Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas.
ASUNTO Nº 5321
Parte Querellante: Herrera Sequera Douglas José, titular de la cédula de identidad Nº 13.559.798.
Abogado Asistente de la Parte Querellante: Elicar Ascanio Solórzano, inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado (I.P.S.A) bajo el Nro. 156.607.
Parte Querellada: Alcaldía Del Municipio San Fernando Del Estado Apure.
MOTIVO: QUERELLA FUNCIONARIAL.
I
Síntesis de la Controversia.
En fecha 12 de Abril de 2012, este Juzgado Superior dictó auto mediante el cual admitió la querella funcionarial, librando las respectivas notificaciones.
En fecha 13 de Junio de 2012, por cuanto venció el lapso a que se refiere el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se fijó oportunidad para que tuviera lugar la audiencia preliminar, al cuarto (4to) día de despacho siguiente a las 09:30a.m.
En fecha 20 de Junio de 2012 se celebro audiencia preliminar, con la comparecencia de ambas parte a dicho acto.
En fecha 30 de Julio del año 2012, mediante auto se fijo al quinto (5to) día de despacho siguiente al de hoy, a las 10:45am para que tenga lugar la audiencia definitiva.
En fecha 13 de Agosto del año 2012, se celebro audiencia definitiva, con la comparecencia de ambas partes a dicho acto.
El fecha de 23 de Marzo del presente año, se recibió diligencia consignada por ante la Secretaria de este Juzgado Superior, suscrita por la ciudadana María Carolina Herrera López, titular de la cedula de identidad Nº 14.693, en su condición de Sindica Procuradora (I) Del Municipio San Fernando Del Estado Apure, cuyo nombramiento consta según resolución Nº 109-2016 de fecha (10) de octubre de 2016, otorgado por la ciudadana Alcaldesa Del Municipio San Fernando Del Estado Apure, la cual se anexa a la presente para que surta los efectos legales correspondientes, quien en lo sucesivo de este documento se denominara LA QUERELLA, por una parte, y por la otra el ciudadano ELICAR ASCANIO SOLORZANO, venezolano, mayor de edad, abogado, este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V- 11.796.346 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº156.607 actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano HERRERA DOUGLAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V- 13.559.798, quien en lo sucesivo y a los efectos de este documento se denominara EL QUERELLANTE, hemos convenido en celebrar la presente transacción como efecto lo hacemos, en los términos siguientes; PRIMERO: LA QUERELLADA reconoce que el QUERELLANTE, laboro para ella y por consiguiente por el nº cumplimiento de los aumentos salariales establecidos en la clausula 83 y 103 de la II Convección Colectiva de los Empleados Públicos de la alcaldía del Municipio San Fernando del Estado Apure, periodo 2009- 2010-2011,se le adeuda el pago correspondiente; y por ende la querellada ofrece garle la cantidad de TREINTA Y DOS MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs.32.000.00) cantidad que comprende los conceptos de capital e intereses, discriminados de la siguiente manera: Clausula 83 y 103 un total de VEINTIOCHO MIL BOLIVARES EXACTOS Bs 28.000.00 e intereses moratorios por la cantidad CUATRO MIL BOLIVARES EXACTOS, Bs 4.000,00 lo cual acepta la parte querellante a su entera y cabal satisfacción. SEGUNDO: Esta cantidad le será pagada a EL QUERELLANTE, mediante cheque Nº S92- 04008837 girado contra el Banco de Venezuela a su nombre al momento de suscribir el presente documento. TERCERO: EL QUERELLANTE declara que acepta la proposición de pago hecha por LA QUERELLADA, en las condiciones señaladas en las clausulas anteriores; asimismo declara que una vez recibido dicho pago nada tiene que reclamar a LA QUERELLADA, por los concepto aquí especificados. CUARTO: ambas partes solicitan al tribunal la homologación de la presente transacción y el archivo del expediente. Es todo.
II
Consideraciones Para Decidir
Visto el escrito, presentado en fecha 23 de Marzo de los corrientes la abogada MARIA CAROLINA HERRERA LOPEZ, con el carácter de apoderada judicial de la parte querellada, por un lado y por el otro el abogado ELICAR ASCANIO SOLORZANO, en su carácter de apoderado con facultades generales para el caso que nos ocupa, del ciudadano HERRERA DOUGLAS; contentivo de la Transacción Judicial celebrada entre las partes en la presente causa.
CLAUSULA TERCERO: EL QUERELLANTE declara que acepta la proposición de pago hecha por LA QUERELLADA, en las condiciones señaladas en las clausulas anteriores; asimismo declara que una vez recibido dicho pago nada tiene que reclamar a LA QUERELLADA, por los conceptos aquí especificados.
Ahora bien con vista a la transacción in comento, éste Tribunal pasa de seguidas a pronunciarse sobre la misma, con base en las siguientes consideraciones:
Los Artículo 1.713 del Código Civil y el Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, establece lo que se transcribe a continuación:
Artículo 1.713 del Código Civil: “La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual” (Resaltado del Tribunal)
Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil: “Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución” (Resaltado del Tribunal)
Con los citados artículos el legislador, estatuyo las denominadas Autocomposiciones Procesales o mal llamadas “formas de terminación anormales del proceso”, y entre las cuales se encuentran las figuras del desistimiento, el convenimiento y la transacción. Lo normal para algunos doctrinarios es que los procesos concluyan con un pronunciamiento judicial o sentencia.
El convenimiento ha sido perfilado por la doctrina como aquel acto procesal exclusivo de la parte demandada (sea en forma principal, por reconvención, cita o tercería) en la cual se aviene o está de acuerdo total, completa y absolutamente en los términos en que se ha formulado la pretensión por la parte actora, en su demanda, lo cual incluye todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar y obviamente tal avenimiento, no debe sufrir modificaciones de ningún género en cuanto a sus elementos. No obstante ello, es posible que dentro de la figura bajo análisis, el demandado este de acuerdo con algunas más no todas las pretensiones del actor, caso en el cual se produce un Convenimiento parcial. Por ello, el Convenimiento del demandado no requiere el consentimiento del actor, quien pretende lo avenido desde su demanda. Ahora bien, en el caso en que tal avenimiento a las pretensiones del actor no comporten una sujeción completa o parcial, a las mismas, sea por suplica y/o aceptación en una modificación del tiempo, modo o lugar de la pretensión misma, nos encontramos en presencia, de otra figura distinta de la naturaleza jurídica del Convenimiento, esto es, la transacción. De esta definición, se destaca que la transacción es un contrato bilateral, lo que es conforme con la función típica de la transacción, que es la composición de la litis mediante recíprocas concesiones que se hacen las partes. Para que exista la transacción es necesario que concurran dos elementos, uno subjetivo (animus transigendi) y otro objetivo (concesiones recíprocas), así pues, en la transacción existe la combinación de dos negocios simultáneos condicionados, la renuncia y el reconocimiento. El esbozo más simple de esta combinación de negocios o concesiones recíprocas, se tiene cuando la renuncia y el reconocimiento versan sobre el mismo objeto. Pero las concesiones recíprocas no tienen que recaer necesariamente sobre el mismo, sino que pueden referirse a objetos distintos. Por la función auto compositivo que tiene la transacción, no debe entenderse la palabra litigio en el sentido exclusivo de proceso o juicio, sino de litis o controversia deducida en el proceso, que es el verdadero objeto de la transacción y no el proceso como relación jurídica autónoma. Sin embargo, si bien la transacción produce su efecto sobre la relación jurídica sustancial que es materia del juicio o thema decidendum, ella tiene también, simultáneamente, un efecto sobre el proceso como tal, en cuanto lo vacía de contenido y lo extingue cuando ya ha surgido o lo previene cuando no se ha iniciado todavía.
Siendo la transacción equivalente a la sentencia, ella es por su naturaleza, una norma o mandato jurídico individual y concreto, con fuerza de Ley (Art.1.150 C.C.), de Cosa Juzgada entre las partes (Art. 1.718 C.C. y Art.255 C.P.C.) y por su función auto compositiva, es declaratoria de derecho, cuando las recíprocas concesiones versan sobre el mismo objeto de la litis o constitutiva de derechos, si las recíprocas concesiones constituyen, modifican o extinguen una relación diversa de aquella que era objeto de la litis. (RENGEL-ROMBERG, Arístides: Tratado de Derecho Procesal Civil, según el nuevo código de 1987, Tomo II, Teoría General del Proceso, páginas 330 al 333). Por su parte el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, en sentencia Nº 310 de fecha 29 de febrero del 2000, con ponencia del Magistrado Carlos Escarrá, Expediente No.: 5.533, estableció lo siguiente:
“... (Omissis) Los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil señalan textualmente lo siguiente:
Artículo 255. "La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada." Artículo 256. "Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución." Al respecto, observa esta Sala que la transacción es un convenio jurídico que, por virtud de concesiones recíprocas entre las partes que lo celebran, pone fin al litigio pendiente antes del pronunciamiento definitivo del juez en el juicio, es decir, tiene la misma fuerza jurídica de una sentencia, y procede su ejecución sin más declaratoria judicial.
Sin embargo, el ordenamiento jurídico impone para su validez, el cumplimiento de varios requisitos específicos cuya inobservancia podría configurar causales que el Código Civil sanciona con nulidad. Igualmente, como todo acuerdo, la transacción está sometida a todas las condiciones requeridas para la validez de los contratos en general, muy especialmente, aquéllas que aluden a la capacidad y poder de disposición de las personas que los suscriben. ...(Omissis) (PIERRE TAPIA, Oscar: Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Tomo 2, Febrero 2000, páginas 143 y 144).En igual sentido el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, en sentencia Nº 00935 de fecha 25 de Abril del 2000, con ponencia del Magistrado José Rafael Tinoco, Expediente No.: 2.850, estableció que: “... (Omissis) Los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil señalan textualmente lo siguiente: Artículo 255. "La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada.".Artículo 256. "Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución.". Al respecto, observa esta Sala que la transacción es un contrato por el cual las partes, en virtud de reciprocas concesiones ponen fin al litigio pendiente antes del pronunciamiento definitivo del juez en el juicio, es decir, tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada y procede su ejecución sin más declaratoria judicial. En nuestro ordenamiento jurídico se establecen diversos requisitos para la validez de la transacción, cuya inobservancia podría configurar causales que el Código Civil sanciona con la nulidad. Asimismo, como todo contrato la transacción esta sometida a las condiciones de validez de éstos, especialmente las que se refieren a la capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción, así como el haberse dado tal facultad expresamente a quienes la realizan con el carácter de representantes o apoderados en juicio. ...(Omissis) (PIERRE TAPIA, Oscar: Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Tomo 4, Abril 2000, páginas 303 y 304). (Cursivas del Tribunal)
En el presente caso, es claro que lo que las partes hicieron mediante el documento consignado, fue un ofrecimiento de pago efectuado a la parte actora y que fue aceptado por la misma, lo que corresponde a una Transacción Judicial. mediante la cual faculta suficientemente al referido abogado a convenir en la presente causa, en razón de ello, y por cuanto las partes dan por concluidas las reclamaciones que dieron origen al caso sub examine, y visto igualmente, que el objeto de la transacción se ajusta a las previsiones del Código Civil, esto es, versa sobre materias en las cuales no están prohibidas las transacciones; facultadas como ya se ha dicho, las partes en litigio para suscribirla conforme se desprende de los documentos cursantes en autos, este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Homologada la Transacción celebrada entre las partes y como consecuencia de la anterior declaratoria de conformidad con lo establecido en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, declara igualmente la presente causa como Cosa Juzgada y da por terminado el proceso; asimismo, ordena remitir el presente expediente al Archivo Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Apure en su oportunidad legal correspondiente.
Se ordena notificar a la parte querella a los fines legales competente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure, a los (07) días del mes de Abril de dos mil diecisiete (2017). Años: 206° y 158°.
La Jueza Superior Provisoria.
ABG. Dessiree Hernández Rojas.
El Secretario.
Abg. Héctor García.
Seguidamente y siendo las 10:00 a.m. se publicó y registró la anterior decisión.
El Secretario.
Abg. Héctor García.
Exp. No. 5321.-
DHR/HG/agus.
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