ESCOBAR CALZADILLA y la Fiscal VI del Ministerio Público Abg. CARMEN LUISA BARRIOS CASTILLO, quien se adhiere a la solicitud de la defensa pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la precitada ley.-

ANALISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS:

Quien suscribe observa, que tal como lo establece el principio general, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, y el Juez o Jueza no decide entre las simples y contrapuestas afirmaciones de las partes, sino conforme a los hechos acreditados en el Juicio y es por ello que los jueces y juezas como conductores del proceso, deben analizar y juzgar todas y cada una de las pruebas que se hayan producido, aún aquéllas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio respecto de ellas, de conformidad con lo establecido en los artículos 506 y 509 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido esta juzgadora procede a analizar las pruebas presentadas por cada una de las partes, de la siguiente manera;

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE:
1.- Copia fotostática de Acta de Nacimiento de los HNOS; (Cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), folios 3 y 4. Quien decide le concede valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 450 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la misma está suscrita por un funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones y se evidencia de ella la filiación entre los hermanos arriba mencionados beneficiarios y el demandado ciudadano JOSE GREGORIO TOVAR LUNA. Así se decide.-

PRUEBA SOLICITADA POR EL TRIBUNAL:
1.- Constancia de Trabajo de obligado alimentista ciudadano RAMON ANTONIO ZAPATA RODRIGUEZ, folio 71 y 72. Quien decide le concede valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 450 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 429 del Código de Procedimiento Civil, de su contenido se aprecia, el cargo que desempeña el ciudadano antes mencionado y el salario que mensualmente devenga. Así se decide.-

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:
1.- Copia de Constancia de Trabajo, folio 24. Quien decide le concede valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 450 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 429 del Código de Procedimiento Civil, de su contenido se aprecia, el cargo que desempeña el ciudadano antes mencionado y el salario que mensualmente devenga. Así se decide.-
2.- Copia fotostática de las Actas de Nacimientos de los Hermanos (Cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), folios 28 y 29. Quien decide le concede valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 450 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la misma está suscrita por un funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones y se evidencia de ella la filiación entre los hermanos arriba mencionados beneficiarios y el demandado ciudadano JOSE GREGORIO TOVAR LUNA. Así se decide.-
3.- Copia Simple de Homologación, folio 33. Quien aquí juzga la aprecia en su contenido a los fines de corroborar la obligación de manutención ya establecida por este Circuito. Así se establece.
4.- Copia Simple de Recibos de Pago de Colegio, folios 44 al 46, en los mismos se observa los pagos realizados al colegio de los niños que nos ocupan. Así se hace constar.-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

Este Tribunal de Juicio antes de resolver el fondo de la controversia, previamente hace las siguientes consideraciones; la obligación de manutención tiene, en la legislación venezolana, rango Constitucional, así de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Carta Magna, el cual establece:
“El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquél o aquélla no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas.”

En este sentido, es necesario preservar a los Niños, Niñas y Adolescentes el derecho a un nivel de vida adecuado, conforme al artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual se puede lograr, aun estando sus progenitores separados, a través del cumplimiento exacto, por parte de ambos de la Obligación de Manutención, siempre que este demostrada la filiación, tal como lo establece el artículo y 366 Eiusdem, que es del tenor siguiente:

Artículo 30 Derecho a un nivel de vida adecuado;
“Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende, entre otros, el disfrute de: a) Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud. b) Vestido apropiado al clima y que proteja la salud. c) Vivienda digna, segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales.
Parágrafo Primero:
“El padre, la madre, representantes o responsables tiene la obligación principal de garantizar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno y efectivo de este derecho. El Estado, a través de políticas públicas, debe asegurar condiciones que permitan al padre y a la madre cumplir con esta responsabilidad, inclusive mediante asistencia material y programas de apoyo directo a los niños, niñas, adolescentes y sus familias”
Artículo 366 Obligación de Manutención;
“La Obligación de Manutención, es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aún cuando exista privación de la Patria Potestad o no se tenga la Responsabilidad de Crianza del hijo o hija, a cuyo efecto se fijará expresamente por el juez el monto que debe pagarse por tal concepto...”

Examinando la norma antes señalada, se determina que la Obligación de Manutención deben ser fijadas expresamente; cuando, quien sea obligado a ello no tenga bajo su Responsabilidad de Crianza (Custodia específicamente) al hijo de quien se trate que al no tener bajo su responsabilidad de crianza a los hermanos que nos ocupan, debe contribuir irrestrictamente en la crianza de estos, en cuanto a su formación, asistencia, estudios y además de esto los padres tienen el deber y la obligación de contribuir con sus hijos en su manutención, ya que ameritan de una alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud, así como también a un vestido apropiado al clima y que proteja la salud, teniendo siempre en cuenta que el interés superior de los Niños, niñas y adolescentes, el cual es el principio rector de la interpretación y aplicación de la normativa especial que regula la materia, tal como lo dispone el artículo 3 y 27 de la Convención de los Derechos del Niño, los cuales establecen:
Artículo 3.-
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Artículo 27.-
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.

En relación a la presente demanda, quien decide observa la constancia de trabajo cursante a los folios 71 y 72 de los autos, evidenciándose que el demandado de autos se desempeña como Coordinador del Despacho, adscrito a la nomina de La Contraloría del Estado Apure, verificándose la capacidad económica del obligado alimentista ciudadano: Ramón Antonio Zapata Rodríguez, en cuanto a la solicitud realizada por la parte accionante del 50% equivalente a lo percibido por el obligado por concepto de Cesta Ticket, considera quien aquí decide improcedente, toda vez que, la cesta ticket es inembargable, sin embargo debemos garantizarle el derecho a los niños a la obligación de manutención mediante el padre que no ejerce la custodia para coadyuvar en la crianza, educación, salud, alimentación nutritiva, vestido, deporte, esto con el fin de garantizarle y un mejor desarrollo físico ambiental para su crecimiento y el derecho a un nivel de vida adecuado a favor de los Hermanos: (Cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), considerando quien suscribe que la cantidad a sufragar mensualmente por el progenitor que no ejerce la Responsabilidad de Crianza (custodia), debe ser proporcional a la capacidad económica del obligado alimentista, no pudiendo esta juzgadora soslayarle sus derechos, Sobre la base de las consideraciones anteriores, quien decide declara Parcialmente con Lugar la presente demanda y fija con carácter definitivo de la cantidad de Un Mil Trescientos Setenta Y Dos Bolívares (Bs. 1.372,oo), a la suma del 50% de lo percibido por el obligado mensual por concepto de sueldo Integral, desde la presente fecha, asimismo el 50% de los gastos médicos y de medicinas cuando sea requerido, monto este que deberá descontarse directamente de la nomina de su lugar de trabajo y depositarse directamente en cuenta de ahorro No. 0175-0551-36-0061779480, del Banco Bicentenario de esta ciudad de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 27, de la Convención sobre los Derechos del Niño, concatenados con los Artículos 8, 30, 41, 53, 365 y 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y así quedara establecido en el dispositivo del presente fallo, así se decide.
DECISIÓN:
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en la Ciudad de San Fernando, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de Aumento de Obligación de Manutención, intentada por la ALCIRA MARIA ESPINOZA FRANCO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 13.806.167, con domicilio en la Calle Urdaneta, casa No 61, Municipio San Fernando del Estado Apure, madre y representante legal de los Hermanos: (Cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), debidamente asistidos por el Abg. JOSE GREGORIO ESCOBAR CALZADILLA, Defensor Público Tercero, en contra del ciudadano RAMON ANTONIO ZAPATA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 13.256.215, puede ser citado en la siguiente dirección: Calle Arévalo González, al lado de la Farmacia Monagas, Edif. Gaggia, sede de la Contraloría General del Estado, San Fernando, Municipio San Fernando del Estado Apure de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 27, de la Convención sobre los Derechos del Niño, concatenados con los Artículos 8, 30, 41, 53, 365 y 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Así se decide.-
SEGUNDO: Se fija con carácter definitivo El Aumento de la Obligación de Manutención de la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES (Bs. 1.372,oo), a la suma del 50% de lo percibido por el obligado mensual por concepto de sueldo Integral, desde la presente fecha, asimismo el 50% de los gastos médicos y de medicinas cuando sea requerido, monto este que deberá descontarse directamente de la nomina de su lugar de trabajo y depositarse directamente en cuenta de ahorro No. 0175-0551-36-0061779480, del Banco Bicentenario de esta ciudad de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 27, de la Convención sobre los Derechos del Niño, concatenados con los Artículos 8, 30, 41, 53, 365 y 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Así se decide.-
TERCERO: Se Ordena al órgano empleador realizar todos los descuentos de los beneficios sociales que perciba el demandado en razón de sus funciones y cuyo destinatario final sean los Hermanos: (Cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) y les sean depositados igualmente; tales como; Becas, Uniformes, Seguro Medico, Útiles, HCM, Juguetes, entre otros de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 27, de la Convención sobre los Derechos del Niño, concatenados con los Artículos 8, 30, 41, 53, 365 y 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Así se decide.-
CUARTO: Se ordena la Ejecución de la presente decisión una vez quede definitivamente firme la presente sentencia. Cúmplase.
Publíquese, regístrese, y déjese copia certificada en el archivo de este Tribunal. Cúmplase.
Dada, Firmada y Sellada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en San Fernando de Apure, a los Veintisiete (27) días del mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete (2017).- Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación
La Jueza Prov.,
Abg. MERALYS MANZANILLA MOTA
La Secretaria,
Abg. DAYAN CARO MARTINEZ

En esta misma fecha siendo las 03:00 p.m., se publicó y se registró la anterior sentencia.
La Secretaria.
Abg. DAYAN CARO MARTINEZ

ASUNTO: JJ-967-1107-2017.-
MMM/DCM/Alexander.-