REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Juicio del Trabajo del Estado Apure San Fernando de Apure, cuatro de abril de dos mil dieciocho 207º y 159º ASUNTO : CP01-N-2018-000003 SENTENCIA INTERLOCUTORIA PARTE RECURRENTE: FIDEL ORLANDO GAVIDIA JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-.8.193.673. ABOGADO ASITENTE: JUAN ANTONIO ALMEIDA MENDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-.4.138.103, inscrito en el Inpreabogado bajo los Nro. 113.230. PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO APURE. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Sin designar TERCERO INTERESADO: EMPRESA GAS COMUNAL S.A. MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO. En fecha veinte (20) de marzo de 2018, es recibido por este Tribunal proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación del Trabajo, el recurso contencioso administrativo interpuesto por el ciudadano FIDEL ORLANDO GAVIDIA JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-.8.193.673 respectivamente, debidamente asistido por el abogado JUAN ANTONIO ALMEIDA MENDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-.4.138.103, inscrito en el Inpreabogado bajo los Nro. 113.230, contra la Providencia Administrativa Nº 0007-2018, de fecha 10 de enero 2018, dictada por la Inspectoría del Trabajo con sede en San Fernando de Apure, Estado Apure, mediante el cual ese órgano administrativo declaro Con Lugar, la solicitud de Autorización para Despedir por causa justificada, al ciudadano FIDEL ORLANDO GAVIDIA JIMENEZ, antes identificado. Visto que en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 377.244; este Tribunal acuerda la tramitación del presente recurso conforme a lo previsto en los artículos 76 al 86 ejusdem, en dicha Ley se le otorga por exclusión, la competencia a los Tribunales del Trabajo, tal como se puede deducir del análisis del artículo 25 numeral 3º que establece lo siguiente “Artículo 25 Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de: (…) omissis (...) 3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo”. De allí, que estima este Tribunal que la competencia hoy en día para conocer recursos de nulidad ejercidos contra las decisiones tomadas por las Inspectorías de Trabajo en materia de inamovilidad, (despido, traslado y desmejoras sin justa causa) le corresponde a los Tribunales con competencia en materia del Trabajo. Es importante señalar, que en casos como el de autos, el deber que tiene el juez laboral de aplicar la sentencia de fecha 23 de septiembre de 2010, emanada de la Sala Constitucional en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, donde deja asentado el criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República que el conocimiento de las pretensiones en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo; por consiguiente este Juzgado se declara competente para conocer de la presente causa. El recurrente solicita la nulidad de la Providencia Administrativa Nº. 007-18, dictado por la Inspectoría de Trabajo del Estado Apure de fecha diez (10) de Enero de 2018, donde declara con lugar la solicitud de autorización para despedir por causa justificada al trabajador FIDEL ORLANDO GAVIDIA JIMENEZ. A tal efecto aduce que en el acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo, sus derechos fueron vulnerados y sus intereses legítimos lesionados por el cual interpone el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad por incurrir en la Violación al Derecho Constitucional, lo que determina que el acto administrativo está viciado de nulidad. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Ahora bien, para este Tribunal es pertinente trascribir el contenido del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el cual, se establece lo siguiente: Artículo 35. Inadmisibilidad de la demanda. La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes: 1. Caducidad de la acción. 2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles. 3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa. 4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad. 5. Existencia de cosa juzgada. 6. Existencia de conceptos irrespetuosos. 7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. De la revisión de las actas que conforman el presente asunto, se puede observar del escrito libelar, que la pretensión recurrente no se encuentra enmarcada dentro de las causales de inadmisibilidad anteriormente señaladas, lo que resulta para este Tribunal, la admisión del presente recurso y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena notificar al Inspector del Trabajo Jefe de la Inspectoría del Trabajo de San Fernando de Apure, Estado Apure como representante del órgano que dictó el acto administrativo que se impugna, acordando solicitar al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 ejusdem, remita a este Juzgado, el expediente administrativo relacionado con este juicio dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Así se decide.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena notificar al ciudadano Fiscal General de la República en la persona del Fiscal del Ministerio Público con competencia para actuar en materia contencioso administrativa. Así se decide. Se ordena notificar al ciudadano Procurador General de la República, la cual se practicará con arreglo a lo ordenado en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, remitiéndoles copias certificadas de la solicitud, de la documentación acompañada a ésta y de la presente decisión. Así se decide. Así también, se ordena la notificación a la Empresa GAS COMUNAL S.A, antes denominada Poder de Distribución Venezuela Comunal S.A, PDV COMUNAL S.A; de conformidad con el numeral 3 del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se deja establecido que una vez conste en autos la notificación practicada al Procurador General de la República se suspenderá la causa por quince (15) días hábiles de conformidad con el articulo 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y una vez conste en autos la certificación de la secretaria de haberse practicado la última de las notificaciones ordenadas, se procederá dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes, fijar oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide. DECISIÓN Por los fundamentos anteriormente expuestos este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer el Recurso de Nulidad de Acto Administrativo, interpuesto por el ciudadano FIDEL ORLANDO GAVIDIA JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-.8.193.673 respectivamente, debidamente asistido por el abogado JUAN ANTONIO ALMEIDA MENDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-.4.138.103, inscrito en el Inpreabogado bajo los Nro. 113.230, contra la Providencia Administrativa Nº 0007-2018, de fecha 10 de enero 2018, dictada por la Inspectoría del Trabajo con sede en San Fernando de Apure, Estado Apure, mediante el cual declaro Con Lugar, la solicitud de Autorización para Despedir por causa justificada, al ciudadano FIDEL ORLANDO GAVIDIA JIMENEZ, antes identificado. SEGUNDO: ADMITE el Recurso de Nulidad de Acto Administrativo interpuesto por el ciudadano FIDEL ORLANDO GAVIDIA JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-.8.193.673 respectivamente, debidamente asistido por el abogado JUAN ANTONIO ALMEIDA MENDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-.4.138.103, inscrito en el Inpreabogado bajo los Nro. 113.230, en su condición de parte recurrente en la presente causa, contra la Providencia Administrativa Nº 0007-2018, de fecha de fecha 10 de enero 2018, dictada por la Inspectoría del Trabajo con sede en San Fernando de Apure, Estado Apure, mediante el cual declaro Con Lugar, la solicitud de Autorización para Despedir por causa justificada, al ciudadano FIDEL ORLANDO GAVIDIA JIMENEZ, antes identificado. TERCERO: Notifíquese a la Inspectoría del Trabajo Jefe de la Inspectoría del Trabajo de San Fernando de Apure, Estado Apure, de conformidad con lo dispuesto en artículo 78 de la Ley Orgánica la Jurisdicción Contencioso Administrativa, acordando solicitarle la remisión del expediente administrativo, correspondiente al presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 ejusdem, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes; a la ciudadana Fiscal General de la República en la persona del Fiscal del Ministerio Público con competencia para actuar en materia contencioso administrativa y al Procurador General de la República, con arreglo a lo ordenado en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Notifíquese a la Empresa GAS COMUNAL S.A, en virtud de ser afectado por el Acto Administrativo impugnado, de conformidad con el artículo 78 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA.- Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los cuatro (04) días del mes abril del año dos mil dieciocho (2018). La Juez Provisoria, Abg. Belkis Delgado Prieto La Secretaria Suplente, Abg. Génesis Mendoza Olivero