TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS

207º y 158º
Parte Querellante: Yanela Guillermina Alayon Pérez, titular de la cédula de identidad Nº V-12.324.066.-
Apoderado Judicial: Marcos Goitia, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 75.239.-
Parte Querellada: Ministerio del Poder Popular Para la Educación
Apoderados Judiciales: Efraín Antonio Álvarez Piñate y Mariagni Carolina Ruiz Delgado inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 116.254 y 142.249, respectivamente.
Motivo: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de salarios retenidos y otros conceptos laborales).-
Expediente Nº 4407
Sentencia Definitiva
I

ANTECEDENTES
Se inicia la presente causa, mediante escrito presentado en fecha 29 de abril de 2010, por ante la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, contentivo de Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de salarios retenidos y otros conceptos laborales), por la ciudadana Yanela Guillermina Alayon Pérez, representada por el abogado en ejercicio Marcos Goitia, ambos identificados ut supra, contra el Ministerio del Poder Popular Para la Educación quedando signada con el Nº 4407, mediante la cual solicita la cancelación de los salarios y demás beneficios desde el 20 de octubre de 2009, hasta el 15 de abril de 2010, lo que equivale a un monto de Siete Mil Ochocientos Setenta y Uno con Noventa y Cuatro (Bs. 7.871,94)
Por auto de fecha 04 de mayo de 2010, este Órgano Jurisdiccional admitió el presente recurso y ordenó librar las respectivas notificaciones de ley.
Por auto de fecha 24 de abril de 2012, este juzgado dejó constancia que en fecha 4 de febrero de 2012 fue recibido Oficio emanado de la fiscalía décima del Ministerio Público en el estado Apure mediante la cual se hace conocimiento a este Tribunal del inicio de la investigación penal N° 04-F10-0010-11 en virtud de la presunción de falsedad de las credenciales laborales y/o participantes en las causas incoadas contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Igualmente, en dicho auto se señaló que en fecha 02 de abril de 2012 se levantó acta N°21 a los fines de dejar constancia de la visita realizada el día 27-02-2012 a la Sede de este juzgado por parte del ciudadano José Rafael Rivero Otamendi, en su carácter de Fiscal Quincuagésimo Quinto del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia plena, quien previa revisión de cada una de las causas incoadas contra el Ministerio ut supra indicado, manifestó que no tenían agregada la sentencia de fecha 02 de mayo de 2011 por parte del Tribunal de Control del circuito Judicial Penal de esa entidad Federal, en la cual se declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público de decretar la paralización de todas las causas que se sigan ante los Tribunales con ocasión a las demandas intentadas en contra del Ministerio del Poder Popular para la Educación; en tal sentido, y siendo que las resultas de la investigación mencionada pudieran tener incidencia en la decisión de mérito a dictarse en la presente causa, este juzgado ordenó la suspensión de la misma, e igualmente agregar a los autos copia de la sentencia arriba descrita.
Por acta de fecha 04 de mayo de 2015, la Dra. Hirda Soraida Aponte se inhibió para seguir conociendo de la causa y se ordenó remitir la actuaciones a la Unidad de Recepción y distribución de Documentos de las Cortes Primera y/o Segunda de lo Contencioso Administrativo.
En fecha 14 de agosto de 2015, quien suscribe se abocó al conocimiento de la causa en virtud de la designación que le fuere realizada en fecha 10 de julio de 2015 por la comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia según Oficio N° CJ-152186 emitido por la Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado, y se ordenaron las notificaciones respectivas.
Mediante auto de fecha 31 de marzo de 2016, ordenó notificar a las partes informándoles que se llevará a cabo la celebración de la audiencia preliminar al quinto (5to) día de despacho siguiente a que conste en autos la última de las notificaciones ordenada.
Asimismo, este juzgado en fecha 16 de septiembre de 2016 señaló que de una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman la presente causa, que por error involuntario se dictó auto de fecha 31 de marzo de 2016 y se libraron los oficios respectivos, en tal sentido se dejaron sin efecto dichas actuaciones en virtud que se omitió señalar que el mismo se reanudará y activará con motivo del cese de las medidas acordadas en las causas contra el Ministerio del Poder Popular Para la Educación. Siendo ello así, se ordena notificar a las partes intervinientes a los fines de que tengan conocimiento de la celebración de la audiencia preliminar para el tercer (3er) día de despacho siguiente a que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas.
Por auto de fecha 07 de diciembre de 2016, fecha en la cual debe celebrarse la audiencia preliminar a las 10:00am y visto que la hora fijada coincide con la celebración de la audiencia causa N° 3948, por lo que fue diferida para el mismo día a las 10:30am, la cual tuvo lugar con la comparecencia de la representación judicial de la parte querellada, el Tribunal dejó constancia que la parte querellante no compareció a dicho acto ni por si ni mediante apoderado judicial alguno que le representare. Se declaró trabada la litis y se ordeno apertura del lapso probatorio.
En fecha16 de Diciembre de 2016, la representación judicial de la parte querellada consignó escrito de medios probatorios, sobre el cual este Juzgado emitió pronunciamiento de admisión del mismo por auto de fecha16 de enero de 2017.
Por auto de fecha 31 de enero de 2017, el Tribunal fijo el cuarto (4to) día de despacho siguiente para la celebración de la audiencia definitiva; la cual fue celebrada con la comparecencia de la representación judicial de la parte querellada, se dejó constancia de la incomparecencia de la parte querellante ni por si ni por medio de apoderado alguno que le representare. El Tribunal se reservo el lapso de cinco (05) días para dictar el dispositivo del fallo.
Por auto de fecha 17 de febrero de 2017, el Tribunal dicto auto para mejor proveer ordenando solicitar al Ministerio Publico del Estado Apure, copia certificada de las actuaciones de la Investigación Penal N° 04-F10-0010-11, cuyo auto fue ratificado en fecha 13 de marzo de 2017.
Por auto de fecha 29 de marzo de 2017, el Tribunal dictó dispositivo del fallo declarando Sin Lugar la presente causa, reservándose el lapso de diez (10) días para dictar la sentencia respectiva.
Cumplidos los trámites procedimentales conforme a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pasa de seguidas quien aquí suscribe a dictar sentencia como Jueza Natural, según designación de la Comisión Judicial en fecha 10 de julio de 2015, y lo hace previo las consideraciones siguientes:

II
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El caso sub examine versa sobre un Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto con el objeto de hacer efectivo el cobro de salarios retenidos y otros conceptos laborales contra el Ministerio del Poder Popular Para la Educación, mediante la cual solicita la cancelación de los salarios y demás beneficios desde el desde el 20 de octubre de 2009, hasta el 15 de abril de 2010, lo que equivale a un monto de Siete Mil Ochocientos Setenta y Uno con Noventa y Cuatro (Bs. 7.871,94).
En este sentido, quien suscribe la presente decisión, debe analizar la importancia que reviste para el derecho la noción de salario, y así se tiene que el salario o remuneración ha sido definida, como la percepción monetaria o pago que recibe el trabajador como contraprestación al trabajo o labor que éste se ha obligado a proporcionar para con su empleador; el salario dada su naturaleza retributiva, está constituido por la habitualidad, el propósito y las circunstancias en y para las cuales se contraten los servicios personales de un individuo. Debe indicarse que las características propias de la remuneración salario adquiere su fundamento lógico en los servicios que de una manera personal y directa, ya sea en función de los conocimientos aportados a determinada actividad (labor intelectual) o de mano de obra (actividad física), proporciona un individuo en una determinada relación de empleo (relación laboral). De este modo, esta prestación por cuanto está destinada, a su vez, a cubrir los riesgos y necesidades que se originen en esa relación, debe ser cancelada de acuerdo a las características que conforman su especial naturaleza, vale decir, de manera periódica y proporcional al esfuerzo efectuado con ocasión al propósito y las circunstancias concretas de la contratación o coincidente a la actividad ejecutada.
El salario por formar parte de la actividad prestada adquiere a su vez, protección constitucional, en el sentido que los corpus normativos que tengan como finalidad regular esta relación deben garantizar la progresividad de los derechos y beneficios que correspondan, así como en materia de aplicación y concurrencia de normas debe prevalecer el principio indubio pro operario, entre otros (artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Asimismo el artículo 90 ibídem, establece que el salario debe ser suficiente, digno y justo, en relación a las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales que están implícitas e inmersas en la existencia vital del trabajador; por ello, el sentido, propósito y espíritu de esta norma conlleva a que sea el Estado precisamente el garante en que el salario sea ajustado cada año, en virtud de los índices inflacionarios que se reflejan en el costo de la vida y por ende sea el costo de la canasta básica el referente esencial que determine este ajuste.
La misma norma especifica que el salario es inembargable, debe ser pagado en forma periódica y oportunamente, lo cual tiene como finalidad que la cantidad pecuniaria correspondiente al salario no se deprecie por no ser cancelado de manera habitual y en el momento que corresponda conforme a las reglas correspondientes a la forma y procedimiento para su pago.

Así las cosas, se observa de las actas procesales que conforman la presente causa, que el ente querellado no dio contestación al presente recurso, sin embargo compareció en las oportunidades fijadas para llevarse a cabo la audiencia preliminar y definitiva, así como también promovió pruebas, de las cuales se desprende: Marcada A, (Folio 135 del expediente) Comunicación de fecha 20 de febrero de 2012 suscrita de la ciudadana América Farfán, en su condición de Directora de la Escuela de educación Primaria Vuelvas Caras, en la cual le hace saber a la Jefa de División de Asesoría Jurídica de la Zona Educativa Apure que la ciudadana hoy querellante no ha trabajado ni trabaja en dicha institución durante los años escolares 2009-2010, 2010-2011, y lo transcurrido en el año 2011-2012, Marcada B (Folio 136 del expediente) Comunicación de fecha 20 de enero de 2011, suscrita por la Ing. Luisa Salinas en su condición de Jefe de División de Informática y Sistemas de la Zona Educativa Apure, en la cual se le hace saber a la Abog. María Carolina Martínez en su carácter de Jefe de División de Asesoría Jurídica de la Zona Educativa del Estado Apure que de una revisión exhaustiva en la nómina del personal Fijo y Contratado desde el año 1999 hasta Diciembre de 2011, no se encontró ningún registro de la ciudadana Yanela Alayon y por ende la misma nunca ha ingresado en la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Educación en el Estado Apure desde el año 1999 hasta Octubre de 2011. Marcada C, (Folio 137 del expediente) Comunicación de fecha 09 de febrero de 2012 suscrita por la ciudadana Esther Ramos, en su carácter de Jefa del Departamento de Archivo de la Zona Educativa del Estado Apure, en la cual le hace saber a la Abog. María Carolina Martínez en su carácter de Jefe de División de Asesoría Jurídica de la Zona Educativa del Estado Apure que de una revisión de los archivos y documentos existentes en ese Departamento, no se encontró ningún expediente, proposición o movimiento de personal, contrato o documento alguno a favor de la ciudadana Yanela Alayon hoy querellante.
De lo antes analizado, cabe considerar, que al constituir punto controvertido en la presente causa, el hecho si a la hoy querellante ciudadana Yanela Guillermina Alayon Pérez, le corresponde el pago por concepto de salarios retenidos y demás beneficios desde el 20 de octubre de 2009, hasta el 15 de abril de 2010, lo que equivale a un monto de Siete Mil Ochocientos Setenta y Uno con Noventa y Cuatro (Bs. 7.871,94), en virtud del servicio prestado en la Ministerio del Poder Popular para la Educación; es oportuno para quien suscribe realizar la siguiente consideración:
Ahora bien, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia número 01-885 de fecha 16 de mayo 2003, recaída en el caso Henry José Parra Velásquez c/ Rubén Gilberto Ruiz Bermúdez, dejó sentado:
“[…] los documentos públicos administrativos son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc.), o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc.), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y por tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario […]”.
Respecto de los mencionados documentos administrativos, ha sido establecido que constituyen una tercera categoría de prueba instrumental, que no puede asimilarse al documento público previsto en el artículo 1.357 del Código Civil, como sí a los documentos privados reconocidos o a los tenidos legalmente por reconocidos, “(…) sólo en lo que concierne a su valor probatorio, dado que en ambos casos, se tiene por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en dichos instrumentos no sean objeto de impugnación a través de cualquier género de prueba capaz de desvirtuar su veracidad (…)” (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, número 00497 del 20 de mayo del 2004, caso: Alida Magali Sánchez).
Este Órgano Jurisdiccional estima pertinente establecer las características que poseen los documentos administrativos, que según el procesalista supra citado son las siguientes:
“[i] están dotados de una presunción de veracidad y legitimidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones; presunción que corresponde desvirtuar al particular involucrado en el acto; [ii] la presunción de veracidad y legitimidad puede ser destruida por cualquier medio de prueba, ya verse el documento sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo, o bien verse sobre manifestaciones de certeza o declaraciones de ciencia o conocimiento; [iii] la presunción de veracidad y legitimidad de los documentos administrativos, se basa en el principio de ejecutividad y ejecutoriedad que les atribuye el Art. 8º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario (…)” (Vid. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo IV, p. 153).

De los planteamientos precedentes, considera quien decide que la constancia de trabajo consignada por la parte querellante (folio 09), no puede ser considerada como prueba de la relación funcionarial alegada por la recurrente durante el periodo 20/10/2009 al 15/04/2010. Siendo ello así, resulta necesario para este Órgano Jurisdiccional citar que de las pruebas aportadas a los autos, se observa que no consta en los archivos del ente querellado documento, nombramiento o archivo alguno del cual se pueda evidenciar que la hoy querellante prestó el servicio para el mismo, que se le acredite derecho que le asista y que hagan posible la procedencia de su pretensión.

En razón de todo lo antes expuesto, y después de la revisión de cada uno de los elementos probatorios consignados por cada una de las partes, promovidos con el fin de demostrar cada una de sus pretensiones, y siendo el hecho controvertido la existencia de la relación funcionarial entre la ciudadana Yanela Guillermina Alayon Pérez y el Ministerio del Poder Popular para la Educación durante el periodo 20 de octubre de 2009 hasta el 15 de abril de 2010, este Órgano Jurisdiccional considera que no existen elementos probatorios suficientes que logran evidenciar que ciertamente la hoy querellante mantenía una relación funcionarial con dicho Ministerio y en el cargo Administrativo señalado durante el lapso reclamado, siendo el hecho que la prueba fundamental de la parte querellante en su defensa fue la “Constancia de fecha 20 de octubre de 2009” (Folio 09), siendo desvirtuada por las comunicaciones cursantes a los folios 135 al 137 del expediente, estas son, aquellas en la cuales se verifican la no existencia de registro alguno de la querellante ante esa Institución. Así se decide.-

De tal manera que, por las consideraciones precedentes desarrolladas en el presente fallo, debe este Órgano Jurisdiccional, declarar SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Así se decide.
III
DECISION
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Primero: Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial (cobro de los salarios retenidos y demás conceptos laborales), interpuesto por la ciudadana Yanela Guillermina Alayon Pérez, titular de la cédula de identidad Nº V-12.324.066, debidamente representada por el abogado en ejercicio Marcos Goitia, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 75.239, contra el Ministerio del Poder Popular Para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela
Publíquese, Regístrese y Notifíquese a la Procuraduría General de la República, Ministerio del Poder Popular para la Educación y a la Zona Educativa del Estado Apure, déjese copia certificada.
A los fines de practicar la Notificación a la Procuraduría General de la República y al Ministerio del Poder Popular para la Educación, se acuerda comisionar al Circuito Judicial de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en el Centro Simón Bolívar. Líbrense los oficios.-
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, a los veinte (20) días del mes de Abril de dos mil diecisiete (2017)
Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Jueza Superior Provisoria.

Abg. Dessiree Hernández Rojas.
El Secretario.

Abg. Héctor García.

En esta misma fecha, siendo las 3:00 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó la presente decisión.

El Secretario.

Abg. Héctor García.

Exp. Nº 4407.
DHR/hdg/gevp.