TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES), Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS.

San Fernando de Apure, 02 de Mayo de 2017.
207° y 158°
ASUNTO Nº 5246

Parte Querellante: Lila Mariana Castillo de Belizario, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 14.947.689.
Apoderado Judicial del Querellante: Abg. Luis Eduardo Melo, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 101.192.
Parte Querellada: Servicio Integrado de Atención a la Salud del Trabajador del Ejecutivo del Estado Apure (SIATEA).
Apoderado de la Parte Querellada: Procuradora General del Estado Apure.
Motivo: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial.
Sentencia Interlocutoria.

-I-
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

En fecha 09 de Enero de 2012, compareció ante este Juzgado Superior, la ciudadana Lila Mariana Castillo de Belizario, asistida por el abogado Luis Eduardo Melo, ambos identificados ut supra a interponer Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial contra el Servicio Integrado de Atención a la Salud del Trabajador del Ejecutivo del Estado Apure (SIATEA).
En tal sentido procede este Tribunal Superior a realizar las siguientes consideraciones:
En fecha 12 de Enero de 2012, se dictó auto mediante el cual se admitió el presente Recurso Contencioso Administrativo funcionarial donde se libraron las respectivas citaciones y notificaciones de ley.
En fecha 11 de Junio de2012, se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en el articulo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, el cual se llevó a cabo en fecha 19 de Junio de 2012.
En fecha 27 de Julio de 2012, se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia definitiva, de conformidad con el articulo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, el cual se llevó a cabo el día 06 de Agosto de 2012.
En fecha 12 de Noviembre de 2012, este Órgano Jurisdiccional publico sentencia en la presente causa mediante la cual declaró Con Lugar el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial.
Mediante auto de fecha 07 de Enero de 2013, se oyó apelación en ambo efectos, y se ordenó remitir el presente expediente a las Cortes de lo Contencioso Administrativo.
En fecha 20 de Octubre de 2014, la Corte Segunda de la Contencioso Administrativo, declaró Sin Lugar la Apelación ejercida por la parte recurrida en la presente causa, y en consecuencia, declaró confirmada la sentencia definitiva dictada por este Tribunal en fecha 12 de Noviembre de 2012.
En fecha 12 de Agosto de 2016, la Juez quien suscribe, se abocó al conocimiento de la presente causa, en razón de la designación como Jueza Superior Provisoria por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 10 de Julio de 2015.
Mediante auto de fecha 23 de Noviembre de 2016, vista la solicitud de la Ejecución Voluntaria, presentada el día 21 de ese mismo mes y año, por la parte querellante, motivado al incumplimiento de lo ordenado en el fallo, el Tribunal acordó oficiar a la Procuraduría General del Estado Apure y al ciudadano Gobernador, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con el artículo 33 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, para que en un lapso de sesenta (60) días siguientes a que constase en autos la consignación de los oficios librados, informasen sobre la forma y oportunidad en la cual se daría cumplimiento a la sentencia en la cual se homologó el convenimiento celebrado entre las partes.

En fecha 26 de Abril del presente año, diligencio la ciudadana Lila Mariana Castillo, debidamente asistida por el abogado Luis Eduardo Melo, identificado en autos, actuando como parte recurrente, a fin de solicitar los siguiente: 1) Se decrete la Ejecución Forzosa en la presente causa; 2) Ordene incluir el cien por ciento (100%) de monto adeudado en la partida presupuestaria del año (2018) pagadero en el primer trimestre del año.
Cumplido el trámite de la notificación de la Procuraduría General del Estado Apure y al ciudadano Presidente del Servicio Integrado a la Salud del Trabajador del Ejecutivo del Estado Apure (SIATEA), sin que se evidencie que hubieren dado cumplimiento respecto al pago de los salarios caídos y demás remuneraciones laborales dejadas de percibir, desde su ilegal destitución hasta su efectiva reincorporación, resulta pertinente traer a colación la sentencia Nro. 01017 de fecha 14 de junio de 2007, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal supremo de Justicia, en la que estableció:

“(...) en cumplimiento a lo ordenado en el fallo anteriormente transcrito se ordenó la notificación de la Procuraduría General de la República, para que dentro del lapso de sesenta (60) días siguientes, informe sobre la forma y oportunidad de la ejecución, sin que conste que lo hubiere hecho, a pesar de haber sido notificada el 20 de diciembre de 2006, conforme se evidencia de diligencia suscrita por el Alguacil en esa misma fecha. Por tanto agotada como se encuentra la fase de ejecución voluntaria de la sentencia, así como también que han resultado infructuosas las múltiples gestiones realizadas por esta Sala a los fines de que se informe acerca del cumplimiento de la referida sentencia y en estricta aplicación del procedimiento establecido en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena la ejecución forzosa del mencionado fallo, del cual forma parte integrante la experticia complementaria del mismo de fecha 20 de marzo de 1997 y la sentencia Nº 06045 de fecha 2 de noviembre de 2005. En consecuencia, se ordena la inclusión de sendas partidas por la cantidad equivalente al cincuenta por ciento (50%) de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 3.241.555.759,00), cada una, en los presupuestos correspondientes a los ejercicios económicos 2008 y 2009. Cantidad ésta que fue determinada por la experticia complementaria de fecha 20 de marzo de 1997 y que corresponde cancelar en el modo establecido en la sentencia Nº 06045, publicada el 2 de noviembre de 2005 (...)”.

Respecto al cumplimiento del fallo que decretó la ejecución forzosa de la sentencia definitiva, la Procuraduría General de la República remitió Oficio Nro. 003165 de fecha 28 de agosto de 2007, en el que señaló:

“(...) Finalmente le participo que nos hemos dirigido al Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, con el objeto de informar lo conducente (...)”.

Resulta pertinente destacar que en sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa en fecha 8 de noviembre de 2007, indicó:

“(...) PRIMERO: Ratificamos nuestra última diligencia de fecha 2 de octubre de 2007, solicitando que la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA cumpla con incluir en las Partidas de los Ejercicios Económicos del PRESUPUESTO NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de los años 2008 y 2009 lo adeudado a PROMOCIONES TERRA CARDÓN C.A. (...) según SENTENCIA DE FECHA 27 DE ENERO DE 1994 es decir, hace 13 años, y se ordenó su ejecución el 6 de noviembre de 1997, hace 10 años, y posteriormente se volvió a ordenar su ejecución, en fecha 1° de noviembre de 1997, hace 10 años, y posteriormente se volvió a ordenar su ejecución, en fecha 1° de noviembre del 2005. Esta obligación de pago corresponde a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA tramitarla, de conformidad con el ordinal 1° del artículo 86 del DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (...) SEGUNDO: De no procederse a incluir la deuda en los Presupuestos señalados de los años 2008 y 2009, la Sentencia dictada por ese Tribunal sería ineficaz y su cumplimiento ilusorio, quedando nosotros los acreedores sin recursos y desprotegidos de la tutela que debemos gozar según lo ordenado en esa Sala (...)” (Sic).
-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

En este orden de ideas, ante el advertido incumplimiento de la demandada respecto a lo ordenado en la sentencia objeto de la presente ejecución dictada en este caso, resultan pertinentes las siguientes precisiones:
El artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:

“La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la Ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias”.

La norma constitucional anteriormente citada, confirma que la función jurisdiccional no se agota con el pronunciamiento del fallo sino con su efectiva ejecución y ello es así por cuanto la sola declaración de la voluntad concreta de la ley aplicada para resolver la controversia, es insuficiente para considerar satisfecha una pretensión de condena. En la misma línea de pensamiento, cuando el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia definitiva se retrasa indefinidamente, ello atenta contra la tutela judicial efectiva.
La precedente conclusión es confirmada por lo previsto en los artículos 21 del Código de Procedimiento Civil y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que disponen:

Artículo 21. “Los Jueces cumplirán y harán cumplir las sentencias, autos y decretos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales, haciendo uso de la fuerza pública, si fuere necesario. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, las demás autoridades de la República prestarán a los Jueces toda la colaboración que éstos requieran”.

Artículo 10. “Corresponde al Poder Judicial conocer y juzgar, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley, de las causas y asuntos civiles, mercantiles, penales, del trabajo, de menores, militares, políticos, administrativos y fiscales, cualesquiera que sean las personas que intervengan; decidirlos definitivamente y ejecutar o hacer ejecutar las sentencias que dictare (...)”.

De manera que la tutela judicial efectiva, no se agota con el acceso a los tribunales y el derecho a obtener una resolución de la controversia, sino igualmente con la necesidad de que el fallo dictado sea cumplido y el demandante victorioso sea repuesto en su derecho; lo contrario sería convertir las sentencias de condena, en meras declaraciones de intenciones.
En este orden de ideas, los órganos jurisdiccionales deben hacer cumplir sus pronunciamientos y procurar que la parte condenada satisfaga lo declarado en la sentencia definitiva.
Corroboran las precedentes conclusiones, lo establecido por la Sala Político Administrativa en sentencia Nro. 05122 de fecha 20 de julio de 2005, en la que entre otros aspectos se indicó:

“(...) Conforme quedó antes anotado con posterioridad a la última sentencia que esta Sala dictó en el presente expediente, ambas partes del proceso han continuado planteando innumerables solicitudes, que lejos de contribuir a un eficaz desarrollo de la función jurisdiccional, de la que la ejecución forma una parte fundamental, han obstaculizado el mismo, lo cual ha producido que en el presente caso se hayan emitido hasta la fecha, diez decisiones. (...) Los términos de la citada decisión de fecha 24 de abril de 2003, son irrevisables y atendieron una vez más a la necesidad de impedir que la fase de ejecución del presente proceso se continúe demorando en desmedro de la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, por consiguiente, resulta absolutamente improcedente que ambas partes del proceso pretendan, que esta Sala decida los reclamos planteados por ante el Ejecutor, cuando ya tal aspecto había sido expresamente resuelto de forma definitiva. Así se decide. (...).”

No obstante las anteriores consideraciones, resulta innegable que en el contencioso administrativo, respecto al comentado derecho de ejecución, pesan determinadas limitaciones que responden, entre otros aspectos a lo establecido en el artículo 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 57 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, que disponen:

Artículo 314. “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para atender la respectiva erogación; a este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional, o en su defecto, de la Comisión delegada”.

Artículo 57. “Los compromisos originados en sentencia judicial firme con autoridad de cosa juzgada o reconocidos administrativamente de conformidad con los procedimientos establecidos en el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en el reglamento de esta Ley, así como los derivados de reintegros que deban efectuarse por concepto de tributos recaudados en exceso, se pagarán con cargo al crédito presupuestario que, a tal efecto, se incluirá en el respectivo presupuesto de gastos”.
En sintonía con lo establecido en las normas anteriormente citadas y muy especialmente al principio de legalidad presupuestaria, la Sala Político-Administrativa dictó en el caso, como ya se dijo, la sentencia Nro. 01017 de fecha 14 de junio de 2007.
El diseño del presupuesto de un Estado, implica la intervención de factores que en ocasiones responden a situaciones imponderables, que deben ser atendidas de forma perentoria en favor del interés público y la satisfacción de tales necesidades no excluye a los particulares, conforme lo dispone el artículo 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece:

“Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los o a las particulares según su capacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la Ley.”

Al amparo de lo anteriormente expuesto, visto que a la fecha ha resultado imposible que el Servicio Integrado de Atención a la Salud del Trabajador del Ejecutivo Estado Apure (SIATEA), dé cumplimiento respecto al pago de los salarios caídos y demás remuneraciones laborales dejadas de percibir, desde su ilegal destitución hasta su efectiva reincorporación, acordado en el Tercer aparte del dispositivo de la sentencia dictada por este órgano Jurisdiccional en fecha 12/11/2012; y atendiendo a la petición de la parte actora, así como al referido principio de legalidad presupuestaria, se ordena al ente querellado dar estricto cumplimiento a la sentencia definitiva dictada por este Tribunal, por tanto se ordena al Servicio Integrado de Atención a la Salud del Trabajador del Ejecutivo Estado Apure (SIATEA), incluir el monto adeudado a la ciudadana Lila Mariana Castillo de Belizario, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 14.947.689, en la partida respectiva de los próximos ejercicios presupuestarios, según lo establecido en el articulo 88 numeral 1 ° del Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, los cuales van a ser incluidos de de la siguiente manera; el veinticinco por ciento (25%) el cual equivalente a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs. 551.745,02), en la partida presupuestaria del año (2018); el veinticinco por ciento (25%) equivalente a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs. 551.745,02), en la partida presupuestaria del año (2019); el veinticinco por ciento (25%) equivalente a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs. 551.745,02), en la partida presupuestaria del año (2020); y el veinticinco por ciento (25%) equivalente a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs. 551.745,02), en la partida presupuestaria del año (2021), para un total de DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON ONCE CÉNTIMOS (Bs. 2.206.980,11), monto que arrojó la experticia complementaria del fallo, consignada el 09/02/2017. Así se decide.

-III-
DECISIÓN:

Por las razones anteriormente expuestas este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: Primero: Se Niega incluir el cien por ciento (100%) del monto adeudado a la ciudadana Lila Mariana Castillo de Belizario, titular de la cedula de identidad N° 14.947.689, en la partida presupuestaria del año (2018) en su primer trimestre; y, Segundo: ORDENA al Servicio Integrado de Atención a la Salud del Trabajador del Ejecutivo Estado Apure (SIATEA), incluir el monto adeudado a la querellante, ciudadana Lila Mariana Castillo de Belizario, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 14.947.689, en la partida respectiva de los próximos ejercicios presupuestarios, según lo establecido en el articulo 88 numeral 1 ° del Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, los cuales van a ser incluidos de de la siguiente manera; el veinticinco por ciento (25%) el cual equivalente a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs. 551.745,02), en la partida presupuestaria del año (2018); el veinticinco por ciento (25%) equivalente a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs. 551.745,02), en la partida presupuestaria del año (2019); el veinticinco por ciento (25%) equivalente a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs. 551.745,02), en la partida presupuestaria del año (2020); y el veinticinco por ciento (25%) equivalente a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs. 551.745,02), en la partida presupuestaria del año (2021), para un total de DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON ONCE CÉNTIMOS (Bs. 2.206.980,11), monto que arrojó la experticia complementaria del fallo, consignada el 09/02/2017, a cuyos efectos deberá remitir a este Tribunal copia certificada de la Gaceta Oficial de la Ley de Presupuestos donde se evidencie dicha inclusión.
Notifíquese de la presente decisión a la Procuraduría General del Estado Apure, a la cual deberá remitirse copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo previsto en el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior a los (02) días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-
La Jueza Superior Provisoria,

Abg. Dessiree Hernández Rojas.
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El Secretario,

Abg. Héctor García.

Exp. Nº 5.246.-
DHR/hg/doug.-