REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE. San Fernando de Apure, 02 de Agosto del 2018. 208° y 159° DEMANDANTE: CARMEN ADELA ROJAS SOTO. DEMANDADOS: JOSE GREGORIO CELIZ CERRANO. MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO. EXPEDIENTE: 16.530 PRONUNCIMIENTO: MEDIDA CAUTELAR. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA. Vista la medida solicitada en el libelo de demanda, suscrita por la ciudadana CARMEN ADELA ROJAS SOTO, asistida por el abogado JOEL JOSE SALAZAR ROSALEZ inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 203.577, mediante la cual solicita: Se decreten Medida Preventiva de Enajenar y Gravar, sobre un bien inmueble, este Tribunal para decidir observa: PRIMERO: Que si bien es cierto el Juez tiene poder cautelar general, de conformidad con el articulo 588 del Código de Procedimiento Civil, debe sujetarse a los principios, requisitos, como a su tramitación procedimental, requisitos éstos contemplados dentro de la misma norma adjetiva, así el Parágrafo Primero del citado articulo 588, establece: “Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el articulo 585, el Tribunal podrá acordar…” “Subrayado del Tribunal” Y en este sentido el artículo 585 eiusdem señala: “Las medidas preventivas establecidas en este Titulo las decretara el Juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” “Subrayado del Tribunal” De las normas parcialmente transcritas, se infiere que el solicitante debe aportar pruebas, que el juez debe valorar y señalar si tales pruebas son suficientes para acordar la medida pretendida. SEGUNDO: Ahora bien, la solicitante, en su escrito de libelo de demanda solicito se decreten las siguientes medidas: de Secuestro, Embargo, Prohibición de Enajenar y gravar de bienes muebles y bienes inmuebles con la finalidad de asegurar la integridad del patrimonio conyugal en resguardo de los derechos que le asisten como esposa legítima. En este sentido el Tribunal observa que las Medidas Preventivas se decretan siempre y cuando estén acorde con lo requerido en el escrito libelar y lleven los requisitos que mas adelante se mencionaran; evidenciándose de los recaudos que no se encuentran debidamente justificados en el sentido de que: En lo referente a que si bien es cierto la solicitante aporto pruebas para el decreto de las mismas, sin embargo, no se indicaron los requisitos en el caso concreto, es decir, se determinaron los bienes que presuntamente se adquirieron durante el lapso de la unión matrimonial, pero no fue demostrado el peligro de que exista dilapidación por parte del conyugue que tiene la posesión de los mismos, así mismo es de resaltar que este Juzgado en fecha 25 de julio del 2018, en el pronunciamiento de la medida solicitada, se le concedió n a la parte actora tres (03) días de despacho siguiente a esta fecha, para consignar los elementos necesarios para poder decretar las medidas solicitadas, y la misma no realizo ninguna consignación al respecto. De lo anterior concluye quien suscribe el presenta auto que no existen elementos que establezcan una presunción de que quede ilusoria la ejecución del fallo, requisito indispensable para la procedencia del decreto de cualquier medida cautelar, en razón de que no existen elementos formales de que cumplan con ese requisito pues las documentales se circunscriben a través de caracteres administrativos y se consignaron en copias fotostáticas simples. TERCERO: En cuanto a la discrecionalidad del Juez para acordar este tipo de medidas, es necesario señalar que el legislador ha establecido unos limites precisos dentro de los cuales el Juez puede actuar, así en los artículos citados supra se establecen lo requisitos de admisibilidad de las mismas, por lo que debe probarse sumariamente que la parte contra quien obra la medida haya desplegado una conducta activa u omisiva de manera ilegitima en perjuicio de la solicitante, situación esta como quedo establecido, la requirente no aportó prueba alguna que haga por lo menos presumir tal existencia. Así como tampoco existe prueba alguna que constituya presunción grave del derecho que se reclama. CUARTO: En consecuencia, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela NIEGA, la medida solicitada por cuanto no se encuentran llenos los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. La Jueza Temporal, Abg. AURI TORRES LAREZ. El Secretario, Abg. FRANCISCO RAMON REYES P. En esta misma fecha siendo las 02:00 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia interlocutoria, inclusive en la página Web, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. El Secretario, Abg. FRANCISCO RAMON REYES P. AYTL/rsh Exp. N° 16.530