TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS
207º y 158º
Parte Querellante: Pérez Colmenares María Yajaira, titular de la cédula de identidad Nº V-16.510.232.-
Apoderado Judicial: Marcos Goitia, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 75.239.-
Parte Querellada: Ministerio del Poder Popular Para la Educación
Apoderados Judiciales: Efraín Antonio Álvarez Piñate y Mariagni Carolina Ruiz Delgado inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 116.254 y 142.249, respectivamente.
Motivo: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de salarios retenidos y otros conceptos laborales).-
Expediente Nº 4.111.-
Sentencia Definitiva
I

ANTECEDENTES
Se inicia la presente causa, mediante escrito presentado en fecha 05 de marzo de 2010, por ante la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, contentivo de Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de salarios retenidos y otros conceptos laborales), por la ciudadana Pérez Colmenares María Yajaira, representada por el abogado en ejercicio Marcos Goitia, ambos identificados ut supra, contra el Ministerio del Poder Popular Para la Educación quedando signada con el Nº 4111, mediante la cual solicita la cancelación de los salarios y demás beneficios desde el 12 de octubre de 2009, hasta el 28 de febrero de 2010, lo que equivale a un monto de Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Un Bolívares con Ochenta y Seis Céntimos (Bs. 6.431,86)
Por auto de fecha 11 de marzo de 2010, este Órgano Jurisdiccional admitió el presente recurso y ordenó librar las respectivas notificaciones de ley.
Mediante auto de fecha 25 de enero de 2011, el Tribunal fijo el cuarto (4to) día de despacho siguiente para la celebración de la audiencia preliminar la cual tuvo lugar el 02 de febrero de 2011, acto al cual compareció la representación judicial de ambas partes. El Tribunal declaró trabada la litis y ordenó la apertura del lapso probatorio.
En fecha 02 de marzo de 2011, el Tribunal fijó el quinto (5to) día de despacho siguiente para la celebración de la audiencia definitiva, acto que fue declarado desierto por cuanto ninguna de las partes compareció a dicho acto ni por si ni mediante apoderado judicial.
Por auto de fecha 12 de abril de 2012, este juzgado dejó constancia que en fecha 4 de febrero de 2012 fue recibido Oficio emanado de la Fiscalía Décima del Ministerio Público en el Estado Apure mediante la cual se hace conocimiento a este Tribunal del inicio de la investigación penal N° 04-F10-0010-11 en virtud de la presunción de falsedad de las credenciales laborales y/o participantes en las causas incoadas contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Igualmente, en dicho auto se señaló que en fecha 02 de abril de 2012 se levantó acta N°21 a los fines de dejar constancia de la visita realizada el día 27-02-2012 a la Sede de este juzgado por parte del ciudadano José Rafael Rivero Otamendi, en su carácter de Fiscal Quincuagésimo Quinto del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia plena, quien previa revisión de cada una de las causas incoadas contra el Ministerio ut supra indicado, manifestó que no tenían agregada la sentencia de fecha 02 de mayo de 2011 por parte del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal de esa entidad Federal, en la cual se declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público de decretar la paralización de todas las causas que se sigan ante los Tribunales con ocasión a las demandas intentadas en contra del Ministerio del Poder Popular para la Educación; en tal sentido, y siendo que las resultas de la investigación mencionada pudieran tener incidencia en la decisión de mérito a dictarse en la presente causa, este juzgado ordenó la suspensión de la misma, e igualmente agregar a los autos copia de la sentencia arriba descrita.
Por acta de fecha 04 de junio de 2015, la Dra. Hirda Soraida Aponte se inhibió para seguir conociendo de la causa y se ordenó remitir la actuaciones a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y/o Segunda de lo Contencioso Administrativo.
En fecha 26 de octubre de 2015, quien suscribe se abocó al conocimiento de la causa en virtud de la designación que le fuere realizada en fecha 10 de julio de 2015 por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia según Oficio N° CJ-152186 emitido por la Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado, y se ordenaron las notificaciones respectivas.
Mediante auto de fecha 11 de abril de 2016, se reanudó la presente causa y ordenó notificar a las partes informándoles que se llevará a cabo la celebración de la audiencia preliminar al quinto (5to) día de despacho siguiente a que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas.
Por auto de fecha 16 de septiembre de 2016, el Tribunal acordó subsanar el error material e involuntario al dictar el auto y oficios Nros. 0427-2016, 0428-2016 y 0429-2016, de fecha 11 de abril de 2016, mediante el cual solo se ordeno notificar a los ciudadanos Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, Directora de la Zona Educativa del Estado Apure y Ministro del Poder Popular para la Educación, a los fines de que tuvieran conocimiento de la celebración de la audiencia definitiva y omitió señalar en el mismo que se reanudaría y activaría con el cese de las medidas acordadas en las causas del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que se siguen en Tribunales Laborales y Contencioso Administrativo del Estado Apure, dictado por el Tribunal Primero de Control de Primera Instancia en lo Penal del Estado Apure, en fecha 25 de noviembre de 2014.
En fecha 09 de enero de 2017, siendo el día y hora fijado para la celebración de la audiencia definitiva, se anuncio el acto a las puertas del Tribunal y compareció la representación judicial de ambas partes. El Tribunal se reservo el lapso de cinco (05) días para dictar el dispositivo del fallo.
Mediante auto de fecha 26 de enero de 2017, el Tribunal dicto auto para mejor proveer, ordenando mediante el cual oficiar a la Fiscal Superior del Estado Apure, a los fines de que informará sobre las resultas de la Investigación Penal N° 04-F10-0010-11.
Por auto de fecha 20 de febrero de 2017, el Tribunal ordenó ratificar el auto de fecha 26 de enero de 2017.
En fecha 03 de abril de 2017, se recibió ante la secretaría de este Órgano Jurisdiccional, escrito por parte de la representación judicial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, conjuntamente con los recaudos anexos.
En fecha 18 de abril de 2017, el Tribunal dicto dispositivo del fallo, declarando Sin Lugar la presente Querella Funcionarial.
Cumplidos los trámites procedimentales conforme a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pasa de seguidas quien aquí suscribe a dictar sentencia como Jueza Natural, según designación de la Comisión Judicial en fecha 10 de julio de 2015, y lo hace previo las consideraciones siguientes:

II
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El caso sub examine versa sobre un Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto con el objeto de hacer efectivo el cobro de salarios retenidos y otros conceptos laborales contra el Ministerio del Poder Popular Para la Educación, mediante la cual solicita la cancelación de los salarios y demás beneficios desde el desde el 12 de octubre de 2009, hasta el 28 de febrero de 2010, lo que equivale a un monto de Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Un Bolívar con Ochenta y Seis Céntimos (Bs. 6.431,86).
En este sentido, quien suscribe la presente decisión, debe analizar la importancia que reviste para el derecho la noción de salario, y así se tiene que el salario o remuneración ha sido definida, como la percepción monetaria o pago que recibe el trabajador como contraprestación al trabajo o labor que éste se ha obligado a proporcionar para con su empleador; el salario dada su naturaleza retributiva, está constituido por la habitualidad, el propósito y las circunstancias en y para las cuales se contraten los servicios personales de un individuo. Debe indicarse que las características propias de la remuneración salario adquiere su fundamento lógico en los servicios que de una manera personal y directa, ya sea en función de los conocimientos aportados a determinada actividad (labor intelectual) o de mano de obra (actividad física), proporciona un individuo en una determinada relación de empleo (relación laboral). De este modo, esta prestación por cuanto está destinada, a su vez, a cubrir los riesgos y necesidades que se originen en esa relación, debe ser cancelada de acuerdo a las características que conforman su especial naturaleza, vale decir, de manera periódica y proporcional al esfuerzo efectuado con ocasión al propósito y las circunstancias concretas de la contratación o coincidente a la actividad ejecutada.
El salario por formar parte de la actividad prestada adquiere a su vez, protección constitucional, en el sentido que los corpus normativos que tengan como finalidad regular esta relación deben garantizar la progresividad de los derechos y beneficios que correspondan, así como en materia de aplicación y concurrencia de normas debe prevalecer el principio indubio pro operario, entre otros (artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Asimismo el artículo 90 ibídem, establece que el salario debe ser suficiente, digno y justo, en relación a las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales que están implícitas e inmersas en la existencia vital del trabajador; por ello, el sentido, propósito y espíritu de esta norma conlleva a que sea el Estado precisamente el garante en que el salario sea ajustado cada año, en virtud de los índices inflacionarios que se reflejan en el costo de la vida y por ende sea el costo de la canasta básica el referente esencial que determine este ajuste.
La misma norma especifica que el salario es inembargable, debe ser pagado en forma periódica y oportunamente, lo cual tiene como finalidad que la cantidad pecuniaria correspondiente al salario no se deprecie por no ser cancelado de manera habitual y en el momento que corresponda conforme a las reglas correspondientes a la forma y procedimiento para su pago.
Así las cosas, se observa de las actas procesales que conforman la presente causa, que el ente querellado no dio contestación al presente recurso, sin embargo compareció en las oportunidades fijadas para llevarse a cabo la audiencia preliminar y definitiva, así como también promovió pruebas, de las cuales se desprende: Marcada A, (Folio 150) MEMORANDO de fecha 30 de marzo de 2009, suscrito por la ciudadana Norma Elena Bello Celis, en su condición de Directora General de la Oficina de Recursos Humanos, en la cual se hace saber a los Vive-Ministras, Vive-Ministros, Directores Generales, Directores de Línea, Directores de Zona Educativas, Directores de Planteles, que en base a que el MPPE se encontraba con una insuficiencia presupuestaria en los gastos de personal se ordenaba la no inclusión de personal administrativo, obrero o docente contratado en las Zonas Educativas, Municipios Escolares o Planteles. Marcada “B”, (Folio 151), Comunicación de fecha 22 de abril de 2013 suscrita de la ciudadana Belkys Oropeza, en su condición de Directora de la Escuela de Educación Primaria Bolivariana “Ana Leonor Mayor”, en la cual le hace saber a la Jefa de División de Asesoría Jurídica de la Zona Educativa Apure que la hoy querellante no ha trabajado ni trabaja en dicha institución; Marcada C (Folio 152 del expediente) Comunicación de fecha 15 de febrero de 2012, suscrita por la Ing. Luisa Salinas en su condición de Jefe de División de Informática y Sistemas de la Zona Educativa Apure, en la cual se le hace saber a la Abog. María Carolina Martínez en su carácter de Jefe de División de Asesoría Jurídica de la Zona Educativa del Estado Apure, que de una revisión exhaustiva en la nómina del personal Fijo y Contratado desde el año 1999 hasta Octubre de 2011, no se encontró ningún registro de la ciudadana Pérez Colmenares María Yajaira, y por ende la misma nunca ha ingresado en la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Educación en el Estado Apure desde el año 1999 hasta Enero de 2012; Marcada D, (Folio 153 del expediente) Comunicación de fecha 22 de febrero de 2012 suscrita por la ciudadana Esther Ramos, en su carácter de Jefa del Departamento de Archivo de la Zona Educativa del Estado Apure, en la cual le hace saber a la Abog. María Carolina Martínez en su carácter de Jefe de División de Asesoría Jurídica de la Zona Educativa del Estado Apure que de una revisión de los archivos y documentos existentes en ese Departamento, no se encontró ningún expediente, proposición o movimiento de personal, contrato o documento alguno a favor de la ciudadana Pérez Colmenares María Yajaira, hoy querellante.
De lo antes analizado, cabe considerar, que al constituir punto controvertido en la presente causa, el hecho si a la hoy querellante ciudadana Pérez Colmenares María Yajaira, le corresponde el pago por concepto de salarios retenidos y demás beneficios desde el 12 de octubre de 2009, hasta el 28 de febrero de 2010, lo que equivale a un monto de Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Bolívares con Ochenta y Seis Céntimos (Bs. 6.431,86) , en virtud del servicio prestado en el Ministerio del Poder Popular para la Educación; es oportuno para quien suscribe realizar las siguientes consideraciones:
Ahora bien, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia número 01-885 de fecha 16 de mayo 2003, recaída en el caso Henry José Parra Velásquez c/ Rubén Gilberto Ruiz Bermúdez, dejó sentado:
“[…] los documentos públicos administrativos son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc.), o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc.), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y por tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario […]”.
Respecto de los mencionados documentos administrativos, ha sido establecido que constituyen una tercera categoría de prueba instrumental, que no puede asimilarse al documento público previsto en el artículo 1.357 del Código Civil, como sí a los documentos privados reconocidos o a los tenidos legalmente por reconocidos, “(…) sólo en lo que concierne a su valor probatorio, dado que en ambos casos, se tiene por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en dichos instrumentos no sean objeto de impugnación a través de cualquier género de prueba capaz de desvirtuar su veracidad (…)” (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, número 00497 del 20 de mayo del 2004, caso: Alida Magali Sánchez).
Este Órgano Jurisdiccional estima pertinente establecer las características que poseen los documentos administrativos, que según el procesalista supra citado son las siguientes:
“[i] están dotados de una presunción de veracidad y legitimidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones; presunción que corresponde desvirtuar al particular involucrado en el acto; [ii] la presunción de veracidad y legitimidad puede ser destruida por cualquier medio de prueba, ya verse el documento sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo, o bien verse sobre manifestaciones de certeza o declaraciones de ciencia o conocimiento; [iii] la presunción de veracidad y legitimidad de los documentos administrativos, se basa en el principio de ejecutividad y ejecutoriedad que les atribuye el Art. 8º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario (…)” (Vid. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo IV, p. 153).
De los planteamientos precedentes, considera quien decide que la constancia de trabajo consignada por la parte querellante (folio 09), no puede ser considerada como prueba de la relación funcionarial alegada por la recurrente durante el periodo 12 de octubre de 2009, hasta el 28 de febrero de 2010. Siendo ello así, resulta necesario para este Órgano Jurisdiccional citar que de las pruebas aportadas a los autos, se observa que no consta en los archivos del ente querellado documento, nombramiento o archivo alguno del cual se pueda evidenciar que la hoy querellante prestó el servicio para el mismo, que se le acredite derecho que le asista y que hagan posible la procedencia de su pretensión.

En razón de todo lo antes expuesto, y después de la revisión de cada uno de los elementos probatorios consignados por cada una de las partes, promovidos con el fin de demostrar cada una de sus pretensiones, y siendo el hecho controvertido la existencia de la relación funcionarial entre la ciudadana Pérez Colmenares María Yajaira y el Ministerio del Poder Popular para la Educación durante el periodo 12 de octubre de 2009, hasta el 28 de febrero de 2010, este Órgano Jurisdiccional considera que no existen elementos probatorios suficientes que logran evidenciar que ciertamente la hoy querellante mantenía una relación funcionarial con dicho Ministerio en el cargo de Administrativo, durante el lapso reclamado, siendo el hecho que la prueba fundamental de la parte querellante en su defensa fue la “Constancia de fecha 12 de octubre de 2009” (Folio 09), siendo desvirtuada por las comunicaciones cursantes a los folios 125 al 127 del expediente, estas son, aquellas en la cuales se verifican la no existencia de registro alguno de la querellante ante esa Institución. Así se decide.-

De tal manera que, por las consideraciones precedentes desarrolladas en el presente fallo, debe este Órgano Jurisdiccional, declarar SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Así se decide.
III
DECISION
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Primero: Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial (cobro de los salarios retenidos y demás conceptos laborales), interpuesto por la ciudadana Pérez Colmenares María Yajaira, titular de la cédula de identidad Nº V-16.510.232, debidamente representada por el abogado en ejercicio Marcos Goitia, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 75.239, contra el Ministerio del Poder Popular Para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela.
Publíquese, Regístrese y Notifíquese a la Procuraduría General de la República, Ministerio del Poder Popular para la Educación y a la Zona Educativa del Estado Apure, déjese copia certificada.
A los fines de practicar la Notificación a la Procuraduría General de la República y al Ministerio del Poder Popular para la Educación, se acuerda comisionar al Circuito Judicial de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en el Centro Simón Bolívar. Líbrense los oficios.-
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, a los cuatro (04) días del mes de Mayo de dos mil diecisiete (2017)
Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Jueza Superior Provisoria.

Abg. Dessiree Hernández Rojas.
El Secretario Accidental.

Abg. Darvis Prieto.

En esta misma fecha, siendo las 2:40 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó la presente decisión.

El Secretario Accidental.

Abg. Darvis Prieto.

Exp. Nº 4111.-
DHR/dp/atl.-