TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS
207º y 158º
Parte Querellante: Johanna Vanessa Suarez Pérez, titular de la cédula de identidad Nº V-17.396.240
Apoderado Judicial: Marcos Goitia, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 75.239.-
Parte Querellada: Ministerio del Poder Popular Para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela
Apoderados Judiciales: Efraín Antonio Álvarez Piñate y Mariagni Carolina Ruiz Delgado inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 116.254 y 142.249, respectivamente.
Motivo: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de salarios retenidos y otros conceptos laborales).-
Expediente Nº 4.137.-
Sentencia Definitiva
I

ANTECEDENTES
Se inicia la presente causa, mediante escrito presentado en fecha 11 de marzo de 2010, por ante la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, contentivo de Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de salarios retenidos y otros conceptos laborales), por la ciudadana Johanna Vanessa Suarez Pérez, titular de la cédula de identidad Nº V-17.396.240, representada por el abogado en ejercicio Marcos Goitia, ambos identificados ut supra, contra el Ministerio del Poder Popular Para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela quedando signada con el Nº 4.137, mediante la cual solicita la cancelación de los salarios y demás beneficios desde el 12 de octubre de 2009, hasta el 28 de febrero de 2010, para un equivalente de Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Un Bolívares con Ochenta y Seis Céntimos (Bs. 6.431,86).
Por auto de fecha 15 de marzo de 2010, este Órgano Jurisdiccional admitió el presente recurso y ordenó librar las respectivas notificaciones de la ley.
Por auto de fecha 08 de junio de 20 de diciembre de 2010, el Tribunal dejó constancia del vencimiento del lapso establecido en el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en consecuencia fijó el tercer (3er) día de despacho siguiente. Igualmente se dejó constancia en dicho auto, que la parte querellada no dio contestación a la demanda.
Este juzgado en fecha 23 de diciembre de 2010, fecha en la cual debía celebrarse la audiencia preliminar, la cual no pudo llevarse a cabo por ocupaciones referentes al Tribunal, es por lo que fue diferida para las 9:30am el quinto (5to) día de despacho, cuyo acto fue celebrado en fecha 13 de enero de 2011, dejándose constancia en acta de la comparecencia de la representación judicial de la querellante, asimismo se dejó constancia de la incomparecencia de la parte querellada ni por si ni por medio de apoderado alguno que le representare, se declaró trabajada la litis y se ordenó la apertura del lapso probatorio.
Por auto de fecha 24 de enero de 2011, este tribunal visto el escrito de medios probatorios promovido por la parte querellada en fecha 21 de enero de 2011.
Mediante auto de fecha 03 de febrero de 2011, el Tribunal emitió pronunciamiento sobre el escrito de pruebas promovido por la representación judicial de la parte querellada.
Por auto de fecha 21 de febrero de 2011, el Tribunal fijo el quinto (5to) día de despacho para la celebración de la audiencia definitiva, la cual tuvo lugar el día 02 de marzo de 2011, con la comparecencia de la representación judicial de la parte querellante. El Tribunal dejó constancia que la parte querellada no compareció a dicho acto ni por si ni mediante apoderado judicial. El Tribunal se reservo el lapso de cinco (5) días para dictar el dispositivo del fallo en la presente causa.
Por auto de fecha 12 de abril de 2011, este juzgado dejó constancia que en fecha 4 de febrero de 2012 fue recibido Oficio N° 04-F10-0111-11 de fecha 31 de enero de 2011 emanado de la Fiscalía Décima del Ministerio Público en el Estado Apure mediante la cual se hace conocimiento a este Tribunal del inicio de la investigación penal N° 04-F10-0010-11 en virtud de la presunción de falsedad de las credenciales laborales y/o participantes en las causas incoadas contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación, y como quiera que las referidas credenciales, constituyen el instrumento fundamental en la querella incoada y siendo que las resultas de la investigación mencionada pudieran tener incidencia en la decisión de mérito a dictarse en la presente causa, este juzgado ordenó la suspensión de la misma, e igualmente agregar a los autos copia del oficio arriba descrito.
En fecha 09 de julio de 2015, la ciudadana Jueza Dra. Hirda Soraida Aponte, se inhibió para seguir conociendo la presente causa, y se ordenó la remisión de las actuaciones para la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes Primera y/o Segunda de lo Contencioso Administrativo.
En fecha 29 de septiembre de 2015, quien suscribe se abocó al conocimiento de la causa en virtud de la designación que le fuere realizada en fecha 10 de julio de 2015 por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia según Oficio N° CJ-152186 emitido por la Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado, y se ordenaron las notificaciones respectivas.
Mediante auto de fecha 06 de abril de 2017, el Tribunal señaló que en virtud de que las partes se encuentran debidamente notificadas y por cuanto cesaron las medidas acordadas en las causas del Ministerio del Poder Popular para la Educación que se siguen ante los Tribunales laborales y Contenciosos Administrativos, en tal sentido se ordena notificar a las partes a los fines de hacer de su conocimiento que la audiencia definitiva se llevará a cabo al quinto (5to) día de despacho siguiente a que conste en autos la última de las notificaciones, la cual se llevó a cabo en fecha 26 de septiembre de 2017, dejando constancia el Tribunal de la incomparecencia de ambas partes al acto, en tal sentido dicho acto se declaró DESIERTO y se reservó el lapso de cinco (5) para dictar el dispositivo del fallo.
Por auto de fecha 06 de octubre de 2017, el Tribunal dicto dispositivo del fallo, mediante el cual se declaró SIN LUGAR la presente causa.
Por auto de fecha 21 de septiembre de 2017, este juzgado procedió a diferir la publicación del presente fallo por un lapso de diez (10) días continuos.
Cumplidos los trámites procedimentales conforme a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pasa de seguidas quien aquí suscribe a dictar sentencia como Jueza Natural, según designación de la Comisión Judicial en fecha 10 de julio de 2015, y lo hace previo las consideraciones siguientes:

II
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El caso sub examine versa sobre un Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto con el objeto de hacer efectivo el cobro de salarios retenidos y otros conceptos laborales contra el Ministerio del Poder Popular Para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual solicita la cancelación de los salarios y demás beneficios desde el desde el desde el 12 de octubre de 2009, hasta el 28 de febrero de 2010, para un equivalente de Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Un Bolívares con Ochenta y Seis Céntimos (Bs. 6.431,86).
En este sentido, quien suscribe la presente decisión, debe analizar la importancia que reviste para el derecho la noción de salario, y así se tiene que el salario o remuneración ha sido definida, como la percepción monetaria o pago que recibe el trabajador como contraprestación al trabajo o labor que éste se ha obligado a proporcionar para con su empleador; el salario dada su naturaleza retributiva, está constituido por la habitualidad, el propósito y las circunstancias en y para las cuales se contraten los servicios personales de un individuo. Debe indicarse que las características propias de la remuneración salario adquiere su fundamento lógico en los servicios que de una manera personal y directa, ya sea en función de los conocimientos aportados a determinada actividad (labor intelectual) o de mano de obra (actividad física), proporciona un individuo en una determinada relación de empleo (relación laboral). De este modo, esta prestación por cuanto está destinada, a su vez, a cubrir los riesgos y necesidades que se originen en esa relación, debe ser cancelada de acuerdo a las características que conforman su especial naturaleza, vale decir, de manera periódica y proporcional al esfuerzo efectuado con ocasión al propósito y las circunstancias concretas de la contratación o coincidente a la actividad ejecutada.
El salario por formar parte de la actividad prestada adquiere a su vez, protección constitucional, en el sentido que los corpus normativos que tengan como finalidad regular esta relación deben garantizar la progresividad de los derechos y beneficios que correspondan, así como en materia de aplicación y concurrencia de normas debe prevalecer el principio indubio pro operario, entre otros (artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Asimismo el artículo 90 ibídem, establece que el salario debe ser suficiente, digno y justo, en relación a las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales que están implícitas e inmersas en la existencia vital del trabajador; por ello, el sentido, propósito y espíritu de esta norma conlleva a que sea el Estado precisamente el garante en que el salario sea ajustado cada año, en virtud de los índices inflacionarios que se reflejan en el costo de la vida y por ende sea el costo de la canasta básica el referente esencial que determine este ajuste.
La misma norma especifica que el salario es inembargable, debe ser pagado en forma periódica y oportunamente, lo cual tiene como finalidad que la cantidad pecuniaria correspondiente al salario no se deprecie por no ser cancelado de manera habitual y en el momento que corresponda conforme a las reglas correspondientes a la forma y procedimiento para su pago.
Así las cosas, se observa de las actas procesales que conforman la presente causa, que el ente querellado no dio contestación al presente recurso así como tampoco compareció en la oportunidad fijada para llevarse a cabo la audiencia preliminar y la audiencia definitiva, sin embargo promovió pruebas, de las cuales se desprende: Marcada B, (Folio 49 al 56), Gaceta Oficial N° 38.921 de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 30 de abril de 2008, Marcada C, (Folios 57 al 59), Gaceta Oficial N° 39.272 de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 25 de septiembre de 2009. Marcada D, (Folio 60) MEMORANDO de fecha 30 de marzo de 2009, suscrito por la ciudadana Norma Elena Bello Celis, en su condición de Directora General de la Oficina de Recursos Humanos, en la cual se hace saber a los Vice-Ministras, Vice-Ministros, Directores Generales, Directores de Línea, Directores de Zona Educativas, Directores de Planteles, que en base a que el MPPE se encontraba con una insuficiencia presupuestaria en los gastos de personal se ordenaba la no inclusión de personal administrativo, obrero o docente contratado en las Zonas Educativas, Municipios Escolares o Planteles. Marcada E, (Folio 61) Memorando N° 001948 suscrito por la Lic. Norma Elena Bello Celis en su carácter de Directora General (E) de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, mediante el cual le hace saber a los Jefes de Zonas Educativas, Jefes de Personal, Jefes de Municipios Escolares y Directores de Planteles, que para el año escolar 2009-2010 no habrá apertura para ingresos del personal docente, administrativo y obrero, en virtud de que en los últimos 02 años se ha efectuado un incremento excesivo de la nómina de ese organismo, sin existir la disponibilidad presupuestaria, teniéndose que tramitar recursos adicionales, lo cual no es factible solicitarlos para ese ejercicio fiscal. Marcada F, (Folio 62 y 63) N° DGORR-HH 001954 de fecha 15 de junio de 2009, suscrito por la Lic. Norma Elena Bello Celis en su carácter de Directora General (E) de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Educación dirigido a los Directores de las Zonas Educativas, que a partir del año escolar 2009-2010 no se otorgarán por ante la dirección General de la Oficina de Recursos Humanos, Comisiones de servicios a los docentes, en virtud de la gran ausencia de éstos en las aulas de clase, por lo tanto al culminar la mencionada comisión, deberán reintegrarse a sus labores de conformidad con lo establecido en la normativa legal vigente… por lo que no deben entregar credenciales, designar personal, ya que los únicos facultados para realizar cualquiera de los tramites antes mencionados es el despacho zonal a su cargo, siempre y cuando tenga el aval del nivel central y existe la disponibilidad presupuestaria. Marcadas G y H, (Folios 64 al 68), Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 17 de mayo de 2001 N° 5.531 y N° 38.990 de fecha 8 de agosto de 2008. Marcada I, (Folio 69) Comunicación de fecha 20 de enero de 2011, suscrita por la ciudadana Esther Ramos, en su carácter de Jefa del Departamento de Archivo de la Zona Educativa del Estado Apure, en la cual le hace saber al Abog. Efrain Alvarez Piñate en su carácter de Jefe de División de Asesoría Jurídica de la Zona Educativa del Estado Apure que de una revisión de los archivos y documentos existentes en ese Departamento, no se encontró ningún expediente, proposición o movimiento de personal, contrato o documento alguno a favor de la ciudadana Johanna Vanessa Suarez Pérez, hoy querellante. Marcada “J”, (Folio 70) comunicación de fecha 20 de enero de 2011 suscrita por la Ing. Luisa Salinas en su condición de Jefe de División de Informática y Sistemas de la Zona Educativa Apure, en la cual se le hace saber a Abog. Efrain Alvarez Piñate en su carácter de Jefe de División de Asesoría Jurídica de la Zona Educativa del Estado Apure, que de una revisión exhaustiva en la nómina del personal Fijo y Contratado desde el año 1999 hasta octubre de 2010, no se encontró ningún registro de la ciudadana Johanna Vanessa Suarez Pérez, y por ende la mismo nunca ha ingresado en la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Educación en el Estado Apure desde el año 1999 hasta octubre de 2010.
De lo antes analizado, cabe considerar, que al constituir punto controvertido en la presente causa, el hecho si a la hoy querellante ciudadano la ciudadana Johanna Vanessa Suarez Pérez, le corresponde el pago por concepto de salarios retenidos y demás beneficios desde el 12 de octubre de 2009, hasta el 28 de febrero de 2010, para un equivalente de Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Un Bolívares con Ochenta y Seis Céntimos (Bs. 6.431,86), en virtud del servicio prestado en el Ministerio del Poder Popular para la Educación; es oportuno para quien suscribe realizar las siguientes consideraciones:
Ahora bien, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia número 01-885 de fecha 16 de mayo 2003, recaída en el caso Henry José Parra Velásquez c/ Rubén Gilberto Ruiz Bermúdez, dejó sentado:
“[…] los documentos públicos administrativos son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc.), o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc.), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y por tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario […]”.
Respecto de los mencionados documentos administrativos, ha sido establecido que constituyen una tercera categoría de prueba instrumental, que no puede asimilarse al documento público previsto en el artículo 1.357 del Código Civil, como sí a los documentos privados reconocidos o a los tenidos legalmente por reconocidos, “(…) sólo en lo que concierne a su valor probatorio, dado que en ambos casos, se tiene por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en dichos instrumentos no sean objeto de impugnación a través de cualquier género de prueba capaz de desvirtuar su veracidad (…)” (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, número 00497 del 20 de mayo del 2004, caso: Alida Magali Sánchez).
Este Órgano Jurisdiccional estima pertinente establecer las características que poseen los documentos administrativos, que según el procesalista supra citado son las siguientes:
“[i] están dotados de una presunción de veracidad y legitimidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones; presunción que corresponde desvirtuar al particular involucrado en el acto; [ii] la presunción de veracidad y legitimidad puede ser destruida por cualquier medio de prueba, ya verse el documento sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo, o bien verse sobre manifestaciones de certeza o declaraciones de ciencia o conocimiento; [iii] la presunción de veracidad y legitimidad de los documentos administrativos, se basa en el principio de ejecutividad y ejecutoriedad que les atribuye el Art. 8º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario (…)” (Vid. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo IV, p. 153).
De los planteamientos precedentes, considera quien decide que la constancia de trabajo consignada por la parte querellante (folio 09), no puede ser considerada como prueba de la relación funcionarial alegada por la recurrente durante el periodo desde el 12 de octubre de 2009, hasta el 28 de febrero de 2010, Siendo ello así, resulta necesario para este Órgano Jurisdiccional citar que de las pruebas aportadas a los autos, se observa que no consta en los archivos del ente querellado documento, nombramiento o archivo alguno del cual se pueda evidenciar que el hoy querellante prestó el servicio para el mismo, que se le acredite derecho que le asista y que hagan posible la procedencia de su pretensión.
En razón de todo lo antes expuesto, y después de la revisión de cada uno de los elementos probatorios consignados por cada una de las partes, promovidos con el fin de demostrar cada una de sus pretensiones, y siendo el hecho controvertido la existencia de la relación funcionarial entre la ciudadana Johanna Vanessa Suarez Pérez y el Ministerio del Poder Popular para la Educación durante el periodo desde el 12 de octubre de 2009, hasta el 28 de febrero de 2010, este Órgano Jurisdiccional considera que no existen elementos probatorios suficientes que logran evidenciar que ciertamente el hoy querellante mantenía una relación funcionarial con dicho Ministerio en el cargo de Administrativo, durante el lapso reclamado, siendo el hecho que la prueba fundamental de la parte querellante en su defensa fue la “Constancia de fecha 12 de octubre de 2009” (Folio 09), siendo desvirtuada por las comunicaciones cursantes a los folios 49 al 70 del expediente, estas son, aquellas en la cuales se verifican la no existencia de registro alguno de la querellante ante esa Institución. Así se decide.-
De tal manera que, por las consideraciones precedentes desarrolladas en el presente fallo, debe este Órgano Jurisdiccional, declarar SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Así se decide.
III
DECISION
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Primero: Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial (cobro de los salarios retenidos y demás conceptos laborales), interpuesto por la ciudadana Johanna Vanessa Suarez Pérez, titular de la cédula de identidad Nº V-17.396.240, debidamente representada por el abogado en ejercicio Marcos Goitia, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 75.239, contra el Ministerio del Poder Popular Para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela
Publíquese, Regístrese y Notifíquese a la Procuraduría General de la República, Ministerio del Poder Popular para la Educación y a la Zona Educativa del Estado Apure, déjese copia certificada.
A los fines de practicar la Notificación a la Procuraduría General de la República y al Ministerio del Poder Popular para la Educación, se acuerda comisionar al Circuito Judicial de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en el Centro Simón Bolívar. Líbrense los oficios.-
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017)
Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Jueza Superior Provisoria.

Abg. Dessiree Hernández Rojas.
El Secretario

Abg. Héctor David García
En esta misma fecha, siendo las 11:00 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó la presente decisión.

El Secretario

Abg. Héctor David García.
Exp. Nº 4137.
DHR/hdg/gevp.